Elpidia Martínez Rivas

Expediente 688/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
688/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
15/10/2015

Partes del expediente

  • Elpidia Martínez Rivas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día diez de septiembre de dos mil quince, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías y negó a la parte quejosa el amparo y protección solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y en atención a que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase a la junta responsable las constancias que remitió en su informe justificado. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 688/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el seis de mayo de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas ELPIDIA MARTÍNEZ RIVAS, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridades Responsables: Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Agente del Ministerio Público Número Uno del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas. Acto Reclamado: Del Procurador General de Justicia del Estado, la determinación del no ejercicio de la acción penal, de fecha quince de enero de dos mil quince, dictada dentro de la averiguación previa número 23/2014. Del Agente del Ministerio Público número Uno del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, su ejecución. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, el siete de mayo de dos mil quince, cuyo Titular ordenó su admisión y registro bajo expediente 688/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se emplazó a juicio al tercero interesado, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la nueva Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos emitidos por autoridades responsables en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: La determinación que resuelve la consulta de no ejercicio de la acción penal, dictada el quince de enero de dos mil quince, dentro de la averiguación previa penal 23/2014, por el Procurador General de Justicia del Estado y su cumplimiento. II. 2. Inexistencia, certeza o prevención de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Inexistencia: El Agente del Ministerio Público Número Uno de Villanueva, Zacatecas, indica que no es cierto el acto reclamado que se le imputa. Por tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, del cuerpo de leyes en consulta, debe decretarse en el presente negocio el sobreseimiento respectivo por lo que se refiere a la mencionada autoridad señalada como responsable acorde a la negativa no desvirtuada que produce del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." II.2.1. Certeza: El Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe con justificación reconoció la existencia del acto que se le atribuye, consistente en la determinación de no ejercicio de la acción penal, ya que mediante resolución de quince de enero de dos mil quince, fue resuelta la consulta planteada por el Agente del Ministerio Público Número Uno de Villanueva, Zacatecas. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con la Averiguación Previa 23/2014, que remitió el Procurador responsable en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento legal, se desprende la resolución reclamada, de ahí que haya quedado plenamente demostrada la certeza del acto. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la nueva Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En tales condiciones, al no existir causas de improcedencia pendientes de analizar, ni advertidas de manera oficiosa por este órgano jurisdiccional, por ende, se emprende el examen de los conceptos de violación. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". Los conceptos de violación, en su parte substancial sostienen lo siguiente: a). Que con la emisión del acto reclamado se violan en su perjuicio los artículos 1°, 20, incos C), 21 Constitucionales, así como los derechos humanos, las garantías de legalidad y certeza jurídica, ya que no se cumplen las formalidades legales, adoleciendo además de motivación y fundamento legal, porque se concreta hacer una arbitraria e ilegal afectación a su persona, sin encuadrar la conducta de Gilberto Ortíz López en un delito previsto en el Código Penal. b) Que la determinación reclamada no tiene sustento legal porque no se han practicado y desahogado las pruebas necesarias para llegar a una conclusión lógico-jurídica, respecto de la indagación exhaustiva de los hechos que denunció para la comprobación del delito que se detecte y no limitarse dolosamente al nombre del delito que la denunciante creía que correspondía y archivar el asunto, ya que debió indagar más para acreditar o no otra figura delictiva. Y cita las tesis de los rubros siguientes: "ACCIÓN PENAL. EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, AL RESOLVER EN DEFINITIVA SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE SU NO EJERCICIO, ESTÁ VINCULADO A OCUPARSE SI ÉSTOS SON CONSTITUTIVOS DE DIVERSOS DELITOS", "ACCIÓN PENAL. LA PROCEDENCIA DEL AMPARO RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA, NO INVADE EL MONOPOLIO DEL MINISTERIO PÚBLICO AL RESPECTO", MINISTERIO PÚBLICO. ES EL ÚNICO ÓRGANO DEL ESTADO COMPETENTE PARA FORMULAR E IMPULSAR LA ACUSACIÓN PENAL" Y "ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA EN LA LEY LA VÍA JURISDICCIONAL DE IMPUGNACIÓN ORDINARIA, PARA RECLAMAR LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)". V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación expresados por ELPIDIA MARTÍNEZ RIVAS, en su escrito de demanda: En principio, resulta oportuno mencionar que la materia de estudio que constituye el límite y la condición de la jurisdicción del Juez Federal en el amparo indirecto, se constriñe al examen de las consideraciones expuestas por la autoridad responsable en el acto combatido de que se trate, para sostener su sentido, a la luz de los conceptos de violación expresados por el peticionario del amparo en su demanda, que tiendan a demostrar la ilegalidad o la inconstitucionalidad del acto reclamado, y en el caso, al tratarse de la parte ofendida opera la suplencia de la deficiencia de la queja, conforme al artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior la tesis jurisprudencial del rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. CUANDO EL INCULPADO Y LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CONCURREN EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO O EN EL RECURSO DE QUE SE TRATE, CON EL CARÁCTER DE QUEJOSO O TERCERO INTERESADO, EL JUZGADOR, PREVIO A DETERMINAR SU PROCEDENCIA, DEBE PONDERAR LOS DERECHOS SUBJETIVOS PÚBLICOS DE ÉSTOS Y RESOLVER COMO CORRESPONDA EN DERECHO. El artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en materia penal la suplencia de la queja deficiente procede en favor del inculpado o sentenciado y del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; de ahí que cuando ambos concurran en cualquiera de las instancias del juicio de amparo indirecto o en el recurso de que se trate con el carácter de quejoso o tercero interesado, será necesario que el juzgador así lo advierta y efectúe el estudio del caso considerando que existen dos sujetos de derecho que gozan de ese mismo beneficio, y previa ponderación de sus respectivos derechos subjetivos públicos, resuelva como en derecho corresponda, abandonando las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia, pues la finalidad primordial de la suplencia de la queja es atender a la verdad legal y juzgar, con pleno conocimiento, la controversia acerca de la constitucionalidad del acto reclamado, para garantizar el acceso real y efectivo a la Justicia Federal; de modo que, cuando se impugne algún acto dimanado de un proceso penal, con independencia de quién accione el amparo