Elpidio Mendia Salvador
Expediente 1585/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 46 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1585/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 05/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elpidio Mendia Salvador
- Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1585/2016-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el siete de junio de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos del I al III; por su parte el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 7 "Nor-Noroeste" remitió diversas documentales con las que se formó el anexo IV; en esas condiciones, devuélvanse a las citadas autoridades, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, Ahora bien, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese exhorto vía electrónica, al Juzgado de Distrito en el Estado de Durango, que se encuentre en turno, a efecto de que en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional instruya al Actuario de su adscripción para que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social número 7 "Nor Noreste", y notifique el presente acuerdo a Elpidio Mendia Salvador y le corra traslado con copia del mismo. Asimismo, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al artículo 2° de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito al Juzgado antes precisado, lleve a cabo la notificación encomendada. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 1585/2016-II, promovido por Elpidio Mendía Salvador, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. El nueve de septiembre del dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada ese mismo día a este Juzgado Federal se recibió la demanda de amparo promovida por Elpidio Mendía Salvador, por derecho propio, contra actos de 1) Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos y 2) Encargado del área de Seguridad del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de nueve de septiembre del dos mil dieciséis, se admitió la demanda, por lo que se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se emplazó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha. Agotada la secuela procesal correspondiente, el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, se emitió sentencia respectiva en el que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elpidio Mendía Salvador, contra los actos precisados, en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. Dése cumplimiento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. TERCERO. Gírese despacho para notificar esta sentencia al quejoso." Inconforme con la sentencia mencionada, el quejoso ELPIDIO MENDÍA SALVADOR, interpuso recurso de revisión, el cual se radicó en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con el número 398/2017, resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en auxilio del citado órgano colegiado, en sesión de once de enero de dos mil dieciocho, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 1585/2016, promovido por ELPIDIO MENDÍA SALVADOR, para los efectos que se puntualizan en la parte final del último considerando de este fallo." Dicha reposición fue para el efecto de que se ordenara notificar de manera personal al quejoso el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CEFEREPSI/DG/7245/2016 y anexo, remitidos por el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, Morelos; requiriera al quejoso para que si lo estimara conveniente, ampliara su demanda en relación al acto consistente en la atención médica respecto de la enfermedad ácido péptica; para el caso de ser afirmativa su respuesta, se requiera a la autoridad responsable las constancias completas y actualizadas del expediente clínico del solicitante de amparo, a efecto de que se resolviera lo que en derecho correspondiera. Por auto de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se procedió a dar cumplimiento a dichos puntos (foja 329 tomo I). TERCERO. Ampliación de la Demanda. Por auto de doce de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, respecto de la autoridad señalada como responsable Encargado del Área Médica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, de quien el quejoso reclamó maltrato, golpes, discriminación, agresión física y la negativa a proporcionarle el medicamento para su padecimiento de gastritis (foja 343 a 345 tomo I). En el citado auto, se concedió la suspensión de plano para que cesaran de inmediato los malos tratos, golpes y agresión física así como para que recibiera el tratamiento médico adecuado a su padecimiento de gastritis y los medicamentos que deban suministrarse; se requirió el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano jurisdiccional. Seguidos los trámites del juicio de amparo, el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia constitucional en su etapa de pruebas y alegatos, la que concluyó con el dictado de la sentencia el diecisiete de mayo del mismo año, por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, en auxilio de las labores de este, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elpidio Mendía Salvador, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Devuélvase los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución." Inconforme con la sentencia mencionada, el quejoso ELPIDIO MENDÍA SALVADOR, interpuso recurso de revisión, el cual se radicó en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con el número 448/2018, en el que por sesión de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, resolvió al tenor de los siguientes puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Se deja insubsistente la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 1585/2016 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, por las