Elsa Gema Wolffer Pallares
Expediente 966/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Elsa Gema Wolffer Pallares
Actuaciones
- Principal
Agréguese el escrito del autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita se requiera el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En atención a su contenido, dígasele que una vez que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informe que quedo firme el acuerdo mediante el cual se desecharon los recursos de revisión, este Juzgado estará en condiciones de causar ejecutoria a la sentencia de amparo y requerir el cumplimiento de la misma. Ahora bien, a efecto de acordar lo conducente, solicítese al citado Tribunal que de no existir inconveniente informe a este Juzgado el estado procesal que guardan los autos del recurso de revisión 45/2021, lo anterior a fin de continuar con el trámite de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo. Integración del expediente Fórmese el expediente 966/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Elsa Gema Wolffer Pallares, ya que, como se explicara más adelante se actualizan una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. Ahora bien, la parte promovente señala como autoridad responsable y acto reclamado en la demanda de amparo los siguientes: Asimismo manifestó bajo protesta de decir verdad los siguientes antecedente: Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso del escrito de demanda, con apoyo en lo que disponen los artículos 61, fracción XX, y 113 de la ley de la materia este órgano de control constitucional estima que debe desecharse el libelo de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El precepto 61 fracción XX de la Ley de Amparo, alberga uno de los principios intrínsecos a la naturaleza propia del juicio de amparo, que se constituye como un medio extraordinario de defensa, que sólo procede contra actos definitivos, entendidos por éstos, aquellos contra los que no proceda recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio es reconocido como de definitividad y encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo, al ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, cuyo examen compete a los tribunales del Poder Judicial de la Federación. En apoyo a tal consideración, cabe citar por analogía la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 18, en la página 27, Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N. del Apéndice 1917-2000, actualización 2001, al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo." El acto reclamado constituye la resolución del recurso de inconformidad emitido el treinta de marzo de dos mil veintiuno, así como la resolución de revocación de nueve de junio del mismo año, dictada en el acuerdo ACC.CDMXS090621/699.C.RV, a través de la cual se desechó de plano la reclamación por ser notoriamente extemporánea. Motivo por el cual la parte quejosa se encuentra obligada a agotar los medios ordinarios previo al juicio constitucional, en virtud de que ya optó por las vías ordinarias. Sirve de apoyo la tesis I.7o.A.651 A, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, página 3147, que establece: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL AMPARO, CUANDO EL PARTICULAR OPTÓ POR IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE LE AGRAVIA MEDIANTE ALGÚN RECURSO CUYA DETERMINACIÓN DEBA COMBATIRSE A TRAVÉS DE AQUÉL. Si bien es cierto que mediante la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1103, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó factible acudir directamente al amparo sin agotar previamente el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por considerar que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que lo prevé establece mayores requisitos para conceder la suspensión de la resolución definitiva impugnada que la Ley de Amparo, también lo es que constituye una excepción a tal criterio el supuesto en el que el particular optó por impugnar la resolución administrativa que le agravia mediante algún recurso cuya determinación deba combatirse a través del juicio de anulación, en observancia al principio de definitividad rector del juicio de garantías, que obliga al particular a seguir este camino, porque la vía procesal ya ha sido elegida." Por lo antes expuesto, dado el indisoluble vínculo entre el acto reclamado y la resolución sometida a los recursos de inconformidad y revocación, la parte quejosa se encuentra obligada a agotar los medios ordinarios previo al juicio constitucional, sin que pase inadvertido que la resolución recaída al referido recurso, aún no esté firme; pues al haber optado por la vía ordinaria contra de la resolución de treinta de marzo de dos mil veintiuno, así como de la resolución de revocación de nueve de junio del mismo año, dictada en el acuerdo ACC.CDMXS090621/699.C.RV-actos reclamados- deberá seguir dicho camino. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. LXXIX/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, página 374, de rubro y texto siguientes: "NEGATIVA FICTA. SI SE DEMANDA SU NULIDAD EN JUICIO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL, NO PROCEDE EL AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCION EXPRESA AUNQUE SE RECLAME LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY APLICADA. Si como consecuencia de un recurso administrativo se configura una negativa ficta en los términos del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, combatiéndose en juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación y, con posterioridad, se dicta una resolución expresa, resulta improcedente el juicio de amparo contra ésta, aun cuando se reclame la inconstitucionalidad de la ley aplicada, pues de acuerdo con las características de la negativa ficta debe entenderse que el afectado optó por el medio ordinario de defensa y, además, conforme a los principios que rigen el amparo contra leyes, al optarse por ese medio ordinario tendrá que esperar hasta que se dicte la resolución que ponga fin al mismo para que pueda reclamarse en amparo directo planteando, en su caso, en los conceptos de violación, la inconstitucionalidad de la ley aplicada." Asimismo, es aplicable la tesis 2ª.CLXX/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 517, del tenor literal siguiente: "AMPARO CONTRA DISPOSICIONES GENERALES. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL RECURSO O MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CUANDO EL QUEJOSO OPTÓ POR AGOTARLO, CON INDEPENDENCIA DE QUE NO SEA LA PRIMERA QUE SE EMITIÓ, SI CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO. De lo dispuesto en los artículos 21, 22, fracción I y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desprende que cuando el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición general (ley, tratado internacional, reglamento, etc.) y opta por agotar los recursos o medios ordinarios de defensa previstos en la ley o reglamento, esa circunstancia no entraña el consentimiento tácito de la disposición general que pueda estimarse contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la lesión que con el acto autoritario puede generarse en perjuicio del quejoso, puede verse reparada si se logra que a través del recurso o medio de defensa se nulifique, revoque o modifique el acto impugnado, sin necesidad de acudir al juicio de amparo como medio extraordinario de defensa. En consecuencia, cuando el quejoso ha optado por agotar el recurso o medio ordinario de defensa acorde con el contenido del último de los preceptos legales citados, sólo se entenderá consentida la disposición general, si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal, contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, con la particularidad de que el sentido de dicha resolución debe ser adversa a los intereses del quejoso, ya que de ser favorable, carecerá de interés jurídico para impugnarla, al no ocasionarse perjuicio alguno a su esfera jurídica, lo que es esencial para acudir al juicio de garantías; de ahí que la oportunidad para reclamar en el amparo directo una disposición general en el supuesto en que el quejoso agotó los medios ordinarios de defensa, surge cuando la resolución es contraria a los intereses del quejoso, con independencia de que no sea la primera dictada en el recurso." En efecto, de los precedentes judiciales transcritos, se advierte que a pesar de reclamarse una ley, cuando el gobernado ya opto por impugnar en medio de defensa ordinaria actos que integran un procedimiento, queda obligado en seguir en esa vía ordinaria la impugnación de los diversos actos que se emitan en el procedimiento, a pesar, de que se impugne una norma legal; pues será previo agotamiento de las vías ordinarias, que se estará en condiciones de plantear en el amparo respectivo cuestiones de constitucionalidad, lo que no deja inaudita a la parte quejosa. Tiene aplicación por analogía, la tesis 2ª. XLVIII/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos once, tomo IX, abril de 1999 del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuyos rubros y textos son los siguientes: "JUICIO DE NULIDAD. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, SI EL QUEJOSO OPTÓ POR INTERPONER EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN. La interpretación relacionada de las fracciones XII y XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, conduce a estimar que si el quejoso combatió el acto reclamado a través del recurso administrativo de revocación, no puede válidamente, abandonar la defensa ordinaria ni promover el juicio de amparo en contra de lo resuelto en él, sino que debe agotar la jurisdicción ordinaria combatiendo la resolución del recurso por medio del juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 125 del Código Fiscal de la Federación y 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y, de no hacerlo, el juicio de amparo será improcedente". En consecuencia, la quejosa antes de acudir a la acción de amparo debe agotar el juicio contencioso administrativo en contra del acto reclamado ante las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al artículo 3, fracción XIII, de su Ley Orgánica. Luego entonces, queda de manifiesto que el principio de definitividad, opera como una regla necesaria de seguridad jurídica y tiene como excepción que el Estado parte no garantice el debido proceso para la protección del derecho o derechos que se estimen violados o que no permita el acceso o se le impida agotar los recursos de la jurisdicción