Elsa Margarita Muñoz Domínguez
Expediente 650/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Elsa Margarita Muñoz Domínguez
Actuaciones
- Principal
XI... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. En cumplimiento al capítulo cuarto, artículo 14 y capítulo octavo, artículo 21, inciso d), del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, se considera susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de seis meses a partir del día de la fecha, procederá este juzgado a su destrucción, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión. En otro orden de ideas, toda vez que existen documentos exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el capítulo octavo, artículo 21, antepenúltimo párrafo del citado acuerdo, dígase que dentro de un plazo de noventa días deberá acudir debidamente identificada a este juzgado a recogerlos, previa copia simple que deje en autos para su entrega, apercibida que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente en que se actúa. En el entendido que, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción I, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra a su disposición el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, a fin de que agende la cita correspondiente y acuda a este órgano a recoger los documentos que se dejan a su disposición de conformidad con lo indicado en el párrafo que antecede.
- Principal
XI... Vista la demanda de amparo promovida por Elsa Margarita..., contra actos de la Segunda Sala Regional Norte del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 650/2022-XI. DESECHAMIENTO Ahora, de la lectura de la demanda, se desprende que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia que refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, con relación al numeral 107 fracción IV, del propio ordenamiento, bajo las siguientes consideraciones: Del artículo citado en segundo término se aduce que cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. El fin perseguido por dicha norma es el de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. Por ello, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo implícitamente contempla que el juicio de amparo no puede ser un medio legal para entorpecer los procedimientos de ejecución ya que estimar lo contrario, contravendría el espíritu del artículo 17 constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, es dable establecer que aquella norma, armonizada con el texto del artículo 17 constitucional, persigue que no se paralice el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, poniendo de manifiesto que el interés general de la sociedad de que se cumplan dichas resoluciones está por encima al particular que pretende evitarlo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural.... En el caso en estudio, la parte quejosa reclama la sentencia interlocutoria de once de abril de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja por defecto en el cumplimiento, en la que determinó dejar sin efectos el oficio DE/SP/VMHO/1860/2021, de veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitido en cumplimiento a la sentencia definitiva de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio contencioso administrativo de la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, número 2151/19-11-02-7, y otorgó a la autoridad demandada Delegado Estatal en el Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, un plazo de veinte días para que emita una nueva resolución en los términos señalados en dicha interlocutoria. Actuación emitida en la etapa de ejecución de un juicio contencioso administrativo, donde la quejosa es parte actora, es por ello que el acto reclamado queda regido por las disposiciones a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, es decir, no puede analizarse en el juicio de amparo indirecto por no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; es decir, el acto de que se duele la quejosa no es el último en ejecución de sentencia que hicieron valer ante la Sala responsable; así tampoco la resolución reclamada es de las que aprueban o reconocen el cumplimiento total de lo sentenciado o declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o bien las que ordenan el archivo definitivo del expediente; de igual forma no tiene autonomía propia, ni es ajeno a la cosa juzgada, pues precisamente como se indicó, el efecto de la interlocutoria reclamada es para que la autoridad demandada Delegado Estatal en el Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en un plazo de veinte días emita una nueva resolución en los términos señalados en la ahora resolución reclamada. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser el acto reclamado la última actuación en la etapa de ejecución de sentencia, ni le genera una afectación inmediata en sus derechos sustantivos y en consecuencia de imposible reparación, no se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado de inmediato a través del amparo indirecto, ni se trata de aquellos que jurisprudencialmente lo hagan procedente; por tanto, se desecha la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia advertida, en términos de lo que dispone el artículo 113, con relación a los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO QUEJOSO Con fundamento en el ordinal 26, fracción III, en relación con el diverso 29 del citado ordenamiento legal, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fije en lugar visible de este juzgado federal, por así solicitarlo. En cuanto hace al correo electrónico que señala conjuntamente como domicilio para oír y recibir notificaciones, no ha lugar acordar de conformidad porque por sí solo no están regulados en la Ley de Amparo como medios para ello; y conforme al artículo 3° de la citada legislación con relación a los diversos 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la posibilidad de presentar demandas, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas a través de los sistemas tecnológicos, está sujeta a que la persona interesada cuente con firma electrónica (FIREL) generada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación e informe el usuario ante el órgano Federal que se trámite el asunto de su interés. Se le tiene señalando el número telefónico y correo electrónico que indica, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS Se autoriza a las personas que refiere, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, como lo prevé el párrafo segundo, última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 24, párrafo segundo, de la referida normatividad, toda vez que si bien se les confieren facultades amplias, lo cierto es que no cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que una vez que lo realicen y reiterada que sea su petición, se acordará lo conducente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.
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