Elsa María Pacheco Torres

Expediente 436/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
436/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Sergio Armando Carvajal Pacheco
  • Ministerio Público de la Federación Adscrito.
  • Sergio Domingo Carvajal Ramos
  • Elsa María Pacheco Torres
  • Joaquin Alberto Carvajal
  • Julia Gerarda Carvajal Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la constancia actuarial de cuenta de la que se advierte que el licenciado Xavier Alfonso Carvajal Machado, y los directos agraviados Sergio Domingo Carvajal Ramos, Elsa María Pacheco Torres, Sergio Armando Carvajal Pacheco, Lluvia Marilyn Carvajal Pacheco, Joaquín Alberto Carvajal, Julia Gerarda Carvajal Medina, Rosa Guadalupe Medina Castillo y Gustavo Alberto Carvajal Medina, manifestaron su deseo de desistirse del juicio de amparo en que se actúa, no obstante que se les hizo saber los efectos y consecuencias de dicha decisión. En ese sentido, dado que la parte promovente Xavier Alfonso Carvajal Machado, ratificó y reconoció como suya la firma asentada en el escrito con números de registro 5124, asimismo, los quejosos ante el actuario judicial expresaron es su deseo desistirse de dicho asunto; lo que se traduce en la falta de interés de continuar con el mismo. En ese contexto, dado el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo de que se trata; lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo expuesto, se dejan sin efectos las providencias decretadas. ...

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se tiene que por auto de doce de mayo pasado, se ordenó dar vista a la parte quejosa respecto de la promoción presentada vía electrónica por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en representación del Director General de Recurso Humanos de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, mediante el promovió incidente innominado para que se declare la imposibilidad jurídica y material para cumplir con la sanción administrativa dictada por la autoridad responsable Segunda Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente ********************." Sobre el particular, este órgano jurisdiccional estima que la solicitud de la promovente debe desecharse por improcedente, por las razones que se expondrán a continuación. Para ilustrar lo anterior, conviene recordar que del contenido del escrito inicial de demanda, la parte quejosa solicitó amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "Autoridades responsables: 1. Segunda Sala del Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Tijuana Baja California [.]. 2. Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes [.] 3. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes [.] 4. Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes [.] 5. Secretario de Comunicaciones y Transportes [.] 6. Secretario de la Función Pública. [.] 7. Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado [.] 8. Titular del Centro SCT Baja California, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. [.] 9. Subdirectora de Transporte, dependiente del centro SCT Baja California, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. [.]" "Acto reclamado. El incumplimiento de la sentencia definitiva firme, de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis y la sentencia interlocutoria de queja firme, de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, pronunciada por la Segunda Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitidas en el expediente con número de juicio ********************." Lo anterior pone de relieve, que el quejoso fundamentalmente reclamó por la vía de amparo el incumplimiento a la sentencia definitiva firme, emitida en veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, por la Segunda Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en esta ciudad, en el expediente número ******************** de su índice, además la interlocutoria de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, que dicha sala dictó con motivo del recurso de queja que se hizo valer ante tal incumplimiento. Así, seguida la secuela procesal, mediante sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, este órgano judicial concedió el amparo y protección solicitada para los siguientes efectos: "SEXTO.- Efectos del amparo. En términos del numeral 74, fracción V, en relación con el precepto 77, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución, la concesión del amparo se traduce en que la autoridad responsable Segunda Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en esta ciudad, así como el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, (autoridad demandada en el juicio natural directamente obligada a acatar la sentencia de nulidad), Secretario de Comunicaciones y Transportes, así como del Director General de Recursos Humanos, todos de la referida secretaria; Secretario de la Función Pública, así como Director General de Responsabilidad y Situación Patrimonial y Subsecretario de Responsabilidad Administrativa y Contrataciones Públicas de la mencionada dependencia, Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), Titular del Centro SCT en Baja California y Subdirectora de Transporte de ese organismo, ambos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, (autoridades vinculadas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones) den cumplimiento en su totalidad a la sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, por la Segunda Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en esta ciudad, en el expediente número ******************** de su índice, y en vía de consecuencia, de igual forma cumplan en sus términos la diversa resolución emitida por la misma Sala, el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, que declaró fundado el recurso de queja que se hizo valer ante tal incumplimiento. Lo expuesto, evidencia que en la concesión del amparo otorgado, claramente se estableció que el efecto de la misma consistió en que las autoridades responsables, dieran cumplimiento en su totalidad a la sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, por la Segunda Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en esta ciudad, en el expediente número ******************** de su índice, además, para que cumplan en todos sus términos la diversa resolución emitida por la propia Sala, el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, que declaró fundado el recurso de queja que se hizo valer ante tal incumplimiento. Lo anterior, dado que en la secuela del juicio constitucional, se puso de manifiesto que sí existió violación al derecho fundamental consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del quejoso respecto de la omisión reclamada; dado que, a pesar de que las autoridades responsables tienen obligación de cumplir con la sentencia emitida el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, y la diversa interlocutoria dictada en el recurso de queja de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, esto no ha ocurrido en su totalidad. Por tanto, resulta evidente que no sea procedente la incidencia planteada por el promovente, ya que sus alegaciones no guardan relación con la litis del juicio constitucional tramitado en a este tribunal, el cual no obsta señalar que ya fue resuelto y corresponde a la representación de la promovente acatar cabalmente al fallo protector, consistente en el cumplimiento de la sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, por la Segunda Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en esta ciudad, en el expediente número ******************** de su índice, así como la resolución emitida por la propia Sala en dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, donde entre otras cosas ordenó la reinstalación del quejoso en el puesto que venía desempeñando, situación que a todas luces corresponde analizar y determinar precisamente al mencionado Tribunal Administrativo que así lo fallo, de ahí que se estime que en todo caso deberá hacer ese planteamiento ante la referida autoridad responsable ordenadora; por todo lo cual, se impone desechar por improcedente la solicitud de apertura del incidente innominado planteado. Lo anterior, sin perjuicio de que a este órgano jurisdiccional -en términos de Ley- le corresponderá declarar en su momento, si la sentencia de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla pero de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Por lo que, de ser el caso, cuando exista declaración de este órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, cesará en el conocimiento del asunto y enviará los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Por su esencia, resulta aplicable la tesis IV.2o.C.8 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. NO QUEDA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS TÉRMINOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL FALLO PROTECTOR. La sentencia que concede el amparo, conlleva para el gobernado la promesa de que el orden constitucional se restablecerá y para la autoridad la obligación de acatar la orden judicial, una vez notificada, para dar eficacia práctica a los efectos que en la sentencia se precisan; cuyo procedimiento de cumplimiento y ejecución se establece en la Ley de Amparo. Así, las autoridades responsables y las vinculadas se encuentran obligadas a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, por lo que deben actuar o dejar de actuar, en la forma exigida en la sentencia de amparo, incluso, en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto, como lo dispone el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Estructurado así el procedimiento de cumplimiento de sentencias que conceden la protección constitucional, no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplirlas."

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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