o recurso, sea el inculpado o la víctima, el juzgador resuelva la litis atendiendo a los elementales fines de la justicia distributiva, confiriendo un trato igual a los iguales que permita velar por la constitucionalidad de los actos emitidos por los órganos del Estado que afectan la libertad y los derechos de las víctimas, pues sería un contrasentido sostener que la suplencia de la queja sólo se aplique al sujeto que directamente acuda al amparo o al medio de impugnación correspondiente, ya que se correría el riesgo de perjudicar a la contraparte, pese a ser también beneficiaria de ese principio procesal. Por tanto, lo procedente es examinar los actos, resolviendo conforme a la verdad jurídica, al margen de si el quejoso o recurrente es el reo o la víctima". Se afirma lo anterior, virtud a que el primer párrafo del artículo 16 constitucional señala lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De la interpretación del artículo anterior, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuadamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". El Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, publicado en el Suplemento al Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el diecinueve de julio de mil novecientos sesenta y siete, vigente al caso en estudio, en su numeral 127, dispone que si el agente del Ministerio Público estima la no existencia de datos suficientes para ejercitar acción penal sobre los hechos presuntamente delictivos hechos de su conocimiento, formulará vista al procurador para que éste a su vez conceda o no la autorización de no ejercicio de acción penal. "Artículo 127.- Cuando, en vista de la averiguación previa, el Agente del Ministerio Público respectivo, estimare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos o por los que se hubiere presentado querella, remitirá el expediente, con su opinión fundada, al Procurador General de Justicia solicitándole autorización para el no ejercicio de la acción penal y el archivo del expediente. El Procurador, en vista de las constancias respectivas, concederá o no la autorización solicitada." (.) Por otra parte, el propio código adjetivo penal local, en sus diversos arábigos 128 y 130, fracción II, dispone como obligación para el Ministerio Público el consignar ante el tribunal correspondiente toda aquella conducta presumiblemente delictiva, siempre y cuando se encuentren colmados los requisitos constitucionales enunciados en el artículo 16 de la Constitución General, relativos a la existencia de una denuncia previa sobre una conducta específica tipificada como delito y sobre la cual se acrediten su cuerpo del delito y los datos que hagan probable la autoría del indiciado. "Artículo 128.- Tan luego como aparezca de la averiguación previa que se han llenado los requisitos que exige el artículo 16 de la Constitución Federal para que pueda procederse a la detención de una persona, se ejercitará la acción penal señalando los hechos delictuosos que lo motiven y clasificando específicamente el delito que aparezca comprobado, cuando ello sea posible." "No será necesario que se llenen los requisitos que exige el precepto constitucional citado, cuando el delito no merezca pena corporal o el Ministerio Público estime conveniente ejercitar desde luego la acción, si la importancia del caso lo amerita, y siempre que haya acuerdo expreso del Procurador de Justicia." "Artículo 130.- En ejercicio de la acción penal, corresponde al Ministerio Público:" (.) "II.- Solicitar las órdenes de comparecencia para preparatoria y las de aprehensión, que sean procedentes;" (.) Luego, a su vez, el artículo 172 de la normatividad en cita, determina que por cuerpo del delito debe entenderse como el conjunto de elementos objetivos que constituyen la materialidad del tipo penal por el cual se pretende consignar, pues éste servirá como base o sustento de la pretensión punitiva del Ministerio Público, como institución que detenta el monopolio del ejercicio de la acción penal, en términos del diverso numeral 160 del Código de Procedimientos Penales del Estado, así como del ordinal 21 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, aplicable al presente juicio de amparo. "Artículo 172.- El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado como base del ejercicio de la acción penal. La autoridad judicial examinará si ambos requisitos se acreditan en la indagatoria. "Por cuerpo del delito debe entenderse el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyan la materialidad de la figura delictiva descrita concretamente por la ley penal." (.) "Artículo 160.- El Ministerio Público y el Tribunal, en su caso, deberán procurar ante todo que se acredite el cuerpo del delito que se le impute al indiciado o procesado como base del procedimiento penal." C.P.E.U.M.: "Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas." En esa guisa, los delitos por los cuales le fue instruida la averiguación previa 23/2014 al indiciado Gilberto Ortíz López, son de: Peculado, previsto y sancionado en los artículos 199 y 200, del Código Penal vigente en el Estado de Zacatecas, que disponen: Artículo 199.- Comete el delito de peculado el servidor público del Estado, Municipio u organismo descentralizado, aún cuando sea en comisión por tiempo limitado y no tenga el carácter de funcionario, que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, a un Municipio, a un organismo descentralizado, o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa. Artículo 200.- Al que cometa el delito de peculado se le impondrán de dos a diez años de prisión, multa equivalente a dos tantos del beneficio obtenido y destitución de empleo o cargo. Lo anterior sin perjuicio de que cuando el monto del beneficio obtenido no excediere de cien veces el salario mínimo general mensual se imponga hasta por tres años la pena de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o función pública, estatal o municipal, aún aquellos de los considerados bajo la naturaleza jurídica de honoríficos. Si el monto del beneficio obtenido excediere del límite a que se refiere el párrafo anterior, la inhabilitación será de tres a diez años". Y de acuerdo al tipo penal en examen, su cuerpo del delito es comprendido en base a los siguientes elementos que constituyen su materialidad: a) Que el sujeto activo ostente el carácter de servidor público del Estado, Municipio u organismo descentralizado, aun cuando sea en comisión por tiempo limitado y no tenga el carácter de funcionario. b) La distracción de su objeto, para uso propio o ajeno de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, Municipio o a un particular, que por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa. Por su parte, el ilícito de Abuso de Autoridad, que prevé y sanciona el 194, del Código Penal punitivo, mismo que establece: Artículo 194.- Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público, agente del Gobierno o sus comisionados, sea cual fuere su categoría: Fracción XI.- Aprovechar el poder o autoridad propios del empleo, cargo o comisión que desempeñe, para satisfacer indebidamente algún interés propio o de cualquiera otra persona" De acuerdo al tipo penal en examen, su cuerpo del delito es comprendido en base a los siguientes elementos que constituyen su materialidad: a) Que el sujeto activo sea un servidor público, agente o comisionado de gobierno; b) Que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente dinero o cualquier dádiva o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo lícito o ilícito. El delito de Cohecho, previsto y sancionado en los preceptos 197, fracción XI y 198, que disponen: "Artículo 197.- Comete el delito de cohecho: I.