Eloy Misael Reyes Castillo
Expediente 114/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 114/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Eloy Misael Reyes Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a uno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito signado por Leticia Martínez Alvarado, en su carácter de apoderada legal del quejoso Eloy Misael Reyes Castillo, por el que solicita la devolución de los documentos anexados al escrito inicial de demanda. Por lo anterior, como lo solicita, devuélvasele las documentales que exhibió la parte quejosa en autos, previa identificación, toma de razón y recibo que obre en autos. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos catalogados como originales que exhibió la parte quejosa; por tanto, se le previene para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger los documentos catalogados como originales que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Vistas las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que el uno de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el juicio de amparo en que se actúa promovido por Leticia Martínez Alvarado, en su carácter de apoderada legal de Eloy Misael Reyes Castillo, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos reclamados a la autoridad siguiente: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Y señaló como acto reclamado: La omisión de la responsable de dictar el acuerdo de pruebas correspondiente dentro del expediente 191/2021-C, en términos de lo previsto en el artículo 144 fracción IV de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios, así como la dilación del procedimiento sin causa justificada. Admitida que fue a trámite se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Magistrado Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, quien negó la existencia del acto reclamado, manifestando que por acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 191/2021-C, dicho tribunal se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el cual fue notificado a las partes el trece y quince de febrero de la presente anualidad. Ahora bien, es pertinente destacar que por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "(.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ahora, de las constancias que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable Magistrado Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se advierte que por acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 191/2021-C, dicho tribunal se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el cual fue notificado a las partes el trece y quince de febrero de la presente anualidad. Por lo que teniendo en cuenta que en el presente juicio de amparo se reclamaron los siguientes actos: [.] La omisión de la responsable de dictar el acuerdo de pruebas correspondiente dentro del expediente 191/2021-C, en términos de lo previsto en el artículo 144 fracción IV de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios y b) la dilación del procedimiento sin causa justificada. [.] En tales condiciones, teniendo en consideración que la autoridad responsable informó que por acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 191/2021-C, dicho tribunal se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, mismo que se notificó a las partes el trece y quince de febrero de la presente anualidad, es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados; y a consecuencia de ello, es evidente notorio, manifiesto e indudable que se actualiza de la citada causal de improcedencia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: [.] CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal [.]. En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DE ESTE JUICIO DE AMPARO, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Ahora bien, en virtud de que se encuentran señaladas las diez horas con catorce minutos del día dos de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, y dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista al tercero interesado Ravelo Zempoalteca Enríquez; electrónicamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables y tercero interesado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Vistas las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que el uno de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el juicio de amparo en que se actúa promovido por Leticia Martínez Alvarado, en su carácter de apoderada legal de Eloy Misael Reyes Castillo, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos reclamados a la autoridad siguiente: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Y señaló como acto reclamado: La omisión de la responsable de dictar el acuerdo de pruebas correspondiente dentro del expediente 191/2021-C, en términos de lo previsto en el artículo 144 fracción IV de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios, así como la dilación del procedimiento sin causa justificada. Admitida que fue a trámite se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Magistrado Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, quien negó la existencia del acto reclamado, manifestando que por acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 191/2021-C, dicho tribunal se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el cual fue notificado a las partes el trece y quince de febrero de la presente anualidad. Ahora bien, es pertinente destacar que por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "(.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ahora, de las constancias que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable Magistrado Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se advierte que por acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 191/2021-C, dicho tribunal se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el cual fue notificado a las partes el trece y quince de febrero de la presente anualidad. Por lo que teniendo en cuenta que en el presente juicio de amparo se reclamaron los siguientes actos: [.] La omisión de la responsable de dictar el acuerdo de pruebas correspondiente dentro del expediente 191/2021-C, en términos de lo previsto en el artículo 144 fracción IV de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios y b) la dilación del procedimiento sin causa justificada. [.] En tales condiciones, teniendo en consideración que la autoridad responsable informó que por acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 191/2021-C, dicho tribunal se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, mismo que se notificó a las partes el trece y quince de febrero de la presente anualidad, es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados; y a consecuencia de ello, es evidente notorio, manifiesto e indudable que se actualiza de la citada causal de improcedencia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: [.] CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal [.]. En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DE ESTE JUICIO DE AMPARO, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Ahora bien, en virtud de que se encuentran señaladas las diez horas con catorce minutos del día dos de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, y dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista al tercero interesado Ravelo Zempoalteca Enríquez; electrónicamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables y tercero interesado.***
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