Elsa Olivares Ruiz

Expediente 210/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
210/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
16/06/2021

Partes del expediente

  • Elsa Olivares Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta signado por la quejosa ----------, por medio del cual solicita copia certificada de diversas documentales. En tales circunstancias, de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa de la promovente las copias que solicita, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos; no así de la cedula profesional que refiere, ni de la constancia de actualización fiscal de veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, tomando en consideración que solo fueron exhibidos en copia simple, de las cuales, únicamente se podrán expedir copias sin certificación. Por lo anterior, se hace de su conocimiento que en atención al horario de labores presenciales de este juzgado, la expedición de las copias, sólo podrá ser entregada en un horario de trece horas con treinta minutos a quince horas, siempre y cuando las cargas de trabajo del área de fotocopiado del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Boulevard Toluca Número 4, que auxilian a este juzgado, así lo permitan. Además, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las copias solicitadas, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Ello, dado que en dicho acuerdo se regula la manera en que se deberán obtener las citas para el fin requerido por la promovente, esto es, para que pueda acudir de manera física a este recinto judicial a efecto de tramitar las copias que solicitó; de ahí que deberá realizar lo ahí explicado. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, promovido por --------, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numerales 18, 20 y 21, inciso a, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. . En este sentido, se estima que el expediente principal, es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó en el juicio de amparo; asimismo, al haberse concedido la suspensión definitiva, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción y el original de depuración, debiéndose dejar únicamente en el original, la copia de la demanda y la determinación en la que se concedió la suspensión y en su oportunidad remítanse al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. En diverso aspecto, respecto a los documentos que la parte quejosa exhibió, con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General, se dejan a su disposición, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de los mismos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales aludidas, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Ello, dado que en dicho acuerdo se regula la manera en que se deberán obtener las citas para el fin requerido por el promovente, esto es, para que pueda acudir de manera física a este recinto judicial a efecto de recoger los documentos que se dejan a su disposición; de ahí que deberá realizar lo ahí explicado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por la quejosa Elsa Olivares Ruiz, a través del cual solicita copia certificada de la resolución interlocutoria de trece de abril de dos mil veintiuno. En esa virtud, de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa de la promovente las copias que solicita, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos, de la persona autorizada para tal efecto. Se hace de su conocimiento que en atención al horario de labores presenciales de este juzgado, la expedición de las copias, sólo podrá ser entregada en un horario de trece horas con treinta minutos a quince horas, siempre y cuando las cargas de trabajo del área de fotocopiado del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Boulevard Toluca Número 4, que auxilian a este juzgado, así lo permitan Además, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger dichas copias, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Ello, dado que en dicho acuerdo se regula la manera en que se deberán obtener las citas para el fin requerido por el promovente, esto es, para que pueda acudir de manera física a este recinto judicial a efecto de recoger dichas copias; de ahí que deberá realizar lo ahí explicado. Lo anterior, sin perjuicio de que las copias que solicita puedan ser enviadas a algún correo electrónico que la parte promovente proporcione para tal efecto, para lo cual así deberá solicitarlo de manera expresa a través de petición presentada físicamente, en la Oficialía de Partes Común turno vespertino, dentro de los horarios establecidos para tal efecto en la fracción I del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte y vigente a partir del tres de agosto siguiente, es decir, de las quince a las diecinueve horas; o bien, a través de solicitud electrónica, con firma digital, que al efecto se presente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. O bien, solicitar la consulta del expediente electrónico, a través de un usuario debidamente registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, pues en ese caso, el propio usuario podrá descargar en su equipo de cómputo las copias aludidas, puesto que la presente determinación se emite con las firmas electrónicas de los funcionarios que en ella intervienen, con su correspondiente evidencia criptográfica, la cual se considera una copia certificada electrónicamente, como se deduce de los artículos 35 y 26 del invocado Acuerdo General 12/2020. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 210/2021-VI, promovido por -------------, contra actos de la Titular del Instituto de Salud del Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido en este juzgado de Distrito el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, ------------- demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto que se indica: "AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. AUTORIDADES ORDENADORAS: TITULAR DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO. JEFE DE LA JURISDICCIÓN DE REGULACIÓN SANITARIA NÚMERO 13 ECATEPEC, REGIÓN 5, INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO. 2. AUTORIDADES EJECUTORAS: EL VERIFICADOR ADSCRITO A LA JURISDICCIÓN DE REGULACIÓN SANITARIA NÚMERO 13 ECATEPEC, REGIÓN 5, INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO ACTOS RECLAMADOS: b) La ORDEN DE VERIFICACIÓN SANITARIA, de fecha 18 de marzo del año 2021, emitida por el Jefe de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria número 13 Ecatepec, Región 5, del Instituto de Salud del Estado de México. Misma que pretendió ser materializada en fecha 18 de marzo del año 2021, aproximadamente a las 14:00 horas, en el domicilio que ocupa el Local Comercial A, donde se encuentra instalada una negociación comercial con giro de Farmacia, que ese de mi propiedad ubicado en AVENIDA ---------------, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. SEGUNDO. La quejosa argumentó violados los derechos fundamentales 1, 4, 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. En auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, fue radicada la demanda de amparo con el expediente 210/2021-VI; se admitió a trámite, se dio la intervención correspondiente a Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se requirió a las responsables su informe justificado, y se fijó día y hora en que tendría lugar la celebración de audiencia constitucional. Seguido el procedimiento, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el apartado cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; así como el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil diecinueve; pues los actos reclamados fueron ejecutados dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce competencia. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, ha de precisarse que la quejosa combate lo siguiente: Del Director General del Instituto de Salud del Estado De México y del Jefe de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria número 13, Ecatepec del Instituto de Salud del Estado de México. La orden de verificación sanitaria, de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, emitida respecto de "La farmacia con consultorio (----------)" ubicado en avenida -------------------------, municipio Ecatepec de Morelos, Estado de México. Del Verificador adscrito a la Jurisdicción de Regulación Sanitaria número 13, Ecatepec del Instituto de Salud del Estado de México. La ejecución de la orden de verificación. TERCERO. Al rendir su informe justificado el Director General del Instituto de Salud del Estado de México negó la existencia de los actos a ella reclamados. En mérito de lo anterior, si la autoridad responsable negó la existencia de los actos reclamados, era preciso que la parte quejosa probara lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia constitucional, sin que lo haya hecho, no obstante que oportunamente se le dio vista con el contenido del informe justificado rendido por la responsable, a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba idóneos para desvirtuar la negativa de la existencia de los actos reclamados. Por tanto, es claro que en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer el presente juicio. Es aplicable la tesis de jurisprudencia visible en la página doscientas treinta y seis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil de rubro:" INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Por su parte, el Encargado del Despacho y Verificador, ambos adscritos a la Jurisdicción de Regulación Sanitaria número 13, Ecatepec, del Instituto de Salud del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados. Para acreditar la legalidad de los actos, remitieron copia certificada de las constancias relativas a la orden de visita y el acta de verificación sanitaria, documentales públicas que obran en autos a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Amparo. QUINTO. Se procede analizar si en el caso opera alguna causal de improcedencia, por tratarse de orden público, acorde con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgado advierte que deviene improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso 107, fracción III, inciso b, ambos de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la constitución , como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de los llamados derechos fundamentales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Por tanto, procede el juicio de amparo indirecto contra actos realizados en un procedimiento seguido en forma de juicio, que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo. Dicho lo anterior, los actos reclamados no son considerados como de imposible reparación, porque no afectan derechos sustantivos de la peticionaria del amparo, sino en todo caso están vinculados con derechos procesales o adjetivos, que en el supuesto de tener razón la parte quejosa, podrían ser reparables con posterioridad. Lo anterior, porque no producen una afectación a sus derechos sustantivos, a efecto de que el juicio de amparo indirecto sea procedente. En efecto, tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para permitir una inmediata impugnación en el amparo indirecto, es que la imposible reparación aducida genere una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por ende, como se ha explicado, de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto, deben producir una afectación material a derechos sustantivos. En el caso, la emisión de la orden de visita no causa una afectación a los derechos sustantivos