ELOY LAGUNAS GUTIERREZ y Otros.

Expediente 1147/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1147/2016
Año
2016
Actuaciones
20
Última actuación
11/01/2017

Partes del expediente

  • ELOY LAGUNAS GUTIERREZ y Otros.
  • Eloy Lagunas Gutierrez
  • Juez Primero de lo Penal de Tecomán, Colima

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    La sentencia CAUSA EJECUTORIA y se ordena el archivo del expediente.

  2. Incidental

    Se ordena el archivo de los cuadernos incidentales.

  3. Principal

    Antecedentes procesales del juicio de garantías que se resuelve. I. Por escrito presentado el doce de julio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, Eloy Lagunas Gutiérrez y Juana Martínez Napoles, por derecho propio, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades que más adelante se precisan (fojas 02 y 05 de autos). II. Admisión y Trámite. Mediante proveído de trece de julio de dos mil dieciséis, fue admitida la demanda de amparo, la que se radicó bajo el número de expediente 1147/2016-III-MC; solicitó a las responsables rindieran su informe justificado; dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción quien no formuló pedimento; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que se celebró en los términos del acta que antecede. III. Competencia Genérica. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo vigente; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. IV. Competencia específica. Además este Juzgado Federal es competente, en virtud de tratarse de una demanda de amparo promovida contra una orden de aprehensión, la cual fue emitida por una autoridad en materia penal con residencia en el Estado de Colima; lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, lo anterior emitido por una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, conforme a lo previsto en los puntos Primero, fracción XXXII; Segundo, fracción XXIII, Ordinal 3; y Cuarto, fracción XXXII, todos del acuerdo 3/2013, aludido, en relación con los diversos artículos 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente; y artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. V. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a fijar el acto reclamado a las responsables, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y del juicio, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, de título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la revisión integral practicada a la demanda de amparo se advierte que las autoridades responsables y los actos que se reclaman, son los siguientes: AUTORIDADES ORDENADORAS: -Juez Primero de lo Penal de Tecomán, Colima. -Juez Segundo de lo Penal de Tecomán, Colima. -Agente del Ministerio Público del Fuero Común titular de la Mesa I de Tecomán, Colima. -Agente del Ministerio Público del Fuero Común titular de la Mesa II de Tecomán, Colima. -Agente del Ministerio Público del Fuero Común titular de la Mesa III de Tecomán, Colima. -Agente del Ministerio Público del Fuero Común titular de la Mesa IV de Tecomán, Colima. -Agente del Ministerio Público del Fuero Común titular de la Mesa V de Tecomán, Colima. -Procurador General de Justicia del Estado de Colima. AUTORIDADES EJECUTORAS: -Director de la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima. -Jefe de Grupo de la Policía de Procuración de Justicia de Tecomán, Colima. -Director de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Colima. -Comandante Regional de la Policía Estatal Preventiva de Tecomán, Colima. ACTO RECLAMADO: La orden de aprehensión emitida contra los quejosos el tres de diciembre de dos mil dieciséis dentro de la causa penal 139/2015, como probables responsables por el robo calificado en los términos de autoría y participación, previsto y sancionado por el artículo 226, 227, inciso B, fracción VII, en relación con los numerales 10, 13 y 20, fracciones II y III, del Código Penal para el Estado de Colima y su cumplimiento. Acto que la parte quejosa estima vulneran en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. Certeza de los actos reclamados. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existiría materia para efectuarlo. Las autoridades responsables siguientes negaron los actos reclamados: Juez Segundo de lo Penal de Tecomán, Colima (folio 33). Agente del Ministerio Público del Fuero Común titular de la Mesa I de Tecomán, Colima (folio 19). Agente del Ministerio Público del Fuero Común titular de la Mesa II de Tecomán, Colima (folio 20). Agente del Ministerio Público del Fuero Común titular de la Mesa III de Tecomán, Colima (folio 31). Agente del Ministerio Público del Fuero Común titular de la Mesa IV de Tecomán, Colima (folio 21). Agente del Ministerio Público del Fuero Común titular de la Mesa V de Tecomán, Colima (folios 18 y 36). Procurador General de Justicia del Estado de Colima (folio 13). Director de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Colima (folio 15). Comandante Regional de la Policía Estatal Preventiva de Tecomán, Colima (folio 17). Las autoridades responsables siguientes aceptaron la certeza de los actos reclamados: Juez Primero de lo Penal de Tecomán, Colima (folio 29). Jefe de Grupo de la Policía de Procuración de Justicia de Tecomán, Colima (folio 22). Director General de la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima (folio 11). Lo anterior conduce a las determinaciones siguientes: VII. Inexistencia de los actos. Las autoridades siguientes negaron los actos reclamados: Juez Segundo de lo Penal de Tecomán, Colima. Agente del Ministerio Público del Fuero Común titular de la Mesa I de Tecomán, Colima. Agente del Ministerio Público del Fuero Común titular de la Mesa II de Tecomán, Colima. Agente del Ministerio Público del Fuero Común titular de la Mesa III de Tecomán, Colima. Agente del Ministerio Público del Fuero Común titular de la Mesa IV de Tecomán, Colima. Agente del Ministerio Público del Fuero Común titular de la Mesa V de Tecomán, Colima. Procurador General de Justicia del Estado de Colima. Director de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Colima. Comandante Regional de la Policía Estatal Preventiva de Tecomán, Colima. En esa tesitura, tomando en consideración que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, establece que tiene el carácter de autoridad responsable, la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así como que para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, las citadas autoridades responsables negaron los actos que se les imputan, en consecuencia, no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del presente juicio, lo que actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción II de la Ley de Amparo. Por consiguiente, procede SOBRESEER en el juicio de amparo, respecto a las autoridades precisadas, por los actos a ellas atribuidos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que dice: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento." VIII. Existencia de los actos controvertidos. Las autoridades siguientes aceptaron los actos reclamados: Juez Primero de lo Penal de Tecomán, Colima (folio 29). Jefe de Grupo de la Policía de Procuración de Justicia de Tecomán, Colima (folio 22). Director General de la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima (folio 11). En consecuencia, debe tenerse por acreditada la certeza de los actos reclamados a éstas. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior se corrobora con las actuaciones originales del duplicado de la causa penal 139/2015, remitidas por la autoridad responsable, documentos que al ser elaborados por autoridades en el ejercicio de sus funciones, adquieren el carácter de documentales públicas; por tanto, se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o; en consecuencia, se prueba plenamente la existencia de los actos que se reclaman. IX. Análisis de causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, este juzgador federal debe analizar si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, toda vez que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo; y con apoyo en la jurisprudencia 814, integrada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del epígrafe y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no existir una causa de improcedencia, respecto de la resolución combatida, se procede a examinar el fondo del amparo. En aras de salvaguardar el principio de rapidez en la administración de justicia, no se copiarán los motivos de inconformidad, debido a que en la ley de la materia no existe disposición alguna que imponga tal obligación, ni con ello se deja en indefensión a las partes, dado que se les corrió traslado con copia del ocurso correspondiente. Se invoca, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la novena época número de registro 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." X. Fijación de la litis constitucional. En el presente juicio el quejoso combate la orden de aprehensión emitida en su contra el tres de diciembre de dos mil quince dentro de la causa penal 139/2015, como probable responsable por el delito de robo calificado en los términos de autoría y participación previsto, la cual considera ilegal, ya que, a su parecer, no se encuentra fundada y motivada. Entonces, la litis en el presente juicio se circunscribe a dilucidar si existen o no las violaciones que la parte quejosa aduce. XI. Estudio fundado