razones y en los términos expuestos en el último considerando de esta resolución." Dicha reposición fue para el efecto de que se ordenara requerir a las responsables una ampliación de sus informes justificados, con la finalidad de que dieran una explicación razonable de lo sucedido el seis de julio de dos mil dieciséis, es decir, si efectivamente llevó una revisión en el dormitorio del quejoso, tal y como él lo sostuvo. Asimismo, para que informaran si en esa revisión estuvo presente el Director de Seguridad y Custodia del centro penitenciario. En caso de ser afirmativo lo anterior, el juez de Distrito recabara la documentación que así lo acreditara para con posterioridad, analizar si efectivamente fue o no golpeado el aquí quejoso por el citado Director de Seguridad y Custodia. Analizar el expediente administrativo y médico del quejoso, para advertir si los mismos se desprendían que hubiera sido atendido el paciente-quejoso por la agresión que dijo haber sufrido. De ser necesario, se allegara de otros elementos como las bitácoras sobre el proceder de las autoridades responsables el día de los hechos, específicamente sobre la revisión de la estancia del hoy quejoso. Asimismo, de ser procedente recabar los exámenes médicos practicados en esa fecha con relación a los hechos y determinar si cumplían o no, con el Protocolo de Estambul. Una vez que se cuente con toda la documentación necesaria, el juez de amparo debía analizar sobre el maltrato y golpes, como acto reclamado de manera destacada, con base en el estándar ya referido, y si considera que existen elementos para conceder el amparo, debía determinar los efectos de su concesión atendiendo a los hallazgos de su investigación. Se debían revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditado el maltrato, golpes, o algún otro tipo de agresión, que el quejoso haya sufrido, tomando en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastaran indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad de quién ocasionó, el maltrato, golpes, agresión o tortura. Tales probanzas deberían ser relativas a la fecha en que refiere el quejoso haber sido objeto del maltrato, golpes, discriminación y agresión física o mental, para confirmar o descartar ese tipo de violaciones atribuidas a las responsables. En cumplimiento a lo anterior, el seis de marzo de dos mil diecinueve, se requirió a las autoridades responsables para que dentro del término de cinco días contado a partir de que se encontraran notificadas rindieran una ampliación de sus informes justificados a fin de que dieran una explicación razonable de lo sucedido el seis de julio de dos mil dieciséis, esto es, si efectivamente se llevó una revisión en el dormitorio del quejoso Elpidio Mendía Salvador, tal como él lo sostuvo; informaran si en esa revisión estuvo presente el Director de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario y si resultaba afirmativo lo anterior, remitiera copia certificada de las constancias a dicha cuestión, sin perjuicio de que este Juzgado, en caso de considerarlo necesario, con posterioridad requiriera diversa documentación (fojas 828 a 829 tomo I); por consiguiente, el quince de marzo de dos mil diecinueve, el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, remitió la ampliación de los informes justificados (fojas 838 a 841). Asimismo, el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se requirió al Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, para que dentro del término de cinco días contados a partir de que se encontrara debidamente notificada, remitiera copia certificada del expediente administrativo y médico de Elpidio Mendía Salvador; bitácoras de la revisión llevada a cabo el seis de julio de dos mi dieciséis, en el módulo 3, sección A, estancia en que permanecía a dicha data Elpidio Mendía Salvador y exámenes médicos que en su caso le hubieren sido practicados con motivo de los hechos suscitados el seis de julio de dos mil dieciséis, en el módulo 3, sección A; por consiguiente, el doce de abril de dos mil diecinueve, envió copia certificada del expediente clínico que le integró al impetrante durante su estancia en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos, en el que aparece valoración por especialidad de gastroenterología, bitácora de novedades del módulo III correspondiente al seis de julio de dos mil dieciséis y nota médica de nueve de abril de dos mil diecinueve, del facultativo adscrito a esa unidad en el que informó que no había estudio psicofísico de seis de julio de dos mil dieciséis (fojas 879 a 886 anexo III) El quince de abril de dos mil diecinueve, se requirió al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Siete Nor-Noreste, con sede en Durango, para que dentro del término de tres días, remitiera copia certificada del expediente administrativo de Elpidio Mendía Salvador, por consiguiente, el trece de mayo del año en curso se tuvo por recibido el expediente administrativo del quejoso (anexo IV), conteniendo información clasificada, ordenando su resguardo con el debido sigilo. El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional en su etapa de pruebas y alegatos en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a autoridades residentes en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura integral de la demanda, tal como lo señaló el tribunal de alzada en la ejecutoria de diez de marzo de dos mil diecisiete, los actos reclamados son los siguientes: La omisión de proporcionar atención médica y suministro de medicamento para su padecimiento de gastritis (enfermedad acido péptica). Maltrato, golpes, discriminación, agresión física y mental sufridos el seis de julio de dos mil dieciséis, en el interior del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, 2) Encargado del área de