Elsa Arzate Hernández
Expediente 210/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 02/05/2017
Partes del expediente
- Elsa Arzate Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
III) Toluca, Estado de México; dos de mayo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió la sentencia de seis de abril de dos mil diecisiete, donde se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha adquirido firmeza procesal para los efectos legales procedentes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante la sentencia de seis de abril de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados (punto vigésimo, inciso III). 4. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
III) Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 210/2017-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil diecisiete (foja 2), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Elsa Arzate Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, quien se tiene su domicilio en el edificio que ocupan los juzgados penales del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con domicilio en carretera Toluca - Almoloya de Juárez Kilómetro 4.5, Almoloya de Juárez, México. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA, MÉXICO, quien tiene domicilio en Carretera México - Toluca Kilometro 50.100, Colonia La Estación, Lerma, Estado de México. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, quien tiene su domicilio en Avenida José María Morelos número 1300, Sexto Piso, Colonia San Sebastián, Toluca Estado de México, código postal 50090. Coordinador de Agentes del Ministerio Público adscritos a (la denominada Mesa Especial) de la Fiscalía Regional Toluca. Lic. Ramón Ramírez Ubaldo, quien tiene su domicilio en Avenida José María Morelos número 1300, Sexto Piso, Colonia San Sebastián, Toluca Estado de México, código postal 50090. Agente del Ministerio Público adscrito a (la denominada Mesa Especial) de la Fiscalía Regional Toluca quien tiene a cargo la integración de la carpeta de investigación TOL/TOL/AC1/107/083133/16/10. quien tiene su domicilio en Avenida José María Morelos número 1300, Sexto Piso, Colonia San Sebastián, Toluca Estado de México, código postal 50090. 1.- Titular de la Unidad de Bienes Asegurados y Arraigos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Quien tiene su domicilio en Avenida José María Morelos número 1300, Sexto Piso, Colonia San Sebastián, Toluca Estado de México, código postal 50090. 2.- Comisario de la Fuerza Pública de Seguridad Ciudadana de Otzolotepec, Estado de México. Con domicilio en Plaza Hidalgo número 01, municipio de Otzolotepec, México, c.p 52080. ACTO RECLAMADO A).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Juez de Control de Toluca, Juez de Control de Lerma, Juez de Control de Fiscal General de Justicia Coordinador de Agentes de Ministerio Publico, Agente del Ministerio Público, les reclamo la falta de notificación o emplazamiento conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales derivado de la orden de cateo que se giró sobre el inmueble de mi propiedad constituido sobre un bien de naturaleza ejidal, donde se ordenó el aseguramiento de la casa ubicada en calle veinte de noviembre sin número, Santa Ana Mayorazgo municipio de Otzolotepec, Estado de México, del cual tuve conocimiento hasta el día treinta y uno de enero de dos mil diecisiete que se realizó de forma legal. Dispone el artículo 266 que es un acto de molestia, donde la autoridad deberá informar sobre los derechos que le asisten a la persona y solicitar su cooperación, en el mismo ordenamiento legar en el ordinal 288 se establece que en la práctica de un cateo las formalidades son : "..cuando no se encuentre personal alguna, se fijara la copia de los puntos resolutivos que autorizan el cateo a la entrada del inmueble, debiendo hacerse constar en el acta." 1.- Por no hacer del conocimiento al Ministerio Público que previamente ya lo había asegurado el 20 de octubre de 2016, como lo dispone en el artículo 232 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2.- Al encontrarse en el lugar personal de la Comisaria de Fuerza Pública de Seguridad Ciudadana de Otzolotepec, Estado de México en custodia permanente desde el 20 de octubre de 2016, no se dio cumplimiento al artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3.- No se fijó en la puerta de acceso el acta a que hace referencia el artículo 288 del mismo Código Nacional recién invocado. Lo anterior se ordenó sin hacerme del conocimiento el trato de imputado y los derechos que en mi favor consigna la Constitución, contraviniendo los términos del articulo16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, esto así porque el ordinal 16, párrafo primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9.1 y 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación con el "Conjuntos de Principios Para la Protección de Todas la Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión" adoptados por las Asamblea General de las Naciones Unidas, se advierte que, para cumplir con una adecuada motivación en la orden de búsqueda, localización y presentación del indiciado para declarar dentro de la carpeta de investigación debe informase a este lo siguiente: I) que su presentación ante la autoridad ministerial es en carácter de indicado; ii) los datos de la identificación de la averiguación previa (carpeta de investigación) en la que resulta ese carácter; III) la diligencia que ha de practicarse; IV) que tiene derecho a contactarse inmediatamente con alguna persona de su confianza o algún abogado, para informarle la fiscalía a la cual la trasladaran y el motivo de ello. Los anteriores son requisitos mínimos con los que toda persona debe contar al ejecutarse la citada orden, puesto que esos datos le permitirán tener la información necesaria para gozar de una defensa oportuna, para lo cual incluso debe proporcionársele copia de ella. B).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- Titular de la Unidad de Bienes Asegurados y Arraigos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, le reclamo al actuar ilegal no regirse con los principios de la Leyes aplicables permitiendo conocer a la suscrita el estado procesal en que se encuentra el bien de mi propiedad, contraviniendo lo establecido en el articulo del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé la notificación del aseguramiento del bien de mi propiedad. C).