y motivado de los conceptos de violación. En primer lugar, es menester precisar que en el caso justiciable al tratarse de la materia penal, los conceptos de violación vertidos por los quejosos, serán analizados supliendo la deficiencia de la queja, al actualizarse la hipótesis establecida en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo; por ser el inconforme el imputado en la causa penal de origen, misma que tiene como propósito examinar la legalidad del fallo sujeto a examen, a fin de que se respeten en su favor los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas y además serán analizados en orden diverso al en que fueron hechos valer. Los quejosos Eloy Lagunas Gutiérrez y Juana Martínez Napoles, se duelen de la resolución de tres de diciembre de dos mil quince emitida dentro de la causa penal 139/2015. El primero punto resolutivo de la resolución reclamada, en su parte conducente, dice: "[.] PRIMERO: Por haberse acreditado los requisitos exigidos por el artículo 16 Constitucional, se decreta ORDEN DE APREHENSIÓN, en contra de ELOY LAGUNAS GUTIÉRREZ, JUANA MARTÍNEZ NÁPOLES alias "LA CHINA" y MARÍA GUADALUPE VALLES LINARES alias "LA MORE", en la comisión del delito de ROBO CALIFICADO EN LOS TÉRMINOS DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN, previsto y sancionado por los artículos 226, 227 inciso B, fracción VII, en relación a los numerales 10, 13 y 20 fracciones II y III, del Código Penal vigente para el Estado, cometido en agravio de la víctima del delito la trabajadora de dicho local la C. ZAIDA CASTAÑEDA SEGURA y el ofendido por ser el dueño del negocio el C. JUAN MANUEL LÓPEZ ESPARZA [.]. Son infundados los motivos de disenso planteados en la demanda, al advertirse que la resolución reclamada no carece de fundamentación y motivación. Los derechos fundamentales de debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, que consagran los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal aplicables, que textualmente disponen: "Artículo 14.- (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. ". "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." El primero de los artículos de la ley suprema contiene, entre otros, el derecho fundamental del debido proceso legal que entraña el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas; formalidades que a su vez se contienen en el numeral 19 que ya fue invocado y que deben ser respetadas en apego al artículo 20, apartado A, de la Constitución, que de manera específica resguarda los derechos fundamentales del debido proceso en materia penal. El segundo de los numerales citado, establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la expresión precisa de los preceptos legales aplicables, y por lo segundo el señalamiento exacto de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, así como su adecuación del juicio de hechos objetivamente probados al marco normativo en que éstos encuadran. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia localizable en la página 175 del tomo VI, parte SCJN, Séptima Época, del Apéndice de 1995, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así, de la porción transcrita del artículo 16, se tiene que el párrafo primero, establece los requisitos genéricos de todo acto de autoridad son: Que se exprese por escrito; Que provenga de autoridad competente en el caso, que también sea del orden judicial, y Se funde y motive la causa legal del procedimiento. El segundo párrafo del citado artículo establece como requisitos específicos exigibles a la orden de aprehensión estriban en los siguientes: Que preceda denuncia o querella; Que sea librada por autoridad judicial; Que se le impute al acusado un hecho que la ley señale como delito; sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y Que hagan probable la responsabilidad del inculpado. Del listado de requisitos para la validez del mandamiento de captura, se tiene que los tres primeros temas que enuncia el segundo párrafo del citado precepto se constriñen a requisitos formales esenciales para la legalidad de su emisión; mientras que los restantes implican requisitos de fondo, que se traducen en que el mandamiento de captura se observen elementos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad de los indiciados. En tanto que el primer párrafo asegura los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso que se exige en todo caso y que en el particular de la orden de aprehensión tiene que ver con la expresión razonada a los fundamentos, preceptos legales, incisos, subincisos que se asientan como aplicables al caso, y en la aseveración y demostración de las razones, causas, o circunstancias particulares que condujeron al emisor del acto a asumir la conclusión conocida se trata del juicio de los hechos; por añadidura se debe razonar sobre la adecuación de esos hechos al marco normativo invocado, solo así se garantiza el respeto a las garantías enunciadas. En el mismo orden, en la emisión de una orden de captura se deben precisar las circunstancias de tiempo modo y lugar en que el delito se hubiera cometido, sólo así se asegura al directamente incriminado sin causa efectiva a su derecho de defensa. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia 204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, página 166, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así como la jurisprudencia 1a./J. 102/2006, que aparece en la página 452 del tomo XXV, febrero de 2007, materia constitucional penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, número de registro 173237 que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN DEBE SEÑALAR EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN DEL DELITO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO. Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no indica que en la orden de aprehensión deban expresarse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se le imputa al acusado -requisitos que establece el artículo 19 constitucional para el auto de formal prisión-, también lo es que a efecto de cumplir con la garantía de motivación contenida en el citado artículo 16, la autoridad que emite la referida orden debe señalar dichos datos, ya que son los que permiten comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, lo cual permite al acusado conocer con amplitud los motivos por los que se ordena su captura, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa". Para la emisión de un acto de la naturaleza como el que aquí se reclama, para considerar que se cumplió con los requisitos exigidos en el dispositivo constitucional señalado (16 de la Carta Magna), es necesario que, en primer lugar, se puntualicen los elementos integradores del delito correspondiente; con qué pruebas se acredita cada uno de los elementos del ilícito que en la especie se considere demostrado, analizando exhaustivamente los medios de convicción que legalmente sea factible examinar en relación con cada uno de los factores que en el caso concreto integren el delito respectivo, citando los preceptos de acuerdo con la ley adjetiva aplicable y expresando los motivos en que se funda, para llegar a la conclusión de que conducen a la prueba de la existencia del delito y que el inculpado es, con probabilidad, responsable en su perpetración, encuadrando el grado de participación del sujeto activo. Las consideraciones en que la responsable funda su resolución estriban, substancialmente, en lo siguiente: Respecto del análisis relativo al cuerpo del delito de robo calificado en los términos de autoría y participación la responsable indicó que los elementos del ilícito eran los siguientes: Un Apoderamiento. Que la cosa sea mueble. Que dicho apoderamiento recaiga sobre una cosa ajena. Que el apoderamiento sea sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la Ley. En cuanto a la calificativa del delito señaló que el elemento era el siguiente: Si se ejerce violencia en las personas. En relación con el primero de los elementos del delito la responsable explicó qué entenderse por aprehensión de la cosa, señalando que era el acto por el cual se entraba en posesión o sea que se ejercía sobre ella un poder de hecho y se consumaba cuando, además de la simple remoción de la cosa del lugar en que se encontraba, el agente la tenía en su posesión material. Que en el caso los inculpados Eloy Lagunes (sic) Gutiérrez, María Guadalupe Valles Linares y Juan Martínez Napoles, con su conducta antisocial hicieron posible el apoderamiento de los bienes muebles consistentes en teléfonos celulares de distintas marcas así como chips para teléfonos celulares de Movistar y Telcel, varias memorias USB, mochilas, pantallas de computadoras, dinero entre otras cosas, propiedad del ofendido, sin consentimiento de este; dicho apoderamiento planeado y ejecutado por los indiciados, ya que de las constancias se desprendía que el trece de septiembre de dos mil catorce, la ofendida fue asaltada en el interior del negocio donde ella trabajaba, en el cual se vendían celulares y que ese día a eso de las trece treinta horas, al encontrarse en el interior de dicho negocio llegaron dos personas del sexo femenino y una persona del sexo masculino, los cuales desconocía al momento de entrar el sujeto masculino le apuntó con el arma de fuego diciéndole que se sentara y que no dijera nada, le dijo a una de las mujeres que la amarrara y ésta se le acercó tapándole