- La persona encargada de un servicio público del Estado, o descentralizado, o del municipio, o el funcionario de una empresa en que como accionista o asociado participe el Estado, que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo lícito o ilícito relacionado con sus funciones; y II.- El que dé u ofrezca dinero o cualquiera otra dádiva a la persona encargada de un servicio público del Estado, Municipal o descentralizado o de participación estatal, sea o no servidor público, para que haga u omita un acto lícito o ilícito relacionado con sus funciones. Artículo 198.- El delito de cohecho se sancionará con uno a seis años de prisión y multa equivalente a dos tantos del beneficio obtenido, solicitado u ofrecido; al cohechado se le impondrá además la destitución de su empleo, cargo o comisión, pero el cohechador quedará libre de toda responsabilidad penal, siempre que haya obrado por coacción moral y que dentro de los cinco días siguientes a la comisión del delito ponga los hechos en conocimiento del Ministerio Público y pruebe aquella circunstancia. De esta descripción típica se advierten en total los siguientes elementos componedores. a) Que un sujeto activo dé u ofrezca dinero o alguna otra dádiva de manera espontánea a un funcionario; b) Que dicha dádiva sea para que el servidor público haga u omita un acto justo o injusto respecto de sus funciones. El delito de Tráfico de Influencias y Negociaciones Ilícitas, se encuentra previsto y sancionado por el artículo 206, del Código punitivo, que dice: Artículo 206.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y de doscientas a trescientas cuotas de multa, al servidor público que por sí o por interpósita persona: . II.- Indebidamente solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público que produzca beneficios económicos para sí o para otro; De esa descripción típica se advierten los siguientes elementos componedores: a) Que el sujeto activo ostente el carácter de servidor público del Estado, Municipio u organismo descentralizado. b) Que dicho sujeto activo promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público que produzca beneficios económicos para sí o para otro. Por su parte los Delitos Cometidos en la Administración de Justicia y en otros Ramos del Poder Público, lo contempla el precepto 207, del Código Penal vigente en el Estado, mismo que establece: "Artículo 207.- Se impondrán prisión de seis meses a seis años o destitución del cargo y en ambos casos multa de diez a cien cuotas a los servidores públicos, empleados o auxiliares de la administración de justicia que cometan alguno de los delitos siguientes: VII.- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan una ventaja indebida a los interesados en un negocio o cualquiera otra persona; De acuerdo al tipo penal en examen, su cuerpo del delito es comprendido en base a los siguientes elementos que constituyen su materialidad: a) Que el sujeto activo del delito sea servidor público; b) Que éste, por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga obligación de Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan una ventaja indebida a los interesados en un negocio o cualquiera otra persona. Por otro lado, el delito de Abogados Patronos y Litigantes, se encuentra previsto en el 211, fracción I del Código Penal vigente en el Estado de Zacatecas, que dicen: Artículo 211.- Además de las sanciones mencionadas en el artículo anterior, se impondrá a los abogados patronos prisión de seis meses a seis años: I.- Por patrocinar o ayudar a diversos contendientes o partes con intereses opuestos en un mismo negocio o negocios conexos, o cuando se acepte el patrocinio de alguno y se admita después el de la parte contraria; De acuerdo al tipo penal en examen, su cuerpo del delito es comprendido en base a los siguientes elementos que constituyen su materialidad: a) Que el sujeto activo, en ejercicio de su actividad profesional, actúe en su carácter de abogado, patrono o litigante, con título profesional de licenciatura en derecho. b) Que el activo del delito admita patrocinar o ayudar a una de las partes, con intereses opuestos en un mismo procedimiento jurisdiccional o administrativo. Tales exigencias configurativas, como de manera acertada lo declaró la autoridad responsable, no lograron satisfacerse por lo siguiente. En principio, de la demanda de garantías se advierte que el acto que se reclama del Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consiste en la resolución de fecha quince de enero de dos mil quince, en la que autorizó el no ejercicio de la acción penal con motivo de la consulta planteada por el Agente del Ministerio Público Número Uno del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, dentro de la averiguación previa número 23/2011, instruidas en contra de Gilberto Ortíz López, en la comisión de los delitos de Peculado, Abuso de Autoridad, Cohecho, Tráfico de Influencias y Negociaciones Ilícitas, Delitos Cometidos en la Administración de Justicia y en otros Ramos del Poder Público y Abogados Patronos y Litigantes. Ahora bien, el Procurador General de Justicia del Estado, para emitir la resolución impugnada por la parte quejosa medularmente se apoyó en las siguientes consideraciones: "TERCERO.- Una vez que se ha realizado un estudio lógico y jurídico de las constancias que integran la presente indagatoria, tenemos que por lo que respecta a los delitos de PECULADO, TRÁFICO DE INFLUENCIAS y NEGOCIACIONES ILÍCITAS Y DELITOS COMETIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN OTROS RAMOS DEL PODER PÚBLICO, tenemos que éstos requieren que el activo se desempeñe como Servidor Público. De forma que a efecto de demostrar si el indiciado GILBERTO ORTÍZ LÓPEZ dicha calidad específica, es preciso señalar que el artículo 108 de la Constitución General de la República, en el Título Cuarto correspondiente a las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado establece: "Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios"; por lo que en atención a lo anterior la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, en su artículo 2° establece que son servidores públicos: Los Representantes de elección popular estatales y municipales; los miembros del Poder Judicial del Estado; los funcionarios y empleados de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Municipios; los Magistrados de otros tribunales del Estado; los integrantes del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y toda persona que desempeñe algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, al servicio de la administración pública centralizada, paraestatal, municipal y paramunicipal en organismo públicos autónomos y descentralizados. Artículos los anteriores de los que se puede deducir que el Servidor Público es aquella persona física que tendrá una responsabilidad concreta por el manejo de asuntos públicos, en representación del Estado. Como en la forma más completa lo refiere el autor Sergio Monserrat Ortíz Soltero "Se debe considerar como Servidor Público a aquella persona física que ha formalizado su relación jurídico laboral con el Estado mediante un nombramiento previamente expedido por el órgano administrativo competente, o en su defecto que figure en las listas de raya de los trabajadores temporales, y que legalmente lo posibilita para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, en el gobierno del Distrito Federal, en los gobiernos Estatales o en los Gobiernos Municipales", por englobar en su contexto lo que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y otras disposiciones legales relacionan con la figura del Servidor Público. Todo lo anterior que nos lleva a demostrar entonces que GILBERTO ORTÍZ LÓPEZ no puede considerarse como Servidor Público, puesto que dicha persona prestaba sus servicios profesionales para el Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas tal y como se desprende de los manifestado dentro de la denuncia