Eloy Garcia Sanchez
Expediente 1183/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1183/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Eloy Garcia Sanchez
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos y la certificación Secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, a través del cual se tuvo por desechada la demanda de amparo indirecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que tal acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Vista la demanda de amparo formulada por Eloy García Sánchez, por su propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese en el libro de gobierno, con el número de juicio 1183/2019-IV-A. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama a las autoridades responsables, en esencia, lo siguiente: La omisión de dar respuesta a diversas solicitudes que hiciera el aquí quejoso, como trabajador de la Coordinación de Soporte Técnico del Centro de Monitoreo Coordinación Tampico, "SUBCENTRO C4 ALMATAM" en Tampico, Tamaulipas, a la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas y Dirección de Centro Comando Control, Comunicaciones y Cómputo Centro de Monitoreo Coordinación en Ciudad Victoria Tamaulipas. La remoción o cambio de adscripción de su empleo como Coordinador de Soporte Técnico del Centro de Monitoreo Coordinación Tampico, "SUBCENTRO C4 ALMATAM" en Tampico, Tamaulipas, y su ejecución. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. Ahora bien, en el presente caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, mismos que disponen lo siguiente: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación de estos numerales se deduce que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver las controversias que se susciten por leyes o actos emitidos por una autoridad, transgresores de la Constitución, con el propósito de defender a los gobernados por las violaciones a sus derechos fundamentales tutelados constitucionalmente a través de los derechos fundamentales. De ahí que, de una intelección de esos numerales, también se obtiene que el juicio de amparo deviene improcedente cuando en éste no se reclamen actos de autoridad, misma que para efectos de este juicio es la que teniendo las características de órgano público que le confieren las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Al respecto, es de indicarse que para identificar los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 164/2011, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." , estableció que los mismos deben cumplir los siguientes requisitos: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga nacimiento en la ley y que el ente tenga facultad administrativa; c) Con motivo de esa relación, el ente emita actos unilaterales por medio de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Para emitir esos actos no se requiera acudir a los órganos judiciales ni requiera de la aceptación de la voluntad del afectado. Atenta a lo anterior, es de advertir que no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Ahora, para determinar si los actos que por esta vía constitucional se reclaman, es de los considerados por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se debe precisar si la autoridad los realizó actuando con el imperio de la ley, para lo cual se atiende a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación que regulen dichos actos. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; sin embargo, en este supuesto también se pueden encuadrar algunas de las relaciones entre particulares con el estado, en las cuales, éste último no reviste su carácter de autoridad y está sujeto a una igualdad de planos con el particular. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características un acto no se puede considerar como de autoridad. Así, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, entre sujetos colocados en diferentes planos. Por tanto, es autoridad para efectos del juicio de amparo, la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, esto es, aquella que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y aquella que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis aislada P.XXVII/97, de rubro "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Ahora, conforme a la Ley de Amparo en vigor, en algunos casos excepcionales, la instancia constitucional es procedente contra actos de particulares, de conformidad con los artículos 1º, último párrafo y 5°, fracción II, último párrafo, de la ley de la materia; por lo que no es exigible siempre la intervención de algún órgano perteneciente al Estado como autoridad responsable. En otras palabras, así como es factible promover el juicio de amparo contra normas generales, actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados, la ley de la materia actualmente en vigor posibilita que a través de esa vía se controviertan también, en casos de excepción, los actos de particulares. Por tanto, no basta que en la demanda de amparo se designe como autoridad responsable a un particular, para que por ese motivo se estime improcedente la acción constitucional. Sin embargo, debe establecerse con toda claridad que la procedencia del juicio de amparo contra particulares está condicionada a que se cumpla con lo siguiente: a) Que esos particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular. b) Dichos actos deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. c) Las funciones del particular señalado como responsable deberán estar determinadas en una norma general. Esta consideración encuentra apoyo en la tesis XV.5°.3. K(10ª.), de rubro "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." En la especie, como quedó establecido, la parte quejosa reclama de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria y otras autoridades, señaladas como responsables, diversas omisiones de contestar diferentes peticiones relacionadas con una solicitud de viáticos, solicitud de recursos para tareas encomendadas, aclaración de su nómina de pago, entre otras cosas; así como el cambio de adscripción o reubicación de su empleo como Coordinador de Soporte Técnico del Centro de Monitoreo Coordinación Tampico, "SUBCENTRO C4 ALMATAM" en Tampico, Tamaulipas, y su ejecución por parte de dicha Secretaría. Sentado lo anterior, es claro que en el presente asunto los actos reclamados a las indicadas responsables no son actos de autoridad y tampoco pueden considerarse como equivalentes, básicamente porque no derivan de una relación de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, porque la actuación que se le atribuye a la Secretaría General de Gobierno del Estado deriva precisamente de la calidad de trabajador del aquí quejoso y el carácter de patrón de los entes jurídicos señalados como autoridades responsables; es decir, de la relación laboral que el quejoso tiene con dicha Secretaría, por lo que no goza de las características de