Eloy Medina Alvarez

Expediente 793/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
793/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Eloy Medina Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 31 de octubre de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 793/2023, promovido por Jesús Gutiérrez Arceo, apoderado de Eloy Medina Álvarez; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta Uruapan, Michoacán, Jesús Gutiérrez Arceo, apoderado de Eloy Medina Álvarez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 5, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Incompetencia. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en donde se registró con el número 409/2023 y en auto de diecinueve de junio del año en curso (foja 2) se declaró incompetente, bajo el argumento que, la competencia por razón de territorio correspondía a un juzgado de distrito con residencia en esta ciudad, porque el quejoso comparece a esta instancia a reclamar actos en su calidad de permisionario del servicio de autotransporte federal de carga y el domicilio señalado en dicho permiso administrativo, está localizado en Panindícuaro, Michoacán, lugar en el que ejercen jurisdicción los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia. Por ello, ordenó remitirlo al Juez de Distrito en turno, de esta ciudad, a fin de que se pronunciara con relación a la incompetencia planteada. Segundo. Avocamiento, admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, el conocimiento del asunto de la incompetencia aludida correspondió a este Juzgado de Distrito; quien la registró con el número 793/2023 y mediante auto de veintisiete de junio de este año (foja 34), aceptó la competencia declinada y la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Seguido el juicio por su cauce legal, el cuatro de agosto de esta anualidad (foja 76) se fijaron las diez horas con diez minutos del cinco de septiembre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, porque en el caso el quejoso comparece a esta instancia constitucional a reclamar actos en su calidad de permisionario del servicio de autotransporte federal de carga y el domicilio señalado en dicho permiso administrativo, está localizado en Panindícuaro, Michoacán, lugar en el que ejercen jurisdicción los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado consiste en: Decreto que contiene el "Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos", publicado el tres de mayo de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Acto reglamentario que se atribuye a las autoridades siguientes: 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 2. Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; 3. Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y, 4. Comandante de la Guardia Nacional de México. Todas las autoridades con sede en la Ciudad de México. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a todas las autoridades responsables, ya que por lo que hace a las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; y, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, su participación se advierte de la publicación del propio decreto reclamado, en el que al calce se anotó que el mismo fue firmado por el titular del ejecutivo federal y por esos dos secretarios de ramo: En tanto que, respecto de la autoridad Comandante de la Guardia Nacional de México, se impone considerar cierto el acto reclamado, pese a lo manifestado en su informe justificado, ya que se le atribuye la calidad de ejecutora, y en cualquier momento puede realizar actos tendientes a materializar la ejecución del decreto reclamado. Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 191452, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo 65, Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 233090: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. La autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hizo valer las causales de improcedencia que se indican: *Actos consumados irreparablemente. En el caso, la autoridad responsable señalada aduce que se actualiza la causal de improcedencia a la que se alude, en razón de que el decreto que contiene el reglamento reclamado ya fue expedido, promulgado y publicado y por ello, se trata de un acto consumado irreparablemente, porque una ley o reglamento no pueden de manera posterior tenerse por no promulgados o expedidos. No se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, la cual instituye que el juicio de amparo será improcedente contra actos consumados de modo irreparable. La doctrina y la jurisprudencia consideran que los actos consumados son aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo, actos consumados de modo reparable, son aquellos que, a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio de amparo; y los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Ilustra sobre el particular, la tesis 14, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuya literalidad es: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno." Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación impresa en la página 738, del Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del epígrafe siguiente: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS. Por tales deben entenderse para la procedencia del amparo, aquellos cuyos efectos no es posible legalmente hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior; y si los actos de las autoridades, aun cuando consumados, producen efectos que continúan manifestándose y que no son sino el resultado de aquéllos y que pueden desaparecer por la concesión del amparo, no hay causa para sobreseer." De esta manera, se considera que el acto reclamado consistente en el decreto que contiene el "Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos", publicado el tres de mayo de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, no configura un acto consumado de forma irreparable y en cambio, sí se trata de un acto consumado de modo reparable por medio del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, porque contrario a la apreciación de la responsable, de conformidad con el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad revisora de las normas generales, decretos, leyes y reglamentos, está reservada a los Tribunales de la Federación; lo que implica que, el control de regularidad constitucional de los mismos debe realizarse por los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, en el ámbito de sus competencias y procedimientos. Impugnación que dicho sea de paso, debe realizarse forzosamente una vez que los decretos, leyes y/o reglamentos son promulgados y publicados, ya que en el sistema de impugnación de leyes configurado en nuestro texto constitucional, no se encuentra previsto un sistema de revisión a priori o previo de constitucionalidad, que permita verificar la regularidad constitucional de los mismos previo a su emisión; por lo mismo, no es posible considerar que se trata de actos consumados de forma irreparable. Al contrario, cuando se trata de la impugnación normativa de decretos, leyes y reglamentos, debe considerarse que se está en presencia de actos consumados reparables, ya que si el examen constitucional de los mismos revela que no se ajustan al parámetro constitucional o convencional, según corresponda, la consecuencia será que en el juicio de amparo indirecto, se decrete que la norma impugnada no se aplique en la esfera jurídica de la persona que solicite el amparo; mientras que, en otros medios de control constitucional como la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional, podrá ordenarse incluso, la expulsión del sistema jurídico de la misma. Por esas razones, no se considera actualizada la causal de improcedencia invocada en términos del artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. *Ausencia de conceptos de violación. No se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, éste último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Sobre tal aspecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, son los siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación de los preceptos legales transcritos, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando en la demanda no se expresen conceptos de violación contra el acto reclamado. Cabe señalar que la causa de improcedencia invocada tiene sustento en el hecho de que la ausencia de conceptos de violación impide al órgano jurisdiccional emprender el análisis de constitucionalidad del acto reclamado, al no existir una causa de pedir por parte del promovente. Este criterio encuentra soporte en la jurisprudencia 3a./J. 28/93, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 72, Diciembre de 1993, Materia Común, página 38, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." Sin embargo, este juzgador considera que no se actualiza la causa de improcedencia en razón de que el quejoso sí expresó conceptos de violación, aduciendo en esencia, que el decreto reclamado es inconstitucional porque previo a su emisión, no se formuló consulta a los permisionarios de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos; que el Reglamento reclamado carece de la debida fundamentación y motivación; que el artículo 5° del reglamento impugnado establece una discriminación fáctica para los permisionarios del ramo, con relación a otros permisionarios; y, que el nuevo reglamento establece cobros que pudieran resultar en prácticas esclavistas prohibidas por la Constitución. Por tanto, toda vez que el peticionario del amparo sí hizo valer conceptos de violación en contra del reglamento sujeto a regularidad constitucional, no asiste razón a la responsable en su planteamiento. *Falta de interés. Sobre este aspecto, la responsable señala que el reglamento reclamado por el peticionario del amparo no le transgrede ningún derecho, porque el mismo sólo tiene como objetivo regular la operación de los permisionarios en el servicio de grúas, salvamento y depósito de vehículos, además, establece montos máximos para el cobro de maniobras, de acuerdo con una base tarifaria por tipo de servicio y concepto, en beneficio de la sociedad, por lo que de ninguna manera afecta la esfera jurídica de la parte quejosa ni sus derechos, en tanto no se le está impidiendo prestar el servicio o hacer posible la realización de algún derecho reconocido por la Constitución. Procede desestimar dichos argumentos, en atención a que si este juzgador asume como válidos los mismos, en el sentido que el reglamento reclamado no afecta derechos del quejoso, inevitablemente realizaría vía improcedencia, un pronunciamiento vinculado con el fondo o la constitucionalidad del decreto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Página: 5, Novena Época, registro 187973, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Al