formulada en su contra por MIGUEL ÁNGEL TORRES ROSALES (v. f 1 a 4), señalando que al asumir el cargo de Presidente Municipal de Villanueva, Zacatecas, giró instrucciones para poner al día los asuntos relativos a la administración del municipio, llamándole la atención la existencia de varias demandas laborales las cuales se encuentran unas en litigio y otras finiquitadas por el Ayuntamiento a favor de diversos trabajadores, encontrando que dichos asuntos se habían litigado "erráticamente", dejando pasar términos fatales para la parte patronal, pagando cantidades de dinero injustas, y por encima de las que la ley otorga a favor de los trabajadores, y que en la mayoría de los casos eran representados por el mismo despacho jurídico, llegando a la conclusión que la persona que se encontraba representando al Ayuntamiento, virtud al poder que se le había otorgado en este caso al denunciado, observándose que daba ventaja a la parte contraria en los juicio al dejar fenecer términos importantes, así mismo en la mayoría de los juicios señalaba como domicilio para recibir notificaciones el de la Presidencia Municipal y no en la Capital que es donde radica el Tribunal de Conciliación, cometiendo una serie de anomalía que han ocasionado el menoscabo en el patrimonio del Ayuntamiento al pagar indebidamente laudos laborales que se dictaron a favor de los trabajadores quienes ganaron los juicios con ventaja concedida por GILBERTO ORTÍZ LÓPEZ, manifestación que es valorada de acuerdo al artículo 277 del Código de Procedimientos Penales en vigor, por tratarse de un indicios, imputación que fue ratificada por ELPIDIA MARTÍNEZ RIVAS (v.f 10), toda vez que se desempeña como Síndico Municipal de Villanueva, Zacatecas, misma que acreditó su nombramiento con la Constancia de Mayoría y Validez de la elección, otorgada por el Consejo Municipal Electoral de Villanueva, Zacatecas (v. f 13), con valor probatorio de acuerdo a lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, no obstante a lo anterior aún y cuando en actuaciones obra copia de los Juicios Labores número 155/2012, 245/2012, 265/2012 y 243/2012 promovidos en contra del Ayuntamiento de Villanueva (v. f 30 a 1086), en los cuales el ahora indiciado realizó algunas promociones, cierto es que lo hizo atendiendo al poder que le fue conferido por parte de las autoridades del H. Ayuntamiento de Villanueva, según se desprende de la comparecencia rendida por parte de ELPIDIA MARTÍNEZ RIVAS, mediante el cual exhibió copia simple del Acta de Cabildo de fecha veintiocho de agosto del dos mil doce, en que se autorizó al LIC. GILBERTO ORTÍZ LÓPEZ como Apoderado Legal del H. Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas; así como el Poder General para Pleitos y Cobranzas que le otorga la C. FRANCISCA GARCÍA PALACIOS, en su carácter de Síndico Municipal, en fecha catorce de noviembre del dos mil doce (v. f 1093 a 1107) para que según se desprende de los apartados SEGUNDO.- REPRESENTA BIENES, DERECHOS E, INTERESES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLANUEVA, ZACATECAS. CUARTO.- REPRESENTE AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZACATECAS, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, OFICINAS Y FUNCIONARIOS EN CUALQUIER TIPO DE NEGOCIOS. HACIENDO USO DE TODAS LAS FACULTADES QUE LAS LEYES CONCEDAN A LOS PROCURADORES DE ESTA CATEGORÍA Y ADEMÁS LAS ESPECIALES." con valor probatorio de acuerdo a lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales, del que se deja ver pues que el ahora activo fue contratado para que representara al Ayuntamiento ahora ofendido, en asuntos particulares en que éste fuera parte y no para que prestara un servicio de utilidad social, entonces no se puede considerar que éste se desempeñaba como Servidor Público, por tanto no podemos hablar de los delitos en estudio, pues no logra demostr4arse el primero de los elementos de dichos delitos, por tanto inoficioso sería entrar al estudio de los restantes, menos aún de la probable responsabilidad, toda vez que GILBERTO ORTÍZ LÓPEZ únicamente prestó sus servicios como Abogado para representar al Ayuntamiento en asuntos donde éste era parte, entonces de insistir el denunciante en sus pretensiones, deberá tramitar lo conducente en la vía legal correspondiente, pues estamos ante un asunto de naturaleza distinta a la penal, siendo procedente autorizar el no ejercicio de la acción penal de acuerdo a lo establecido por el artículo 131 fracción I del Código Penal en vigor. CUARTO.- Por lo que respecta al delito de ABUSO DE AUTORIDAD previsto por el artículo 194, fracción XI del Código Penal en vigor, mismo que establece: Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público, agente del Gobierno o sus comisionados, sea cual fuere su categoría: fracción XI.- Aprovechar el poder o autoridad propios del empleo, cargo o comisión que desempeñe, para satisfacer indebidamente algún interés propio o de cualquiera otra persona", el cual tampoco logra acreditarse, pues aún y cuando el denunciante dentro de su relato de hechos (v. f 1 a 4), señaló que el ahora indiciado fungió como representante del Ayuntamiento, y éste litigó "erráticamente", los juicios laborales que fueron entablados en contra del Ayuntamiento, dejando pasar términos fatales para la parte patronal, pagando cantidades de dinero injustas y por encima de los que la ley otorga a los trabajadores y la mayoría de los casos eran representados por el mismo despacho jurídico, llegando a la conclusión que la persona que se encontraba representando al Ayuntamiento, virtud al poder que se le había otorgado en este caso al denunciado, daba ventaja a la parte contraria en los juicio al dejar fenecer términos importantes, manifestación que es valorada de acuerdo al artículo 277 del Código de Procedimientos Penal en vigor, por tratarse de un indicio, no obstante a los anterior no tenemos demostrado que el ahora indiciado se haya aprovechado del poder o autoridad propios del empleo para satisfacer sus intereses o bien el de alguna otra persona, pues en primer lugar como ya se ha mencionado en el considerando anterior el activo no ostentaba el cargo de Servidor Público, elemento esencial para la configuración del delito en comento, ya que él únicamente prestaba los servicios como particular para representar al Ayuntamiento de Villanueva, ya que si bien le fue otorgado un Poder General para Pleitos y Cobranzas (v. f 1105 a 1107), esto lo fue para que fungiera como Representante Legal del ahora ofendido, sin que se haya establecido que laborara como integrante del Área del departamento de Jurídico, por tanto no ostenta la categoría de Servidor Público, pues únicamente era un prestador de servicios para el que fue contratado y si bien el denunciante refiere que dejó pasar términos dentro de los Juicios Laborales en los cuales él fungía como abogado de la parte demandada (Ayuntamiento), con ello favoreciendo a la parte contraria, lo que originó se pagaran cantidades de dinero injustas a los trabajadores, cierto es que no obra medio de prueba que indique que el ahora indiciado haya realizado actos dentro de los Juicios laborales en los cuales haya satisfecho algún interés propio o de persona alguna, aunado a lo anterior y como ya se dijo el activo no se desempeñaba como Servidor Público, sino que fue realizado un contrato de prestación de servicios a través del poder que le fue otorgado por parte de los integrantes de cabildo para que Representara al Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas (v. f 1105 a 1107), por tanto no podemos decir que se trataba de un Servidor Público, de ahí no sea dable entrar al estudio del resto de los elementos del delito, pues como ya se dijo únicamente representaba a la presidencia Municipal en los asuntos particulares donde ésta era parte, de ahí que se autoriza el no ejercicio de la acción penal en cuanto a este delito se refiere. QUINTO.