Eloy Muraira Solis

Expediente 1085/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1085/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Eloy Muraira Solis

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, trece de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de demanda de garantías signado por Eloy Muraira Solís, a través del cual comparece ante este órgano de control constitucional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad que ahí menciona; en consecuencia, regístrese bajo el número 1085/2022-I, en el libro de gobierno que para ese efecto se lleva en este Juzgado de Distrito. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, pues del escrito inicial de demanda, y sus anexos se advierte la improcedencia de la misma. Pues bien, de la promoción de cuenta, se advierte que el agraviado señala como acto reclamado, lo siguiente: ACTO RECLAMDO: "Lo constituye la ilegal orden de ejecución de sentencia en contra del suscrito dictada en segunda instancia por la Primera Sala Colegiada en materia Civil y Familiar del Estado de Tamaulipas dentro del toca 229/2020 dado que emitió un nuevo fallo en fecha 6 de Abril de 2022 en el punto resolutivo TERCERO condenando al suscrito al pago de la cantidad de 1 078,000.00 (un millón setenta y ocho mil pesos 00/100 M.N, por concepto de rentas de los años dos mil quince a dos mil dieciocho del inmueble dado en arrendamiento al suscrito por la parte actora. Toda vez que dicho acto pretende ejecutarse por parte del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, causando agravio pues de ejecutarse vulneraría en forma irreparable mis derechos humanos y garantías Constitucionales por motivo de no haber sido legalmente notificado el suscrito de dicha sentencia." Asimismo, en el capítulo de conceptos de violación, expuso lo siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: "Conforme a lo expuesto en los antecedentes del acto reclamado, la autoridad señalada como responsable violenta las formalidades del procedimiento al omitir notificar legalmente al suscrito de la sentencia dictada en los tiempos que marca la Ley, vulnerando con ello mi derecho acceder a la justicia ya que me enteré de dicho acto reclamado en fecha 03 de Octubre de 2002. Vulnerando en mi perjuicio las garantías de legalidad y seguridad consagradas en el artículo 16 de la Constitución federal porque me causa molestias en mi persona derechos y posesiones." Como puede verse, de la lectura integral que se hace a la demanda de derechos fundamentales, así como de los documentos que se anexaron a la misma, se desprende que el acto reclamado por la parte quejosa, se hizo consistir en la ilegal notificación que a su consideración le fue practicada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, a través de la cédula fijada en los estrados de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, en relación a la ejecutoria que emitió el seis de dicho mes y año, en cumplimiento a la diversa resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, con sede en la referida localidad. De ello adujo haber quedado debidamente enterado, por las constancias que se anexaron a la notificación que le fuera practicada el tres de octubre de dos mil veintidós, por el actuario adscrito al Cuarto Distrito Judicial del Estado, de esta localidad, quien le hizo saber el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, emitido por la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, de esta localidad, dentro del expediente 583/2019, relativo al juicio sumario civil sobre declaración judicial de terminación de contrato de arrendamiento, promovido por Micaela Vázquez Trujillo, en contra del aquí agraviado Eloy Muraira Solís, en el que tuvo por recibida la referida ejecutoria y, como consecuencia de ello, requirió el cumplimiento voluntario a la misma. Juicio en el cual fue parte, pues así se desprende del contenido de la demanda de garantías que nos ocupa. Por tanto, con fundamento en lo establecido por los artículos 61, fracción XXVIII, y 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desecharla por ser improcedente de manera notoria, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto faculta para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Para definir lo anterior, resulta necesario citar el texto del numeral 61, fracción XXVIII, de la legislación de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." ." Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad; que no es otra cosa que la obligación de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, para que en el presente caso pudiera estimarse cumplido el principio de definitividad que regula el juicio de garantías, la parte quejosa antes de acudir al amparo, debió promover el incidente de nulidad de notificaciones que al efecto establecen los artículos 70 y 71 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, los cuales prevén: "ARTÍCULO 70.- Las notificaciones, citaciones o emplazamientos serán anulables cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique; II.- La notificación, citación o emplazamiento surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente efectuada, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado conforme, expresa o tácitamente; III.- La nulidad deberá reclamarse por la parte perjudicada, en el primer escrito o actuación en que intervenga, a partir de la resolución, emplazamiento o citación mal notificada; en caso contrario, se considerará consentida la violación; IV.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra; y, V.- La nulidad de una actuación no implicará la de las demás que sean independientes de ella, salvo que éstas necesariamente se basen en, o dependan de ella. ARTÍCULO 71.