no existir más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y dado que este juzgado tampoco las advierte de manera oficiosa se advierte la existencia de alguna; por tanto, se procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en sus conceptos de violación el promovente del amparo aduce lo siguiente: a. Que el decreto reclamado en su artículo 67, fracción III, es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer la exigencia de expedir el documento denominado memorias descriptivas, porque es imposible emitirlos antes de que sucedan los hechos de tránsito; b. Que dicho reglamento también es inconstitucional porque previo a su emisión, no se formuló una consulta a los permisionarios de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos, a fin que opinaran, criticaran, adicionaran y participaran en el proceso de creación de ese reglamento; c. Que el reglamento reclamado en su artículo 5°, es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer como cancelación del permiso, el no portar la licencia para conducir y el no portar la póliza de seguro de responsabilidad civil de daños a terceros, ya que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal no contempla esas hipótesis para la cancelación del permiso; d. Que al establecerse en el artículo 5° del reglamento reclamado en su artículo 5°, como motivos para la cancelación del permiso, el no portar la licencia para conducir y el no portar la póliza de seguro de responsabilidad civil de daños a terceros, se actualiza una discriminación fáctica, porque esas sanciones no se encuentran establecidas para otras modalidades del Transporte Público Federal; e. Que al establecerse en el reglamento reclamado obligaciones y requisitos que anteriormente no eran exigibles a los permisionarios, se le pretende cuartar el derecho a desempeñarse legalmente en el trabajo que ha venido desarrollando desde que se le concedió el permiso; y, f. Que las tarifas establecidas en el nuevo reglamento resultan en demasía inferiores a los costos que genera la prestación del servicio, razón por la cual ese reglamento pudiera inducir a prácticas esclavistas que están prohibidas por la Constitución. Conceptos de violación que se impone considerar infundados en una parte e inoperantes en otra, por las razones siguientes. Primeramente, debe señalarse que no asiste razón al peticionario del amparo al referir en el concepto de violación identificado en el apartado a, que el decreto reclamado en su artículo 67, fracción III, es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer la exigencia de expedir el documento denominado memoria descriptiva, para la procedencia del cobro de los servicios de arrastre y depósito de vehículos, ni las maniobras de señalización, salvamento, ni de las maniobras especiales, ya que es imposible emitir ese documento antes de que sucedan los hechos de tránsito. Para dar sustento a dicha calificativa, conviene traer a colación el contenido del artículo 67 del aludido reglamento, el cual dispone: "Artículo 67. Improcedencia del cobro. La persona permisionaria no podrá cobrar los servicios de arrastre y depósito de vehículos, ni las maniobras de señalización, salvamento, ni de las maniobras especiales, cuando la memoria descriptiva: I. No esté en el SIRSE; II. Sea elaborada con información falsa; III. Sea elaborada en forma posterior al hecho de tránsito; IV. No sea entregada a la persona usuaria o interesada estando presente en el hecho de tránsito, y V. No contenga los elementos señalados en el artículo 44 de este reglamento." De la misma forma, se hace necesario precisar que conforme a lo dispuesto en el artículo 3, fracción XVII, del propio Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos, la memoria descriptiva es el documento generado en el SIRSE a través del cual la persona permisionaria del servicio de arrastre, de arrastre y salvamento y de depósito de vehículos describe de manera detallada todas las actividades realizadas en la prestación del servicio, desde el inicio hasta el término de las maniobras realizadas, el cual debe de entregarse a la persona usuaria o interesada del servicio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del propio reglamento, la elaboración de ese documento no se realiza en un solo momento, sino que el mismo consta de una etapa que comienza en el momento en que la grúa de la persona permisionaria parte de su base o del lugar donde se encuentra y de otra posterior, que concluye cuando el vehículo objeto del servicio se entrega a la persona legítima propietaria o poseedora: "Artículo 44. Inicio y fin del levantamiento de memoria descriptiva. La memoria descriptiva se inicia en el momento en que la grúa de la persona permisionaria parte de su base o del lugar donde se encuentra y concluye cuando el vehículo objeto del servicio se entrega a la persona legítima propietaria o poseedora. Por cada servicio de arrastre, de arrastre y salvamento y de depósito de vehículos, la persona permisionaria debe expedir un comprobante fiscal en términos de las disposiciones fiscales aplicables e iniciar la elaboración de la memoria descriptiva una vez que comience con las maniobras para la prestación del servicio, con lo cual el SIRSE generará un folio a fin de que la persona solicitante del servicio pueda dar seguimiento a la integración de la memoria descriptiva a través de dicho sistema. La persona permisionaria