- Por lo que se refiere al ilícito de COHECHO, éste tampoco se encuentra acreditado, pues el denunciante no hace referencia en que hace consistir tal ilícito, pues únicamente señaló que dio ventaja a los trabajadores en los juicio labores número 155, 245, 265 y 243 todos ellos del año dos mil doce, promovidos en contra de la Presidencia Municipal, en los cuales se pagaron cantidades injustas, sin embargo, tampoco obra medio de prueba que nos permita corroborar que el ahora indiciado haya solicitado o bien recibido dinero o dadiva relacionado con sus funciones, pues él no estaba encargado de un servicio público dentro del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, solamente fue contratado como prestador de servicios a fin de que los representara en los juicios laborales promovidos en su contra y en otros asuntos particulares, pues fue otorgado de manera amplia (v. f 1105 a 1107) según el acta de Cabildo de fecha veintiocho de agosto de dos mil doce (v. f 1095 a 1103), entonces menos aún se acredita que, para usos propios o ajenos hubiera distraído de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, a un Municipio, a un organismo descentralizado, o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa, sirve de apoyo a lo anterior; Época: Novena Época Registro: 173672 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a. XCIII/2006 Página: 238 SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 108, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES LIMITATIVO SINO ENUNCIATIVO. Del proceso legislativo que culminó con el Decreto de reformas y adiciones al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982, específicamente en lo relativo a sus artículos 108, 109 y 134, se advierte que la finalidad del Constituyente Permanente fue cambiar el concepto tradicional de "funcionario público" por el de "servidor público", a efecto de establecer la naturaleza del servicio a la sociedad que comporta su empleo, cargo o comisión, disponiéndose para ello de obligaciones igualitarias a las que quedaban constreñidos "todos los que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, tanto en el Gobierno como en la Administración Pública Paraestatal", es decir, en la Federación con el objeto de exigir responsabilidades a quienes presten sus servicios bajo cualquier forma en que se sirva al interés público y a cualquier nivel de gobierno. En ese tenor, se concluye que el artículo 108, primer párrafo, de la Constitución Federal, al establecer quiénes son servidores públicos, no es limitativo sino enunciativo, pues la intención del Constituyente con la reforma de mérito fue que se incluyera a todos, sin importar la clase de empleo, cargo o comisión que desempeñen, ni el nivel de la función o la institución en donde laboren, pues lo medular y definitorio es que son servidores públicos quienes sirvan al Estado o Federación, al gobierno y a la nación, al interés público o a la sociedad. Amparo en revisión 223/2004. Mercedes Azaola y Aguilar. 11 de marzo de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Constanza Tort San Román. Amparo en revisión 1150/2006. José Rigoberto Huerta Hernández. 8 de septiembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Luciano Valadez Pérez. SEXTO.- Ahora bien, por lo referente al delito de ABOGADOS PATRONOS Y LITIGANTES, previsto por el artículo 211 fracción I del Código penal en vigor, mismo que establece: Además de las sanciones mencionadas en el artículo anterior, se impondrá a los abogados patronos prisión de seis meses a seis años: I.- Por patrocinar o ayudar a diversos contendientes o partes con intereses opuestos en un mismo negocio o negocios conexos, o cuando se acepte el patrocinio de alguno y se admita después el de la parte contraria"; éste tampoco se encuentra demostrado, pues aún y cuando el denunciante dentro de su relato de hechos (v. f 1 a 4) señaló que una vez que giró sus instrucciones para poner al día los asuntos relativos a la administración del Municipio le llamó la atención una serie de demandas laborales que se encuentran en litigio como finiquitadas y pagadas por el Ayuntamiento a favor de diversos trabajadores, por lo que al revisarlos se dio cuenta de que los diversos juicios que se habían litigado en el trienio anterior habían sido llevados a cabo "erráticamente", ya que se dejaron pasar términos fatales para la parte patronal y se pagaron cantidades por encima de las prestaciones que otorga la ley a favor de los trabajadores, y en su mayoría fueron representados por el mismo despacho jurídico, así mismo se llegó a la conclusión que el denunciado quien era el que representaba al Ayuntamiento deliberadamente daba ventaja a la parte contraria en los juicios dejando fenecer términos, así mismo en casi todos los casos el jurídico señalaba como domicilio para recibir notificaciones el domicilio de la Presidencia Municipal, cuando era sabido que se debería de haber señalado un domicilio en la Capital del Estado que es donde radica el Tribunal de Conciliación, encontrando una serie de anomalía que desembocó en un menoscabo en el patrimonio del Ayuntamiento al pagar o desviarse recurso indebidamente para pagar los laudos laborales que se dictaron a favor de los trabajadores, dicho que es valorado de acuerdo a lo establecido por el artículo 2877 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, de actuaciones se desprende que el ahora indiciado únicamente fungió como Apoderado Legal de la presidencia municipal de Villanueva, Zacatecas en los juicios laborales número 155, 245, 265 y 243 todos ello del año dos mil doce, promovidos en contra de la Presidencia Municipal y no se desprende que al mismo tiempo haya patrocinado a los promoventes de dichos Juicios, tan es así que dentro del expediente laboral número 155/2012 obra promociones realizadas por GILBERTO ORTÍZ LÓPEZ como Representante Legal del H. Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas (v. f 360 a 363) con valor probatorio de acuerdo a lo establecido por el artículo 273 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, y si bien el denunciante manifestó que el activo señaló domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones de la Presidencia Municipal, cuando debería nombrarse uno, donde se encuentra la sede del Tribunal de Conciliación, cierto es que según los Juicios Labores se solicitó exhorto al Juzgado de primera Instancia del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, a fin de que se emplazara a la demandada, por tanto no podemos decir que el ahora indiciado haya patrocinado a los promoventes de los Juicios antes citados, menos haya incurrido en responsabilidad al no desempeñar fielmente su función de Apoderado Legal de la demandada, de ahí que el suscrito tenga a bien autorizar el no ejercicio de la acción pena, de acuerdo a lo establecido por el artículo 131 fracción I del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. SÉPTIMO.- Por lo que respecta al delito de FRAUDE, por el cual denunció MIGUEL ÁNGEL TORRES ROSALES, en contra de ROBERTO JUÁREZ BENÍTEZ, no se tiene demostrado que el ahora indiciado haya realizado actos o maquinaciones a fin de obtener un lucro indebido, menor aún hacer caer en el error a persona alguna, ya que si bien el denunciante hizo consistir el ilícito en que el activo dolosamente cobraba un salario sin prestar ningún servicio a la Presidencia Municipal, lo cual no quedó demostrado, pues contamos con su sólo dicho el cual es insuficiente para acreditar los elementos del delito en comento, por tanto es que al no contar con medio de prueba alguno que nos permita establecer la acreditación del ilícito, es que se tiene a bien autorizar el archivo definitivo en cuanto a este delito se refiere. Por lo que con fundamento legal en lo establecido por los artículos 127 y 131 fracción I del Código de Procedimientos Penales en vigor, se resuelve bajo los siguientes puntos: I.