Seguridad del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos y 3) Encargado del área médica del Centro Federal de rehabilitación Psicosocial Morelos, consistente en maltrato, golpes, discriminación, agresión física y mental en contra de Elpidio Mendía Salvador, ya que así lo manifestaron al rendir una ampliación de sus informes justificados en cumplimiento a la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo, sin que la parte quejosa hubiera ofrecido medio de prueba idóneo para desvirtuar dicha negativa. Lo que se acredita, ya que las autoridades responsables manifestaron en su informe justificado que el día seis de julio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo una revisión en el dormitorio del quejoso en el que durante la revisión en ningún momento estuvo presente el Director de Seguridad, acreditando su dicho con la tarjeta informativa número DG/DS/048/2019 de trece de marzo de dos mil diecinueve, signada por el Comandante Ramón Espericueta García, encargado de la Dirección de Seguridad, en el que informó que se efectuó una revisión al módulo III, sección A, un total de 09 estancias y 16 personas privadas de la libertad, en las cuales se encontraba la PPL en mención (quejoso); llevándose a cabo a cargo del Comandante de la tercera Compañía y 17 elementos de seguridad, un binomio canino y personal del área de dactiloscopia, informando que en ningún momento estuvo presente el Director de Seguridad; documental a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Tampoco desvirtúa la negativa de los citados actos reclamados, las pruebas que fueron recabadas en cumplimiento a la ejecutoria de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, por el Tribunal de Alzada, con las que el Director del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial remitió copias certificadas de las bitácoras de novedades módulo IIl, del seis de julio de dos mil dieciséis, a las que igualmente se les concede pleno valor probatorio en términos de los preceptos legales antes invocados, en virtud que de su imposición únicamente se observan anotaciones de las medidas de seguridad del centro preventivo en el que guardaba reclusión el quejoso, y que se realizan para el control y orden de la población penitenciaria, en el que aparece que el seis de julio de dos mil dieciséis a las (21:10) veintiuna horas diez minutos, se llevó a cabo revisión en la sección A, retirándose a las (21:52) veintiuna horas con cincuenta y dos minutos, sin que se acredite que al promovente (Elpidio Mendia Salvador) se le hubieran efectuado los actos que refirió consistentes en maltrato, golpes, discriminación, agresión física y mental; asimismo, la autoridad responsable informó que no hay estudio psicofísico de seis de julio de dos mil dieciséis. En relación al expediente clínico y administrativo del impetrante que fueron remitidos por el Director del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala Morelos y Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Siete Nor-noreste, es factible concluir que si bien es cierto existe en su expediente clínico una consulta médica de seis de julio de dos mil dieciséis a las diecinueve horas, de éste no se desprende que hubiera sido atendido por alguna agresión física que hubiera sufrido. Por el contrario, el doctor Zazy Salvador García, asentó que el impetrante de amparo se encontraba tranquilo, orientado, cooperador con buena coloración tegumentaria, bien hidratado, cardio pulmonar sin compromiso, abdomen blando depresible doloroso en hipogástrico, perístasis normal, extremidades simétricas con buen llenado capital distal, que un día anterior había sido valorado por gastroenterólogo que norma tratamiento, el cual no contaban en el centro y se esperaba se comprara a más tardar el día siguiente, iniciando un analgésico de musculo liso y protector (foja 55 y 84 anexo II y III). Documental que se le concede pleno valor probatorio en términos de los preceptos legales antes invocados, no existiendo alguna evidencia o dato que haga presumir la existencia del acto consistente en maltrato, golpe, discriminación, agresión física o mental; toda vez que como se advierte de su expediente clínico, en específico de los estudios de medicina general, no se advierte que en la nota médica del seis de julio de dos mil dieciséis, se le hubiera atendido por haber sido maltratado, golpeado o agredido física y mentalmente. Asimismo, del expediente administrativo no se evidencia sanción impuesta al quejoso en la fecha referida (seis de julio de dos mil dieciséis); por desacato a alguna medida; que además, del programa brindado a los internos se advierte que participaba en las actividades planeadas por el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; sin que hubiera aportado prueba suficiente, idónea y eficaz para desvirtuar dicha negativa; esto es, no existe un acto concreto que haga evidente una discriminación en su contra, pues del análisis de las atenciones médicas y actividades que tenía el accionante en ese centro de reclusión, no existe algún dato que acredite que directa o indirectamente (por resultado), de forma tácita, sean discriminatorios, pues no basta la simple afirmación de un posible acto en su contra, sino que debe proporcionar un parámetro o término de comparación para demostrar un trato diferenciado en su perjuicio. Por lo anterior, toda vez que este Juzgado agotó los medios necesarios a fin de recabar las pruebas ofertadas por el quejoso, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, y, dado que el promovente no aportó medio de convicción diverso para demostrar la existencia de los referidos actos que reclamó en la presente vía, lo procedente es que se sobresea en esta parte en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables a) Director General