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: 2.- Comisario de Fuerza Pública de Seguridad Ciudadana de Otzolotepec, Estado de México. Le reclamo el actuar ilegal contraviniendo lo dispuesto por los artículos 230, 232, 288 y demás relativos y aplicables del Código de Nacional de Procedimientos Penales, pues al momento de la diligencia de 31 de enero de 2017, en ningún momento se apreció acta de cateo en lugar custodiado, que permitiera a la suscrita conocer o notificarse para hacer vale mis derechos, ni tampoco informo al Ministerio Público que ordeno el aseguramiento y custodia el 20 de octubre de 2016, el nuevo cateo y aseguramiento, de esta forma impidiendo la debida notificación para hacer vales mis derechos." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La quejosa estimó transgredidos los derechos fundamentales protegidos por los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 4). TERCERO. Trámite de amparo. Recibida la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito a quien por razón de turno tocó su conocimiento, se registró con el juicio de amparo indirecto 210/2017-III, previa aclaración (foja 13); por auto de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, se admitió; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de uno de marzo de dos mil diecisiete (foja 89), se requirió a la quejosa para que en el término de quince días computados legalmente, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea"; sin embargo, al no haber hecho manifestación al respecto, mediante acuerdo dictado en la audiencia constitucional que precede, se ordenó resolver el juicio de amparo, sin tener como responsable a la referida autoridad. Acontecido lo anterior, previo diferimiento, la audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 35, 7 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actos emitidos por una autoridad judicial del orden penal, que tienen ejecución dentro de la jurisdicción donde este Juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por la quejosa, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que la quejosa reclama: La orden de cateo girada respecto del inmueble ubicado en calle veinte de noviembre sin número, Santa Ana Mayorazgo, municipio de Otzoltepec, Estado de México; y, su ejecución. La negativa de proporcionar la información de la carpeta de investigación TOL/TOL/AC1/107/083133/16/10. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección Jurídica y Consultiva en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México (foja 29); el Jefe de la Unidad de Bienes Asegurados y Arraigos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (foja 30); el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, México (foja 45); el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Ocho de Trámite de la Fiscalía Regional de Toluca, México (foja 48); el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, México (foja 84); y, el Comisario de Fuerza Pública de Seguridad Ciudadana de Otzolotepec, México (foja 93); al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos a ellos reclamados. Ahora, si bien el Comisario de Fuerza Pública de Seguridad Ciudadana de Otzolotepec, México (foja 93); al rendir su informe justificado no manifestó si era cierto el acto a él atribuido, también lo es que de los informes rendidos por las diversas autoridades responsables, no se advierte su participación, por lo que se le hace extensiva la negativa vertida por las autoridades responsables ordenadoras. Por lo que, si la quejosa no aportó prueba idónea tendente a desvirtuar dicha negativa; pues no ofreció medio de prueba que acreditara que dichas autoridades habían ordenado o ejecutado la orden de cateo que constituye el acto reclamado; ni tampoco, acreditó haber comparecido ante las mismas a solicitar informes respecto de la carpeta de investigación TOL/TOL/AC1/107/083133/16/10 y que la misma le haya sido negada. En consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo que a dichas autoridades se refiere. CUARTO. Certeza del acto reclamado. No obstante lo anterior, el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, México, señaló que existe la carpeta auxiliar 87/2016, radicada con relación al cateo interno 17/2016, cateo especializado 000469/2016, solicitado al Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea, relacionado con la carpeta de investigación TOL/TOL/ac1/107/083133/16/10, por los Agentes adscritos a la Fiscalía Regional de Toluca, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en la que el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se autorizó el cateo en el inmueble ubicado en Calle veinte de noviembre, sin número, en la colonia Hacienda de Santana Mayorazgo, Municipio de Otzolotepec, Estado de México; lo que se traduce en la existencia del acto reclamado, pues precisamente lo que se reclama en la presente instancia constitucional es la orden de cateo respecto de dicho inmueble. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se procede al análisis de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o las que advierta de oficio el suscrito, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, este órgano de control constitucional advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en el que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o de su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" Ahora, en el caso en estudio, la quejosa reclama la orden de cateo girada respecto del inmueble ubicado en calle veinte de noviembre sin número, Santa Ana Mayorazgo, municipio de Otzoltepec, Estado de México; y, su ejecución. El Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, México, señaló que existe la carpeta auxiliar 87/2016, radicada con relación al cateo interno 17/2016, cateo especializado 000469/2016, solicitado al Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea, relacionado con la carpeta de investigación TOL/TOL/ac1/107/083133/16/10, por los Agentes adscritos a la Fiscalía Regional de Toluca, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en la que el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se autorizó el cateo en el inmueble ubicado en Calle veinte de