- Es procedente autorizar y se AUTORIZA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. II.- Para el debido cumplimiento de mi determinación, vuelvan las diligencias al lugar de su procedencia. III. Nofíquese personalmente." [.]" . De lo hasta ahora expuesto, se advierte que el Procurador General de Justicia del Estado responsable cumplió con establecer en el medio de su justo alcance, con base en las constancias aportadas en la indagatoria y los datos que la misma arrojó, para autorizar el no ejercicio de la acción penal, en favor de Gilberto Ortíz López, colmando con ello la exigencia del artículo 16 constitucional, pues de la simple lectura de la resolución, se advierte que fueron señalados los preceptos legales que sirvieron de base para su dictado, así como que se expresaron los razonamientos que llevaron al Procurador responsable a la conclusión que llegó. Cabe indicar, que dicha resolución sí se encuentra fundada y motivada, porque en ella se estableció que resultaba procedente lo previsto por el artículo 131 fracción I, del Código de Procedimientos Penales en vigor, ya que en la indagatoria de mérito se llegó a la conclusión de que con las pruebas allegadas a la misma se determinó en relación a los delitos de Peculado, Tráfico de Influencias y Negociaciones Ilícitas y Delitos Cometidos en la Administración de Justicia en Otros Ramos del Poder Público que Gilberto Ortíz López únicamente prestaba sus servicios profesionales para el Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, sin tener la calidad de servidor público. Misma suerte ocurre, con el diverso ilícito de Abuso de Autoridad, en el cual no se demostró que Gilberto Ortíz López se haya aprovechado del poder o autoridad propios de su empleo para satisfacer sus intereses o bien el de alguna otra persona, ya que no se acreditó que el indiciado tuviera la calidad de servidor público, elemento esencial para la configuración del delito en comento, ya que los servicios que prestaba el mencionado Ortíz López lo era como particular para representar al Ayuntamiento de Villanueva. Asimismo, respecto al delito de Cohecho, mismo que tampoco se tuvo por acreditado, por no demostrarse que Gilberto Ortíz López estuviera encargado de un servicio público dentro del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, solamente fue contratado como prestador de servicios, a fin de representar a dicho Ayuntamiento en los juicios laborales promovidos en su contra y en otros asuntos particulares, no acreditándose el elemento, consistente "para usos propios o ajenos el activo del delito hubiera distraído de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa, perteneciente al municipio, a un organismo descentralizado, o a un particular, si por razón de su cargo, los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa". De igual forma, en relación al delito de Abogados, Patronos y Litigantes, no se tuvo por acreditado uno de los elementos integrados de dicho ilícito, toda vez que, como acertadamente lo estableció el Procurador responsable, de actuaciones se desprende que el inculpado únicamente fungió como Apoderado Legal de la Presidencia Municipal de Villanueva, Zacatecas en los juicios laborales 155/2012, 245/2012, 265/2012 y 243/2012, promovidos en contra de la Presidencia Municipal de Villanueva, Zacatecas, y de ello no se advierte que al mismo tiempo dicho indiciado haya patrocinado a los promoventes de dichos juicios, pues como lo dijo la responsable, del expediente laboral 155/2012, obran promociones realizadas por Gilberto Ortíz López como Representante Legal del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas. Para acreditar lo anterior, la autoridad responsable preponderantemente tomó en consideración los medios de convicción consistentes en: 1. Ratificación de denuncia realizada por Elpidia Martínez Rivas, exhibiendo copia certificada de su nombramiento como Sindico Municipal de Villanueva, Zacatecas (fojas 10 a 13). 2. Declaración ministerial de Gilberto Ortíz López (foja 15). 3. Informe de investigación rendido por los elementos de la Policía Ministerial del Estado (foja 18). 4. Comparecencia rendida por Elpidia Martínez Rivas (foja 23). 5. Declaración ministerial de Francisca García Palacios (fojas 25 y 26). 6. Copia certificada del expediente número 26/2012, relativo al juicio de reinstalación y otros, promovido por Marcelino Vargas Márquez, en contra del municipio de Villanueva, Zacatecas (fojas 30 a 294). 7. Copia certificada del expediente número 155/2012, relativo al juicio de Rescisión de la relación de trabajo laboral, promovido por Blanca Estela Pérez de Loera, en contra del municipio de Villanueva, Zacatecas (fojas 295 a 460). 8. Copia certificada del expediente número 245/2012, relativo al juicio de reinstalación y pago de otras prestaciones, promovido por Jesús Manuel Cerros Márquez, en contra del municipio de Villanueva, Zacatecas (fojas 461 a 508). 9. Copia certificada del expediente 265/2012, relativo al juicio promovido por Claudia Márquez Rodríguez, en contra del municipio de Villanueva, Zacatecas (fojas 509 a 686). 10. Copia certificada del expediente 243/2012, relativo al juicio promovido por Felipe Corvera Márquez, Rafael Montalvo Loyola, Ignacio Ríos Murillo y Salvador Núñez Corvera, en contra del municipio de Villanueva, Zacatecas (fojas 687 a 1086). 11. Declaración rendida por Gilberto Ortíz López (fojas 1088 a 1091). 12. Comparecencia rendida por Elpidia Martínez Rivas, mediante el cual exhibió copia simple del Acta de Cabildo de fecha veintiocho de agosto de dos mil doce, así como el Poder General para Pleitos y Cobranzas del Volumen Centésimo Primero con número de acta cinco mil ochocientos uno, de fecha catorce de noviembre de dos mil doce a favor de Gilberto Ortíz (fojas 1093 a 1107). 13. Comparecencia rendida por Aarón Juárez Ortíz, exhibiendo constancia expedida por la Trabajadora Social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (fojas 1110 y 1111). Luego, tal como lo sostuvo el Procurador responsable, no se acredita el primer elemento de los delitos de Peculado, Tráfico de Influencias y Negociaciones Ilícitas y Delitos Cometidos en la Administración de Justicia en Otros Ramos del Poder Público, consistente en que el activo se desempeñe como servidor público, toda vez que como ya se indicó Gilberto Ortíz López únicamente prestaba sus servicios profesionales para el Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, sin tener la calidad de servidor público. Lo mismo sucede, con el diverso ilícito de Abuso de Autoridad, en el cual no se demostró que Gilberto Ortíz López se haya aprovechado del poder o autoridad propios de su empleo para satisfacer sus intereses o bien el de alguna otra persona, ya que no se acreditó que el indiciado tuviera la calidad de servidor público, elemento esencial para la configuración del delito en comento, ya que los servicios que prestaba el mencionado Ortíz López lo era como particular para representar al Ayuntamiento de Villanueva. Respecto al delito de Cohecho, mismo que tampoco se tuvo por acreditado, por no demostrarse que Gilberto Ortíz López estuviera encargado de un servicio público dentro del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, solamente fue contratado como prestador de servicios, a fin de representar a dicho Ayuntamiento en los juicios laborales promovidos en su contra y en otros asuntos particulares, no acreditándose el elemento, consistente "para usos propios o ajenos el activo del delito hubiera distraído de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa, perteneciente al municipio, a un organismo descentralizado, o a un