y b) Encargado del Área Médica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos consistente en la omisión de proporcionar atención médica y suministro de medicamento para su padecimiento de gastritis (enfermedad acido péptica), porque, si bien es cierto que al rendir su informe justificado, las autoridades responsables, negaron su existencia; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada. Ya que las constancias que adjuntaron al referido informe no son idóneas ni suficientes para demostrar que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, (nueve de septiembre de dos mil dieciséis), le hubiesen prestado la atención médica y suministrado medicamentos al quejoso respecto a su padecimiento de gastritis (enfermedad acido péptica); pues la constancia del estado de salud que adjuntó al informe de ampliación de demanda fue emitida el dos de marzo de dos mil dieciocho; siendo que la existencia del acto reclamado debe de analizarse a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 3/94, publicada en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por ello, se considera cierta la omisión de proporcionar al quejoso la atención médica y suministrarle los medicamentos adecuados para su padecimiento de gastritis (enfermedad acido péptica), a la fecha de presentación de la demanda. Lo anterior resulta así, en razón de que los actos reclamados son de carácter negativo; de ahí que la carga de la prueba respecto a la inexistencia de las omisiones combatidas, corresponde a las autoridades responsables, como lo indica la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de la Séptima Época con número de registro 818571, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Volumen 5, Tercera Parte, Materia Administrativa, página 13 del texto y rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. HECHOS NEGATIVOS O ABSTENCIONES. CARGA DE LA PRUEBA QUE NO CORRESPONDE AL QUEJOSO. Si bien es cierto que normalmente la carga de la prueba de las violaciones que se atribuyen a las responsables corresponde al quejoso, salvo cuando el acto reclamado es violatorio de garantías en sí mismo, también lo es que dicha regla admite una excepción: cuando la violación se hace consistir en hechos de carácter negativo o abstenciones por parte de las autoridades responsables, caso en que la carga de la prueba de la legalidad de sus actos corresponde a éstas y no al quejoso la de su ilegalidad, pues es principio aceptado por nuestro derecho que los hechos negativos o abstenciones no son materia de prueba y que el que niega no está obligado a probar su negativa, salvo que la misma implique la existencia una afirmación susceptible de probarse por cualquiera de los medios que la ley establece." Consecuentemente al no existir elementos que corroboren la inexistencia del acto negativo reclamado, se encuentra desvirtuada la inexistencia de las autoridades responsables, sostenida en el informe justificado de la ampliación de demanda, y por ende son ciertos los actos antes precisados. QUINTO. De oficio, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX y 217 de la Ley de Amparo, en relación al acto reclamado consistente en la omisión de proporcionar atención médica y suministro de medicamento para su padecimiento de gastritis (enfermedad acido péptica) por las consideraciones jurídicas que enseguida se exponen: Si bien, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de un acto de autoridad que se estima violenta derechos humanos, ello debe realizarse en los términos que la Constitución y la Ley reglamentaria dispone, pues dichos cuerpos normativos permiten al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, la existencia y aplicación de causas de procedencia de dicho medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Por tanto, al margen que en el presente asunto se impugnen actos relacionados con la situación que la parte quejosa guarda en el centro de reclusión en el que se encuentra, relacionados con aspectos inherentes a su salud, ello no impide que se analice la existencia de una causa de improcedencia en el juicio de amparo, en la medida que como se dijo la aplicación de causas de admisibilidad de un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de acceso efectivo a un recurso. No pasa por alto que la invocada jurisprudencia que fundamenta esta sentencia, no se aplica retroactivamente en perjuicio de la parte quejosa, ya que esta prohibición surge cuando con posterioridad a la aplicación de una jurisprudencia que regía una situación jurídica relevante en la tramitación de un asunto judicial, se emite una jurisprudencia por un órgano superior a aquél, respecto del mismo tema, la determinación del criterio aplicable no se rige entonces por el principio de irretroactividad, sino por el de jerarquía o fuerza vinculante que tienen los órganos que las emiten, prevaleciendo desde luego, aquella que tenga un grado superior conforme a la estructura orgánica de los tribunales federales que se encuentra establecida en el sistema jurídico mexicano. Lo anterior se desprende de la ejecutoria en que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la emisión del criterio establecido en la jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.), con registro 2013494, al resolver el juicio de amparo directo en revisión 2500/2016, en que analizó e interpretó el contenido del artículo 217 de la Ley de Amparo, que es de rubro y texto siguiente: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo al citado PRINCIPIO, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el PRINCIPIO de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo". Por su parte, el artículo 217 de la Ley de amparo señala: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Del análisis que emprendió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la