Elsa Salazar Sánchez
Expediente 425/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Elsa Salazar Sánchez
Actuaciones
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa, ha transcurrido sin que se haya interpuesto dicho recurso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acuerda: Primero. Se declara que ha causado estado el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Elisa Salazar Sánchez, contra el acto que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad. Segundo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Tercero. Se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto al Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes. Cuarto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Por este medio se notifica al quejoso: Nuevo Laredo, Tamaulipas, doce de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa la determinación de veintinueve de noviembre del año en curso (fojas 16 a 21), sin embargo, la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional en razón actuarial de tres de los corrientes, notificó al autorizado de la promovente el acuerdo de treinta de noviembre del año en curso, el cual no obra en autos; por tanto, se ordena a la actuaria para que realice la notificación personal del proveído citado en primera instancia, a la quejosa Elisa Salazar Sánchez. Notifíquese y cúmplase. Y EN CUMPLIMIENTO AL MISMO, SE NOTIFICA EL DIVERSO DE: Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, mediante el cual la quejosa Elisa Salazar Sánchez, cumple con la prevención que se le hizo por auto de veintidós de noviembre del año en curso, y al respecto precisa el acto reclamado y la fecha correcta de la determinación que recurrió a través del recurso de revocación, de la siguiente manera: "DEL C. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO, RECLAMO LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN POR MI INTERPUESTO, EN CONTRA DEL PROVEÍDO DE FECHA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE A SU VEZ ME DESECHA LA PRUEBA DE RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN JUDICIAL QUE OFRECÍ EN EL JUICIO PRINCIPAL PARA JUSTIFICAR MIS DEFENSAS." En consecuencia, se tiene por cumplida la prevención de que se trata. Desechamiento de demanda Ahora bien, en su escrito aclaratorio la quejosa manifiesta que el acto reclamado consiste en la resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticinco de septiembre del año en curso, dentro del expediente 184/2018, por el que el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, desechó la prueba de reconocimiento o inspección judicial ofrecida por la promovente de amparo. Al respecto, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace el promovente en el escrito de demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Como se dijo, la quejosa, parte demandada en el juicio natural, reclama la resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 184/2018, mediante la cual el juez responsable declaró improcedente el recurso de revocación hecho valer en contra del auto de veinticinco de septiembre del año en curso, por el que desechó la prueba de inspección judicial o reconocimiento ofrecido por la aquí quejosa. Asimismo, de los antecedentes que relata bajo protesta de decir verdad, destacan los siguientes: Que la quejosa tiene el carácter de parte demandada dentro del juicio ordinario civil sobre reivindicatorio, registrado con el número 184/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, promovido por Ricardo Herón Elizondo Chapa. En acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el juez responsable desechó la prueba de inspección judicial o reconocimiento ofrecida por la aquí inconforme. En contra de dicho auto la quejosa interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, declarándolo improcedente; dicha resolución es la que constituye el acto reclamado dentro del presente asunto. Al respecto, analizado dicho acto se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo; toda vez que el acto que reclama fue emitido dentro de juicio, sin que tenga efectos de imposible reparación, pues no menoscaba en modo directo e inmediato sus derechos fundamentales. Los citados preceptos, en la parte indicada señalan: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De los artículos transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede contra los actos que tienen como efectos que sean de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales al gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos, el amparo biinstancial es improcedente y tal acto se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva hecha valer por la parte que le resulte desfavorable. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 184/2018, mediante la cual el juez responsable declaró improcedente el recurso de revocación hecho valer en contra del auto de veinticinco de septiembre del año en curso, por el que desechó la prueba de inspección judicial o reconocimiento ofrecido por la parte demandada (aquí quejosa). Entonces, se concluye que el auto reclamado es un acto dentro de juicio, que no tiene, por el momento, como efecto, que sea de imposible reparación, al no afectar materialmente un derecho sustantivo de la promovente, tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial en los términos del artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, pues la única consecuencia jurídica que produce es la de que se continúe con la tramitación del procedimiento y en específico, que se desahoguen las pruebas admitidas; y la afectación sólo puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal e intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que va tomando el solicitante del amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos; y de no ser así, el acto reclamado podría constituir una violación intraprocesal, misma que podría reclamarse en el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por los artículos 171 y 172, fracción III, y demás aplicables de la Ley de Amparo. Así se estimó en el criterio contenido en la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Tomo I, Libro 7, Junio de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De igual forma, da sustento a lo considerado la tesis el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con los siguientes datos: Novena Época, Registro: 191915, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Mayo de 2000, Materia(s): Civil, Tesis: X.1o.23 C, Página: 898 de rubro y texto siguientes: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA LA INDEBIDA O ILEGAL ADMISIÓN DE PRUEBAS A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL. Acorde al artículo 246 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, las partes tienen la facultad de recurrir mediante el recurso de apelación el auto que admite pruebas, a fin de subsanar o reparar la violación al procedimiento en que incurra el Juez natural, circunstancia esta que obliga a que las partes interpongan los recursos correspondientes durante el respectivo juicio natural y no hasta que se dicte sentencia definitiva, lo que implica que el inconforme no debe esperar hasta que se emita el fallo final para rebatir el proceder del Juez de origen al admitir el o los medios de convicción; empero, lo anterior no tiene la consecuencia de hacer procedente el amparo indirecto contra la determinación que confirme la indebida o ilegal admisión de pruebas, dado que el procedimiento del cual emana el acto reclamado y la procedencia del juicio constitucional, son cuestiones diferentes; una cosa es el hecho de que una de las partes en el juicio de origen interponga los recursos correspondientes en contra de determinados actos del Juez natural por considerarlos ilegales, y otra cosa es la procedencia del juicio de amparo indirecto contra lo resuelto en el recurso, pues éste es procedente sólo en los casos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; por lo tanto, la resolución que confirma la admisión de pruebas de la contraparte del quejoso, no encuadra en ninguna de las fracciones aludidas, y ello evidencia la improcedencia del juicio de amparo. Finamente, se cita por igualdad de razón la tesis jurisprudencial visible a fojas doscientos setenta y tres del tomo VI, en materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma Ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrán repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo". Por tanto, como las consecuencias del acto reclamado son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación, pues por esta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución; es de concluirse que la determinación en estudio, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque sólo afecta los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido de la sentencia definitiva; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estaría en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Por las razones apuntadas, se torna claro que se actualiza la causal de improcedencia a que alude la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo y, en vía de consecuencia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal mencionado, se desecha de plano la demanda de amparo por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Notifíquese personalmente a la promovente.
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