particular, si por razón de su cargo, los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa". Y, en relación al delito de Abogados, Patronos y Litigantes, de igual manera no se tuvo por acreditado uno de los elementos integrados de dicho ilícito, consistente en que el activo del delito patrocine o ayude a una de las partes, con intereses opuestos en un mismo procedimiento jurisdiccional o administrativo, toda vez que, como acertadamente lo estableció el Procurador responsable, de actuaciones se desprende que el inculpado únicamente fungió como Apoderado Legal de la Presidencia Municipal de Villanueva, Zacatecas en los juicios laborales 155/2012, 245/2012, 265/2012 y 243/2012, promovidos en contra de la Presidencia Municipal de Villanueva, Zacatecas, y de ello no se advierte que al mismo tiempo dicho indiciado haya patrocinado a los promoventes de dichos juicios, pues como lo dijo la responsable, del expediente laboral 155/2012, obran promociones realizadas por Gilberto Ortíz López como Representante Legal del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas. Además, debe decirse, que el Procurador responsable acertadamente valoró las pruebas que quedaron relacionadas, y de manera preponderante concedió valor indiciario al testimonio del denunciante Miguel Ángel Torres Rosales (fojas 1 a 4), en términos del artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, para no tener por acreditado el primer elemento del cuerpo de los delitos que nos ocupa, en su comisión, lo cual se estima fue correcto, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta sentencia, al analizar lo relativo a la acreditación de esos aspectos requeridos constitucionalmente para emitir el acto reclamado. Es aplicable al caso, el criterio contenido en la tesis VI.1o. J/46, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, visible en la página 105, Octava Época, de rubro y texto: "OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE INDICIO. La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador de medio para descubrir la verdad, porque reviste las características de un testimonio y el alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante.". Así es, una circunstancia fundamental para acreditar el citado elemento del cuerpo de los delitos, consiste en que se demuestre con precisión que el activo del delito tenga el carácter de servidor público, y que el mismo para uso propios o ajenos hubiera distraído de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, a un municipio, a un organismo descentralizado, o a un particular, si por razón de su cargo los hubiera recibido en administración, en depósito o por otra causa, lo cual en el caso, no se acreditó, ya que sólo se demostró que el aquí tercero interesado fue contratado para que representara al Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, en asuntos particulares en que éste fuera parte y no para que prestara un servicio de utilidad social. Por ende, la autoridad responsable se adecuó a las normas legales aplicables y a los razones particulares del caso, puesto que con los medios de convicción que se agregaron a la averiguación previa número 23/2014, se pone de relieve la inexistencia del cuerpo de los delitos de Peculado, Tráfico de Influencias y Negociaciones Ilícitas y Delitos Cometidos en la Administración de Justicia en Otros Ramos del Poder Público, Abuso de Confianza, Cohecho y el de Abogados, Patronos y Litigantes, dado que de inicio no se acreditan el primer elemento de los mismos, consistente en que el activo del delito tenga la calidad de servidor público y que para usos propios o ajenos el activo del delito hubiera distraído de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa, perteneciente al municipio, a un organismo descentralizado, o a un particular, si por razón de su cargo, los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa. Y, en relación al delito de Abogados, Patronos y Litigantes, no se tuvo por acreditado uno de los elementos integrados de dicho ilícito, consistente en que el activo del delito haya patrocinado o ayudado a una de las partes, con intereses opuestos en un mismo procedimiento jurisdiccional o administrativo, toda vez que, como acertadamente lo estableció el Procurador responsable, de actuaciones se desprende que el inculpado únicamente fungió como Apoderado Legal de la Presidencia Municipal de Villanueva, Zacatecas en los juicios laborales 155/2012, 245/2012, 265/2012 y 243/2012, promovidos en contra de la Presidencia Municipal de Villanueva, Zacatecas, y de ello no se advierte que al mismo tiempo dicho indiciado haya patrocinado a los promoventes de dichos juicios, pues como lo dijo la responsable, del expediente laboral 155/2012, obran promociones realizadas por Gilberto Ortíz López como Representante Legal del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas. De igual manera, también fue apegado a derecho que se haya omitido el análisis correspondiente a los restantes elementos objetivos del cuerpo de los ilícitos, así como a la probable responsabilidad que pudiera atribuírsele al indiciado, dado que para arribar a tal punto, es indispensable que primero se acredite el elemento en cuestión, esto es, la calidad de servidor público, de igual manera, respecto del delito de Cohecho, su elemento consistente en que para usos propios o ajenos el activo del delito hubiera distraído de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa, perteneciente al municipio, a un organismo descentralizado, o a un particular, si por razón de su cargo, los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa. De ahí que sea correcta la decisión del Procurador General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. En otro aspecto, los conceptos de violación que aduce el quejoso, precisados en el inciso a) y b), en los que con la emisión del acto reclamado se violan en su perjuicio los artículos 1°, 20, inciso C), 21 Constitucionales, así como los derechos humanos, las garantías de legalidad y certeza jurídica, ya que no se cumplen las formalidades legales, adoleciendo además de motivación y fundamento legal, porque se concreta hacer una arbitraria e ilegal afectación a su persona, sin encuadrar la conducta de Gilberto Ortíz López en un delito previsto en el Código Penal. Que la determinación reclamada no tiene sustento legal porque no se han practicado y desahogado las pruebas necesarias para llegar a una conclusión lógico-jurídica, respecto de la indagación exhaustiva de los hechos que denunció para la comprobación del delito que se detecte y no limitarse dolosamente al nombre del delito que la denunciante creía que correspondía y archivar el asunto, ya que debió indagar más para acreditar o no otra figura delictiva. Dichos conceptos de disenso son infundados, porque, como ya se vio, el Procurador responsable previamente al emitir la resolución reclamada por esta vía, con las pruebas desahogadas en la indagatoria de mérito se llegó a la conclusión de que no se encontraba acreditado el primero de los elementos de los delitos de Peculado, Tráfico de Influencias y Negociaciones Ilícitas y Delitos Cometidos en la Administración de Justicia en Otros Ramos del Poder Público, consistente en que el activo Gilberto Ortíz López tenga la calidad especifica de servidor público, lo cual no aconteció, pues únicamente se acreditó que éste prestaba sus servicios profesionales para el Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, sin tener dicha calidad. De igual manera, respecto al delito de Abuso de Autoridad, no se llegó a demostrar que Gilberto Ortíz López se haya aprovechado del poder o autoridad propios de su empleo para satisfacer sus intereses o bien el de alguna otra persona, ya que no se acreditó que el indiciado tuviera la calidad de servidor público, elemento esencial para la