la boca con un paño amarrándola alrededor de su cabeza y le amarró las manos con un cable, mientras el hombre no dejaba de apuntarle con el arma y la otra mujer cerraba la puerta y la cortina del negocio, llevándola hacia una bodega que estaba más adentró ahí mismo en el negocio y ahí se quedó porque cerraron la puerta de esta bodega a la que la metieron, hasta que la ofendida logró desamarrarse y se salió de la bodega a la que metieron y vio que estaban completamente vacías las vitrinas y se salió del negocio hacia el lado donde estaba una farmacia de similares y les dijo si podían llamar a la policía. Lo anterior comentando que el sujeto del sexo masculino era de complexión delgada, tez morena, estatura baja, llevaba una gorra puesta en color negro, playera manga larga en color blanca, pantalón de mezclilla en color azul; una de las personas del sexo femenino era de complexión gruesa, tez morena, estatura baja, traía agarrado el cabello color negro, vestía una playera de la selección mexicana en color verde, pantalón de mezclilla en color azul y calzaba tenis en color blanco; la otra persona del sexo femenino también era de complexión gruesa, tez morena, estatura baja, llevaba puesta una gorra en color negro y el cabello de color negro con un chongo, vestía una playera de la selección mexicana en color negro, pantalón de mezclilla en color azul y calzaba tenis en color negro. La responsable refirió que lo antes señalado se demostraba debido a que así lo habían referido los probables responsables Eloy Lagunés (sic) Gutiérrez, María Guadalupe Valles Linares y Juana Martínez Napoles, en sus declaraciones respectivas; medios de convicción que permitían demostrar el elemento que se analizaba, dado que había quedado probada la aprehensión de las cosas consistentes en teléfonos celulares de distintas marcas, así como chips para teléfonos celulares de Movistar y Telcel, varias memorias USB, mochilas, pantallas de computadoras, dinero, entre otras cosas, por lo que quien se apoderó de él entró en posesión, al ejercer sobre ellos un poder de hecho y se consumó cuando además de la simple remoción de la cosa del lugar en que se encontraba, los activos los tuvieron en su posesión material, como había quedado demostrado con las pruebas indicadas. Respecto del segundo de los elementos del delito -cosa mueble-, el juez responsable indicó que por cosa: se entendía un objeto corporal susceptible de tener un valor, el cual no debía ser necesariamente económico, pudiendo ser documental o meramente moral o afectivo; por mueble: elemento normativo de valoración jurídica, los bienes muebles son por su naturaleza o por disposición de la ley, de conformidad con el artículo 753 del Código Civil para el Estado de Colima, los cuerpos que podían trasladarse de un lugar a otro, ya se movieran por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior. El a quo indicó que dicho elemento quedaba demostrado principalmente con la denuncia presentada por la ofendida Zaida Castañeda Segura, así como el informe de investigación número 3044/2014, en donde señalaba la forma en la que los probables responsables Eloy Lagunés (sic) Gutiérrez, María Guadalupe Valles Linares y Juana Martínez Napoles, ejecutaron el apoderamiento de los bienes señalados, en virtud de que el propietario de los mismos jamás otorgó su consentimiento para que los indiciados se apropiaran de los bienes muebles consistentes en teléfonos celulares de distintas marcas, así como chips para teléfonos celulares de Movistar y Telcel, varias memorias USB, mochilas, pantallas de computadoras, dinero entre otras cosas. Siguió diciendo la responsable, que lo anterior se robustecía con las declaraciones ministeriales de los indiciados Eloy Lagunés Gutiérrez, María Guadalupe Valles Linares y Juana Martínez Napoles, en las que aceptaron haberse apoderado de los bienes mencionados; lo que también se robustecía con la fe ministerial de objeto puesto a disposición, efectuada por el agente del Ministerio Público, quien actuó asistido por la oficial secretario, en la que dieron fe de tener a la vista un celular descripción marca "solone", color negro, pantalla tipo touch, el cual se encontraba en el interior de una bolsa de plástico transparente, con la siguiente etiqueta: persona que levantó y embaló: Elias Eduardo Saavedra García, descripción de la evidencia: un teléfono celular de la marca "solones" color negro, pantalla tipo touch, evidencia número dos, el cual sí tenía a la vista en la oficina del agente del ministerio público. El juez responsable agregó que dicho elemento quedaba demostrado, pues estaba probado que el bien afecto al delito consistió en apoderarse de los diversos objetos señalados, demostrándose