noviembre, sin número, en la colonia Hacienda de Santana Mayorazgo, Municipio de Otzolotepec, Estado de México. Por lo que, por auto uno de marzo de dos mil diecisiete, se previno a la quejosa para que en el término de quince días computados legalmente, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea; sin que hubiese hecho manifestación al respecto, pues si bien, el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, pretendió desahogar dicho requerimiento, también lo es, que no dio cumplimiento al requerimiento de veintiocho siguiente por el que se le requirió para que ratificara el referido escrito; por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conminó, siguiendo la secuela procesal como fue planteada inicialmente. Por tanto, al no ser designado como autoridad responsable el Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea, autoridad que emitió la orden de cateo que constituye el acto reclamado, y por ende, al no ser llamada a juicio, es evidente que no estuvo en posibilidad de exponer las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad de su acto; de tal manera, que no es jurídicamente factible analizarlos. Es aplicable al caso la Jurisprudencia VI. 3o. J/44, visible en la Página 67 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 74, febrero de 1994, Octava Época, que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del contenido siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Así como la Jurisprudencia 93, visible en la Página 73, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cita: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio, ni fue oída." Luego, procede el sobreseimiento del presente juicio de amparo, por no haberse acreditado la existencia de los actos reclamados, en los términos precisados en la demanda, ya que si el acto reclamado emana de una autoridad que no fue designada como ordenadora y no se reclamó directamente de quién emana, a pesar de haber requerido al quejoso a efecto de que precisara si señalaba a la emisora del acto reclamado, no puede, conforme a las disposiciones que norman el juicio de amparo, decidirse sobre actos de esa otra autoridad, pues equivaldría no solamente a suplir la deficiencia de la queja, sino a resolver una controversia constitucional, sin oír a la parte afectada y sin conocerse las razones que le sirvieron de apoyo. Lo anterior es así, en virtud de que en el juicio de amparo se suscita una controversia entre el quejoso y la autoridad o autoridades responsables y, por lo mismo, tiene que ser éstas designadas para que sean oídas y darles oportunidad a que justifiquen o intenten justificar sus actos, para que el juez federal decida sobre si se ha vulnerado algún derecho fundamental, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a las autoridades de quienes realmente han emanado los actos que se reclaman, no puede resolverse sobre la constitucionalidad de ellos, si se señalan como responsables a otras que tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión, o que no han ejecutado actos de la autoridad que ha intervenido en el hecho que se reclama de determinado funcionario, por tanto se debe sobreseer en el amparo cuando se incurra en tal omisión. Es aplicable la Tesis visible en la Página 206, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLVIII, Quinta Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES, FALTA DE SEÑALAMIENTO DE LAS EN EL AMPARO. El juicio de amparo es una controversia que se suscita entre el quejoso y la autoridad responsable y, por lo mismo, tiene que ser ésta designada exactamente, para que sea oída y darle oportunidad a que justifique o intente justificar sus actos, para que el juez federal decida sobre si se ha violado alguna garantía constitucional, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a la autoridad de quien realmente ha emanado el acto que se reclama, puede resolverse sobre la constitucionalidad de él, si se señalan como responsables a otras que tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión, o que no han ejecutado actos de la autoridad que ha intervenido en el hecho que se reclama de determinado funcionario, debiendo sobreseerse en el amparo cuando se incurra en tal omisión." Así como la Tesis visible en la Página 1195, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo XLVII, Quinta Época, sustentada por la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cita: "AUTORIDAD RESPONSABLE, OMISIÓN DE LA. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, ni oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por lo tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos." Atento a lo asentado en líneas precedentes, se aprecia que se actualiza en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior sin que haya obligación para este juzgador de aplicar la suplencia de la queja, ya que ésta sólo puede darse sobre la exposición de los conceptos de violación, en los casos en que se advierta que ha habido en contra de la quejosa una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa, pero de ninguna manera permite al suscrito sustituirse en el señalamiento de las autoridades responsables. Tiene aplicación el criterio sustentado en la Tesis 2a. LV/95, publicada en la Página 236 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, emitido por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA. NO COMPRENDE LA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES. La facultad de suplir la deficiencia de la queja conferida por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, sólo puede válidamente ejercitarse sobre la exposición de los conceptos de violación o de los agravios, en aquellos casos en que, a su vez, se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, pero no autoriza al juez a sustituirse al quejoso en el señalamiento de las autoridades responsables." En consecuencia con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Elsa Arzate Hernández, contra las autoridades y por los actos señalados en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Breyman Labastida Martínez, quien actúa ante el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Notifíquese y personalmente a la quejosa.
- Principal
III. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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