Elsa Gabriela Rivera Meyemberg
Expediente 10/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Elsa Gabriela Rivera Meyemberg
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL ACUERDO DE, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. ARCHIVO. DESTRUCCION. NOTIFIQUESE.
- Principal
Ciudad de México; a tres de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida vía electrónica sin firma criptográfica con el nombre "ELSA GABRIELA RIVERA MEYEMBERG". Registro de la demanda Fórmese el expediente 10/2021-I y regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo promovida vía electrónica con el nombre de Elsa Gabriela Rivera Meyemberg, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el 6 de la ley en consulta, y el dispositivo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, toda vez que la demanda que se provee fue presentada a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y la misma carece de firma electrónica certificada (FIREL o e.firma) de la directa quejosa, esto es, Elsa Gabriela Rivera Meyemberg, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 3° y 6º de la Ley de Amparo, por ser una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Al respecto, cabe destacar que los artículos conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Ley de Amparo "Artículo 3°. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.)". Como se desprende del contenido de la anterior trascripción, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 6º de la Ley de la Materia, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de la Ley de la Materia. Además, se aprecia que las promociones en forma electrónica se presentarán utilizando la firma electrónica, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; salvo que se promueva el amparo en términos del artículo 15 de dicha legislación; es decir, que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. En esa tesitura, si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, las mismas deben ser suscritas por los interesados, por ser la demanda la base de todo el procedimiento legal y así considerar a quien lo suscribió como parte quejosa; luego, en el presente caso, al haber sido presentada a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, la falta de la firma electrónica certificada (FIREL o e.firma), de Elsa Gabriela Rivera Meyemberg tiene como efecto que el escrito no constituya una demanda, y por tanto, no ha lugar a tener por presentado el juicio de amparo de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicación de 26 de abril de 2019, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Máxime, que el acto reclamado en el presente asunto no es de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo no existe justificación para exentarlo de contener la firma electrónica en la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 17 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vinculación con el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), en su artículo 3, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) es el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, que producirá los mismos efectos que la firma autógrafa; de lo que se puede colegir que en los supuestos de presentación de demandas de amparo en línea, se hace preciso, como un requisito fundamental, que obre la firma electrónica de la parte quejosa en el escrito correspondiente, pues en función de la naturaleza del sistema electrónico implementado para la tramitación de los juicios en línea, será exclusivamente esta la que dote de validez legal al documento en cuestión; por tanto, solo a través de la electrónica, se hará patente la voluntad del promovente de someterse a la potestad jurisdiccional. La exigencia de que las demandas de amparo presentadas en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, contengan la firma electrónica, en términos del marco normativo citado, constituye un requisito de admisibilidad de la pretensión de los quejosos, la cual obedece a una adecuada ordenación del proceso y a razones de seguridad jurídica, en tanto que la firma electrónica constituye requisito indispensable para la identificación de su autor y la expresión de su interés para instar a este órgano jurisdiccional, por lo que ese requisito es razonable y proporcional para lograr el correcto trámite y resolución del juicio de amparo, lográndose la eficacia en el respeto del derecho humano a la tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, si el derecho humano a la tutela judicial efectiva comprende el obtener una resolución fundada en derecho, es inconcuso para este Juzgador que la presente determinación que desecha la demanda por no cumplir con el requisito establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, consistente en la firma electrónica, respeta ese derecho humano, al ser dicho requisito proporcional para el acceso a esta instancia constitucional. En ese sentido, si la demanda fue presentada en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y carece de firma electrónica, no ha lugar a pronunciarse respecto al contenido del escrito digitalizado, y por tanto, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 6°, y 113 de la Ley de Amparo, en consecuencia, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Del domicilio. Conforme al artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el que señala en su escrito de demanda; sin embargo, conforme al numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-191, se le exhorta a que de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; así como el proponer formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales. De las notificaciones. Para evitar dilaciones innecesarias en la substanciación del juicio, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la ley en cita, se HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES a efecto de que en su caso los Actuarios Judiciales realicen las notificaciones que se ordenen en el presente cuaderno. De igual forma, se ordena a los actuarios de la adscripción ajusten sus actuaciones y notificaciones a lo dispuesto a la vigente Ley de Amparo. Las razones actuariales suscritas por los diligenciarios de esta adscripción, derivadas de las notificaciones ordenadas en el presente sumario, serán glosadas al mismo, sin mayor acuerdo al momento de su presentación y se proveerá lo que corresponda en el momento procesal oportuno. Suspensión del procedimiento. Es necesario tener presente que en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas justiciables y de las que prestan sus servicios en los juzgados y tribunales, por lo que adoptó medidas del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno en los órganos jurisdiccionales en el Primer Circuito. En virtud de lo anterior, mediante circular SECNO/29/2020 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se hizo del conocimiento que se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1 del Acuerdo General 13/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al señalar: "Esto implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia". De la transcripción anterior, se advierte que se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiera de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones. Acuerdo que se encuentra vigente a la presente fecha en los términos señalados en párrafos precedentes. De igual manera, mediante circular SECNO/1/2021 se informó que en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo de la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en la que se determinó que en relación al Primer Circuito por el periodo del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se continuará con el esquema de continencia establecido en el Acuerdo General 13/2020. Asimismo, de conformidad con la SECNO/6/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal se extendió la vigencia del esquema establecido en el Acuerdo General 13/2020 del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno. En el presente caso, no se solicitó la tramitación del juicio en línea, ya que no se proporcionó un usuario a efecto de consultar el expediente electrónico, tampoco se solicitó la práctica de notificaciones electrónicas, ya que señaló un domicilio físico para oír y recibir notificaciones, lo cual impide la prosecución del presente juicio de amparo en la vía de juicio en línea, y, por tanto, la imposibilidad de notificar de forma personal el presente auto. Lo anterior es así, ya que de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, la notificación del presente proveído debe realizarse de manera personal; sin embargo, atendiendo a las medidas de contingencia adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal en los órganos del Poder Judicial de la Federación, por el momento no es dable ordenar la práctica de dicha diligencia en el domicilio procesal señalado por la parte quejosa, por lo que se reserva la realización de la misma hasta en tanto se levanten las medidas de seguridad de que se trata. No obstante, en aras de privilegiar la pronta impartición de justicia, se ordena publicar electrónicamente el contenido del presente proveído. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se suspenden los plazos y términos procesales en el presente juicio de amparo. Cabe precisar que una vez que concluyan las medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, o bien, se den los supuestos para la continuación del juicio de amparo en línea, y sin ulterior acuerdo, se instruye al Actuario Judicial para que realice la notificación personal del presente auto. Transparencia y acceso a la información pública. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones, IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6 y 113, fracción V, de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE EN LA LISTA ELÉCTRONICA Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN LOS TÉRMINOS ORDENADOS EN EL PRESENTE ACUERDO.
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