Elsa Torres Bojorquez
Expediente 1218/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1218/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/02/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Elsa Torres Bojorquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
*QUEJOSA SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE DIVERSAS CONTANCIAS* SE TIENE POR RECIBIDO EL ESCRITO SIGNADO POR LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA SE EXPIDAN A SU COSTA COPIAS CERTIFICADAS DE LA SENTENCIA Y DEL AUTO POR EL CUAL CAUSÓ EJECUTORIA; AUTORIZANDO PARA RECOGER DICHAS COPIAS A LA PERSONA SEÑALADA EN EL OCURSO DE CUENTA. EXPÍDASE A SU COSTA COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE INDICA, DEBIENDO DEJAR EN AUTOS CONSTANCIA DE SU ENTREGA A LA PERSONA QUE SEÑALA, A SATISFACCIÓN DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. NOTIFÍQUESE.
- Principal
*EJECUTORIA-SOBRESEE-ARCHIVO* VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE Y TODA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO QUE REFIERE EL ARTÍCULO.. SIN QUE A LA FECHA SE HAYA INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS... EN ESAS CONDICIONES... SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA QUE SOBRESEE... HA CAUSADO EJECUTORIA... POR OTRA PARTE SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN... EL PRESENTE ASUNTO NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL. PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO... REMÍTASE AL ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO... NOTIFÍQUESE.
- Principal
*COPIAS CERTIFICADAS PARTE QUEJOSA Y AUTORIZADOS* SE TIENE POR RECIBIDO EL ESCRITO SIGNADO POR LA QUEJOSA. POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA SE EXPIDA COPIA CERTIFICADA DE. EXPÍDASE A SU COSTA COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE MENCIONA, DEBIENDO DEJAR EN AUTOS CONSTANCIA DE SU ENTREGA. SE LES RECONOCE EL CARÁCTER DE AUTORIZADOS ÚNICAMENTE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES E IMPONERSE EN AUTOS A LAS PERSONAS QUE MENCIONA. FINALMENTE, RESPECTO DEL DOMICILIO QUE INDICA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIÓN, DEBERÁ ESTARSE A LO ACORDADO EN AUTO DE. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1218/2018-VIII, formado con motivo de la demanda promovida por Elsa Torres Bojorquez, por derecho propio, contra actos de la Procuraduría Social de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y turnado al día siguiente hábil a este órgano jurisdiccional, Elsa Torres Bojorquez, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la Procuraduría Social de la Ciudad de México por no haber resuelto el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones número 673/PAAS/2016 dentro de los cinco días siguientes al que en celebró la audiencia de ley. SEGUNDO. La parte quejosa estima que el acto reclamado vulnera los derechos protegidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en el presente asunto le asiste el carácter de tercero interesado a Pavel Montes de Oca Balderas. TERCERO. Previo desahogo de prevención, por auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda con el número 1218/2018-VIII; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que le compete al representante social de la adscripción, se ordenó emplazar al tercero interesado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, párrafo primero, y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto segundo, fracción I, número 3, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se reclama una omisión de una autoridad distinta de la judicial. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es oportuno precisar que de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se desprende que la quejosa reclama: La omisión de resolver el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones número 673/PAAS/2016 dentro de los cinco días siguientes al que tuvo verificativo la audiencia de ley en ese proceso. TERCERO. La autoridad responsable Procuraduría Social de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado (fojas 141 a 143), negó la existencia de la abstención combatida. Sin embargo, como el acto que se le reclama es de naturaleza omisiva es inatendible dicha negativa, en virtud de que la valoración de las pruebas que obren en el presente expediente será la que permita determinar la certeza o inexistencia del acto impugnado, así como la constitucionalidad de tal omisión; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá quedar sujeta a lo que se resuelva en este fallo. CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio constitucional es un aspecto de orden público, por lo que su examen debe ser efectuado de forma oficiosa, con independencia de que las partes lo aleguen o no. Este precepto dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 77, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que no se podrían concretar los efectos de una eventual concesión del juicio de amparo, debido a que la resolución del asunto en favor de la parte quejosa implicaría trasgredir el principio de cosa juzgada, que es la inmutabilidad del mandato establecido en la sentencia dictada por cualquier órgano jurisdiccional del Estado. Para demostrar tal aserto, se procede a la transcripción de los artículos señalados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Del primer precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la propia ley de la materia; por su parte, el segundo artículo establece la finalidad de una sentencia, así como los efectos que tendrá la protección constitucional cuando el acto reclamado sea de carácter positivo o negativo y el último precisa la materia del pronunciamiento y los alcances, en su caso, cuando el acto reclamado consista en una norma de carácter general. Es decir, en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, cuando se controvierten actos