Eloy Mena Garcia
Expediente 1418/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1418/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Eloy Mena Garcia
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a estos autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el alegato ministerial número 763/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio de amparo; lo anterior, toda vez que el veintiséis de noviembre del presente año, se ordenó el archivo del presente asunto. Por otra parte, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga.
- Principal
MESA VI Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: Habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión contra la resolución de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguense a estos autos el oficio relativo a los informes justificados de las responsables ambos signados por el Secretario de Acuerdos en Funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios por ministerio de ley por ausencia de su Titular, por sí y en representación de dicha dependencia, respectivamente, así como las constancias que acompañó el segundo, de las que se advierte que el veintiuno de octubre de la presente anualidad, la responsable dio contestación a lo solicitado por el quejoso en su escrito de trece de agosto del presente año; todo ello en autos del expediente 380/2015 del índice de la responsable. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo consistió en la omisión por parte de la autoridad de proveer respecto de su escrito de trece de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual solicitó a la autoridad responsable, otorgue nuevo requerimiento de pago y aplique medios de apremio más efectivos para hacer cumplir sus resoluciones; ello en autos del expediente 380/2015 del índice de la responsable. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión por parte de la autoridad de proveer respecto del escrito del quejoso de trece de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual solicitó a la autoridad responsable, otorgue nuevo requerimiento de pago y aplique medios de apremio más efectivos para hacer cumplir sus resoluciones, ello en autos del expediente 380/2015 del índice de la responsable. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias certificadas, que el Secretario de Acuerdos en Funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el veintiuno de octubre de la presente anualidad, la responsable dio contestación a lo solicitado por el quejoso en su escrito de trece de agosto del presente año, ello en autos del expediente 380/2015 del índice de la responsable; documentales que por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable, emitió el acuerdo correspondiente, proveyéndose respecto de lo solicitado por la parte aquí quejosa en el expediente 380/2015, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no emitió el acuerdo relativo a su escrito, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTÚN MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguense a estos autos el oficio relativo a los informes justificados de las responsables ambos signados por el Secretario de Acuerdos en Funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios por ministerio de ley por ausencia de su Titular, por sí y en representación de dicha dependencia, respectivamente, así como las constancias que acompañó el segundo, de las que se advierte que el veintiuno de octubre de la presente anualidad, la responsable dio contestación a lo solicitado por el quejoso en su escrito de trece de agosto del presente año; todo ello en autos del expediente 380/2015 del índice de la responsable. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo consistió en la omisión por parte de la autoridad de proveer respecto de su escrito de trece de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual solicitó a la autoridad responsable, otorgue nuevo requerimiento de pago y aplique medios de apremio más efectivos para hacer cumplir sus resoluciones; ello en autos del expediente 380/2015 del índice de la responsable. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión por parte de la autoridad de proveer respecto del escrito del quejoso de trece de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual solicitó a la autoridad responsable, otorgue nuevo requerimiento de pago y aplique medios de apremio más efectivos para hacer cumplir sus resoluciones, ello en autos del expediente 380/2015 del índice de la responsable. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias certificadas, que el Secretario de Acuerdos en Funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el veintiuno de octubre de la presente anualidad, la responsable dio contestación a lo solicitado por el quejoso en su escrito de trece de agosto del presente año, ello en autos del expediente 380/2015 del índice de la responsable; documentales que por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable, emitió el acuerdo correspondiente, proveyéndose respecto de lo solicitado por la parte aquí quejosa en el expediente 380/2015, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no emitió el acuerdo relativo a su escrito, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTÚN MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
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