aplicación jurisprudencial está condicionada al principio legal de proscripción retroactiva en perjuicio de las personas, en protección de la garantía de seguridad jurídica de los justiciables. Resaltando que el principio de retroactividad de la jurisprudencia, implica necesariamente la existencia de un criterio previo, pues sólo puede concebirse un efecto retroactivo en referencia al establecimiento previo y obligatorio de uno diverso que es relevante para el dictado de una resolución. Por lo que la retroactividad en perjuicio de alguien, acontece cuando la aplicación jurisprudencial perjudica su derecho humano a la seguridad jurídica, al modificar una situación legal que sería definible mediante otro ejercicio interpretativo obligatorio. En razón de que el justiciable, se acogió a aquel criterio que en su momento le resultaba aplicable para plantear sus pretensiones, por lo que no sería posible que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte el resultado de la contienda jurisdiccional, pues, de lo contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento a un orden jurídico vigente y cierto, en el cual se expresan el sentido y las consecuencias de éste. Así existe una aplicación retroactiva de la jurisprudencia en perjuicio de las personas, cuando la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica del justiciable, al haber orientado su proceder o estrategia legal conforme a esa jurisprudencia anterior, de tal suerte que la aplicación de un nuevo criterio jurisprudencial que modifica o supera aquella jurisprudencia, conllevaría a irrumpir y corromper la previsibilidad del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos. Destacando así, lo que constituye el principio de irretroactividad de la jurisprudencia en perjuicio de las personas, edificado sobre la base de salvaguardar la seguridad jurídica de los justiciables, asegurando el carácter previsible del ordenamiento jurídico y las reglas en las contiendas jurisdiccionales. Sin embargo, el Máximo Tribunal, destacó que este principio de irretroactividad de la jurisprudencia tutelado por el propio artículo 217 de la ley de la materia, no desconoce la jerarquía entre los órganos del Poder Judicial, por lo que el referido principio debe ajustarse al ámbito propio de los distintos órdenes o niveles jurisprudenciales existentes, señalando que el principio de irretroactividad únicamente tiene un ámbito de aplicación horizontal, dentro del mismo plano jurisdiccional, a fin de armonizarse con el diverso principio de verticalidad de la jurisprudencia, que se encuentra definido en el mismo artículo 217 de la Ley de Amparo de la siguiente forma: La jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia que resulte aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional, únicamente podría ser retroactiva en relación con otro criterio vinculante que haya sido emitido previamente por el propio Tribunal Pleno de este Alto Tribunal y que se vea superado, modificado o abandonado por aquélla. La jurisprudencia emitida por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente podrá ser retroactiva respecto a un criterio jurisprudencial anterior de la Sala respectiva y que se ha visto superado, modificado o abandonado por la entrada en vigor de aquélla. La jurisprudencia emitida por los Plenos de Circuito sólo puede considerarse retroactiva en relación con un criterio vinculante que haya sido emitido por el propio Pleno de Circuito respectivo, y que ha sido superado, modificado o abandonado por aquélla. Finalmente, la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados, sólo será considerada como retroactiva respecto de un criterio jurisprudencial emitido por el propio Tribunal Colegiado y que se encuentra superado, modificado o abandonado por la entrada en vigor de aquélla. De ahí se concluye, que la aplicación de la jurisprudencia no puede resultar retroactiva respecto a otro criterio vinculante que, aunque se refiera al mismo punto jurídico, haya sido emitido por un órgano de menor jerarquía pues, en tales casos, es el grado del emisor lo que da fuerza vinculante a las jurisprudencias y determinará qué criterio debe prevalecer para resolver la contienda jurisdiccional respectiva. Conforme a esos lineamientos, el criterio jurisprudencial que se aplicó en párrafos anteriores para sustentar la improcedencia del juicio de amparo, no pugna con el principio de irretroactividad de la jurisprudencia en perjuicio del gobernado, en virtud de que no existía un anterior criterio que se hubiese contrapuesto a lo definido en la actual jurisprudencia. En ese sentido, como se estableció en los párrafos que anteceden, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, al adolecer de definitividad, por las razones que se vierten a continuación. Este principio descansa en la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, la parte quejosa debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que la parte quejosa estima que afecta su esfera jurídica. Asimismo, se ha sostenido que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Al respecto, del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. En ese contexto, dado que el peticionario de amparo promueve la acción constitucional contra omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control para reclamar en esta instancia constitucional la falta de una adecuada atención médica general y suministro de medicamento conforme a su padecimiento gastritis (enfermedad acido péptica), esto es, solicitar tal atención médica y suministro de medicamento y en caso de omisión de respuesta, o bien de ser en sentido negativo, formular controversia ante el Juez de Ejecución, es razón suficiente para considerar que