Elsa Paola de la Peña Duran

Expediente 369/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
369/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Elsa Paola de la Peña Duran

Actuaciones

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintitrés. Téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito haciendo del conocimiento de este órgano de control el contenido del proveído de veintiocho de abril del año en curso, del que se advierte que se avocó al conocimiento del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, el cual lo admitió con el número de juicio de amparo directo 235/2023; de lo que se adquiere conocimiento. Finalmente, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se declaró incompetente para conocer de la demanda. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de abril de dos mil veintitrés. Téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito acusando de recibo del juicio de amparo 369/2023-I, el cual registro con el juicio de amparo directo 235/2023 de su índice, y haciendo del conocimiento de este órgano de control el contenido del proveído de cuatro de abril del año en curso, del que se advierte que se reservó acordar lo conducente respecto de la competencia declinada por este juzgado; de lo que se adquiere conocimiento para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********** por derecho propio, contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla de Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otras autoridades, realícense las anotaciones respectivas bajo el número 369/2023-I. El acto reclamado lo es la sentencia del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés dictada en el toca 139/2023, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, que declara improcedente el recurso de queja interpuesto por la quejosa contra el auto del treinta de enero de dos mil veintitrés dictado por el Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, Estado de México, en la tercería excluyente de dominio 761/2021, por el que inadmitió su demanda. Así las cosas, se advierte que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se plantea, en razón de lo que se expone a continuación. Los artículos 107, fracción V, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que el amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Por su parte, el artículo 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone que dicho juicio procede ante el tribunal colegiado de circuito competente, en dos supuestos: a) En contra de sentencias definitivas o laudos; y, b) En contra de resoluciones que ponen fin al juicio. En ambos casos, dichos actos deben ser dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Lo expuesto permite concluir que la resolución de referencia encuadra en lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en razón de que los efectos que produce el acto reclamado son de aquéllos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo del juicio lo dan por terminado. Al respecto, cabe apuntar que los procedimientos relativos a las tercerías excluyentes de dominio, se consideran verdaderos juicios, tanto en la forma como en el fondo, puesto que en ella se ventila una acción que debe resolverse mediante la substanciación de un procedimiento judicial, en el que deben respetarse todas las formalidades esenciales. Sirve de apoyo la tesis XXVII.3o.97 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con registro digital 2011118, materia Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, página 2229, de rubro y texto: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. NO ES UN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, SINO UN JUICIO AUTÓNOMO. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales dictadas dentro del procedimiento y en relación con las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del mismo procedimiento, que pueda tener por resultado modificarlas, revocarlas o nulificarlas (principio de definitividad de las resoluciones jurisdiccionales). Si esto es así, la tercería excluyente de dominio no reviste en absoluto el carácter de recurso o medio de defensa previsto en la ley ordinaria como parte de la instancia impugnativa del mismo procedimiento, porque los recursos o medios de defensa fungen como remedios jurisdiccionales de las resoluciones emitidas por el juzgador del conocimiento, para regularizar el juicio o anular los vicios del procedimiento, ya sean de forma o de fondo; mientras que la tercería excluyente de dominio tiene los atributos propios de un juicio y no de un recurso o medio de defensa que pueda interponerse dentro del mismo procedimiento. En efecto, en la tercería excluyente de dominio se ejerce una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, por lo que la controversia que se discute y decide está relacionada con un problema sustantivo que es diferente al que se controvierte en el procedimiento del que deriva. Además, el actor tercerista es ajeno al debate que se presenta en el juicio del que surge y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquél. Tampoco suspende el curso del negocio en que se interpone; se tramita en la vía ordinaria, a través de un procedimiento propio en el que se oye a las partes y se cumplen las formalidades esenciales, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. En consecuencia, la tercería excluyente de dominio no es un recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, en los términos previstos por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, como ya se precisó, el acto impugnado lo constituye la determinación a través de la cual declaró improcedente el recurso de queja contra el auto por el cual se inadmitió la tercería excluyente de dominio promovida por la aquí quejosa; por lo tanto, es de aquéllas que ponen fin al procedimiento. Sirve de apoyo -por identidad de razón- la jurisprudencia 1a./J. 94/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 2005051, materias Común, Civil, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 498, de rubro y texto: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013". En ese tenor, y de conformidad con lo establece el artículo 47 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia simple del escrito de demanda de cuenta y copia autógrafa del presente proveído, remítase el original de la demanda de amparo y las cuatro copias de traslado, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para el conocimiento del presente asunto, solicitándole de la manera más atenta y respetuosa acuse recibo de estilo correspondiente. Atento a lo anterior, teniendo en cuenta el principio de expedites de Justicia que ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que rigen los sumarios constitucionales, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo que una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el tribunal colegiado al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítasele el mismo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica por encontrarse dentro de la residencia de este juzgado federal. Con apoyo en el último párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito realice las notificaciones que así lo ameriten. Se tiene por autorizado a la persona que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que, para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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