Elsa Maribel de la Garza Herrera

Expediente 98/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
98/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
28/02/2017

Partes del expediente

  • Elsa Maribel de la Garza Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (fojas 19 a 23), que desechó la demanda de amparo presentada ante este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    I. Cumple prevención. Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por la parte quejosa ***, con el cual desahoga el requerimiento que se le formuló en proveído de nueve de febrero del presente año (fojas 12 a 15). II. Actos reclamados. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20, con sede en Monterrey, Nuevo León, consiste en: "La privación que pretende la responsable, de los beneficios que me corresponden por concepto de regalías por la explotación de carbón mineral en el ejido Minas de Barroteran, del Municipio de Progreso, Coahuila. Así como otros beneficios que me corresponden derivados de mi calidad de Avecindado en dicho ejido, por considerar que he tenido participación en las actividades productivas, culturales, recreativas, y de participación para el trabajo del núcleo de población de este ejido; y he tenido los derechos sobre las tierras de uso común; y en especial he tenido la posesión de la parcela identificada en el plano del ejido como parcela No. 13-Z2P1/4, con una superficie de 11-58-12.00 HA; posesión que he tenido desde el año dos mil ocho, en concepto de derechos de avecindado, de manera pública, continua, y de buena fe." Por su parte, en el escrito aclaratorio, la parte promovente, precisó como acto reclamado el siguiente: "La privación que pretende la responsable, de los beneficios que me corresponden por concepto de regalías por la explotación de carbón mineral en el ejido Minas de Barroteran, del Municipio de Progreso, Coahuila, Así mismo se reclaman todas las demás consecuencias legales, tales como la entrega o adjudicación de dichos beneficios al ahora tercero interesado." III. Antecedentes. Asimismo, la promovente señaló en relación a los antecedentes del acto reclamado lo siguiente: "2.- Con relación a los antecedentes del acto reclamado, manifiesto: a) Con respecto a la naturaleza y número estadístico del juicio, este es JUICIO AGRARIO SOBRE NULIDAD DE LISTA DE SUCESIÓN, radicado ante la responsable con el número estadístico No. 573/2012. b) Con respecto a si la suscrita es parte en el expediente del cual deriva el acto reclamado, me permito manifestar que si soy parte actora en dicho juicio. c) Con respecto a las partes que integran el procedimiento de origen, me permito señalar que la suscrita ***soy la parte actora; y el C. CESAR DANIEL DE LA GARZA HERRERA, es la parte demandada. d) Con respecto a que especifique la etapa procesal del juicio de origen, me permito señalar que dicho juicio se encuentra en ejecución de sentencia, y e) Con respecto a que la suscrita relate la totalidad de antecedentes del acto reclamado, me permito señalar que con fecha 1 de octubre de 2012, promoví ante la responsable juicio agrario sobre nulidad de lista de sucesión, tramitándose el juicio en sus diferentes etapas procesales, dictándose sentencia con fecha 29 de abril de 2015, resultando adversa a la suscrita. Posteriormente la sentencia fue recurrida ante el Tribunal Superior Agrario, igualmente resultando adversa la resolución. f) Posteriormente con fecha 7 de noviembre de 2016, la ahora responsable dictó auto de esa misma fecha en el que requiere al Ejido Minas de Barroteran, Municipio de Progreso, Coahuila, la consignación ante la responsable, de los beneficios o regalías provenientes de la venta de carbón mineral; y que en este caso es precisamente la consignación y en su caso la entrega de dichas regalías o beneficios al ahora tercero interesado, lo que constituyen el acto reclamado, dado que soy la suscrita la que tengo los derechos de avecindada, derivados de la posesión en concepto de ejidatario, de manera pública, continua, de buna fe, sobre la parcela descrita en la demanda de amparo." IV. Se desecha la demanda de amparo indirecto interpuesta. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. De conformidad con el precepto 113 de la Ley de la Materia, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página ochocientos noventa, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, materia común, con registro electrónico 196196, que dice: *** En la especie, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, toda vez que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos señalados a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido el juicio. En el entendido de que cuando se trate de actos de ejecución de sentencia, el amparo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en dicho procedimiento, entendida aquélla, como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. La mencionada disposición, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la promoción interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución, pues se pretende evitar que las partes interesadas en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. Sirve de apoyo a esta consideración, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página treinta y uno, con número de registro 1002646, del epígrafe y contenido siguientes: *** Ahora bien, la quejosa anexó a su demanda de amparo, copia certificada del acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20, con sede en Monterrey, Nuevo León, referente al expediente 573/2012, correspondiente al juicio de nulidad de lista de sucesión, promovido por ***(aquí quejosa), en contra de César Daniel de la Garza. Documental que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria de la Ley de Amparo conforme a su numeral 2 , ya que fue expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con registro número 394182, que establece: *** Acorde a lo anterior, se desprende que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia; por lo cual se considera en principio que el acuerdo impugnado, se encuentra vinculado a la ejecución de la sentencia emitida en los autos del juicio antes citado. Lo anterior es así, toda vez que el acto que se reclama en esta instancia fue encaminado a cumplir con el fallo respectivo, es decir, es un acto en ejecución de sentencia. Se dice lo anterior, ya que el Tribunal Superior Agrario, el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, dentro de los autos del recurso de revisión 309/2015-20, confirmó la sentencia emitida el veintinueve de abril de dos mil quince, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20, con sede en Monterrey, Nuevo León, dentro del juicio en cita, para posteriormente, requerir al Ejido Minas de Barroteran, Municipio de Progreso, Coahuila de Zaragoza, la consignación de los beneficios o regalías provenientes de la venta de carbón mineral a César Daniel de la Garza, de lo que se concluye que el acto reclamado en esta vía no puede tener el carácter de "última resolución". Tiene aplicación a lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2ª. VIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 230, del rubro y contenido siguientes: *** En ese contexto, tomando en consideración la etapa de ejecución en que se encuentra el juicio de origen, se considera que el acto reclamado en esta vía, no constituye la última resolución dentro de dicho procedimiento. Lo anterior es así, toda vez que el acuerdo reclamado no puede equipararse a una resolución como la que apruebe o reconozca el cumplimiento de lo condenado; o en su caso, una declaratoria en la que se determine la imposibilidad jurídica a efecto de llevar a cabo el mismo, o bien, aquella en la que se haya declarado el archivo definitivo del juicio de origen, porque, sólo se está frente a un acto emitido dentro de dicho procedimiento de ejecución; tan es así que con posterioridad existen diversas actuaciones tendentes a cumplimentar la sentencia emitida en el juicio agrario; y por ende, la quejosa, deberá esperar a la emisión de cualquiera de los actos aludidos, para que en su caso comparezca a esta instancia constitucional a reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante la sustanciación del procedimiento de ejecución aludido. Sirve de sustento, la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de dos mil diez, página sesenta, con registro 164639, que establece: *** En esas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, en términos del precepto 13 de la citada legislación. IV. Protección de datos personales. De conformidad con los artículos 1 , 9 , 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , difundida mediante el decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente.

