Elsa Flora Salinas Ricardez

Expediente 1490/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1490/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
19/10/2015

Partes del expediente

  • Elsa Flora Salinas Ricardez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI B Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Secretario Judicial encargado por ministerio de ley del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, residente en esta ciudad. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad en comento, el original del expediente 536/1996 de su índice; probanza que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que la quejosa Elsa Flora Salinas Ricardez reclama de la autoridad responsable la omisión de remitir el exhorto ordenado en el resolutivo séptimo de la sentencia dictada el seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en el juicio familiar 536/1996 y para el efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 303 del Código Civil del Estado de Oaxaca. Por su parte, la autoridad judicial en el informe de cuenta, negó la existencia del acto reclamado y remitió como apoyo al mismo el expediente 536/1996, de su índice, las cuales adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias que integran dicho expediente se advierte que mediante proveído de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, se tuvo por recibido el oficio 246 de la Juez Trigésimo de lo Familiar de México, Distrito Federal, por medio del cual devolvió debidamente diligenciado el exhorto 13/97, librado el catorce de enero de mil novecientos noventa y siete, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el trece de enero de ese mismo año. Lo anterior permite advertir de manera notoria, manifiesta e indudable que, en el caso al ser devuelta dicha comunicación oficial -dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y siete- fecha anterior a la presentación de la demanda (siete de octubre de dos mil quince), el acto reclamado no existía; en consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio, en términos de lo que previene el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que no se causa agravio a la quejosa ni se le priva de defensa decretando dicho sobreseimiento, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 16); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. En consecuencia, devuélvase mediante oficio a la autoridad responsable Secretario Judicial encargado por ministerio de ley del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, residente en esta ciudad, el original del expediente 536/1996 de su índice que anexó al informe de cuenta. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    MESA VI B Visto el escrito de demanda de Elsa Flora Salinas Ricardez, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1490/2015. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. Tramítese sin incidente de suspensión, por no haber solicitado expresamente la parte quejosa esa medida cautelar. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente por lo que entréguesele una copia simple de la demanda. Se señalan las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicítese informe justificado a las autoridades responsables el cual deberán rendir dentro del término de quince días hábiles siguientes a que reciba el oficio, para lo cual deberán acompañar, en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, de no hacerlo en sus términos, de conformidad con el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se impondrá a la omisa una multa de cien a mil días de salario mínimo al momento de realizarse la conducta sancionada. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, asimismo, informen si en relación con el acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo al momento de realizarse la conducta sancionada. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexa a su demanda, consistente en copia simple de la sentencia dictada el seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en el expediente 536/1996 del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, copia simple de un escrito sin fecha y sin firma dirigido al expediente 536/1996 y dos copias simples de los acuses de recibos de dos escritos signados por la aquí quejosa dirigidos al Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; probanzas que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo, y autorizando a las personas que indica para recibir notificaciones, por así manifestarlo expresamente la promovente. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional.

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