Eloy Santiago Cruz Dominguez

Expediente 1905/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1905/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2018

Partes del expediente

  • Eloy Santiago Cruz Dominguez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el seis de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo intentada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Pedro Antonio Camacho Sánchez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: "Cuernavaca, Morelos, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintidós de noviembre del presente año; sin que haya dado cumplimiento con el requerimiento formulado en dicho proveído, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y, sólo se tiene como acto recamado el que señala en los incisos A) y B) de su escrito de demanda; por tanto, se provee como sigue. 1).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, dado que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia contra actos que no provengan de autoridades, prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 1 y fracción II del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo. Se explica: Lo anterior porque las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional, Tesorería y Dirección de Administración del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, del Estado de Morelos, al incurrir en la omisión reclamada, no tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo, puesto que el acto reclamado esencialmente consiste en la omisión de no cumplir de forma completa e integra el acuerdo de pensión CPSHAPI/72/2018 que resultó del acta de cabildo de sesión extraordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho en el periódico oficial tierra y libertad número 5633, sexta época, en el que se le otorga el pago de la pensión por jubilación al quejoso, lo que tiene su origen en una relación jurídica del Ayuntamiento, al que pertenecen las responsables en cita, como patrón con sus trabajadores en la que ambos actúan en un mismo plano de igualdad, respecto de prestaciones de seguridad social, en la que entre ambas partes existe una relación de coordinación y, por ende, los conflictos que entre ambas partes se susciten deben resolverse por los tribunales laborales establecidos para ello, concretamente a través del juicio laboral burocrático previsto en el artículo 114, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Véase. Acorde al fundamento señalado, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino sólo aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad que suponga el ejercicio de facultades sustentados en el orden público e interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación; pero también los entes de la administración pública pueden actuar como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios, conocidos comúnmente como relaciones de coordinación que son entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, y para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales. En el caso, el acto reclamado esencialmente consiste en la omisión de dar cumplimiento en forma completa e integra al acuerdo en el que se le otorgó la pensión por jubilación al quejoso emitida en el decreto 5633 del periódico oficial tierra y libertad. Así, el acto reclamado versa sobre la omisión de dar cumplimiento en forma completa e integra al acuerdo en el que se le otorgó la pensión por jubilación de un trabajador del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos; por lo que dada su naturaleza, deja en evidencia que entre la quejosa que se ostenta como trabajadora y el ente patronal al que pertenece la autoridad aquí señalada como responsable, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, de modo que la presente instancia constitucional resulta improcedente. En efecto, al omitir cumplir en forma completa e integra el acuerdo por el que se le otorgó la pensión por jubilación emitida en el decreto 5633 del periódico oficial tierra y libertad, el Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, del Estado de Morelos, actuó como patrón respecto de una prestación de seguridad social, por lo que dicha relación es de coordinación y no de supra a subordinación, es decir, el Estado-patrón, no actúa frente el trabajador burócrata como autoridad sino como particular. Y tal relación de índole laboral tiene su fundamento en el artículo 114, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de acuerdo al cual, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores. En apoyo a lo anterior, es orientador el criterio contenido en la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con registro 2014236 y rubro y texto siguientes: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado". Y dicha causal de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiarían el hecho de que en el caso las autoridades señaladas como responsables no tienen ese carácter; de ahí que resulte innecesario substanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Estefanía Alcázar Javier, secretaria que autoriza y da fe."

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