interna. Lo anterior reafirma la idea de que si la legislación mexicana colma las condiciones fundamentales de un debido proceso tal como es del dominio jurídico, los gobernados en México tienen cargas, deberes y derechos procesales los cuales deben cumplirse, y por ende, es legal exigir la observancia del principio de definitividad, puesto que la legislación interna garantiza el debido proceso para la protección de los derechos de la quejosa y ésta está en posibilidad de comparecer ante el tribunal del juicio y agotar el medio de defensa idóneo para revocar o modificar las determinaciones que considera le causan perjuicio. Por lo que, si la parte quejosa optó por agotar el citado medio ordinario de defensa, debe agotar ese juicio de nulidad y seguir la cadena en sede ordinaria. En congruencia con lo anterior, previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte quejosa debe agotar el medio ordinario de defensa respectivo, esto es, el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 3, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante la cual puede conseguir que el acto reclamado sea modificado, revocado o nulificado. Sobre esa premisa, resulta pertinente traer a colación el artículo 3, fracción XIII de la Ley Orgánica Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: "LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA De la competencia del Tribunal y los Conflictos de Intereses Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;" Ahora bien, el acto que por esta vía se impugna consiste en la resolución de treinta de marzo de dos mil veintiuno, así como la resolución de revocación de nueve de junio del mismo año, dictada en acuerdo ACC.CDMXS090621/699.C.RV, interpuestos con motivo de la diversa resolución para el otorgamiento de pensión de ascendientes de doce de febrero de dos mil veintiuno. Atento a ello, este Juzgado de Distrito estima que la resolución de treinta de marzo de dos mil veintiuno, así como la resolución de revocación de nueve de junio del mismo año, dictada en el acuerdo ACC.CDMXS090621/699.C.RV, deben combatirse a través del juicio contencioso administrativo en términos del artículo 3, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Se estima lo anterior, en virtud de que, por una parte, la referida Ley Orgánica, en su artículo 3, fracción XIII, precisa que el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es procedente contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que ahí se indican, como lo es la que resuelve un recurso administrativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 38/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 704, que establece: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ABROGADA Y 3, FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Criterios discrepantes: Los Tribunales Colegiados analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a posicionamientos contrarios, ya que mientras que para uno de los Tribunales la resolución recaída al recurso de inconformidad interpuesto en contra de la determinación de la queja administrativa en la que se solicitó el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales, no es de las contempladas en la fracción XII del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para el otro, el juicio contencioso sí es procedente, al actualizarse el supuesto de la fracción XI del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es procedente el juicio contencioso administrativo en contra de la resolución del recurso de inconformidad que define la instancia de queja administrativa, en la que se reclamó el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales. Justificación: Lo anterior es así, al considerar que el referido recurso de inconformidad tiene las características propias de los recursos administrativos, en la medida en que en el reglamento correspondiente se prevé un trámite, con la precisión de cuáles son las disposiciones aplicables de manera sustantiva y adjetiva, el órgano ante el que debe interponerse, el plazo para ello, las pruebas que pueden ofrecerse y la oportunidad para desahogarlas, las garantías que deben observarse al tener que emitir la resolución correspondiente y la posibilidad de ejecutarla. Dicha resolución la emite una autoridad administrativa, como lo es el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual es un organismo público descentralizado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; además, la resolución del recurso de inconformidad que define lo resuelto en la instancia de la queja administrativa prevista en el artículo 296 de la Ley del Seguro Social, constituye una resolución definitiva respecto de la cual no procede recurso alguno, según lo previsto en la propia ley y en el Reglamento del Recurso de Inconformidad. Ahora, por disposición de los artículos 1, 2 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser un organismo público descentralizado está sujeto a dicho ordenamiento y, por tanto, debe aplicar, supletoriamente, sus disposiciones en lo no previsto en la Ley del Seguro Social, en el Reglamento para el Trámite y Resolución de las Quejas Administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Reglamento del Recurso de Inconformidad, con respecto al trámite y resolución de la queja administrativa y del propio recurso de inconformidad. Así las cosas, aunque las referidas disposiciones legales y administrativas de carácter general no dispongan expresamente la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no significa que la resolución del recurso de inconformidad no se emita en los términos de dicho ordenamiento, sino por el contrario, por mandato legal debe entenderse que también se pronuncia en sus términos, en cuanto a lo no previsto en las normas generales especiales." Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución impugnable a través del juicio contencioso administrativo, si éste no se agota previamente. Sustenta lo expuesto, la tesis número I.13o.A.42 K, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la Novena Época, publicada en la página tres mil ciento tres, del tomo XXVI, de octubre de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PARA QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE LO RIGE, CUANDO SE RECLAME LA ILEGALIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL QUEJOSO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO HAYA INICIADO LA VÍA ORDINARIA DE IMPUGNACIÓN. Del artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la Ley de Amparo y de la interpretación que de él ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis 2a. LIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 205, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. CUANDO EL QUEJOSO OPTÓ POR AGOTAR CONTRA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN EL RECURSO ORDINARIO QUE FUE DESECHADO, Y CONTRA ESA DETERMINACIÓN PROCEDE OTRO RECURSO, DEBE AGOTAR ÉSTE Y NO SOLICITAR DIRECTAMENTE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.", y la publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-186, Primera Parte, página 252, aprobada por el Pleno del Máximo Tribunal, de rubro: "LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. SI EL INTERESADO ESCOGE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL POR VIRTUD DEL CUAL PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO.", se colige que cuando en el amparo indirecto se reclame una ley con motivo de su primer acto de aplicación y el gobernado opte por impugnar dicho acto a través de un medio ordinario de defensa, el juicio constitucional resultará improcedente por encontrarse, ante tal evento, obligado a recorrer o agotar todas las instancias ordinarias subsecuentes. En concordancia con lo anterior y por mayoría de razón, al reclamarse la ilegalidad de un acto administrativo, si se inició la defensa ordinaria, ésta no puede abandonarse, porque ello equivaldría a dejar en manos del gobernado el momento en que puede promover el amparo. Por tanto, en esa hipótesis, para que se actualice alguna excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, también es requisito indispensable que el quejoso a la fecha de presentación de la demanda de amparo no haya iniciado la vía ordinaria de impugnación, pues ello traería consigo su improcedencia". En consecuencia, la parte quejosa está obligada a respetar el principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX, y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Domicilio y autorizados. Como lo solicita expresamente la parte quejosa en su demanda de amparo, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese el presente auto por vía electrónica. Se autoriza la consulta del presente asunto en la vía solicitada, en virtud de que, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró que el nombre de usuario "007110jisca" corresponde a Julio Isidro Santos Coy Aguilar. En cuanto hace, a los correos electrónicos que precisa, ténganse como medios de contacto para efectuar comunicaciones no procesales con la parte quejosa, por lo que póngase a disposición de los actuarios adscritos a este Juzgado para que, de ser necesario, faciliten las diligencias que se encomienden. Ténganse por autorizados en términos de la primera parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en estrecha relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la ley de la materia a Julio Isidro Santos Coy Aguilar y José Alberto López Velázquez toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, téngase únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas que señala. Devolución de documentos. Hágase del conocimiento de las partes que las documentales exhibidas, no serán devueltas hasta la conclusión del juicio; toda vez pueden ser objetadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Amparo, por lo que una vez ordenado el archivo del presente asunto, se estarán en aptitud de devolverlas; sin perjuicio de que puedan solicitar copia simple o certificada de dichos documentos. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.
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- Elsa Barbara Meyer Sandoval Carranza Y Otros1356/2005
- Elsa Castañon Helgueros653/2017
- Elsa del Socorro Prieto Montalvo549/2017
- Elsa Erika Clavel Salinas889/2015
- Elsa Graciela Gallegos Marmolejo1277/2019
- Elsa Lorena Miranda Cid973/2015
- Elsa Lydia Ortega Velasco1514/2021
- Elsa Moran Salas1395/2016
- Elsa Oviedo Montero1799/2019
- Elsa Patricia Espitia Pinzon320/2018