se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2018548, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h, Materia(s): (Común), Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.), con el rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Entonces, dado que los actos reclamados materia de este considerando necesariamente tienen que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, es decir, con los problemas que en su trato cotidiano reciben los internos; entre los que se encuentran el trato digno de parte del personal penitenciario; la asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud; alimentación; estancia; información de sus derechos y deberes; suministro de agua; artículos de aseo; régimen de visitas; atención de quejas por escrito; la garantía de su integridad moral, física, sexual y psicológica; su participación en su plan de actividades; y en general, todas las previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados y leyes aplicables, con excepción de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; deberán ser sometidos, en primer orden, a las autoridades penitenciarias, y en seguida, ante el Juez de Ejecución, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada, ya que, como se evidenció, su impugnación en sede constitucional sin agotar el procedimiento indicado, trae como consecuencia que adolezcan de definitividad, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia explicada. En conclusión, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto a los actos reclamados precisados en este considerando. SEXTO. El quejoso está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 7 Nor-noreste; en consecuencia, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese exhorto vía electrónica, al Juzgado de Distrito en el Estado de Durango, que se encuentre en turno, a efecto de que en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional instruya al Actuario de su adscripción para que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social número 7 "Nor Noreste", y notifique la presente resolución a Elpidio Mendía Salvador y le corra traslado con copia de la misma. Asimismo, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al artículo 2° de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito al Juzgado antes precisado, lleve a cabo la notificación encomendada. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elpidio Mendía Salvador, contra los actos precisados en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. Gírese exhorto para notificar esta sentencia al quejoso. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy siete de junio de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los autos se advierte que por acuerdo de quince de abril de dos mil diecinueve, fueron requeridas diversas constancias al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Siete "Nor-noreste", sin que a la fecha obren en autos, ni la pieza postal de la que se advierta que dicha autoridad se encuentra notificada de tal requerimiento; en esas condiciones, para dar tiempo a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE para su verificativo. Ahora bien, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese exhorto vía electrónica, al Juzgado de Distrito en el Estado de Durango, que se encuentre en turno, a efecto de que en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional instruya al Actuario de su adscripción para que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social número 7 "Nor Noreste", y notifique el presente acuerdo a Elpidio Mendia Salvador y le corra traslado con copia del mismo. Asimismo, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al artículo 2° de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito al Juzgado antes precisado, lleve a cabo la notificación encomendada. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe. AEC
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que signa el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, por medio del cual remite copia certificada de las bitácoras de la revisión llevada a cabo el seis de julio de dos mil dieciséis, en el módulo 3 sección A y expediente médico del quejoso, en atención al requerimiento formulado por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Ahora bien, para facilitar el manejo del presente expediente, tomando en cuenta la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, fórmese el anexo IIl; en el entendido que se continuará actuando en el presente expediente. En consecuencia, dése vista a las partes por un término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requiere al DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO SIETE "NOR NORESTE" con sede en Durango, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, remita copia certificada del expediente administrativo de Elpidio Mendia Salvador. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, de no manifestar la imposibilidad legal en que se encuentre para dar cumplimiento dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese exhorto vía electrónica, al Juzgado de Distrito en el Estado de Durango, que se encuentre en turno, a efecto de que en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional instruya al Actuario de su adscripción para que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social número 7 "Nor Noreste", y notifique el presente acuerdo a Elpidio Mendia Salvador y le corra traslado con copia del mismo y con las constancias que se acompañan. Asimismo, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al artículo 2° de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito al Juzgado antes precisado, lleve a cabo la notificación encomendada. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. aec
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