Elsa Mireya Olivas Salcido
Expediente 841/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Elsa Mireya Olivas Salcido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de quince de marzo de dos mil veintidós, en la que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro orden, tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de marzo de dos mil veintidós. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 841/2021-V, promovido por **********, se procede a analizar el cumplimiento dado a la sentencia que otorgó el amparo solicitado. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este Juzgado de Distrito en esa misma data, ********** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, de quién reclamó, en esencia, la omisión de dictar el laudo en el expediente 650/2016, dentro del término establecido en la legislación laboral. SEGUNDO. Concesión de amparo. Mediante proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferirse, se llevó a cabo el once de febrero del año en curso, en la cual se determinó conceder el amparo solicitado, para que la junta responsable, realizara lo siguiente: [.] Ajustándose a lo establecido por los artículos 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, emita el laudo que corresponda en el juicio laboral 650/2016. [.] TERCERO. Ejecutoria. En virtud de que dentro del término establecido por la ley, ninguna de las partes recurrió la sentencia emitida, la citada resolución causó ejecutoria el dos de marzo en curso. Por tanto, tomando en cuenta que el uno de los corrientes, se tuvo por recibido el oficio JE55/CABV/327/2022, signado por la presidente de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, adjunto al cual remitió copia certificada del laudo dictado el veintidós de febrero pasado, en el expediente laboral 650/2016 de su índice; resultó innecesario requerir el cumplimiento. CUARTO. Cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo expuesto en el párrafo anterior; se tuvo a la responsable precisando haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. QUINTO. Vista a las partes. En el propio proveído en el que causó ejecutoria la sentencia emitida en este asunto, dictado el dos de los cursantes, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa, con lo actuado por la responsable, a fin de que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver al respecto. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. La que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En virtud de que la responsable dictó el laudo respectivo, dentro del juicio laboral 650/2016, lo que ocurrió el veintidós de febrero del año en curso; se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable emitió el laudo respectivo y con ello restituyó a la quejosa en el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, esta Juzgadora advierte que con dicho proceder la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 841/2021-V ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa este proveído, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Amparo; y por oficio a la autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; once de febrero de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 841*2021-V, promovido por XXXX. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el tres de diciembre de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado en la misma data, Elsa Mireya Olivas Salcido, promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de quien reclamó lo siguiente: 4.- ACTOS RECLAMADOS: 4.1.- De la autoridad señalada como responsable, se reclama la omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 a 891 del ordenamiento legal en cita, y específicamente, la emisión del proyecto de laudo y laudo que ponga fin al presente juicio, en los términos establecidos por la Ley. Segundo. Derechos fundamentales que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Empero, esta resolutora, en términos del artículo 76, primera parte, de la Ley de Amparo, advierte que el derecho fundamental del que se duele la accionante del amparo, es el contenido en el dispositivo 17, de la Constitución General, como se aludirá más adelante. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual, fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03*2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: De la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje: La omisión de dictar el laudo en el expediente 650*2016, dentro del término establecido en la legislación laboral. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado por la quejosa, pues así lo manifestó la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, al rendir informe justificado; sin soslayar que la autoridad fue omisa en remitir copia certificada del proveído de once de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual decretó el cierre de instrucción. No obstante, de manera expresa, precisó que a través del citado acuerdo se cerró el procedimiento, sin que a la fecha en que rindió su informe haya emitido el proyecto de laudo. Cuarto. Procedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Al no existir causa de improcedencia invocada por alguna de las partes, ni esta resolutora advierte que se actualice alguna otra, se impone el análisis del fondo del asunto. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. En primer lugar, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la accionante del amparo, es la trabajadora en el juicio de origen del que se deduce el acto combatido. Sentado lo anterior, la quejosa reclama el retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral 650*2016, argumentando esencialmente que la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no ha proveído lo necesario para el desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes, y en su caso, emitido el laudo respectivo, retardando con ello la impartición de justicia, en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho concepto de violación, suplido en su deficiencia, es fundado; para lo cual, esta resolutora acota que si bien la parte quejosa aduce que se encuentran pruebas pendientes de desahogar en el juicio de origen, lo cierto es que de los antecedentes narrados en el escrito de demanda, así como del informe justificado rendido por la responsable, se desprende que el once de julio de dos mil dieciocho se declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos al auxiliar de la junta para que emita el proyecto de laudo, sin que éste haya sido emitido, de ahí que es cierto que el juicio no se ha tramitado dentro de los plazos establecidos en ley, como a continuación se expondrá. Ahora bien, el artículo 17 Constitucional establece que: 17. ***. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que la garantía de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por tanto, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L*2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1.Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Así como, la tesis visible en la página ciento noventa y uno, del Tomo IV, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, bajo el rubro y texto que dicen: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia, en los términos y plazos que fije la ley, no debiendo aplazar sus resoluciones, ni aun so pretexto de oscuridad de la ley, pues, en ese caso, deben atenerse, para fallar, a los principios generales de derecho; pues lo contrario constituye una verdadera denegación de justicia. Por otro lado, es necesario precisar que los preceptos 885, 886, 887, 888, 889 y 890, de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la época en que se decretó el cierre de instrucción, contemplan los plazos para la formulación y aprobación del laudo respectivo, mismos que son del contenido siguiente: 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se deduce que, tratándose del dictado del laudo, el legislador impuso a la Juntas de Conciliación y Arbitraje el cumplimiento y respeto de los plazos siguientes: a* Diez días, contados a partir del siguiente al en que se declare cerrada la instrucción para que el Auxiliar formule por escrito el proyecto de laudo; b* Cinco días para que alguno de los miembros de la junta solicite la práctica de diligencias que considere convenientes; c* Ocho días más para su desahogo, en su caso; d/ Diez días para la celebración de la audiencia de discusión y votación del proyecto, a cuyo efecto, el Presidente de la junta deberá citar a los miembros de la misma, diligencia en la cual, si fuese aprobado el proyecto sin modificaciones ni adiciones, se elevará a la categoría de laudo, y se firmará de inmediato; y si se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al Secretario que inmediatamente lo redacte, de acuerdo con lo aprobado, y una vez engrosado, él mismo recabará las firmas de los miembros de la junta, y después se turnará al Actuario para que lo notifique de manera inmediata y personal a las partes. Lo narrado pone de relieve que la responsable no constriñó su actuación a los lineamientos que imponen las normas constitucional y secundaria citadas, con lo que vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 885 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, en atención a que ha incumplido con la obligación de emitir el laudo respectivo, en el expediente 650*2016 de su índice, a pesar de haber transcurrido los términos fijados en las disposiciones legales antes precisadas. Esto es así, porque el auto mediante el cual la responsable declaró cerrada la instrucción y turnó los autos al Auxiliar para que formulara el proyecto de laudo correspondiente, fue emitido el once de julio de dos mil dieciocho, según precisó en su informe justificado, por lo que el plazo de treinta y tres días -máximo- con que contaba la responsable para ello, a la fecha de la presentación de la demanda *tres de diciembre de dos mil veintiuno*, había transcurrido en exceso. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a.*J. 8*2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Febrero de 2004, página 226, registro 182160, de rubro y texto siguientes: LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo. Por tanto, al existir la omisión señalada, en perjuicio de la quejosa, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que, de acuerdo a sus facultades, la responsable: 1. Ajustándose a lo establecido por los artículos 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, emita el laudo que corresponda en el juicio laboral 650/2016. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a XXXX, en contra de la autoridad que señaló en este juicio como responsable, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos precisados en el mismo, in fine. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada XXXX, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXX. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprenden los motivos por los cuales no fue posible celebrar la audiencia constitucional fijada para el cuatro del presente mes año; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
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