de esta manera que los bienes afectos dadas sus características podían trasladarse fácilmente de un lugar a otro sin que su naturaleza se alterara, por lo que eran considerados como bienes muebles. En relación con el tercer elemento del ilícito -que la cosa fuera ajena-, el a quo refirió que se encontraba plenamente demostrado con la denuncia presentada por la víctima del delito Zaida Castañeda Segura -trabajadora del local- y el ofendido Juan Manuel López Esparza -dueño del negoció-, misma que resultaba eficaz para demostrar que dichos ofendidos se dolían de haber sufrido un menoscabo en su patrimonio al ser despojados de bienes de su propiedad; con lo cual se demostraba que la aprehensión de los bienes señalados, que se encontraban en el interior del negocio denominado "MOVISTAR MARCIANO CABRERA", ubicado en la avenida Marciano Cabrera número 13, local B, frente al polideportivo de Tecomán, Colima, que quien se apoderó de dichos objetos entró en posesión, al ejercer sobre ellos un poder de hecho y se consumó cuando, además de la simple remoción de la cosa del lugar en que se encontraba, el activo las tuvo en su posesión material como había quedado demostrado. Respecto del cuarto de los elementos -sin el consentimiento de quien pudiera otorgarlo conforme a la ley-, el juez de primera instancia refirió que se encontraba demostrado con la denuncia presentada por la víctima del delito Zaida Castañeda Segura -trabajadora del local- y el ofendido Juan Manuel López Esparza -dueño del negoció-, la cual resultaba eficaz para demostrar que dicho ofendido se dolía de haber sufrido un menoscabo en su patrimonio al ser despojado de bienes de su propiedad; lo anterior sin consentimiento de quien pudiera otorgarlo conforme a la ley, dado que en el caso concretó la víctima del delito Zaida Castañeda Segura -trabajadora del local- y el ofendido Juan Manuel López Esparza -dueño del negoció-, así lo habían hecho valer al presentar formal denuncia ante el representante social investigador, además de que por la mecánica en que se habían dado los hechos, permitía demostrar la falta de consentimiento para ello. En relación con la calificativa expuesta en la fracción VII del inciso b del artículo 227 del Código Penal para el Estado de Colima, en lo que respecta a "si se ejerce con violencia en las personas", el juez responsable consideró que había quedado debidamente acreditado con la denuncia efectuada por Zaida Castañeda Segura -trabajadora del local-, en la que describió que era empleada de un negocio de telefonía celular de la compañía telefónica movistar, que estaba ubicado en la avenida Marciano Cabrera número 13, local B, de la colonia Unión de Tecomán, Colima, lugar al que llegaron tres personas, dos del sexo femenino y uno del sexo masculino que portaba una pistola con la cual le apuntó para intimidarla utilizando violencia psicológica para que la denunciante se atemorizara al tiempo que le decía "esto es un asalto", para posteriormente apoderarse de diversos bienes muebles, que se encontraban en el interior del negocio de telefonía celular de la compañía movistar; denuncia que se encontraba sustentada con la declaración ministerial de los indiciados Eloy Lagunés Gutiérrez, María Guadalupe Valles Linares y Juana Martínez Napoles, quienes reconocieron y robustecieron lo dicho por la ofendida, al mencionar que el día de los hechos se pusieron de acuerdo a fin de apoderarse de diversos bienes muebles del interino del negocio de telefonía celular, sometiendo a la empleada con un arma de fuego para poder sustraer todos los teléfonos celulares, chips y demás bienes del mostrador, así como los objetos personales de la bolsa de la ofendida y denunciante; con lo cual se tenía por probado que la parte indiciada con la finalidad de apoderarse de los bienes del pasivo, lo hizo a través de la violencia, al amenazar a la empleada del negocio de telefonía celular con un arma de fuego a fin de apoderarse de los celulares, chips y demás bienes que se encontraban en su interior. En relación con la probable responsabilidad, el a quo estimó que se encontraba plenamente demostrada con los medios de prueba y convicción que habían sido reseñados, los cuales daba por reproducidos en su totalidad, en obvio de repeticiones innecesarias y por economía, pero principalmente con la denuncia presentada por la víctima del delito la trabajadora del local Zaida Castañeda Segura y el dicho del ofendido Juan Manuel López Esparza, ante el agente del Ministerio -la que indicó se tenía por transcrita en obvio de dilaciones-, de la que, en lo conducente, resultaba eficaz para demostrar que la parte ofendida se dolía de haber sufrido un menoscabo en su patrimonio al