un acto de autoridad. De ahí que se esté en presencia de un acto que no tiene el carácter de unilateral, imperativo y coercitivo, propios de los emitidos por una autoridad y mucho menos en una relación de supra-subordinación. Lo anterior es así, pues, con base en las consideraciones expresadas, en el escrito inicial de demanda, el propio quejoso indica que es trabajador y fue contratado por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, Dirección de Centro Comando Control, Comunicaciones y Cómputo Centro de Monitoreo Coordinación en Ciudad Victoria, a través de la Dirección de Centro Comando Control, Comunicaciones y Cómputo Centro de Monitoreo Coordinación de Tampico, Tamaulipas. Por tanto, y si bien es cierto la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, sí puede fungir en determinados casos como autoridad responsable para el juicio de amparo, pues tiene la facultad de afectar la esfera jurídica de algún gobernado con base en disposiciones legales. Empero, dicha Secretaría así como sus departamentos también fungen como particulares y en esos casos, los actos celebrados se rigen por el derecho civil, mercantil agravio y laboral, según la materia de que se trate. De ahí que, si en el particular, lo que reclama la parte quejosa de las autoridades que señala son diversas omisiones de atender diferentes peticiones relacionadas algunas con prestaciones laborales y el cambio de adscripción o reubicación de su empleo como Coordinador de Soporte Técnico del Centro de Monitoreo Coordinación Tampico, "SUBCENTRO C4 ALMATAM" en Tampico, Tamaulipas, y su ejecución. Entonces, resulta manifiesto e indudable que el proceder de dichas entidades señaladas como responsables no reúnen las características de autoridades para los efectos del juicio de amparo indirecto. Ello es así, debido que las mismas no se encuentran revestidas de imperio frente al quejoso, porque el acto impugnado, se itera, carece de las características de unilateralidad, coercitividad e imperatividad propias de un acto de autoridad, ya que tiene su origen en el vínculo obrero-patrón y no gobierno-gobernado. En esas circunstancias, el acto reclamado en esta vía constitucional sólo da origen a una controversia entre particulares, por lo que no deriva de un mandamiento unilateral de la autoridad, para los efectos del juicio de amparo y con las características que dicho acto de autoridad requiere, según se ha justificado. Por ende, se concluye que a las autoridades señaladas como responsables, en el caso concreto, no les revistes tal carácter, dado que su actuar no deriva de una relación de supra a subordinación, sino en un plano de igualdad, como patrón y trabajador. Se firma lo anterior, debido a que la relación jurídica que une a la parte quejosa con la entidad señalada como responsable es de coordinación, pues la acción reclamada no la realiza con su potestad de autoridad, es decir, no se trata de un acto equivalente al de una autoridad, sino que éste lo realiza con el carácter de empleadora, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, por los conceptos jurídicos que contiene, apoya lo anterior, la jurisprudencia III.4o.T.J/3 (10a.), de epígrafe "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN." De ese criterio jurisprudencial, válidamente se puede concluir que es imposible tener a las autoridades señaladas en la demanda como responsables bajo los atributos establecidos para el juicio de amparo, dado que el acto reclamado encuadra en una relación de coordinación de la parte quejosa con la entidad señalada como responsable. Además, conviene indicar que cualquier conflicto suscitado entre el quejoso, como trabador de Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, con esta última, en su carácter de empleador, como bien pudiera ser el cambio de adscripción o reubicación de su empleo como Coordinador de Soporte Técnico del Centro de Monitoreo Coordinación Tampico, "SUBCENTRO C4 ALMATAM" en Tampico, Tamaulipas, en su caso puede ser controvertido mediante un procedimiento laboral ante la autoridad competente. En tal virtud, por lesivo que sea el acto reclamado de los derechos de la parte promovente, en el caso, no es en el juicio de amparo donde debe contrarrestar sus efectos, sino ante la autoridad competente para ello; dado que el acto combatido proviene de la relación laboral que sostiene el quejoso con la entidad señalada como responsable. Por tanto, se concluye que las autoridades señaladas en este juicio carecen de los atributos establecidos en la fracción II, del artículo 5° de la Ley de Amparo, motivo por el cual no se le puede dar el trato de acto de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, ni siquiera porque en la especie se arguya que transgredió en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 5º, 14º, 16º y 17° Constitucionales. Ello es así, debido a que, si bien, en los citados artículos constitucionales se encuentran reconocidos los derechos y garantías de igualdad; el libre ejercicio de profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos; al debido proceso; de la fundamentación y motivación de todo acto de autoridad; así como el acceso a la impartición de justicia, pronta, expedita y gratuita. De ahí que, si bien la parte quejosa, se duela de la transgresión a los derechos y garantías citadas en líneas precedentes; lo cierto es, no existe una relación de supra a subordinación. Por tanto, no puede considerarse que los actos señalados a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas; Dirección de Centro Comando Control, Comunicaciones y Cómputo Centro de Monitoreo Coordinación, ambos con residencia en Ciudad Victoria y Jefe de Departamento del Área de Monitoreo y Encargada del Subcentro del C4, Tampico, con sede en Tampico, Tamaulipas, sean propios de una autoridad, sino que, por el contrario, éstos debe considerarse efectuados dentro de la relación de coordinación que existe en virtud de su calidad de trabajador de dicha entidad, de ahí que no sean susceptibles de ser controvertido, a través del juicio de amparo. Esta consideración encuentra apoyo en la tesis VII.2°T.9.L.(10ª.), de rubro "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL." Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Eloy García Sánchez. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como sus autorizados, en términos de la parte final, segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Justino Jiménez Mireles, Juan José Espitia Hernández, José Ramón García del Ángel, Felipe de Jesús Vázquez Rodríguez, Jesús Antonio Valdez Jiménez y Feliciana Lucas Bautista, por así haberlo solicitado la parte promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se autorizan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se confiere tendrá efectos exclusivamente en el juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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