Eloy González Díaz
Expediente 447/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 447/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Todas las Partes
- Eloy González Díaz
- Arturo Buendia Nolasco
- Carlos García Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, al cual acompaña el testimonio de la resolución dictada en el queja administrativa 133/2021, de su índice, de la cual se advierte que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Félix Octavio Hernández García, en su carácter de autorizado de la parte quejosa Carlos García Hernández, Eloy González Díaz, Luis Cabrera Jiménez y Arturo Buendía Nolasco, en contra del proveído dictado por este juzgado el quince de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda, quedando en su único punto resolutivo lo siguiente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el presente recurso de queja." En tal razón, acúsese el recibo respectivo, realícense las anotaciones correspondientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido...
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngase al actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, comunicando la admisión del recurso de queja interpuesto por********************, en su carácter de autorizado de la parte promovente del amparo ********************y ********************, contra el auto de quince de junio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este juicio; radicándose el expediente 133/2021....
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por el licenciado ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa ********************y ********************, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, y en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja contra el auto de quince de junio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de protección derechos fundamentales; por consiguiente, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase el original del escrito mediante el cual se formula la queja al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en la ciudad de Xalapa, al que se acompaña copia certificada de las actuaciones que se han practicado hasta el momento en el presente expediente y ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, ya que en el referido auto se desechó la demanda de amparo por los fundamentos y las razones ahí expuestas.
- Principal
Visto el escrito y copias de cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, y en atención a su contenido, téngase a Carlos García Hernández, representante común de los promoventes del amparo, dando cumplimiento a la prevención efectuada en autos. DESECHAMIENTO: Con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por advertirse de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes del amparo Carlos García Hernández, Eloy González Díaz, Luis Cabrera Jiménez y Arturo Buendia Nolasco, reclaman de la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz: a) La omisión de la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, de notificar correctamente y emplazar al juicio laboral número 949/2019, a la parte tercero interesada Coordinadora Ferrosur, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el domicilio que indican los promoventes, ya que ha solicitado el auxilio de la Junta Federal de Conciliación de la Ciudad de México, para efectos de notificar a dicha parte en un domicilio en esa ciudad; b) La fijación de las audiencias con siete meses de diferencia entre sí; c) La "negación" a reconocer las reglas de la competencia que establece el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, porque ha suspendido una y otra vez la celebración de la audiencia, pues "intenta declararse incompetente para conocer del juicio" al obligar que se notifique al demandado en la ciudad de México; y, d) La negativa de dictar el laudo respectivo. Ello es así, al advertirse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De las porciones normativas transcritas, es factible colegir que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte... Sobre el tema de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, el Pleno del Tribunal Constitucional del país, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, Junio de 2014, página 39, registro 2006589, estableció lo siguiente: a) Que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al prever que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". b) Para calificar a los actos como irreparables, éstos necesitarían: I). Producir afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, II). Debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. c) El legislador secundario dispuso de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente sean "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, pues depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. d) Con motivo de la nueva disposición no podía seguirse aplicando el criterio donde se reconocía que el juicio de amparo indirecto era procedente contra actos de imposible reparación que, aunque por ser una cuestión formal, no se tradujeran en una afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; ello, porque conforme al citado precepto, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen... Bajo ese contexto, para determinar la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra los actos reclamados, debe atenderse si los efectos de aquellos son o no de ejecución irreparable. En ese tenor, de los actos en esta vía tildados de inconstitucional, no constituyen para la parte promovente actos de imposible reparación, al versar sobre aspectos de trámite, los cuales no pueden reputarse como de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de ese carácter, pues sus efectos son de naturaleza eminentemente formal o procesal; de tal suerte que son susceptibles de anularse en el supuesto de que obtenga una resolución favorable, sin que dejen huella en su esfera jurídica, pero en caso de que les resulte perjudicial, tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal, en términos del artículo 172, fracciones IV y XII, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo que promueva contra la resolución que ponga fin al juicio, ya que hasta ese momento se sabrá si la violación de que se trata afectó a los promoventes trascendiendo al resultado del fallo, máxime que los promoventes "presumen" que la responsable ha suspendido la audiencia en varias ocasiones y ordenado notificar a la parte demandada en la Ciudad de México, para "pretender" declarase incompetente, lo que no se sabe si ello acontecerá, y no necesariamente implica que vayan a obtener un fallo contrario a sus intereses, e incluso, de ser así, como se expuso, podrá impugnar en el amparo directo que en su caso promueva contra el fallo correspondiente...Sin que obste que aleguen una probable dilación procesal que, desde su perspectiva, pudiera incurrir la Junta que señalan como responsable, ya que, como ellos mismos manifiestan, bajo protesta de decir verdad, el procedimiento, si bien se ha diferido la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por las razones que exponen, lo cierto es que no se ha paralizado, pues la Junta, dentro del contexto de la pandemia, tampoco ha incurrido en términos excesivos para dictar sus acuerdos y se encuentra en vías de emplazar a la parte demandada... En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda del juicio protector de derechos humanos por su manifiesta e indudable improcedencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada...
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