configuración del delito en comento, ya que los servicios que prestaba el mencionado Ortíz López lo era como particular para representar al Ayuntamiento de Villanueva. Asimismo, respecto al delito de Cohecho, mismo que tampoco se tuvo por acreditado, por no demostrarse que Gilberto Ortíz López estuviera encargado de un servicio público dentro del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, solamente fue contratado como prestador de servicios, a fin de representar a dicho Ayuntamiento en los juicios laborales promovidos en su contra y en otros asuntos particulares, no acreditándose el elemento, consistente para usos propios o ajenos el activo del delito hubiera distraído de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa, perteneciente al municipio, a un organismo descentralizado, o a un particular, si por razón de su cargo, los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa. Y en relación al delito de Abogados, Patronos y Litigantes, no se tuvo por acreditado uno de los elementos integrados de dicho ilícito, consistente en que el activo del delito haya patrocinado o ayudado a una de las partes, con intereses opuestos en un mismo procedimiento jurisdiccional o administrativo, toda vez que, como acertadamente lo estableció el Procurador responsable, de actuaciones se desprende que el inculpado únicamente fungió como Apoderado Legal de la Presidencia Municipal de Villanueva, Zacatecas en los juicios laborales 155/2012, 245/2012, 265/2012 y 243/2012, promovidos en contra de la Presidencia Municipal de Villanueva, Zacatecas, y de ello no se advierte que al mismo tiempo dicho indiciado haya patrocinado a los promoventes de dichos juicios, pues como lo dijo la responsable, del expediente laboral 155/2012, obran promociones realizadas por Gilberto Ortíz López como Representante Legal del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas. Asimismo, de la resolución reclamada se advierte que el Procurador responsable para emitir la determinación de autorizar el no ejercicio de la acción penal, tomó en consideración diversas pruebas, como las indicadas con antelación, mismas que sirvieron para que el responsable determinara autorizar el no ejercicio de la acción penal. Por tanto, el Procurador responsable estimó que resultaba procedente lo previsto por el artículo 131 fracción I, del Código de Procedimientos Penales en el Estado, autorizar el no ejercicio de la acción penal. Consecuentemente, como acertadamente lo indicó la autoridad responsable con los datos de prueba sometidos a la consideración del Fiscal investigador y reseñados con anterioridad no son suficientes para tener por acreditados los ilícitos en estudio, toda vez que de las constancias que integran la averiguación previa 23/2014, no obra medio de prueba que indique lo contrario que el ahora indiciado haya realizado actos dentro de los juicio laborales en los cuales haya satisfecho algún interés propio o de persona alguna, aunado a lo anterior y como ya se precisó el activo del delito no se desempeñaba como servidor público, sino que fue realizado un contrato de prestación de servicios a través del Poder que le fue otorgado por parte de los integrantes de cabildo para que representara al Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas; de lo que se advierte, el ahora tercero interesado no se trataba de un servidor público; por lo que este Tribunal Federal comparte la determinación del Procurador responsable de determinar el no ejercicio de la acción penal. En esas condiciones, dado que los agravios planteados por la quejosa son ineficaces y no se advierte queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la nueva Ley de Amparo, lo procedente es negarle el amparo y protección de la justicia Federal que solicita, al no haber acreditado que se conculcan en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales. En atención a lo anterior, no se vulneran las tesis invocadas por la parte quejosa, dadas las consideraciones vertidas. Sin que se soslayara que si bien la parte quejosa es el denunciante en la averiguación previa, no por ese solo hecho lo lleva necesariamente a que la persona a la que le impute la comisión de un delito sea sancionada penalmente, porque dicha circunstancia está supeditada a que el hecho denunciado se investigue y demuestre bajo las reglas y requisitos que establecen los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Federal, para que el estado afecte el derecho fundamental de libertad de la persona, por lo que dicha afectación debe ceñirse al principio de legalidad que justifique tal privación; es por ello que, es indispensable que al menos los elementos integrados por la autoridad ministerial desprendan indicios de probabilidad que amerite afectar el derecho humano como en el caso es la libertad protegido por las normas internacionales y el hecho de que la autoridad resuelva contrario a sus pretensiones no significa que se le hayan coartado sus derechos fundamentales que como parte ofendida tiene. Lo que no implica, que con ello se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, ni que se vulnerara algún derecho humano, por el contrario, porque la indagatoria no se encuentra perfeccionada para poder emitir un acto de reproche y mucho menos privativo de libertad, en virtud de que el efecto de su revisión constitucional es hacer patente los vicios de los que cuenta dicha investigación para que la autoridad investigadora se encuentre en posibilidades de purgar los mismos y en su oportunidad resolver con los medios con los que aún cuenta, o con nuevos para llegar a la verdad histórica de los hechos y resolver bajo nuevos argumentos o preceptos normativos que considere acordes al contenido de la indagatoria, pues como se advierte de las constancias de autos, el Procurador de General de Justicia del Estado autorizó la el no ejercicio de la acción penal, bajos los términos del artículo 131 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Zacatecas. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 124, de la nueva Ley de Amparo, SE RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo respecto de la autoridad señalada como responsable y por las consideraciones expuestas en el considerando II.2.1 de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ELPIDIA MARTÍNEZ RIVAS, contra el acto reclamado al Procurador General de Justicia del Estado, precisados en el considerando II.2.2 de esta resolución, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy diez de septiembre de dos mil quince, en que las labores del Juzgado lo permitieron.- DOY FE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA RESOLUCIÓN DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo respecto de la autoridad señalada como responsable y por las consideraciones expuestas en el considerando II.2.1 de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ELPIDIA MARTÍNEZ RIVAS, contra el acto reclamado al Procurador General de Justicia del Estado, precisados en el considerando II.2.2 de esta resolución, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.".

  4. Principal

    En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de septiembre de dos mil quince, doy cuenta al Juez, con un escrito registrado con el número de folio 17570.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de septiembre de dos mil quince. Agréguese al sumario para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito de cuenta, firmado por Jesús Alberto Gaytán Espinosa autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, dígasele que una vez que las labores de este Juzgado lo permitan, se emitirá la resolución correspondiente y le será notificada con la debida oportunidad. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. *mash

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