debe entregar de forma electrónica o impresa la memoria descriptiva a la persona usuaria o interesada una vez que se hayan concluido con los servicios y el vehículo se encuentre en el depósito permisionado. El incumplimiento en el uso del SIRSE o en la entrega de la memoria descriptiva a la persona usuaria o interesada será sancionado en términos del presente reglamento. Derivado de hechos de tránsito en los que los vehículos puedan movilizarse por sus propios medios, la memoria descriptiva podrá cerrarse y tenerse por concluida, cuando exista convenio entre las partes con aprobación de la Guardia Nacional, de conformidad con los artículos 185 y 191 del Reglamento de Tránsito de Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal." De tal suerte que, en la primera etapa que corresponde aquella en la que el usuario solicita el servicio, el permisionario debe generar en el Sistema Informático de Registro de Servicios, los elementos de la memoria descriptiva contenidos en el artículo 43 del propio reglamento, que hasta ese momento de la generación del hecho de tránsito, le sea posible ingresar: "Artículo 43. Elementos de la memoria descriptiva. La memoria descriptiva deberá contener como mínimo: I. Lugar y fecha del servicio auxiliar de que se trate; II. Hora en que se tuvo conocimiento del hecho de tránsito y la vía por la que se solicitó o asignó el servicio de arrastre y salvamento; III. Nombre de la persona solicitante del servicio, ya sea la autoridad, o bien, la propia usuaria o interesada; IV. Kilómetros recorridos contados a partir del lugar donde se inician las maniobras hasta el depósito permisionado; V. Hora de inicio y desarrollo de las maniobras de salvamento, tanto ordinarias como especiales, sobre o fuera del camino, asentando los tiempos en que se desarrollan las mismas, así como los períodos o tiempos de inactividad por causas ajenas a la persona permisionaria; VI. Número y tipo de grúas utilizadas conforme al tipo de vehículo siniestrado; VII. Tipo de accidente, de terreno, de maniobras de acceso, de materiales empleados y uso de personal o equipo especializado, en caso de haberse empleado; VIII. Acondicionamiento de lugar o del vehículo y, en su caso, alguna maniobra especial sobre el cuidado del vehículo o su carga solicitada por la persona usuaria o interesada; IX. Maniobras de señalización, carga, descarga y traslado de la carga a un lugar accesible; X. Limpieza del camino federal o del terreno; protección del entorno o contorno del lugar del accidente; XI. Hora en que se terminan las maniobras, hora de llegada al lugar de depósito, lugar de depósito y distancia recorrida hacia el mismo; XII. Cuando menos cuatro fotografías para cada etapa siguiente: del inicio del salvamento; del desarrollo que incluye la señalización, maniobras especiales, maniobras sobre o fuera del camino; del fin del salvamento; del inicio del arrastre y de las condiciones del vehículo a su ingreso en el depósito. Las fotografías deben ser útiles para acreditar el servicio realizado y justificar el pago y maniobras sobre el servicio correspondiente. Las fotografías señaladas en esta fracción pueden ser sustituidas por videograbaciones; XIII. Cálculo final del costo de los servicios prestados incluyendo lo correspondiente al servicio de depósito vehicular; XIV. Firma de la persona usuaria o interesada de manera autógrafa o electrónica, y XV. Firma de la persona permisionaria de manera autógrafa o electrónica. Esta información deberá constar en el SIRSE de forma inmediata y conforme se realizan las actividades de los servicios de arrastre y salvamento, y de depósito vehicular." Sin que esa exigencia legal implique que antes que se atienda el hecho de tránsito se concluya en todos sus puntos la elaboración de ese documento, pues incluso, en la parte final del propio artículo 43 del reglamento reclamado, se indica con claridad que la información deberá irse ingresando en el Sistema Informático de Registro de Servicios, de forma sucesiva y conforme se vayan realizando cada una de las actividades de arrastre, salvamento y depósito vehicular; de ahí, lo infundado de este primer concepto de violación que se analiza. En otro aspecto, debe calificarse inoperante el concepto de violación identificado en el apartado b, en el que el peticionario del amparo señala que dicho reglamento también es inconstitucional porque previo a su emisión, no se formuló una consulta a los permisionarios de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos, a fin que opinaran, criticaran, adicionaran y participaran en el proceso de creación de ese reglamento. Lo que resulta de ese modo, en la medida que en ese argumento no se otorga al suscrito el parámetro legal, esto es, el artículo, norma o principio constitucional o convencional o bien, de algún ordenamiento legal, que establezca la obligación de las autoridades que emitieron el reglamento reclamado, de actuar en ese sentido, es decir, de otorgar a los permisionarios de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos, intervención en el proceso de emisión de ese acto reglamentario o formularles consulta. Por otro lado, es infundado el concepto de violación establecido en el apartado c, en el que el quejoso señala que el reglamento reclamado en su artículo 5°, es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer como cancelación del permiso, el no portar la licencia para conducir y el no