Elpidio Peña Álvarez

Expediente 623/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
623/2016
Año
2016
Actuaciones
23
Última actuación
28/10/2016

Partes del expediente

  • Elpidio Peña Álvarez
  • Ma. Teresa de Jesús Romero Rincón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Colima, Colima, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto de tres de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.Lo anterior, sin perjuicio de que aún no se recibe la constancia de notificación de la autoridad foránea, atendiendo al resultado del fallo constitucional, el hecho de que ha decretado, dejó las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, por lo que a quien afectó el resultado de la misma fue únicamente al quejoso.Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.3º. 4 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que a la letra dice: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO.- Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento."Por otro lado, con base en el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente:a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita.b) En el expediente en que se actúa se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado.c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general.e) Por ya no ser necesario, devuélvase a la autoridad responsable el cuaderno de pruebas que al efecto remitió.El suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.Notifíquese.Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) Secretario(a) Berónica Farías Contreraz, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y revisados que fueron los autos que integran el presente juicio de amparo, se advierte que transcurrió el término que se le concedió a la parte quejosa en proveído de diecinueve de septiembre del presente año, para que recogiera los edictos, a fin de emplazar a la tercera interesada DULCE CAROLINA MACÍAS CEJA; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado y, por ende, se procede a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 61, Fracción XXIII, en relación con los diversos 27, fracción III, Inciso b), 5, fracción III, y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Al efecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 108/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 416, tomo XXXII, agosto de 2010, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". Sin que en el caso se actualice el supuesto de excepción que establece dicho criterio jurisprudencial, a efecto de ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el quejoso no manifestó su imposibilidad para cubrir dicho gasto, aunado a que de actuaciones no se advierten datos que hagan presumir que el quejoso sea persona de escasos recursos, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo. Finalmente, resulta igualmente aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL., entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, marzo de 2003, novena época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se ordena hacer las anotaciones procedentes en el libro de gobierno y comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional prevista para las once horas con veinte minutos del veintiséis de octubre próximo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 3 DE OCTUBRE DE 2016 QUE EN ESENCIA DICE: Vista la certificación que antecede y revisados que fueron los autos que integran el presente juicio de amparo, se advierte que transcurrió el término que se le concedió a la parte quejosa en proveído de diecinueve de septiembre del presente año, para que recogiera los edictos, a fin de emplazar a la tercera interesada DULCE CAROLINA MACÍAS CEJA; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado y, por ende, se procede a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 61, Fracción XXIII, en relación con los diversos 27, fracción III, Inciso b), 5, fracción III, y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Al efecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 108/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 416, tomo XXXII, agosto de 2010, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". Sin que en el caso se actualice el supuesto de excepción que establece dicho criterio jurisprudencial, a efecto de ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el quejoso no manifestó su imposibilidad para cubrir dicho gasto, aunado a que de actuaciones no se advierten datos que hagan presumir que el quejoso sea persona de escasos recursos, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo. Finalmente, resulta igualmente aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL., entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, marzo de 2003, novena época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se ordena hacer las anotaciones procedentes en el libro de gobierno y comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional prevista para las once horas con veinte minutos del veintiséis de octubre próximo.

  4. Principal

    Vistos los autos del presente juicio de garantías, de los que se advierte que aún no transcurre el término de tres días concedido a la parte quejosa en acuerdo de diecinueve de septiembre del año en curso, para que recoja los edictos ordenados en autos a fin de lograr el emplazamiento al presente juicio de la tercera interesada DULCE CAROLINA MACÍAS CEJA; en consecuencia, para dar margen a que transcurra dicho término, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE PRÓXIMO, para su verificativo.

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