Eloy Jimenez Molina y Otros.

Expediente 564/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
564/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • Eloy Jimenez Molina y Otros.
  • Araceli Luengas Herrera y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de catorce de diciembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso d), capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, dado que carece de relevancia documental conforme al artículo 15 del Acuerdo General citado. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE... Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de garantías promovida por Eloy Jimenez Molina y otros, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 564/2021; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial "C", encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la parte promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional lo ".los acuerdos pronunciados por la autoridad responsable en fechas dieciocho de octubre y veintitrés de noviembre ambos del año en curso." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se aprecia que reclama los acuerdos de dieciocho de octubre y veintitrés de noviembre ambos del año que transcurre, dictados por la autoridad responsable Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en el primero de ellos entre otras cosas desechó la prueba testimonial ofrecida por los aquí quejosos, de igual manera en el segundo entre otras cosas, apercibió a Francisco de la Cruz Díaz, a efecto de presentar al doctor para que ratifique el certificado médico que exhibió para comprobar la imposibilidad que tuvo para comparecer a absolver posiciones, en autos del expediente obrero 97/2019. Al respecto, debe decirse que tal acto produce efectos meramente intraprocesales, y no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de los promoventes (propiedades, posesiones o derechos); por tanto, no encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación a los promoventes. En efecto, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de los gobernados y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Sobre tal afirmación, los efectos del acto hoy reclamado sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse el laudo respectivo, si éste es favorable a los intereses de la parte promovente y en caso contrario, puede reclamarlos en el juicio de amparo directo que se promueva contra el laudo, impugnando la determinación de que se duele en su caso, como violación procesal, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTICULO 170.- El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." (.) "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva." Por su parte el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:" (.) "III. Se desechen las pruebas legamente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; VI. No se le concedan los plazos o prorrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley;" Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es en modo alguno irreparable, cuando es precisamente la irreparabilidad y la circunstancia de que se afecten derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, los únicos supuestos en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, mismo que textualmente dispone: "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede:." (.) efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." En este sentido, cabe establecer que excepcionalmente, los actos que se realicen en juicio pueden reclamarse mediante el juicio de amparo indirecto, tal como lo prevé el artículo 107, fracción III, inciso b) y c) de la Constitución Federal, y en el artículo 172, fracción V de la Ley de Amparo; siempre y cuando se trate de actos dentro de juicio, que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o cosas de la parte quejosa y la afectación material de sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual no aconteció en el presente caso. En ese sentido, al no ser considerados los autos reclamados como de aquéllos que tengan una ejecución irreparable, el juicio de amparo indirecto es plena e indubitablemente improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, y por ende amerita DESECHAR DE PLANO por notoria e improcedente la presente demanda de amparo. En ese tenor, se desecha de plano la demanda en estudio por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al que se ha hecho alusión con anterioridad, con apoyo en el artículo 107, de la Ley de Amparo, fracción V. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, y dado que quien promueve es la parte trabajadora, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis a las personas que para tal efecto menciona. Se tienen como puntos de contacto para comunicaciones no procesales el correo electrónico y el número de telefónico; que refieren los promoventes en la foja adjunta a su escrito, en el entendido de que las notificaciones procesales se harán conforme a la legislación aplicable. En términos de los artículos 222 y 28,3 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y en caso de no haberlo realizado ya, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, como son un correo electrónico o teléfono móvil; en caso de optar por transitar del sistema tradicional al juicio en línea, deberán cumplir con los requisitos que se encuentran enumerados en su diverso numeral 29. Se hace saber a las partes que en caso de que requieran consultar físicamente el expediente, deberán generar una cita, lo que podrán realizar entrando al Micrositio de Servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, disponible en el Portal de Servicios en Línea, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, del precitado Acuerdo General 21/2020.5 La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º, en relación con el precepto 26, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo que de ser este último caso deberán solicitarlo expresamente. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán exhibirla o enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita a que se refiere el artículo 17, constitucional y con apoyo además en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento a la parte tercera interesada, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De igual forma se le instruye para que al realizar las notificaciones que surjan de este asunto, se ajuste a los lineamientos establecidos en el artículo 23, del mencionado Acuerdo General 21/20206. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Finalmente, hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente.

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