portar la póliza de seguro de responsabilidad civil de daños a terceros, ya que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal no contempla esas hipótesis para la cancelación del permiso (principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica). Para dar sustento a esa calificación, primeramente debe traerse a cuenta la comparación del artículo 5° del Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos, y del 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, los cuales disponen: Artículo 5. De la conducción y operación de grúas. La persona que conduzca una grúa debe contar con licencia federal de conductor vigente, de acuerdo con la categoría específica que corresponda al tipo de grúa, en los términos que determina la NOM-053-SCT-2-2010, o a falta de ello la Secretaría. La transgresión a esta disposición dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación a que se refiere el artículo 17 de la Ley. El personal dependiente de la persona permisionaria que participe en las maniobras propias del servicio debe contar con la capacitación y adiestramiento correspondiente, en términos del artículo 153-A de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que los servicios se presten de manera eficiente, con estándares de seguridad y con eficacia. En todos los casos, los vehículos objeto del servicio de arrastre deben trasladarse sin personas a bordo. El incumplimiento a esta disposición será sancionado en los términos que señala la Ley, el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal y este reglamento. Todas las personas permisionarias están obligadas a mantener vigentes en todo momento las pólizas de seguro a que se refiere el presente reglamento, de conformidad a la modalidad que tengan autorizada. La transgresión a esta disposición dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación a que se refiere el artículo 17 de la Ley. Artículo 17.- Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes: I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones y permisos en los términos establecidos en ellos; II. No cumplir con las características de construcción y operación, establecidos en las concesiones y permisos; III. Interrumpir el concesionario la operación de la vía total o parcialmente, sin causa justificada; IV. Interrumpir el permisionario la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros total o parcialmente, sin causa justificada; V. Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas o registradas; VI. Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello; VII. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la prestación de los servicios; VIII. Cambiar de nacionalidad el concesionario o permisionario; IX. Ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, a algún gobierno o estado extranjero o admitir a éstos como socios de las empresas concesionarias o permisionarias; X. Ceder o transferir las concesiones, permisos o los derechos en ellos conferidos, sin autorización de la Secretaría; XI. Modificar o alterar substancialmente la naturaleza o condiciones de los caminos y puentes o servicios sin autorización de la Secretaría; XII. Prestar servicios distintos a los señalados en el permiso respectivo; XIII. No otorgar o no mantener en vigor la garantía de daños contra terceros; XIV. Incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley o en sus reglamentos, y XV. Las demás previstas en la concesión o el permiso respectivo. El titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado, estará imposibilitado para obtener otro nuevo dentro de un plazo de 5 años, contado a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva. En la fracción I, del artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se establece como primera causa de revocación de los permisos o concesiones, el no cumplir, sin causa justificada, con el objeto, OBLIGACIONES o condiciones de las concesiones y PERMISOS en los términos establecidos en ellos. Ahora, de la copia cotejada del permiso que el propio quejoso acompañó a su escrito de demanda se aprecia un capítulo denominado OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO, en el cual se establece como primera obligación, el cumplir con los preceptos contenidos en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; el Reglamento de Autotransportes Federal y Servicios Auxiliares; el Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales; las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, así como con as disposiciones técnicas y administrativas que dicte la Secretaría: Incluso, se establece también como obligación el mantener vigente el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, lo que también se establece en el propio permiso como causa generadora de la revocación del permiso: Las imágenes insertan revelan que en el aspecto de la obligación de contar con seguro vigente de responsabilidad civil de daños a terceros, el mismo se encuentra establecido como causa de revocación, incluso desde el momento en que se le expidió al quejoso su permiso. Mientras que, por lo que se refiere al aspecto de la cancelación del permiso por no portar la licencia para conducir, dicha previsión sí está establecida en términos amplios y generales dentro del artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al señalarse como primera causa de revocación de los permisos o concesiones, el no cumplir, sin causa