- La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. Sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate de emplazamiento. La resolución que se dicte mandará reponer la notificación, citación o emplazamiento declarada nula, y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio y conforme a las reglas anteriores. El juez sancionará con multa al o los que aparezcan como culpables de la irregularidad." En efecto, conforme a los numerales transcritos, si el quejoso considera que la notificación que le fue practicada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, a través de la cédula fijada en los estrados de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, en relación a la ejecutoria que emitió el seis de dicho mes y año, derivada del expediente 583/2019, relativo al juicio sumario civil sobre declaración judicial de terminación de contrato de arrendamiento, promovido por Micaela Vázquez Trujillo, en contra del aquí agraviado Eloy Muraira Solís, no se encuentra apegada a derecho, estaba en aptitud de promover el incidente de nulidad de notificaciones que al efecto establecen los artículos 70 y 71 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, antes de acudir a esta instancia constitucional. Asimismo, es indiscutible que, de resultar fundada la referida incidencia, la consecuencia jurídica sería la nulidad de dicha notificación. Por ello, se insiste, el acto medular que la parte quejosa tilda de inconstitucional, debió ser impugnado a través del incidente de nulidad de notificaciones, tal como lo prevén los dispositivos legales trascritos, pues se encuentra contemplado en la ley que rige el procedimiento civil de donde emana el acto reclamado. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia VI.3o. J/9, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, página 592, Materia Civil, Novena Época, con número de registro digital 201620, que dice: "SENTENCIAS DEFINITIVAS. CONTRA SU FALTA DE NOTIFICACION, DEBE INTERPONERSE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, PREVIAMENTE A LA PROMOCION DEL JUICIO DE AMPARO. En cumplimiento a la jurisprudencia número 195, visible a foja 588 de la Cuarta Parte, Tercera Sala del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO", el quejoso previamente a la promoción del juicio de garantías debe hacer valer contra la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, el incidente de nulidad de actuaciones. En caso de no hacerlo, el juicio de amparo debe declararse improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo." Lo anterior es así, toda vez que, debe destacarse que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de garantías y que se encuentran consignados en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de definitividad, el cual consiste en que, para ser procedente éste, deben agotarse previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma ley establezca. En apoyo a lo anterior, y por no resultar contraria a la actual Ley de Amparo, se cita la jurisprudencia J/37 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni la parte quejosa tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte en el procedimiento de origen; ni el acto reclamado no se refiere a uno de los señalados en el inciso b) de la fracción en comento. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia número VI.2o.C. J/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1654, Tomo: XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Corolario a lo antes expuesto, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXVIII, de la Ley de Amparo en vigor; por tanto, lo conducente es desechar de plano la demanda de garantías que nos ocupa, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo cuerpo de leyes. Aquí es importante establecer que en el presente caso, la parte quejosa, en el capítulo de acto reclamado, señaló que el mismo lo hacía consistir en la ilegal orden de ejecución de la determinación de seis de abril de dos mil veintidós, emitida por la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, en cumplimiento a la diversa resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, con sede en la referida localidad, lo cual pretendía ejecutar la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, a través del proveído que emitió el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente 583/2019, relativo al juicio sumario civil sobre declaración judicial de terminación de contrato de arrendamiento, promovido por Micaela Vázquez Trujillo, en contra del aquí agraviado Eloy Muraira Solís. Sin embargo, ello no se tomó como acto reclamado, puesto que la parte quejosa fue muy claro en precisar que su inconformidad provenía de la ilegal notificación que a su consideración le fue practicada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, a través de la cédula fijada en los estrados de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, tan es así que sus conceptos de violación están encaminados a atacar la supuesta ilegalidad de la notificación en comento. Pero además, porque de haberse reclamado la ejecución de dicha resolución de segunda instancia, tampoco hubiese sido procedente el amparo biinstancial, puesto que el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, emitido por la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, de esta localidad, dentro del expediente 583/2019, relativo al juicio sumario civil sobre declaración judicial de terminación de contrato de arrendamiento, promovido por Micaela Vázquez Trujillo, en contra del aquí agraviado Eloy Muraira Solís, en el que tuvo por recibida la referida ejecutoria y, como consecuencia de ello, requirió el cumplimiento voluntario a la misma, no constituye la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia; esto es, la que: a) aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, c) ordena el archivo definitivo del expediente. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 2764, Materia Común, Undécima Época, con número de registro digital 2024100, que dice: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los que menciona en su libelo de demanda, y como autorizada en términos del artículo 12 de la ley en cita, a la profesionista que refiere en su ocurso. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Eloy Muraira Solís. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    I..De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa la resolución de trece de octubre de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

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