Elsa Cuevas Mejía

Expediente 581/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
581/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • Elsa Cuevas Mejía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a uno de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual se solicita a este juzgado, se envíe la constancia que acredite la realización de la notificación ordenada por auto de veintidós de junio de la presente anualidad. En consecuencia, como lo solicita el referido órgano jurisdiccional, envíesele a la brevedad copia certificada de las constancias de la notificación que señala. Notifíquese por lista de acuerdos y cúmplase.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vistos el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que en proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, emitido en estos autos, se agregó el oficio firmado electrónicamente por el Secretario por acuerdo del Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, a través del que hizo saber que se aceptó la competencia planteada por este juzgado, respecto de la demanda de amparo promovida por Elsa Cuevas Mejía, la que se registró con el número 682/2022, de su índice, así como que se determinó el desechamiento de tal demanda de amparo y en el propio oficio el juez competente, solicitó se notificara ese proveído a la quejosa y se le requiriera para que, dentro del término de tres días contados a partir de que quedara debidamente notificada del aludido acuerdo, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en aquella ciudad, o en la Ciudad de Oaxaca de Juárez o Zona Conurbada, apercibiéndole que de cumplir tal requerimiento, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista de acuerdos que se fija en el juzgado competente, habiéndose omitido realizar dicha notificación y requerimiento a la quejosa Elsa Cuevas Mejía, tal como lo solicitó el referido órgano. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, notifíquese por lista el referido proveído y, requiérase a Elsa Cuevas Mejía, para que, dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, señale domicilio en San Bartolo Coyotepec, o en la ciudad de Oaxaca de Juárez o zona Conurbada, con el apercibimiento que de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista de acuerdos que se fija en el juzgado competente. Notifíquese por lista el presente auto y cúmplase con lo ordenado. AUTO DE 09 DE JUNIO DE 2022 DICTADO POR EL JUEZ 15 DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON SEDE EN XALAPA EN EL JA 581/2022.- Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio firmado electrónicamente por el Secretario por acuerdo del Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual informa que se aceptó la competencia planteada por este juzgado, respecto de la demanda de amparo promovida por Elsa Cuevas Mejía contra el acto reclamado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Estatal en Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, registrándolo bajo el número 682/2022, de su índice. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 20, fracción I, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un cuaderno auxiliar, por lo que una vez transcurridos más de seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá para tal efecto. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General precitado. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, Encargado del Despacho por licencia de la Titular y con autorización del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe. Ildefonso AUTO DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2022.- DICTADO POR EL JUE ZPRIMERO DE DISTRITO EN ELE STADO DE OAXACA SON SEDE EN SAN BARTOLO COYOTEPEC EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 682/2022 DE SU INDICE: an Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Recepción y registro del expediente Con el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa-Enríquez, al que adjunta la demanda de amparo promovida por ELSA CUEVAS MEJIA, y transcribe el proveído de treinta y uno de mayo de la presente anualidad, emitido en el juicio de amparo ""....."", con motivo de que ese juzgado estimo carecer de competencia por razón de territorio y declino competencia a este órgano jurisdiccional; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 682/2022. Aceptación de la competencia declinada Este órgano de control constitucional comparte las consideraciones del Juzgado declinante, por lo que acepta conocer de la demanda de amparo de que se trata; acúsese recibo. Desechamiento de la demanda Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En este sentido, del análisis integral del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades """""...."""" responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal en Veracruz; Encargado de la Subdelegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal en Veracruz y, Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal en Veracruz, lo siguiente: I.I.- Se reclama la emisión y aplicación del oficio con número de folio ""....."", denominado "Concesión de Pensión", con fecha de inicio el primero de septiembre de dos mil veintiuno, específicamente en su último párrafo a través del cual establece que la concesión de pensión se encontrará sujeta a revisión en cualquier tiempo, en términos del artículo 50 de la Ley del ISSSTE y sujeta a verificación en relación a las posible incompatibilidades o compatibilidades de pensión, en el entendido que la suma de estas últimas no podrá exceder el toe pensionario establecido en el los artículos 12, 60 y Quinto Transitorio del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Articulo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado, en relación con los artículos 2, fracción III, 3, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en cuyo caso serán ajustadas por el Instituto previa resolución. I.II.- Además se reclama la emisión y aplicación del documento "Liquidación de Pago Previa Incorporación a Nomina" mediante la cual me fue realizada la reducción por concepto 54 a la pensión otorgada número ""....."". I.III.- Así como las subsecuentes afectaciones al monto de mi pensión a la que le fue asignada el número ""...."", pensión por viudez, mismos que me han sido retenidos bajo el concepto 54 "cobro indebido de pensión". En este tenor, el suscrito estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para """....."""" conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia De entrada, conviene anotar que la mencionada fracción del numeral citado establece, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria; ese principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos o medios de defensas ordinarios. Por su vinculación al caso, conviene recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 115/99 y 116/99,1 -al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece-, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite 1 De rubros: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)" y "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, de octubre de 1999, Novena Época, páginas 448 y 447. (Registros 193142 y ""....""" la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Por consiguiente, para que opere la hipótesis de improcedencia en estudio, se requiere: ? Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. ? Que en contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. ? Que conforme a la ley que rija ese medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. ? Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. En el propio sentido, la Segunda Sala del más Alto Tribunal Constitucional del país, en la tesis aislada LVI/2000,2 estableció que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad del juicio de amparo indirecto en los casos siguientes: A. Por disposición constitucional, cuando se reclaman: ? Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. ? Actos cuya ejecución es de imposible reparación. ? Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. ? Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. B. Por disposición de la Ley de Amparo (la vigente hasta el dos de abril de dos mil trece). 