Elsa Anahi Sarabia Contreras
Expediente 1380/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1380/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 08/03/2023
Partes del expediente
- Elsa Anahi Sarabia Contreras
- Agente del Ministerio Publico de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Mujeres por Razón de Genero, de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Centro de Justicia Oriente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mexicali, Baja California, a ocho de marzo de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución recaída en este juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. Requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir los documentos que en copia certificada u originales hubiere exhibido; con el apercibimiento que de no hacerlo así, el documento de que se trate podrán ser destruidos junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Mexicali, Baja California, a ocho de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que quedó firme la sentencia en que se sobreseyó el juicio; asimismo, se ordenó el archivo, en el juicio de principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No exhibió garantía. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el término de seis meses, de haberse ordenado el presente archivo, conforme con el diverso artículo 20, fracción II, inciso b), del acuerdo general de que se trata. Certificación de carátula. Se ordena a la Secretaria certifique que las carátulas de los expedientes original y duplicado del incidente de suspensión contienen impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.HTTH/RAR/JDGB
- Principal
En Mexicali, Baja California, a las nueve horas del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, el suscrito, Luis Erik Salas Martínez, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, hago constar que en virtud de que la parte quejosa Elsa Anahí Sarabia Contreras, no compareció en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento citado en la razón que antecede y notifico por lista fijada en los estrados de este juzgado, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa el auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 1380/2022, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29, ambos de la Ley de Amparo. Doy Fe.-
- Principal
RESULTANDOS PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante demanda recibida el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali y remitida al día siguiente a este órgano jurisdiccional, Elsa Anahí Sarabia Contreras, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CENTRO DE JUSTICIA ORIENTE, con domicilio en [.] 2) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, CENTRO DE JUSTICIA ORIENTE, con domicilio en [.] V. ACTO RECLAMADO: La inconstitucional violación por parte de la Autoridad Responsable de la negativa de dar acceso al indiciado a la carpeta de investigación, obstaculizando así la Defensa Adecuada a la cual tiene derecho todo indiciado, violando así mis garantías individuales que se consagran en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 281 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintidós, la demanda se radicó bajo el número de expediente 1380/2022 y, se admitió a trámite. Luego, substanciado el juicio en términos de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de: Autoridades responsables: I. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Mujeres por Razón de Género, de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Centro de Justicia Oriente; ii. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Centro de Justicia Oriente. Acto reclamado: La omisión de dar acceso a la carpeta de investigación 0202-2022-00807. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Centro de Justicia Oriente, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe con justificación adujo que el acto reclamado era parcialmente cierto, sin embargo realizó manifestaciones que evidencian de forma plena que acepta la existencia del acto que se reclama. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "Época: Quinta Época. Registro: 917812 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Ahora, la diversa autoridad señalada como responsable, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Mujeres por Razón de Género, de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Centro de Justicia Oriente, residente en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, como se corrobora de las constancias de notificación existentes en autos; por lo cual, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume la certeza del acto que se le atribuye. Adicionalmente, la manifestación de certeza del acto reclamado, así como la presunción del mismo en lo atinente a la autoridad responsable citada en segundo término en este apartado, se corrobora con las copias de las constancias exhibidas por la propia quejosa y por el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Centro de Justicia Oriente, con residencia en esta ciudad; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que establece: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, quedó plenamente demostrada la existencia del acto reclamado por la parte gestora del amparo, y por tanto lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causas de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 5 y 6 de la Ley de Amparo, y para sustentar lo anterior, es oportuno trascribir el contenido de dichos artículos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto o la norma general reclamada. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. En ese tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis que textualmente indica: "Registro digital: 237233 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 205-216, Tercera Parte, página 127 Tipo: Aislada PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia." Al respecto, debe decirse que la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido en el artículo 5, fracción I, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional. Sobre esa premisa, puede afirmarse que el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que éste pudiera parecer. Esto es, el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos; por ello, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Interés jurídico que debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia emitida en dicho juicio, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Luego, la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, esto es, con el carácter con que acude la parte quejosa al juicio de amparo, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y contenido siguientes: "Registro digital: 170500 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." También es aplicable al respecto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "Registro digital: 206338 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número 82, Octubre de 1994, página 17 Tipo: Jurisprudencia INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto o ley lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 807072 Instancia: Tercera Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXII, página 3490 Tipo: Aislada PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y efectivo en forma definitiva a la persona física o moral, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, de la Ley de Amparo. Ahora, en el caso concreto, del examen integral de la demanda y de las demás constancias obrantes en autos, se advierte que la peticionaria de mérito en su carácter de posible imputada, reclama la omisión de las autoridades responsables consistente en no darle acceso a la carpeta de investigación 0202-2022-00807, a la cual aduce debe tener acceso para respetar sus derechos fundamentales y ajustar el actuar de las responsables a lo previsto por los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, preceptos que dicen: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme." "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente. Luego, no se soslaya que en efecto a la parte quejosa le asiste el derecho en cuestión, puesto que así lo establece el diverso numeral 113, fracción VIII, del citado código, precepto que en lo conducente dice: "Artículo 113. Derechos del Imputado. El imputado tendrá los siguientes derechos: [.] VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código. [.]." No obstante lo anterior, no es posible tener por plenamente demostrado la afectación al interés jurídico de la quejosa, con la existencia de la omisión reclamada; pues, como se advierte del propio numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es verdad que las partes podrán tener acceso a los registros de la investigación, así como a todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, a todos los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, no obstante el carácter de que reservados tienen aquellos, sin embargo, dicho acceso se dará con las limitaciones establecidas en el cuerpo de leyes invocado, y en las demás disposiciones legales aplicables, tal cual lo prevé la fracción VIII del numeral 113, de ese cuerpo legal. Así, de la interpretación conjunta de los preceptos invocados, se colige que los supuestos o hipótesis necesarias que deben actualizarse a fin de que , en el caso, la quejosa este en aptitud legal de acceder a la carpeta de investigación son las siguientes: Que la parte imputada, es decir la quejosa, en la carpeta de investigación que nos ocupa, haya sido detenida. Que la quejosa en su caso, haya sido citada ante el agente del Ministerio Público de que se trate, a comparecer en su calidad de imputada; y, Que se le haya inferido un acto de molestia con el fin o intención de recabar o recibir su entrevista. Luego, si como lo alegó la autoridad señalada como responsable no obra en la carpeta de investigación, ni tampoco existe en ese sumario constitucional, medio de convicción que demuestre que la hoy quejosa, haya sido detenida, o se le haya girado citatorio para hacerla comparecer ante el fiscal respectivo en su calidad de imputada para que declarase puesto que, en todo caso ya se le fijo fía y hora para ello o, que se le haya informado fidedignamente que se le quiere entrevistar por la representación social de mérito, entonces es inconcuso que no se acredita la afectación al interés jurídico de la quejosa con el solo hecho de que exista la omisión reclamada, máxime que aquella no se ubica, o al menos no lo demostró así en autos, en alguno de los supuestos o hipótesis antes apuntadas. En ese orden, como se apuntó con antelación de la interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico, empero ello ocurrida cuando el imputado se ubique en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse alguno de los supuestos en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, implica su derecho a obtener copia de su contenido, caso contrario ocurre cuando no se acredita, como sucedió en la especie, alguno de los supuestos referidos, dado que en este extremo es incontrovertible que el imputado, aquí quejosa, no puede, ni debe, tener acceso a la carpeta de investigación. Por tanto, para que para que la esfera jurídica de la parte quejosa se vea afectada, era menester que el actuar de las responsables fuera contrario a lo establecido por los preceptos que se han invocado, es decir que la quejosa sí se ubicase en alguno de los supuestos de accesibilidad a la carpeta de investigación para así poder concluir que la omisión reclamada en efecto le afecta su interés jurídico, pues de lo contrario y como sucede en el caso a estudio, no se advierte alguna afectación en su esfera jurídica que le permita combatir tal omisión en un juicio de