justificada, con el objeto, OBLIGACIONES o condiciones de las concesiones y PERMISOS en los términos establecidos en ellos. Esto porque la primera obligación contenida en el documento que contiene el permiso otorgado al quejoso, dispone el cumplir con los preceptos contenidos en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: Entonces, como el artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, dispone desde dos mil cinco, es decir, desde antes que se le otorgara el permiso al quejoso, la obligación de que los conductores de vehículos de autotransporte federal, obtengan y renueven la licencia federal que expida la Secretaría; entonces, es válido considerar que el no portar la licencia para conducir es una causa de revocación en términos del artículo 17, fracción I, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, por el incumplimiento de la obligación "A", contenida en el permiso expedido al quejoso, que dispone imperativamente el deber de cumplir con los preceptos contenidos en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de ahí, lo infundado de este concepto de violación. Por otra parte, es inoperante el concepto de violación identificado en el apartado d, en el que el accionante del amparo señala que constituye una discriminación fáctica el que en el artículo 5° del reglamento reclamado, se establezcan como motivos para la cancelación del permiso, el no portar la licencia para conducir y el no portar la póliza de seguro de responsabilidad civil de daños a terceros, porque esas sanciones no se encuentran establecidas para otras modalidades del Transporte Público Federal. Lo que se impone considerar de ese modo, en la medida que el quejoso no otorgó al suscrito el parámetro de comparación para la calificación del trato desigual al que alude, esto es, no especificó cuáles son las otras modalidades de Transporte Público Federal, en las que no se exigen los mismos requisitos que a los permisionarios de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos. Lo que resultaba imperativo, porque cuando en los argumentos se hace alusión a la existencia de un trato diferenciado entre dos personas o grupos, los mismos deben abordarse a la luz del principio de igualdad -artículo 1° Constitucional y no de la equidad tributaria, ósea en términos del artículo 31 Constitucional-; así se estableció en la jurisprudencia 1a./J. 44/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Página 171, Décima Época, Registro 2017423, que dice: "DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO. Las discusiones en torno a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación suelen transitar por tres ejes: 1) la necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal entre las personas; 2) la adopción de medidas especiales o afirmativas, normalmente llamadas "acciones afirmativas"; y, 3) el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente (por resultado), o de forma tácita, sean discriminatorios. En el tercer supuesto, cuando una persona alega discriminación en su contra, debe proporcionar un parámetro o término de comparación para demostrar, en primer lugar, un trato diferenciado, con lo que se busca evitar la existencia de normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación: i) una ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas; o, ii) efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares. Así, los casos de discriminación como consecuencia de un tratamiento normativo diferenciado exigen un análisis que se divide en dos etapas sucesivas y no simultáneas: la primera implica una revisión con base en la cual se determine si las situaciones a comparar en efecto pueden contrastarse o si, por el contrario, revisten divergencias importantes que impidan una confrontación entre ambas por no entrañar realmente un tratamiento diferenciado; y una segunda, en la cual se estudie si las distinciones de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea objetiva y razonable, utilizando, según proceda, un escrutinio estricto -para confirmar la rigurosa necesidad de la medida- o uno ordinario -para confirmar su instrumentalidad-. En ese sentido, el primer análisis debe realizarse con cautela, pues es común que diversas situaciones que se estiman incomparables por provenir de situaciones de hecho distintas, en realidad conllevan diferencias de trato que, más allá de no ser análogas, en realidad se estiman razonables. En efecto, esta primera etapa pretende excluir casos donde no pueda hablarse de discriminación, al no existir un tratamiento diferenciado." De acuerdo a la metodología antes descrita, el primer paso que se debe llevar a cabo para concluir si un tratamiento normativo diferenciado es discriminatorio, es determinar si existe un parámetro o término de comparación entre los sujetos para demostrar que existe un trato diferenciado entre situaciones análogas; y una vez determinado que existe un trato diferenciado entre sujetos comparables, lo que procede como segundo paso, es verificar si las distinciones de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea objetiva y razonable, bajo un escrutinio estricto, porque en el caso la distinción legislativa descansa en un criterio de categoría sospechosa. En el caso, el suscrito está impedido para emprender dicha metodología, porque por principio el quejoso no señaló cuáles son las otras modalidades del Transporte Público Federal, que se