Elpidio Mendoza Araujo
Expediente 974/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 974/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Elpidio Mendoza Araujo
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE EL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DESECHÓ POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, HA QUEDADO FIRME. ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO COMO CONCLUIDO, MISMO QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
por recibida la demanda de amparo promovida por la Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Cuautla, Morelos. sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud que, de su contenido, adminiculado con el hecho notorio que más adelante se invoca, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como enseguida se expondrá: El impetrante del amparo señala en esencia como acto reclamado el auto de trece de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual la autoridad responsable negó girar oficio al departamento de orientación familiar a efecto de que se realizara un dictamen en materia de psicología a la menor víctima dentro de la causa penal ****, del índice del Juzgado de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Cuautla, Morelos. Empero, dicho acto no es susceptible de impugnarse en esta instancia constitucional, en virtud de que, previo a ello, debe agotarse el recurso que contempla la ley en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que, el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Como se adelantó, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en el auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual negó girar oficio al departamento de orientación familiar a efecto de que se realizara un dictamen en materia de psicología a la menor víctima dentro de la causa penal ****, del índice del Juzgado de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, pues del mismo se advierte que la autoridad responsable negó una prueba a favor del aquí quejoso, misma que es susceptible de reclamarse mediante el recurso de apelación, contemplado en el artículo 467, fracciones I y XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: "Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: --- I. Las que nieguen el anticipo de prueba; ---- XI. Las que excluyan algún medio de prueba.". De ahí que, si el inconforme estima que el acuerdo reclamado fue emitida en forma ilegal o indebida como lo argumenta en el escrito de demanda, es evidente que debió haber agotado el citado recurso a que se alude con anterioridad, previo a la promoción de este juicio de amparo, ya que su resultado puede dejar sin efecto el multicitado proveído. Por consecuencia, resulta que el presente juicio de amparo es improcedente, pues los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se puede abrir el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. De ahí que, la demanda de amparo deviene notoria e indudablemente improcedente, toda vez que se actualiza el supuesto normativo contemplado en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de garantías, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esto último se afirma, pues como se ha dicho, si el inconforme previo a la promoción de este juicio de amparo, no agotó el recurso ordinario que expresamente contempla la codificación que rige la tramitación del expediente generador del acto de molestia, por virtud del cual, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse, y así obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es claro que el acto de molestia, y sus consecuencias no pueden ser analizados en esta instancia constitucional, pues, previamente a su promoción, debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción normativa antes invocada, en el sentido de que no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas, pues, como se ha visto, lo que se reclama en la demanda de amparo se refiere al auto de trece de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se negó la solicitud de girar oficio al departamento de orientación familiar a efecto de que se realizara un dictamen en materia de psicología a la menor víctima dentro de la causa penal ****, de modo que el acto de molestia no encuadra en las excepciones mencionadas, las cuales son de aplicación estricta. A lo anterior, se suma el hecho de que en el caso, tampoco cobra vigencia la diversa excepción al principio de definitividad contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la legislación en consulta, en cuanto establece que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso procedente o acudir al juicio de amparo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Esto último, porque el texto del artículo 467, fracción I y XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es claro al establecer expresamente la procedencia del recurso de apelación, contra autos en los que se pronuncien respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, por lo que no se requiere realizar una argumentación de forma adicional para determinar racional y objetivamente la procedencia de dicho medio de impugnación, así como tampoco resulta deficiente el fundamento legal para determinar que previo a la tramitación de este juicio de amparo, la parte inconforme debe agotar el aludido medio ordinario de defensa; de ahí que, sea indudable la actualización de la causal de improcedencia citada, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia. En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata, en términos de los arábigos 112 y 113 de la Ley de la Materia.
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