de la quejosa, pues de las copias certificadas que fueron remitidas por la autoridad responsable, se desprende la orden de visita 21-ML-1513- 01151-FG, de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, así como el acta de verificación de esa misma fecha, concretamente de la diligencia de verificación, llevada a cabo por el verificador responsable, se desprende que al momento en que se constituyó en el inmueble ubicado en avenida ------------------, municipio Ecatepec de Morelos, Estado de México, procedió a llamar al propietario y/o representante legal del inmueble en mención, sin embargo, fue atendido por una persona que no proporcionó su nombre, refiriéndole que el giro estaba en un proceso judicial, por lo que esperarían el citatorio respectivo. En virtud de lo anterior, en el acta de verificación de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el verificador procedió a detallar lo acontecido en la diligencia, de la que se desprende: "Se informa a la oficina de insumos para la salud que la presente orden de verificación no se realizó, ya que el establecimiento a cargo de quien no proporcionó nombre, manifestó que el giro estaba en un proceso judicial que no había concluido, por lo que esperarían al citatorio para atender su situación en oficinas, lo anterior, para los efectos legales." En ese contexto, no existe evidencia de afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues de la transcripción que antecede, se observa que la verificación de la cual se duele no se llevó a cabo, toda vez que al ser atendido por una persona que no proporcionó su nombre, le refirió el giro estaba en litigio, razón por la que el servidor público denominado verificador no realizó la orden de verificación, por tanto no se cumplió con su objeto, pues no existe evidencia de que se impusiera alguna medida de seguridad, tampoco se asentaron irregularidades sanitarias, ni se desprende trasgresión a algún derecho sustantivo. En ese sentido, es dable considerar que los actos reclamados sólo afectan los derechos adjetivos o procesales de la promovente, que constituyen una violación que podría no trascender al sentido de la resolución que en su caso se emita, pues por su naturaleza jurídica sólo produce efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estaría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; de ahí que, en cuanto a los actos previamente precisados, no se está en presencia de actos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y que afecten derechos sustantivos, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y, por tanto, en su contra no procede el amparo indirecto. Ello es así, toda vez que si en un procedimiento se comete una violación de trámite que pudiera dejar al agraviado en estado de indefensión o privarle de un derecho que la ley de la materia le otorga, y no se trata un acto de imposible reparación que viole los derechos sustantivos de la parte promovente, la infracción deberá reclamarse junto a las posibles violaciones de fondo que se hubiesen cometido en la resolución que pone fin al procedimiento, por lo que el momento oportuno para impugnar dicho acto será hasta que el procedimiento culmine y la responsable pronuncie su resolución definitiva. De modo que, en todo caso, podría resultar una violación procesal cuyos efectos se extinguirían en caso de obtener una resolución favorable, esto es, el perjuicio formal que pudieren originar los actos reclamados desaparecería de obtener una decisión favorable en la acción principal. No resulta inadvertida la existencia de la jurisprudencia P./J. 2/2012 (10ª)3, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde 3 "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. Conforme al principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la orden de visita domiciliaria expedida en ejercicio de la facultad del Estado para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes debe: a) constar en mandamiento escrito; b) ser emitida por autoridad competente; c) contener el objeto de la diligencia; y, d) satisfacer los demás requisitos que fijan las leyes de la materia. Ahora bien, en virtud de dicho mandamiento, la autoridad esencialmente se estableció que en materia fiscal la orden de visita domiciliaria, al formar parte del procedimiento administrativo, es un acto de molestia cuyo inicio y desarrollo es susceptible de afectar en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del gobernado consagrados en la Constitución Federal, como es, entre otros, el de la inviolabilidad de su domicilio, por lo cual contra dicha visita sí es procedente el juicio de amparo indirecto; sin embargo, en el presente asunto no resulta aplicable dicho criterio, ya que en el caso concreto, la visita de verificación señalada como acto reclamado no está en curso, sino que de las constancias exhibidas por la autoridad responsable, se observa que ésta concluyó y, además, no se desprende invasión a la privacidad e intimidad, ya que la verificación ni siquiera se llevó a cabo, en términos de lo previamente narrado. Por ende, en virtud de que los actos reclamados no afectan materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso 107, fracción III, inciso b, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia. Cabe señalar que no se desconocen los argumentos planteados por la parte quejosa, sin embargo, al actualizarse las causales de improcedencia en estudio, este Juzgado se encuentra impedido para entrar al estudio y análisis del fondo de los actos reclamados. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 77, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por -------------, en términos de lo señalado en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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