deben considerar para determinar si se actualiza o no la discriminación aducida; de ahí, lo inoperante de este concepto de violación, ya que NO existe un parámetro o término de comparación entre los sujetos para demostrar que existe un trato diferenciado. En otro aspecto, es infundado el concepto de violación identificado en el apartado e, en el que se aduce que al establecerse en el reglamento reclamado obligaciones y requisitos que anteriormente no eran exigibles a los permisionarios, se le pretende cuartar el derecho a desempeñarse legalmente en el trabajo que ha venido desarrollando desde que se le concedió el permiso (derechos adquiridos). Dicha calificación obedece a que, en los servicios públicos concesionados o sujetos a la modalidad de permisos administrativos, regulados desde el ámbito reglamentario de la concesión, no se configuran derechos adquiridos; de este modo, incluso aunque ocurriera que el Estado modifique de manera unilateral las condiciones generales regulatorias de los títulos de concesión o permisos a través de reformas legislativas o reglamentarias, derivadas de decisiones que importen el interés público, no se afectan derechos adquiridos por virtud de tales títulos o permisos. Lo que resulta de ese modo, pues las cláusulas regulatorias no pueden crear derechos adquiridos, por tres razones fundamentales: a) porque éstas se encuentran vinculadas a la legislación relativa que simplemente codifica los términos generales de las concesiones; b) porque dicha normatividad se encuentra sujeta a reformas y modificaciones, según lo exija el interés público y c) porque por esa dinámica legislativa y administrativa, esos derechos no pueden ni deben entrar o conformar el patrimonio del concesionario. Se cita como criterio orientador de lo anterior, por analogía jurídica, la tesis aislada P. XCVI/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el registro digital 200076, que dice: "VEHICULOS AUTOMOTORES. LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION GENERADA POR AQUELLOS QUE CIRCULAN POR EL DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS DE SU ZONA CONURBADA Y SU REGLAMENTO, NO VIOLAN LA GARANTIA DE IRRETROACTIVIDAD CONSAGRADA POR EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. La Ley y Reglamento mencionados al impedir la circulación de vehículos automotores que emitan gases contaminantes que rebasen los límites máximos permisibles establecidos por las normas técnicas ecológicas aplicables, no violan la garantía de irretroactividad de la ley en perjuicio de los gobernados, en primer término, porque impiden la circulación de referencia a partir de su entrada en vigor y, en segundo lugar, porque al hacerlo no afectan ningún derecho adquirido, pues el ejercicio del derecho de circular en los vehículos de referencia está sujeto al cumplimiento de las normas vigentes en el momento en que se hace uso de él y, además, es un principio general de derecho el que los particulares no pueden adquirir derechos que estén en pugna con el interés público, como sucede tratándose de la Ley y Reglamento mencionados, cuya expedición responde a la necesidad de controlar y mejorar los niveles de concentración de la contaminación en la atmósfera, la cual es generada, entre otras causas, por la emisión de contaminantes de los vehículos automotores, de tal suerte que frente al interés público el derecho del particular puede ser restringido por una norma posterior sin que esto implique su aplicación retroactiva, dada la prelación que existe entre ambos derechos." Así como la tesis aislada 1a. L/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2011176, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo I, página 996: "TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. El artículo décimo séptimo transitorio citado refiere que los permisos de radiodifusión que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, deberán transitar al régimen de concesión correspondiente dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la ley indicada. Ahora bien, la concesión y, en el caso concreto, los permisos, constituyen un acto por medio del cual se concede a un particular el manejo y la explotación de un servicio público o la explotación y el aprovechamiento de bienes del dominio del Estado, el cual no puede concebirse como un simple acto contractual, sino que se trata de un acto administrativo mixto, en el cual coexisten elementos reglamentarios y contractuales; los primeros se encuentran sujetos a las modificaciones del orden jurídico que regulan el ordenamiento de la concesión y los segundos garantizan los intereses legítimos del concesionario o permisionario. Asimismo, en el título de permiso se establecen condiciones regulatorias vinculadas al marco legal que fija las condiciones generales de las concesiones a las que deberá sujetarse el concesionario y las cuales sí podrá modificar el Estado, atendiendo a decisiones que importen intereses de la colectividad, sin que para ello sea necesario el consentimiento de aquél, es decir, cuando se reforma la legislación relativa, se modifican igualmente los términos de las condiciones reglamentarias del título de concesión, aun sin la intervención del gobernado, ya que no se puede convenir con éste reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las leyes o a los reglamentos respectivos, al ser jurídicamente inadmisible. En esa tesitura, las cláusulas