amparo. Resulta aplicable al caso en particular, el siguiente criterio de jurisprudencia, cuyos datos de identificación se citan a continuación: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2016618 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: I.6o.P.102 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, página 1985 Tipo: Aislada DERECHO AL ACCESO A LOS REGISTROS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y A OBTENER COPIA DE ÉSTOS EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE CONFIGURA A FAVOR DEL IMPUTADO, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE DETENIDO, SEA OBJETO DE UN ACTO DE MOLESTIA, O HAYA SIDO CITADO A ENTREVISTA POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20, apartado A, fracción V, apartado B, fracciones III, IV y VI, y apartado C, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de igualdad como eje rector del proceso penal acusatorio y oral, garantizando que el imputado y el acusador, constituido por la víctima y el Ministerio Público, cuenten con "igualdad procesal" para sostener sus respectivas hipótesis durante las tres etapas del proceso penal, entre ellas, la de investigación en su fase inicial. En ese sentido, para efecto de que las partes cuenten con la misma posibilidad de sostener sus posturas durante ésta, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece el mismo derecho para la víctima y el imputado, sobre el acceso a los registros de investigación, así como la oportunidad de que obtengan una reproducción de éstos, conforme a los parámetros que dicha normativa prevé en sus artículos 109, fracción XXII y 113, fracción VIII. Ahora bien, el artículo 218 del mismo ordenamiento dispone que la carpeta de investigación no tendrá el carácter de reservada para el imputado y su defensa y, por consiguiente, tendrán acceso a ella cuando aquél se encuentre detenido, sea citado a comparecer, o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; asimismo, el diverso 219 prevé que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a "obtener copia", con la oportunidad debida para preparar la defensa; y, finalmente, el segundo párrafo del numeral 337 dispone que el acceso y obtención de copias de todos los registros de la investigación, cobra vigencia en los momentos procesales previstos en el artículo 218 citado. Por tanto, cuando en la investigación inicial el imputado se encuentre detenido, sea objeto de un acto de molestia o citado a entrevista por el agente del Ministerio Público, tiene derecho al acceso de los registros de investigación, así como a la obtención de copias de éstos, ya sea mediante copia fotostática o registro fotográfico o electrónico, para sostener su defensa durante la investigación inicial." Por último, conveniente resulta citar, a fin de robustecer la determinación asumida por este juzgador en esta sentencia, la siguiente jurisprudencia: "Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 2025272 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 95/2022 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." PRIMERA SALA. Contradicción de criterios 2/2022. Entre los sustentados por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito y el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito. 1 de junio de 2022. Mayoría de tres votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat, y el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Disidentes: Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretario: Horacio Vite Torres. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 11/2018, la cual dio origen a la tesis jurisprudencial PC.I.P. J/50 P (10a.), de título y subtítulo: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO QUE SE OSTENTA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO Y RECLAMA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIRLE EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN SU ETAPA INICIAL, PARA EJERCER SUS DERECHOS DE DEFENSA."; publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, febrero de 2019, Tomo II, página 1594, con número de registro digital: 2019310, y El sustentado por el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2021, en la que prevaleció el criterio con carácter de jurisprudencia, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTAN SÓLO EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN A DARLE INTERVENCIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN AL IMPUTADO, LA FALTA DE AFECTACIÓN A AQUÉL CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA." Tesis de jurisprudencia 95/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de seis de julio de dos mil veintidós. Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2022 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de septiembre de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021. Decisión. Consecuentemente, procede sobreseer en el juicio, respecto de los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en la fracción XII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 5 y 6 de la Ley de Amparo; al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo que imposibilita a este juzgador a abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, se invocan los criterios sustentados por la entonces integración del Tribunal Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes datos de localización y contenidos: "Registro digital: 232302 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 187-192, Primera Parte, página 88 Tipo: Aislada SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." "Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Elsa Anahí Sarabia Contreras, contra las autoridades y por el acto que se precisó en el considerando segundo de esta sentencia y, por los motivos y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese personalmente.
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