Elsa Eugenia Ruiz Charles
Expediente 333/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Elsa Eugenia Ruiz Charles
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido con arreglo a derecho el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de garantías promovida por ELSA EUGENIA RUIZ CHARLES, en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se dictó un acuerdo que sin decidir en lo principal, se dio por concluido, en el que CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
...Vista la demanda de amparo promovida por ELSA EUGENIA RUIZ CHARLES, por propio derecho, contra actos del Jueza de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en Río Bravo, Tamaulipas; fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado con el número 333/2017-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que, en la especie la parte quejosa reclama: La resolución de trece de marzo de dos mil diecisiete, relativa al recurso de revocación promovido por la parte codemandada Herón Gómez de Hoyos, en contra del auto de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio ordinario civil sobre inexistencia y/o nulidad de testamento abierto 595/2016, promovido por Elsa Eugenia Ruiz Charles. En mérito a lo anterior, se advierte que resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por la quejosa, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En esa virtud, para determinar la procedencia o improcedencia de la demanda constitucional, resulta importante destacar que conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste procede contra actos de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como podrían ser la vida, propiedad, libertad personal, entre otros (por oposición a los adjetivos), y sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que recaiga sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Como lo destacó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el veintidós de mayo de dos mil catorce, donde interpretó los alcances del artículo 107 de la nueva Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia del juicio de amparo indirecto y sostuvo: "Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. (Énfasis propio) Criterio que integró la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Desde esa perspectiva, tratándose de una resolución que declara fundado en recurso de revocación promovido por la parte demandada, en contra del auto de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de origen, en el cual la autoridad responsable designó perito en rebeldía de la parte demandada, y en su lugar, revocó dicho auto, y previno de nueva cuenta a dicha parte para que designe perito, no es un acto de imposible reparación en los términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, sino en su caso, una violación intraprocesal, pues no causa afectación a un derecho sustantivo de la quejosa, de manera tal que le impida ejercer un derecho (sustantivo) de manera real, actual y de manera inmediata en el proceso. ....Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, por encontrarse en ella el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario.
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