de carácter positivo, el efecto de la protección constitucional será el de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de que se efectuara la violación cometida, esto es, se dejará insubsistente el acto reclamado; mientras que de conformidad con la fracción II de dicho precepto, tratándose de actos de carácter negativo o que impliquen una omisión, el efecto de la concesión de amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. De ahí que para determinar si la causa de improcedencia se actualiza en el presente asunto debe analizarse en sentido amplio la naturaleza del acto reclamado, para determinar si se trata de actos de carácter positivo, tales como leyes o actos de autoridades que restrinjan los derechos fundamentales del particular o si se trata de actos de carácter negativo o de omisiones en que hubiese incurrido la autoridad que deparen ese perjuicio a la esfera de derechos del gobernado. Establecido lo anterior, es conveniente dar noticia de los antecedentes que dieron origen a la omisión reclamada, los cuales se exponen a continuación: 1. Por escrito presentado el quince de noviembre de dos mil dieciséis, ante la oficialía de partes común de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, la ahora quejosa Elsa Torres Bojórquez solicitó el inicio de procedimiento administrativo de aplicación de sanciones en contra del tercero interesado Pavel Montes de Oca Balderas, por invadir y modificar el área común de la azotea de la unidad habitacional en la que residen (fojas 258 y 259 del legajo de pruebas). 2. Previo desahogo de prevención, por auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el procedimiento administrativo de sanciones previsto en la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal y se ordenó emplazar al requerido condominal (fojas 399 y 400 del legajo de pruebas). 3. El treinta de marzo de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia de admisión y desahogo de pruebas y alegatos (fojas 460 a 462 del legajo de pruebas). 4. El seis de abril de dos mil diecisiete, se emitió resolución en el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones, por medio de la cual la autoridad responsable impuso a la parte requerida condominal una multa por la cantidad de $7,168.00 (siete mil ciento sesenta y ocho pesos, moneda nacional) sobre la base de que al haber construido en la azotea del condominio y con ello haber obstaculizado el acceso de los demás vecinos a dicha área común, por lo que vulneró las disposiciones establecidas en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal (fojas 463 a 468 del legajo de pruebas). 5. El tercero interesado inconforme promovió juicio de nulidad, del cual correspondió conocer a la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, con el número de expediente TJ/IV-16011/2018 y, concluida la substanciación del procedimiento, dictó sentencia el tres de septiembre de dos mil dieciocho, en la que declaró la nulidad del acto impugnado (fojas 538 a 544 del legajo de pruebas). Arribó a esa conclusión al estimar que de conformidad con la fracción I del artículo 93 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal las facultades de la Procuraduría Social de la Ciudad de México habían caducado para resolver el procedimiento instado en sede administrativa. Explicó que si la audiencia de ley tuvo verificativo el treinta de marzo de dos mil diecisiete, no era suficiente el hecho de que la resolución definitiva se hubiera emitido el seis de abril de ese año, pues lo cierto es que fue notificada hasta el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, es decir, casi diez meses después de la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. En consecuencia, declaró la nulidad de la resolución administrativa impugnada, para el efecto de que la autoridad vencida la dejara insubsistente y ordenara el archivo del expediente. A partir de lo anterior se llega a la conclusión de que, en el caso, no se podrían concretar los efectos de una eventual protección constitucional, pues la parte quejosa pretende obtener a través de este juicio de amparo una reparación de los daños y perjuicios causados con motivo de la inactividad de la Procuraduría Social de la Ciudad de México; sin embargo, tal acto de autoridad surge de las consideraciones asumidas en una sentencia dictada por un tribunal de justicia del Estado, por lo cual no se podría examinar la omisión reclamada sin vulnerar dicha determinación y, por ende, la institución jurídica de cosa juzgada. En efecto, al no haber sido modificada o revocada la sentencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio de nulidad TJ/IV-16011/2018, por la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por medio del juicio de amparo directo que es el medio de defensa procedente en contra de tal resolución, las decisiones ahí adoptadas se califican como verdad legal y, por consiguiente, este órgano jurisdiccional no puede examinar las consecuencias que se produzcan con motivo de su emisión al no ser actos autónomos. En mérito de lo expuesto, al quedar demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, fracción II, de la ley de la materia, lo que procede es sobreseer en el juicio. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1218/2018-VIII, promovido por Elsa Torres Bojorquez, por derecho propio, en relación con la omisión y autoridad precisados en el considerando tercero de este fallo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado, por oficio a la autoridad responsable y por lista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo resolvió y firma Francisco Gorka Migoni Goslinga, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la secretaria Melina Sánchez García, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, fecha en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose. DOY FE. EL JUEZ LA SECRETARIA
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