Elsa María Rodríguez Luna

Expediente 2067/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2067/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/12/2021

Partes del expediente

  • Tribunal de los Trabajadores Al Servicio del Estado Y de los Municipios de Yucatan
  • Elsa María Rodríguez Luna

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, SE ACUERDA: agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, con anexo consistente en las copias certificadas conducentes del expediente laboral de origen 39/2018. INTRODUCCIÓN Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que en la especie la parte quejosa se duele en esencia, la denegación de justicia del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, al omitir dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral de origen 39/2018. HECHOS Del oficio de la autoridad responsable y anexo que se recibió en copia certificada, la cual tiene valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: en fecha veinticinco de noviembre del año en curso, ordenó el cierre de la instrucción del expediente laboral de origen, lo que fue notificado a las partes el uno de diciembre en curso; y el dos de diciembre citado, dictó el laudo respectivo en el expediente laboral de origen 39/2018, mismo que ya fue notificado a la parte quejosa. CONTEXTO LEGAL En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, este Tribunal estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto reclamado. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la denegación de justicia del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, al omitir dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral de origen 39/2018. Sin embargo, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que en fecha veinticinco de noviembre del año en curso, ordenó el cierre de la instrucción del expediente laboral de origen, lo que fue notificado a las partes el uno de diciembre en curso; y el dos de diciembre citado, dictó el laudo respectivo en el expediente laboral de origen 39/2018, mismo que ya fue notificado a la parte quejosa. En consecuencia, resulta incuestionable que han cesado los efectos del citado acto reclamado que la aquí parte quejosa atribuye a la responsable, con lo que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes de los actos que dieron origen a la promoción del juicio constitucional, de modo total, que produjo el resultado de una sentencia concesora, pues le han sido restituidos a la parte quejosa el goce de sus derechos violados, en virtud de que han cesado los efectos de la denegación de justicia reclamada, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de amparo, sin necesidad de esperar la fecha cual está fijada para el día veinte de diciembre del año en curso, a las once horas con diez minutos; por tanto, déjese sin efectos la misma. Lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, y toda vez que mediante oficio OF.SEADS/1059/2021 de veintidós de octubre de dos mil veintiuno se comunicó a este órgano jurisdiccional que en sesión ordinaria de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de la Jueza Socorro del Carmen Díaz Urrutia como titular de este Juzgado, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno.; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes por el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga. Finalmente, vista la cuenta que antecede, para conocimiento de las partes, agréguese a éstos autos el informe justificado rendido por el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, por conducto del Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente, con residencia en esta ciudad; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, hágase relación de tal informe, al celebrarse la audiencia constitucional relativa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, cinco de noviembre de dos mil veintiuno Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir la parte quejosa, hubiera recurrido la resolución dictada el diecisiete de septiembre del año en curso; con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución en la que, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el primer punto resolutivo de la sentencia que resolvió el presente asunto la justicia de la Unión no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la artículo 18, fracción I, inciso b), por lo que es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el antepenúltimo párrafo del citado artículo. Asimismo, y como lo dispone el artículo 18 penúltimo párrafo del capítulo séptimo y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, mismas que deberán digitalizarse en términos del capítulo noveno del citado acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el citado artículo 18. En virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, una vez transcurrido el término de tres años señalados en el artículo 9 del Acuerdo General sin número, ya citado, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, SI lo tiene el presente juicio de amparo. --- NOTIFÍQUESE.

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