Elsa Hortencia Gomez González
Expediente 137/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Elsa Hortencia Gomez González
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja contra el acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su apoderada legal ********************, sin que se haya hecho valer el referido medio de impugnación; en consecuencia, se declara firme dicho proveído para los efectos legales a que haya lugar y se ordena el archivo como asunto terminado.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta presentada por **********, por conducto de su apoderada legal *******, personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la copia digitalizada de la carta poder que adjunta a su ocurso de cuenta, contra actos del Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, regístrese su ingreso bajo el número 137/2023-A-1. Desechamiento. El numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese contexto, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama la omisión de la Presidenta de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, de proveer lo conducente en el expediente SAT 819/2009, respecto del escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Bajo esa premisa, en la especie, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, se puede concluir que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio que se consideren de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que, cuando lo reclamado no sea de los actos considerados como tales, el juicio biinstancial será improcedente. Respecto del tema, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Así, con tal precisión se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma. La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen. Bajo este contexto, el acto atribuido al tribunal laboral, consistente en la omisión de proveer lo conducente respecto al escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, no afecta materialmente un derecho sustantivo de la quejosa. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento laboral en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetase a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia citada en el párrafo que antecede, en el sentido de que a menos de que se advierta que existe una paralización total de procedimiento, el juicio será procedente, toda vez que de la lectura integral de la demanda no se evidencia tal circunstancia. Por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 33/2019 (10a), estableció que, para efectos de promover el juicio de amparo indirecto contra dilaciones procesales presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos respectivos; circunstancia que, en el caso en particular, no acontece, toda vez que el escrito fue presentado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Entonces, si la promovente presentó el escrito precisado con antelación el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, es claro que a la fecha de la presentación de su demanda (diez de febrero del año en curso) aún no transcurre dicho término y, por tanto, resulta improcedente el presente juicio de amparo, al no generarse hasta el momento afectación alguna en su esfera jurídica de derechos. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si para efectos de la procedencia del amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo o si dicho plazo puede agotarse, incluso, durante la secuela procesal del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que para que resulte procedente el amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable de más de 45 días naturales al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), necesariamente debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Justificación: Conforme a la referida jurisprudencia, para poder considerar que una dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, es de "imposible reparación", para efectos de la procedencia del amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable que hayan transcurrido más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo que significa, a contrario sensu, que si no ha transcurrido ese plazo razonable, que como prerrogativa otorgó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no sería posible el análisis de alguna violación de derechos humanos alegada, precisamente porque la dilación procesal impugnada -hasta ese momento- no sería de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto; de ahí la necesidad de que el plazo razonable al que hace alusión la referida jurisprudencia debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que a partir de ese momento el Juez de Distrito podrá determinar si el acto reclamado actualiza o no el supuesto de procedencia del amparo indirecto al que hace referencia, puesto que, de no ser el caso, tendría que proceder conforme lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. De no considerarlo así y, por el contrario, de estimar que la actualización del supuesto al que alude el criterio jurisprudencial puede concretarse durante la sustanciación del proceso, se estaría ignorando el principio de agravio personal y directo reconocido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, el cual exige una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso a fin de poder intentar la acción de amparo, lo que en el caso se traduce en la existencia de una dilación procesal de más de 45 días naturales. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, este último en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, todos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desecha de plano la demanda presentada por ********* en su carácter de apoderada legal de *********.
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