ser despojada de bienes de su propiedad, toda vez que los inculpados con su conducta antisocial hicieron posible el apoderamiento de los bienes muebles consistentes en teléfonos celulares de distintas marcas así como chips para teléfonos celulares Movistar y Telcel, varias memorias USB, mochilas, pantallas de computadoras, dinero entre otras cosas. Que dicho apoderamiento había sido planeado y ejecutado por los indiciados, ya que en las constancias se desprendía que el día trece de septiembre de dos mil catorce, la ofendida fue asaltada en el interior del negocio donde ella trabajaba el cual vendía teléfonos celulares y que ese día como a eso de las trece treinta horas al encontrarse en el interior de dicho negocio llegaron dos personas del sexo femenino y una persona del sexo masculino de las cuales desconocía al momento de entrar el sujeto masculino le apuntó con el arma de fuego diciéndole que se sentara y que no dijera nada y le dijo a una de las mujeres que la amarrara y ésta se acercó tapándole la boca con un paño amarrándola alrededor de su cabeza y le amarró las manos con un cable, mientras el hombre no dejaba de apuntarle con el arma y la otra mujer cerraba la puerta y la cortina del negocio, llevándola hacia una bodega que estaba más adentro ahí mismo en el negocio y ahí se quedó porque cerraron la puerta de esta bodega a la que la metieron, hasta que la ofendida logró desamarrarse y se salió de la bodega a la que la metieron y vio que estaban completamente vacías las vitrinas y se salió del negocio hacia el lado donde estaba una farmacia de similares y les dijo que sí podían llamar a la policía, describiendo para tal efecto a los activos del delito. Siguió diciendo la responsable que, lo anterior se demostraba con las declaraciones en calidad de probable responsable rendidas por los inculpados en presencia de su abogado defensor; así como con el oficio 3044/2014 firmado por los agentes de la Policía de Procuración de Justicia en el Estado, del que se desprendían los datos obtenidos en relación con los hechos delictuosos, el cual era idóneo para identificar a Eloy Lagunas Gutiérrez, Juana Martínez Nápoles y María Guadalupe Valles Linares. Finalmente el a quo concluyó que los medios de prueba resultaban ser suficientes e idóneos para señalar a los activos como las personas que el trece de septiembre de dos mil catorce, se introdujeron al negocio denominado "Movistar Marciano Cabrera", ubicado por la avenida Marciano Cabrera número 13, local B, frente al Polideportivo de Tecomán, Colima, con la finalidad de apoderarse de los bienes muebles descritos con anterioridad. Pruebas de cargo utilizadas La decisión reclamada, la responsable la emitió con base en el análisis y la valoración de los medios de prueba, siguientes: Denuncia de hechos efectuada por Zaida Castañeda Segura de trece de septiembre de dos mil catorce. Diligencia de inspección ministerial efectuada por el agente del Ministerio Público, asistido por el oficial secretario, en compañía del perito criminalista de campo adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado. Denuncia efectuada por Juan Manuel López Esparza, de diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Comparecencia ministerial de Juan Manuel López Esparza de veintitrés de septiembre de dos mil catorce. Oficio número 3044/2014 firmado por los agentes de la Policía de Procuración de Justicia del Estado, debidamente ratificado. Declaración del probable responsable Eloy Lagunés Gutiérrez. Testimonio efectuado por Francisco Javier Martínez Napoles. Declaración del probable responsable María Guadalupe Valles Linares. Declaración del probable responsable Juana Martínez Napoles. Oficio número 3033/2014 firmado por los agentes de la Policía de Procuración del Estado. Inspección Ministerial efectuada por el agente del Ministerio Público asistido del Oficial Secretario. Comparecencia ministerial de Zaida Castañeda Segura de diecinueve de diciembre de dos mil catorce. Comparecencia ministerial de Juan Manuel López Esparza de veintidós de diciembre de dos mil catorce. Oficio número 1691/2014 firmado por Roberto García Hernández, perito valuador dependiente de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Oficio 1692/2014 firmado por el aludido perito. Oficio 203/2015 firmado por Manuel Eduardo Sánchez Cervantes perito valuador de la aludida dirección de servicios periciales. Oficio 692/2014 firmado por la psicóloga adscrita a la Dirección de Servicios Sociales. En esas condiciones, este juzgado federal considera que el juez responsable concatenó correctamente, y encuadró los hechos cuestionados a la hipótesis delictiva examinada, es decir, efectuó correctamente el juicio de tipicidad