Elpidio Raúl García Ramírez
Expediente 396/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/03/2021
Partes del expediente
- Elpidio Raúl García Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Toluca, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese el auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente principal del cual deriva el presente incidente de suspensión, a través del cual se ordenó el archivo de ese expediente como totalmente concluido, debido a que en auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno se sobreseyó fuera de audiencia, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, consistente en cambio de situación jurídica; consecuentemente, debe declararse sin materia el presente incidente de suspensión. En efecto, de la interpretación sistemática de los artículos 130, 145, 147, 154 y 155 de la Ley de Amparo, se advierte que la suspensión se puede solicitar en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria; que de ser procedente dicha medida cautelar se fijará la situación en que habrán de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio; que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, siempre y cuando no se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. De lo anterior, se colige que la razón subyacente del incidente de suspensión, es preservar la materia del juicio constitucional hasta en tanto se resuelva el expediente principal, con el propósito de que, en caso de lograrse una eventual concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, pueda lograrse su cumplimiento efectivo. Sin embargo, el presente incidente ya no tiene razón de ser, puesto que en el expediente principal se decidió que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, consistente en cambio de situación jurídica (dictado de orden de aprehensión y posterior emisión de auto de formal prisión); asimismo en auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, causó estado dicha resolución y se ordenó el archivo de ese expediente como totalmente concluido. Por tal motivo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 130, 145, 147, 154 y 155 de la Ley de Amparo, se declara sin materia el presente incidente de suspensión. Finalmente, agréguese para que obren como correspondan, los oficios 16218/2020 y 16617/2020 provenientes del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a través de los cuales remite el original y duplicado del incidente de suspensión, así como el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra la interlocutoria dictada por dicho órgano jurisdiccional, remisión anterior que obedeció al conocimiento previo de este juzgado en el expediente principal, al conocer en un inicio de la orden de aprehensión dictada en la causa penal 8/2020 del índice del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y otras autoridades. Acúsese recibo. Sin embargo, debido a que en auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictado en el expediente principal, se ordenó formar diverso juicio en virtud de haberse aceptado el conocimiento previo, remítanse dichos anexos al juicio de amparo 967/2020, promovido por el quejoso Elpidio Raúl García Ramírez, contra el auto de formal prisión de veinticinco de agosto de dos mil veinte, dictado en la causa penal 8/2020 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado auto Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente principal En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ya que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y carece de relevancia documental, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, por lo que una vez que trascurra el termino de cinco años de archivado el expediente procederá a su destrucción. Clasificación del asunto Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y como se mencionó una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Archivo físico Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, con copia del presente proveído, dése cuenta en los cuadernos incidentales, para acordar lo conducente. Notifíquese.
- Principal
II.- Toluca, Estado de México, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda el presente expediente, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, consistente en cambio de situación jurídica. Veamos. El tres de julio de dos mil veinte, el quejoso ************** demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la orden de aprehensión, así como sus consecuencias consistentes en la búsqueda, detención o cualquier tipo de violencia física, moral o laborable, acto que atribuyó al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y otras autoridades. En auto de trece de julio de dos mil veinte, se admitió a trámite, se apertura el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa, se solicitaron los informes justificados, se dio la intervención que constitucional y legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional y se reservó señalar fecha de audiencia. El dieciséis de julio de dos mil veinte, se tuvo por rendido el informe justificado del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, en el que aceptó que el treinta de junio de dos mil veinte libró la orden de aprehensión reclamada. En proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte se tuvo por recibido el oficio 5694 del Juzgado Primero de Distrito de Proceso Penales Federales en el Estado de México, mediante el cual reiteró que el treinta de junio de dos mil veinte libró orden de aprehensión en contra del quejoso Elpidio Raúl García Ramírez, asimismo que, por acuerdo de veinte de agosto de dos mil veinte se tuvo por cumplida la orden de captura y que el veinticinco de agosto de dos mil veinte, se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso; constancias que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo En esa lógica, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.).". De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Ello es así, ya que el acto que inicialmente tildó de inconstitucional la parte quejosa fue la orden de aprehensión dictada por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y otras autoridades, la cual al rendir su informe justificado refirió ser cierta; sin embargo, el juez responsable, informó que el veinticinco de agosto de dos mil veinte, dictó auto de formal prisión a proceso contra Elpidio Raúl García Ramírez -quejoso-, por su probable intervención en los hechos ilícitos de tortura y abuso de autoridad. Bajo