2 De rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO". Semanario """"""....."" ? Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. ? Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como son, entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. ? Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. C. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. D. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. ? Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como es el derecho fundamental de audiencia. ? Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia (actualmente regulado de manera expresa). Con base en las directrices antes plasmadas, como se anticipó, contra el acto aquí reclamado, el juicio de amparo deviene improcedente, como se explica en líneas siguientes: De entrada, se impone señalar que los artículos 1° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su orden, establecen: ART. 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus ""....""" funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas. ARTÍCULO 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. ""....""" b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [...] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; [...] Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. La literalidad del cuadro normativo antes citado, indefectiblemente conlleva a sostener: ? La Ley Federal de Procedimiento Administrativo se aplicará a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, así como a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. "".....""" ? El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud (lo que aquí interesa). ? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra determinaciones se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con base en ese cuadro normativo, se pone de manifiesto que antes de intentar la acción de amparo, la parte impetrante tenía que agotar el juicio de nulidad previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en atención a que esa ley ordinaria contempla en su artículo 3° un medio de defensa tendente a modificar el acto que estima contrario a derecho, toda vez que el acto aquí reclamado, modifica la pensión que le fue otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado . Es de exacta aplicación la jurisprudencia 111/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , de rubro y texto: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá 3 Época: Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia(s): Administrativa, página 326. "".....""" obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva. Así también, tampoco se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, dado que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece mayores requisitos que para la suspensión definitiva, ni mayor plazo en el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional prevé la Ley de Amparo, debido a que a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, como lo establece el artículo 28 de la citada ley. Para explicar esa afirmación, se tiene en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 27/20164 estableció que es necesario agotar el juicio contencioso administrativo federal, previamente a acudir al juicio de amparo, porque los alcances que se dan a la suspensión del acto 4 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. [Época: Décima Época, Registro: 2011289, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro "".....""" reclamado conforme a la ley de amparo, en esencia, son iguales a los que se otorgan conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Bajo esas directrices, se evidencia que en las referidas leyes no se establecen mayores requisitos que para la suspensión definitiva, ni mayor plazo en el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional prevé la Ley de Amparo, como así se estableció en la jurisprudencia 19/20155 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados. Por similitud jurídica esencial, se invoca la jurisprudencia 19/2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,6 de rubro y epígrafe: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 5 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. [Décima Época, Registro: 2008807. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 10 de abril de 2015 09:30 h. Materia(s): (Administrativa)]. 6 Décima Época, Registro: 2008807. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes "".....""" CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer ""....."""" sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado En consecuencia, ya que previo a ejercer la acción de amparo, correspondía a la parte quejosa del amparo interponer el juicio de nulidad, al no haberse hecho valer tal medio ordinario de impugnación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a no haberse agotado el principio de definitividad. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Autorizaciones Se tiene por autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Alberto Jiménez Torres, por encontrase registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Domicilio para recibir notificaciones Toda vez que la parte quejosa señalo como domicilio para recibir notificaciones los estrados del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa-Enríquez, en tales condiciones, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de ""....""" Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, solicítese al titular del referido órgano jurisdiccional, que de no tener ningún inconveniente legal, notifiqué por medio de lista que se fija en ese órgano a su cargo, a la quejosa ""...."""""""", el presente acuerdo, y la requiera para que en el plazo de tres días, que establece el precepto 297, fracción II, del código adjetivo citado, contado a partir de que quede debidamente notificada, señale domicilio en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, o en la Ciudad de Oaxaca de Juárez o su zona conurbada, para recibir notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano de control constitucional, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto; una vez hecho lo anterior, remita la constancia de notifidcación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo ""....""" que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio firmado electrónicamente por el Secretario por acuerdo del Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual informa que se aceptó la competencia planteada por este juzgado, respecto de la demanda de amparo promovida por Elsa Cuevas Mejía contra el acto reclamado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Estatal en Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, registrándolo bajo el número 682/2022, de su índice. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 20, fracción I, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un cuaderno auxiliar, por lo que una vez transcurridos más de seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá para tal efecto. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General precitado. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, Encargado del Despacho por licencia de la Titular y con autorización del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe. Ildefonso

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, la constancia por medio de la cual la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, remite copia de la papeleta de registro y turno del juzgado que le tocó conocer de la demanda de amparo promovida por Elsa Cuevas Mejía, para los efectos legales conducentes. Por consiguiente, solicítese de la manera más atenta al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, para que, de no existir inconveniente legal alguno, vía interconexión, informe a este juzgado sí aceptó la incompetencia planteada en el presente juicio de amparo 581/2022-3-B, promovido por Elsa Cuevas Mejía; lo anterior, para estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio al Juzgado requerido.

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