respectivo; además no se apreciaba que hubiese incurrido en violación alguna a los principios reguladores de justipreciación de las pruebas, ni se limitó a transcribir el material probatorio sino que, por el contrario, llevó a cabo una correcta valoración y se apegó a las disposiciones que en esa materia contempla el Título Quinto, Capítulo IX, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima. En mérito de ello, se advierte que la determinación del a quo respecto a la comprobación de los elementos del delito imputado de robo calificado en los términos de autoría y participación; y la probable responsabilidad de los quejosos en su comisión, se emitió con total apego a derecho y a los derechos de fundamentación y motivación que establece el artículo 16 constitucional; de ahí que -contrariamente a lo que afirma los impetrantes del amparo en sus conceptos de violación- la resolución reclamada sí se encuentra fundada y motivada y no transgrede dicho numeral. Además, la responsable sí realizó un análisis minucioso de cada uno de los elementos del delito, también citó las disposiciones legales aplicables, señaló y valoró debidamente las pruebas respectivas para tener por acreditado tantos los elementos del delito como la probable responsabilidad de los quejosos. De lo anterior se tiene que, resulta jurídicamente válido afirmar que existen pruebas que demuestran que existen indicios suficientes para emitir la orden de aprehensión reclamada y que ésta resulta correcta. Máxime que para dictar una orden de aprehensión se debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo, pues el proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. En virtud de lo anterior resultan infundados los motivos de disenso "primero" y "segundo". Finalmente los quejosos aducen textualmente lo siguiente: "[.] INDEBIDA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL.- Nunca se nos ha hecho saber el delito que se nos imputa ni se nos (sic) informado quien o quienes deponen en nuestra contra [.]". Dicho motivo de disenso es ineficaz, dado que en el proceso penal de origen, aun no se toma la declaración preparatoria de los aquí quejosos. Por tanto, será hasta que se tome la declaración preparatoria de los imputados aquí quejosos, cuando se les hagan saber sus derechos en términos de la fracción III del artículo 20 de la Carta Magna (anterior a las reformas del dieciocho de junio de dos mil ocho). Acorde con lo hasta aquí expuesto y al no demostrarse que el acto reclamado sea violatorio de los derechos humanos alegados, a la luz de los conceptos de violación planteados, pues éstos resultaron jurídicamente ineficaces o, en su caso, que haya habido alguna violación manifiesta de la ley que dejara en estado de indefensión a los quejosos y obligara a suplir la deficiencia de la queja, en los términos del artículo 79, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo impetrado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 107 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero.- Se sobresee en el presente juicio de amparo 1147/2016-III-, respecto de las autoridades indicadas en el apartado denominado: "Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados", por las consideraciones plasmadas en el apartado señalado como: "Inexistencia de los actos". Segundo.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eloy Lagunas Gutiérrez y Juana Martínez Napoles, respecto del acto y autoridades indicados en el considerando denominado "Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados"; por las razones contenidas en el apartado: "Estudio de los conceptos de violación y del acto reclamado". Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, hasta hoy doce de diciembre de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores del juzgado, ante José Cruz Orozco Llamas, Secretario(a) que autoriza y da fe. DOY FE.VHVR/jcoll/

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO DE LA SENTENCIA DE DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Primero.- Se sobresee en el presente juicio de amparo 1147/2016-III-, respecto de las autoridades indicadas en el apartado denominado: "Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados", por las consideraciones plasmadas en el apartado señalado como: "Inexistencia de los actos". Segundo.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eloy Lagunas Gutiérrez y Juana Martínez Napoles, respecto del acto y autoridades indicados en el considerando denominado "Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados"; por las razones contenidas en el apartado: "Estudio de los conceptos de violación y del acto reclamado".

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