  3. Principal

    I. Se recibe demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad denominada Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20, con sede en Monterrey, Nuevo León. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 98/2017, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). III. Prevención. Ahora bien, respecto a la solicitud de la promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca el artículo 114, que establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". El normativo anterior dispone previo a acordar sobre la admisión de la demanda, es necesario estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren irregularidades en el mismo. Ante ello, se advierte la falta de requisitos formales, necesarios para el análisis de la viabilidad de la admisión de la demanda. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia número I.4o.C. 26 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página sesenta y tres, tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 220365, que establece: *** Por tanto, a efecto de estar en aptitud de proveer lo conducente, con fundamento en el del numeral 261 de la ley de la materia, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En el que se prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se podrá hacer acreedor la parte quejosa, si al formular su demanda de amparo afirma hechos falsos y omita los que le consten, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, así como de conformidad con el artículo 114, fracción I, en relación con el numeral 108 , fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad: 1. Precise el acto que reclama en esta instancia a la autoridad señalada como responsable. Al respecto debe decirse que de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo solo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los término en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicio de garantías. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochocientos setenta y uno, tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 202853, de rubro y texto: *** 2. En relación a los antecedentes del acto reclamado: a) Indique la naturaleza y número estadístico del juicio del que emana la presente litis. b) Precise si es parte dentro del expediente de donde deriva el acto reclamado. c) Señale las partes que integran el procedimiento de origen. d) Especifique la etapa procesal en la que se encuentra el expediente de génesis. e) Relate la totalidad de antecedentes que tengan relación con el acto reclamado. Sobre el tema cobra aplicación la jurisprudencia 1ª./J. 64/2015, de la Primera Sala, consultable en la página setecientos setenta y tres, libro 24, noviembre de dos mil quince, tomo I, Décima Época, con registro electrónico 2010471, que dice: *** Por tal razón, es necesario que la promovente de cumplimiento a lo antes descrito para iniciar el trámite de este juicio constitucional. Con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención realizada, se tendrá por no presentada la demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo . V. Domicilio y autorizado. Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, y autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados *** VI. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso.

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