esas circunstancias, se evidencia un cambio de situación jurídica, por lo que si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado en este asunto, primigeniamente, el cual dio origen al presente juicio, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la resolución emitida en la causa de origen; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J.95/2007, publicada en la página 50, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto 2007, Materia Penal, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos.". Asimismo, orienta esta determinación la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con registro 2017544, tesis XVII.1º. P.A. J/18 (10ª.), visible en la página 2482, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada).". Además se precisa que el cambio de situación jurídica que se determina no contraviene el derecho del quejoso a contar con un recurso eficaz referido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que previene que el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer algún derecho fundamentar, sino establecer una causal de improcedencia. Tiene aplicación por identidad jurídica, la tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de registro 2018570, tesis I.1 1º. C. 28 K (10ª.), visible en la página 1065, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autónomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia.". No pasa por desapercibido que el auto de formal prisión se encuentra estrechamente relacionado con la orden de aprehensión, lo cual en teoría haría procedente dar vista al quejoso para el efecto de que amplié su demanda de amparo de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Amparo; sin embargo, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que en el juicio de amparo 967/2020-II de nuestro índice, el quejoso reclamó el auto de formal prisión de veinticinco de agosto de dos mil veinte seguido en su contra por la posible comisión de los hechos ilícitos de tortura y abuso de autoridad, dictado en la causa penal 8/2020 de la estadística del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México; en consecuencia, es evidente que dicho acto vinculado con el inicialmente reclamado, ya se encuentra sub-judice y por tanto ya no es necesario dar vista al quejoso para los efectos precisados. Por tanto, atendiendo a lo señalado en líneas que preceden, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V de la Ley de Amparo. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda.". Consecuentemente, se deja sin efectos la reserva a señalar fecha de audiencia constitucional decretada el trece de julio de dos mil veinte; háganse las anotaciones respectivas. Finalmente agréguense sin mayor pronunciamiento la boleta de turno recibida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca y el oficio sin número proveniente de la Subdirección Contenciosa de la Unidad Jurídica Consultiva de Igualdad de Género del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Lo anterior, pues dicha boleta se recibió al radicar el juicio de amparo 967/2020, en el cual el quejoso impugnó el auto de formal prisión de veinticinco de agosto de dos mil veinte dictado en la causa penal 8/2020 del índice del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Y en cuanto al segundo oficio mencionado, la autoridad oficiante únicamente informa que se están realizando las gestiones necesarias para ubicar en su base de datos el domicilio del tercero interesado víctima de identidad reservada N.I.A.M.; de lo que se toma conocimiento, dado el sentido de la presente determinación. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado de autos, de los que se advierte que no obra constancia que acredite que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y el Director del Centro Federal de Readaptación Social, número uno, Altiplano, hayan remitido la información solicitada en auto de once de noviembre de dos mil veinte, relativa a que si en sus registros cuentan con el domicilio del tercero interesado ********. En consecuencia, se requiere a dichas autoridades para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, remita a este juzgado la información requerida en auto de once de noviembre del año en curso, para lo cual se acompaña copia del citado ocurso. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA En razón de lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia agendada para el día de la fecha, y señalar en su lugar las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de enero de dos mil veintiuno. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LAS PARTES a Al respecto, se hace del conocimiento a las partes, que la audiencia constitucional se celebrará sin la posibilidad de que estén presentes en la misma salvo extrema necesidad, en razón de la contingencia que se vive en el País derivada del virus COVID-19 y de acuerdo con lo establecido en el punto 14 (i), de la Circular SECNO/12/2020, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a que al día de la fecha este órgano jurisdiccional no cuenta con la tecnología adecuada para llevar a cabo las audiencias constitucionales a través de las videoconferencias. Máxime, que están en aptitud de presentar pruebas documentales y hacer manifestaciones a manera de alegatos, lo cual pueden presentar vía electrónica o de forma física, esto, antes de la celebración de la audiencia constitucional. SE NOTIFICA POR LISTA EL PRESENTE ACUERDO a En otro aspecto, como el presente acuerdo no impulsa el procedimiento; por ende, practíquese esta notificación, por medio de lista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. En el caso son aplicables las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificadas con los números de registro 206484 y 2002576, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NOTIFICACION DEL ACUERDO EN QUE SE FIJA FECHA PARA LA. No existe en la Ley de Amparo precepto alguno que imponga a los jueces de Distrito la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo que recae a la admisión de la demanda de amparo, en el que señala día y hora para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, puesto que es obligación del quejoso cerciorarse de la fecha en cuestión, a través de la notificación que se le haga del acuerdo mencionado por la lista que para tal efecto se fija en los estrados del juzgado." "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Notifíquese.
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