Elsa Delia Gonzalez Solórzano

Expediente 1629/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1629/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
09/12/2016

Partes del expediente

  • Elsa Delia Gonzalez Solórzano
  • AYUNTAMIENTO DE EMILlANO ZAPATAMORELOS

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, CERTIFICA: Que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del veinticuatro de noviembre al siete de diciembre de dos mil dieciséis; sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución dictada con fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. Cuernavaca Morelos, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Conste.- En la misma fecha el Secretario da cuenta al Juez, con el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, registrado con número de folio 30500, con el estado de los autos, y con la certificación secretarial que antecede. Conste.- Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito presentado por Martha Ocampo Díaz, autorizada de la parte quejosa; mediante el cual solicita copias certificadas de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; al respecto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse, en días hábiles dentro del horario establecido de diez a trece horas, las copias certificadas que solicita, autorizando a las personas que designa, para que en su nombre y representación las reciban, previa toma de razón y recibo que se deje asentada en autos. No obstante el horario establecido, la entrega de las mismas quedará sujeta a la disponibilidad del personal de este Juzgado Federal y de los medios tendentes a su obtención; lo anterior, tomando en consideración que en la plantilla del personal de este órgano jurisdiccional, no se encuentra integrado con un cargo con el único objeto de la obtención de las referidas copias. Sin embargo, en aras de satisfacer la necesidad de copias de mérito, es que se habilita a una persona de este propio Juzgado para tal efecto y de manera adicional al cumplimiento de sus obligaciones laborales. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo con fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio número 2871, signado por la Juez Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado, con residencia en Jiutepec, Morelos, a través del cual remite las constancias de emplazamiento de la tercero interesada Roxana Valdez Chávez; quien ya se apersonó al presente juicio de amparo; por tanto se ordena agregar únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta y anexos que acompaña, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las doce horas con veintinueve minutos del dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, procede a dar inició a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1629/2016, promovido por el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto de su representante legal, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por las autoridades responsables; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Juez, acuerda: Se tiene por hecha la relación Secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, en período probatorio. Abierto el mismo, con fundamento en el artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que como anexo remitió la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, consistentes en copia certificada del expediente número 51/2016, del índice del juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, con sede en Jiutepec, Morelos, así como copia del Toca Civil 723/2016-14-7-9, de su registro, entre las que se encuentra, la resolución de siete de septiembre de dos mil dieciséis, misma que da materia a este juicio de amparo, sin más pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que únicamente los formuló la tercera interesada Roxana Valdez Chávez, mismos que se encuentran agregados en autos, y de ser necesario serán tomados en cuanta al momento de dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda; por su parte, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento, a lo anterior el Juez Acuerda: Al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, y se ordena dictar la sentencia constitucional que conforme a derecho proceda. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos que integran el juicio de amparo 1629/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, y registrada ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, turnado a este juzgado de Distrito en esa misma fecha, el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra actos que le atribuyó a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, y al Juez Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, con sede en Jiutepec, Morelos, y que son los siguientes: "IV ACTO RECLAMADO: Lo constituye la sentencia de segunda Instancia, dictada por la responsable ordenadora en fecha 07 de septiembre de 2016, en autos del Toca Civil 723/2016-14-7-9, radicado en la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, EXPEDIENTE FORMADO CON MOTIVO DE LA DECLINATORIA DE INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA, hecha valer como excepción por el hoy quejoso en el juicio de origen número 51/2016, radicado ante la responsables ejecutora." Actos que consideró lesivos de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, conocer de la demanda de garantías de que se trata, registrándose bajo el número 1629/2016, misma que fue admitida a trámite mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis; asimismo, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable; además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, se ordenó emplazar a la tercera interesado, quien se apersonó a juicio mediante ocurso de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del acta que antecede, la cual forma parte integrante del presente fallo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 103 y 107 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1° fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo fracción XVIII y cuarto fracción XVIII, de los Acuerdos Generales 03/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide el Territorio de la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado emana de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En observancia a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar: * La resolución de siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Civil 723/2016-14-7-9, índice de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, mediante la que, se declaró infundada la excepción de incompetencia hecha valer por la quejosa en el juicio de origen número 51/2016." Por razón de método y técnica del juicio de amparo, en toda sentencia primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". La Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, admitió la certeza del acto reclamado, y remitió como anexo de su informe copia certificada del expediente número 51/2016, del índice del juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, con sede en Jiutepec, Morelos, así como copia del Toca Civil 723/2016-14-7-9, de su estadística, documental que adquiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 305, visible en la página doscientos seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". La Juez Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, al rendir su informe justificado, solo manifestó que se adhería al rendido por la Sala responsable, por tanto se tiene por cierto el acto de ejecución que se le atribuye. TERCERO. Resulta innecesario analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en virtud de que en el presente asunto se actualiza una causal de improcedencia del juicio de amparo, cuyo análisis es oficioso, de orden público y de estudio preferente en término de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin que al caso sea dar vista a la parte quejosa, en virtud de que este órgano jurisdiccional no se encuentra en la hipótesis ahí prevista. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia identificada como I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la décima época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 2, enero de 2014, tomo IV, en la página 2660, en la que por rubro y texto, se dice: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita". En la especie, se insiste, el acto de que se duele la parte quejosa se traduce en la resolución de siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Civil 723/2016-14-7-9, índice de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, mediante la que, se declaró infundada la excepción de incompetencia hecha valer por la quejosa en el juicio de origen número 51/2016. Al respecto, este Juzgado Federal estima actualizada la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que no constituye una resolución que afecte materialmente algún derecho sustantivo, ya que solo se trata de un acto intraprocesal, relativo a la incompetencia alegada por la parte demandada. En este contexto, en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. [.] [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El análisis de los preceptos invocados de la nueva Ley de Amparo, orienta a materializar la improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. De ahí que sea necesario precisar qué se entiende por "ejecución irreparable", para efectos de la hipótesis legal señalada. En efecto, la propia Ley de Amparo define que debe entenderse por actos de imposible reparación, y son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como puede advertirse de lo expuesto, el nuevo criterio general introducido por el constituyente, es que los actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en modo tal que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata. Asimismo, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el que resulte afectado obtiene sentencia a su favor. Ahora, la parte quejosa se duele, esencialmente, de la resolución de siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Civil 723/2016-14-7-9, índice de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, mediante la que, se declaró infundada la excepción de incompetencia hecha valer por la quejosa en el juicio de origen número 51/2016; sin embargo, dicha actuación judicial no afecta algún derecho sustantivo, como la vida, la propiedad, la libertad, etcétera. En efecto, con el acto procesal consistente en la interlocutoria mediante la cual la responsable determinó que la excepción de incompetencia que hizo valer la parte quejosa, al contestar la demanda en el juicio número 51/2016, es infundada, no lesionan derechos sustantivos, sino meramente adjetivos, por lo que dicha determinación no se estima relevante para la procedencia del juicio de amparo, ya que, como se ve, en tal actuación judicial no se hace depender la suerte del procedimiento por alguna violación a algún derecho sustantivo. Apoya lo anterior la tesis identificada como IV.1o.T.1 K (10a.), sustentada por Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en la décima época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, febrero de 2014, tomo III, en la página 2162, en la que por rubro y texto, se dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL DISPONER QUE SON LOS QUE AFECTAN MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El referido numeral de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, no se contrapone con el contenido de los mandatos establecidos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino que, en todo caso, los reglamenta, ya que fija lo que debe entenderse por actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto y, al efecto, dispone que se trata de los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que si la Ley de Amparo es el ordenamiento reglamentario de los citados artículos constitucionales, se concluye que dicha legislación cumple con su finalidad y es congruente con la Constitución, en la medida en que regula el contenido y alcance de los conceptos previstos en ésta, sin que ello se traduzca en imponer limitantes al acceso a la administración de justicia". Así mismo, la tesis identificada como IV.2o.C.5 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en la décima época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, febrero 2014, tomo III, en la página 2159, en la que por rubro y texto, se dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno del Decimoctavo Circuito, del texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE DESESTIMA O DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 55/2003). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014, con rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", analizó como tema esencial la interpretación y alcances del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y estableció que a partir de la Ley de la Materia vigente desde el tres de abril de dos mil trece, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al disponer que por éstos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la ley respecto del significado jurídico de "imposible reparación", desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en un grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo iniciados con posterioridad al tres de abril de dos mil trece, debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Ahora, las cuestiones de competencia, se producen de manera negativa o positiva, esto es, cuando la resolución que se pronuncia para decidirla, conduce a que el órgano jurisdiccional que conoce de un conflicto, siga conociendo del mismo, por haberse desestimado la excepción respectiva (negativa), o bien, que la resolución que dirime la cuestión competencial, declare fundada la excepción relativa, caso en el que el órgano jurisdiccional debe dejar de ejercer jurisdicción sobre el asunto (positiva). Tal diferencia fue advertida por el legislador de manera intencional en la norma, porque únicamente previó como hipótesis para que proceda el juicio de amparo indirecto, el caso en que la cuestión de competencia se refleja en su aspecto positivo, es decir, cuando se declara fundada la excepción de incompetencia, y por ello, se suspende la jurisdicción del órgano que conoce del asunto, ello al establecer el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aspecto que no debe ampliarse a una hipótesis distinta y contraria, pues ello trastocaría el sistema defensivo diseñado por el legislador, respecto del tema de las competencias. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que desecha o desestima la excepción de incompetencia, porque no se trata de un acto en juicio de imposible reparación, ya que no afecta derechos sustantivos y porque es un aspecto distinto y contrario al previsto en la citada fracción VIII del numeral 107 de la ley reglamentaria de la materia. En tales circunstancias, resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 55/2003, ya que se estableció al amparo de una legislación que dejaba abierta la posibilidad de interpretación de lo que debía considerarse como actos en el juicio de imposible reparación, lo que no acontece en la Ley de Amparo vigente." En esas condiciones, al no darse los supuestos de procedencia para el juicio de amparo indirecto pues, como ya se dijo, el acto reclamado no afecta derechos sustantivos, se llega a la conclusión de que, para la procedencia del amparo indirecto, la resolución reclamada no es de imposible reparación, como lo establece la fracción V, del artículo 107 de la ley de la materia, por lo que la parte quejosa deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo, en el juicio respectivo, para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, ya que no se dio el supuesto de la diversa fracción VIII, del propio precepto en cita, pues la resolución de la Sala fue en sentido negativo, es decir, consideró infundada la excepción del demandado. Apoya en lo conducente a lo antes expuesto, la jurisprudencia P./J. 24/92, en lo aplicable y conducente, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 56, Octava Época, Agosto de 1992, página 11, registro 205651, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el juicio de garantías por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, a contario sensu, ambos del citado ordenamiento legal. CUARTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76, y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto de su representante legal, por el acto y la autoridad precisados en el resultando primero y por los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante oficio registrado con folio 26731, el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, informó las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe lo sucedido en audiencia señalada para las catorce horas del veintisiete de octubre del año en curso, en el expediente laboral de origen 01/83/16, en el entendido que deberá remitir copia certificada con la que acredite lo requerido por este este órgano de control constitucional. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, o manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, asimismo, se remitirán los autos del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en Turno para la substanciación del incidente de inejecución respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe.

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