Elsa Laura Aguirre Recendiz

Expediente 1251/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1251/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
04/09/2017

Partes del expediente

  • Elsa Laura Aguirre Recendiz
  • ELSA LAURA AGUIRRE RECENDIZ y Otros.
  • Directora General del Centro Federal de Reinsercion Social Numero 16 Cps Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio número DMOR/3746/2017, signado por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que se designa al licenciado ********************, Defensor Público Federal adscrito a esa Delegación, para que asista a la interna ********************, señalando domicilio donde puede ser localizado, y quien se presentará ante este Juzgado Federal para la aceptación del cargo.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que con fecha veinticinco de agosto del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis "CPS Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos; en consecuencia, para dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido del mismo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública en el Estado de Morelos, mediante el cual manifiesta que se encuentra imposibilitado para designar un defensor público a la directa quejosa, por los motivos que expone. Al respecto, dígase al titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública en el Estado de Morelos, que la designación que se requiere es para otorgar a la quejosa la oportunidad de ejercer una adecuada defensa, atento a que en su calidad de interna en un centro de reclusión, se encuentra en un grupo vulnerable, lo que significa que está impedida para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio de amparo. Conviene, primeramente señalar que la circunstancia de que la persona que promueve el juicio de amparo se encuentre privada de la libertad, acentúa la necesidad de que la autoridad de amparo lleve a cabo las actuaciones necesarias para garantizar al quejoso el respeto al derecho fundamental de una adecuada defensa; ello, porque pese a que en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo deben realizarse de forma personal al quejoso privado de la libertad personal, en el sitio donde se encuentre recluido; lo cierto es que, la mera notificación personal hace ilusorio el derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues por su condición de interna en un centro penitenciario, significa que está impedido -al menos de manera directa- de alegar, interponer recursos u ofrecer pruebas, si se tiene en cuenta que el diseño del juicio de amparo subsiste bajo la modalidad escrita o impresa y electrónica, medios de difícil acceso para una persona privada de la libertad personal. Así, tal limitante restringe la posibilidad de que la persona privada de la libertad personal pueda ejercer una adecuada defensa; es por ello que surge la necesidad de que, siempre que se advierta que no designó abogado que lo represente y asesore, con fundamento en los artículos 1o. y 14 constitucionales y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el juzgador de amparo le designe un defensor público para que, más allá de que lo pueda representar, emprenda lo conducente para evitar dejar a la persona en estado de indefensión frente a actos que, a decir del solicitante de amparo, infringen derechos humanos en su perjuicio. Finalmente, no pasa desapercibido que el artículo 29, fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, establece que el servicio de asesoría jurídica del fuero federal debe prestarse, en todas las materias, tratándose de juicios de amparo en que los titulares de órganos jurisdiccionales requieran la designación de un representante especial para un menor o un adulto que tenga limitada la capacidad de representarse por sí mismo; no obstante, de considerarlo en la forma en que lo pretende la autoridad, sería tanto como someter a prueba cada una de la demandas de amparo en las que se advierta, sin duda alguna, el estado de vulnerabilidad del promovente, contraviniendo los principios del debido proceso y de prontitud en la impartición de justicia, lo cual es violatorio de derechos humanos. En esas condiciones, requiérase al titular del Instituto de la Defensoría Pública en el Estado, para que dé estricto cumplimiento a lo ordenado en autos.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado, rendido por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos; con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de la Materia, se tienen como Delegados de la autoridad oficiante a las personas que designa. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que la directa quejosa Elsa Laura Aguirre Reséndiz, se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis "CPS Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos, por lo que, se estima que dicha situación le impide ejercer de manera plena en este juicio sus derechos por sí mismo, pues se encuentra en desventaja social ante los demás. En consecuencia, en congruencia con lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º párrafo primero, por identidad jurídica y 79, fracción VII, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. "Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa." "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: [.] VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo." Por tanto, requiérase al Delegado de la Defensoría Pública Federal, en el Estado de Morelos, para que designe de un defensor público a Elsa Laura Aguirre Reséndiz, a efecto de que pueda fungir como asesor jurídico de la misma, ya que la aludida parte, se ubica dentro de la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b), en relación con la fracción V del artículo 29 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública. En el entendido que en caso de que el Delegado o el Asesor Jurídico no cumplan con lo antes ordenado, o manifestar el impedimento que tenga para ello, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y en relación con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 238, primera parte, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia XXIV.2o. J/2 (10a.), Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 2014075, que señala: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.

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