regulatorias no pueden crear derechos adquiridos por tres razones fundamentales: la primera, porque éstas se encuentran vinculadas a la legislación relativa, que simplemente codifica los términos generales de las concesiones; la segunda, en virtud de que dicha normatividad se encuentra sujeta a reformas y modificaciones, según lo exija el interés público; y la tercera, en razón de que precisamente por esa dinámica legislativa y administrativa, esos derechos no pueden ni deben entrar o conformar el patrimonio del concesionario. Esto último, porque la concesión, como acto jurídico emanado de una norma anterior, no puede estar en conflicto y permanente oposición con el orden jurídico que le dio origen, máxime si éste es modificable por razones sociales que válidamente lo justifiquen, porque la concesión, que es de menor jerarquía que la norma jurídica, debe ceder por razones de supremacía de la norma ante la misma y por motivos de funcionalidad del sistema. En virtud de lo anterior, se concluye que el otorgamiento de un título de concesión (en este caso, de permisos de radiodifusión), en el que se pacten cláusulas reglamentarias, relacionadas con el cumplimiento de las leyes de la materia, no crean derechos adquiridos, de ahí que el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no viola el principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, es inoperante el concepto de violación identificado en el apartado f, a través del que se argumenta que las tarifas establecidas en el nuevo reglamento resultan en demasía inferiores a los costos que genera la prestación del servicio, razón por la cual ese reglamento pudiera incluir prácticas esclavistas que están prohibidas por la Constitución. Calificativa que resulta del incumplimiento de la carga probatoria del quejoso, pues para que el suscrito esté en condiciones de determinar si las tarifas establecidas en el nuevo reglamento resultan en demasía inferiores a los costos que genera la prestación del servicio, por principio, la parte quejosa estaba obligada a aportar elementos, hechos, datos o pruebas, que acreditaran los hechos sobre los que hace descansar esa transgresión; lo que es así, conforme a lo dispuesto por el artículo de 117 de la Ley de Amparo, que dispone que la carga de la prueba de los hechos que comprueban la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde a la parte quejosa, cuando no sean en sí mismos violatorios de derechos sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. De ahí que, es el quejoso quien -de inicio- debe aportar los elementos a partir de los cuales considera que determinada norma resulta transgresora, así como los parámetros a partir de los que pretende se lleve a cabo el estudio correspondiente y, en su caso, aportar o anunciar las pruebas a través de las cuales quedará demostrada esa violación a la norma fundamental; lo que es así, ya que a partir del planteamiento que realice el gobernado en su demanda de amparo y los argumentos aportados por la autoridad a fin de demostrar la legalidad del artículos de que se trate, así como del cúmulo probatorio existente en el sumario, será que el juez que conozca del amparo, tendrá los elementos necesarios para que llevar a cabo el ejercicio de valoración a partir del cual pueda determinar si existe o no un razonable equilibrio entre la cuota o tarifa que se cobra y la prestación del servicio. Sin embargo, en el caso el quejoso no ofreció ningún medio probatorio para acreditar la afirmación relativa a que, las tarifas establecidas en el nuevo reglamento resultan en demasía inferiores a los costos que genera la prestación del servicio; de ahí la inoperancia del concepto de violación en estudio. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación propuestos y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse a favor del Eloy Medina Álvarez, en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se concluye que la quejosa no demostró que el acto reclamado infrinja en su perjuicio, los derechos fundamentales consignados en los artículos 1, 5, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eloy Medina Álvarez, contra los actos reclamados a las autoridades descritas en el considerando segundo y por las razones expresadas en el considerando quinto de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del cinco de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 793/2023. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por la parte quejosa. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente los formuló el Director de Amparos adscrito a la Dirección General de Amparos y Contencioso del Organismo, Unidad de Asuntos jurídicos y Transparencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo José Ramón Rocha González Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese copia del oficio del Subdirector de Área de Prevención y Readaptación, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el oficio 16228 de fecha dieciocho de julio del año en curso, en el que se le remitió la interlocutoria dictada dentro de la presente incidencia, en razón de que se envió por equivocación al Control y Gestión de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México. Atento a lo anterior, reenvíese el oficio 16228 dirigido al Comandante de la Guardia Nacional, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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