Eloy Emanuel Gallegos Becerril
Expediente 918/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Eloy Emanuel Gallegos Becerril
- ELOY EMANUEL GALLEGOS BECERRIL y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
México, Ciudad de México, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de dieciocho de enero del año en curso, se ordenó su notificación personal a la parte quejosa, sin que a la fecha obre constancia de la notificación respectiva; en tales condiciones, túrnese al actuario el citatorio correspondiente, a fin de que se constituya en el domicilio de la parte quejosa y proceda a notificarle el auto mencionado. Por otra parte, agréguese para que obre como corresponda y sin mayor proveído el escrito obtenido del módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), presentado por el quejoso XXXXXXXXXXX; lo anterior, dado que dicho ocurso no se encuentra firmado electrónicamente por el peticionario de amparo, sino por XXXXXXXXXXXXXX, quien carece de facultades para promover en el presente juicio, dado que en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se le tuvo como autorizado únicamente en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
*CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE: "... En esa misma fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con un escrito registrado en el libro de correspondencia de este Juzgado Federal con el número de orden 1069, con ocho copias y un anexo simple. Conste. México, Ciudad de México, a dieciocho de enero de dos mil veintidós. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito signado por *****, por propio derecho y en representación de los menores de identidad reservada de iniciales ***** ...., mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se tiene por cumplido lo peticionado y se da nuevamente cuenta con la demanda de garantías y escrito de desahogo de prevención en los siguientes términos: - La emisión y ejecución del auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el juez responsable en la controversia del orden familiar 904/2021, promovido por el hoy quejoso contra *****, mediante el cual, entre otras cosas, se decretó como pensión alimenticia provisional a cargo del quejoso y favor de sus menores hijos, el cuarenta por ciento (40%) mensual del total del sueldo, percepciones y demás prestaciones o rdinarias y extraordinarias que obtuviera dicho peticionario de amparo en su centro de trabajo. Auto que constituye el acto reclamado. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." MOTIVO DEL DESECHAMIENTO De la interpretación sistemática de la citada fracción (interpretación que radica en considerar el derecho como un sistema, dentro del cual cada norma tiene una función), se advierte que establece el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, como juicio excepcional que, sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de garantías proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa, dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos, con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se quejan los gobernados que se aducen agraviados. Ahora bien, en el caso a estudio el acto reclamado se hace consistir en el auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el juez responsable en la controversia del orden familiar 904/2021, promovido por el hoy quejoso contra *****, mediante el cual, entre otras cosas, se decretó como pensión alimenticia provisional a cargo del quejoso y favor de sus menores hijos, el cuarenta por ciento (40%) mensual del total del sueldo, percepciones y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtuviera dicho peticionario de amparo en su centro de trabajo; acto que es susceptible de ser impugnado a través del recurso de apelación, en términos de los artículos 688, 691, 950 y 952 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que disponen: "Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez. La apelación procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos. La apelación en efecto devolutivo podrá ser de tramitación inmediata, o bien, de tramitación preventiva." "Artículo 691. La apelación debe interponerse por escrito y procede sólo contra aquellas resoluciones que no permitan su revocación o regularización. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. La apelación no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a *****..... moneda nacional, por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de presentación de la demanda, dicho monto se actualizará en los términos que establece el último párrafo de la fracción II del artículo 62. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables." "Artículo 950. Las apelaciones a que se refiere este título serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo disposición expresa en contrario y deberán interponerse en la forma y términos previstos por el título Décimo Segundo del presente código." "Artículo 952. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta. Son procedentes en materia de recursos, igualmente los demás previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo y además de los casos ya determinados expresamente en esta Ley, para lo no previsto al respecto, se sujetará a las disposiciones generales correspondientes." De los preceptos transcritos se desprende que en las controversias del orden familiar resultan procedentes los recursos previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuya tramitación se debe sujetar a las disposiciones generales de dicho ordenamiento. Asimismo, se desprende que los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva y que, con relación a las controversias del orden familiar, resulta procedente el recurso de apelación contra la sentencia definitiva que las resuelva, al tratarse de asuntos de cuantía indeterminada. En esas condiciones, el recurso de apelación también resulta procedente contra los autos dictados en las controversias del orden familiar, dado que se trata de asuntos cuya sentencia definitiva es apelable, conforme a lo dispuesto en los artículos transcritos. En ese orden de ideas, el hoy promovente debió agotar el recurso de apelación contemplado en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ahora Ciudad de México, ya que con la interposición de ese medio de defensa pudo obtener la modificación o revocación del acto reclamado, y al no haber agotado dicho recurso, deja de satisfacerse el principio de definitividad requerido para la procedencia del juicio de amparo, actualizándose por tanto la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, debe entenderse que la regla de definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos; así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica del promovente, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la tesis XVII.1o.C.T.15 K de la Décimo Época emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito visible en la página 2274, del tomo 3, Abril de del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro IUS 2003381 del tenor siguiente: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de Además, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, Libro I, Tomo I, Diciembre de 2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con n úmero IUS 2005039; cuyo contenido es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.4o.C. J/10, con número de registro 229384, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 940, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "RECURSOS. SISTEMA DE PROCEDENCIA ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Del sistema legal que rige los recursos en los procedimientos civiles en el Distrito Federal, encontramos como regla general que, contra todo acto de procedimiento que produzca un perjuicio a las partes, procede alguno de los recursos o medios de defensa que fija el código respectivo, salvo que la propia ley disponga expresamente lo contrario. Así vemos que, el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dispone: que contra los autos que no sean apelables, y contra los decretos, emitidos ambos en primera instancia, procede el recurso de revocación; el artículo 686 establece que, contra autos y decretos del Tribunal Superior, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, procede el recurso de reposición, que se sustancia en la misma forma que el de revocación; y otras disposiciones de ese ordenamiento adjetivo, fijan los casos de procedencia del recurso de apelación, que tratándose de autos, se requiere que causen un gravamen irreparable, salvo disposición especial, y que sea aplicable la sentencia definitiva que se llegue a emitir en el juicio, según se lee en el artículo 691 del ordenamiento procesal invocado. Ejemplos de actos no impugnables por ningún recurso, son los autos que admiten alguna prueba (artículo 285); las resoluciones que declaran que una sentencia ha causado o no ejecutoria (artículo 429); y los autos y decretos dictados para la ejecución de una sentencia (artículo 527). Esto trae como consecuencia, que en los negocios en los cuales, por razón de la cuantía no procede el recurso de apelación, las resoluciones que las partes estimen contrarias a derecho admitirán el recurso de revocación, según la regla enunciada al principio, salvo los casos en que la ley prevea expresamente la irrecurribilidad." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En esas condiciones, al haberse actualizado de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, procede DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA promovida por *****, por propio derecho y en representación de los menores de identidad reservada de iniciales *****.... con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el impetrante promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
México, Ciudad de México, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta proveniente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual solicita que a la brevedad posible le sean remitidas las constancias necesarias a fin de que ese tribunal colegiado esté en aptitud de poder determinar la presentación oportuna del recurso interpuesto por la parte quejosa en contra del acuerdo de uno de octubre del año en curso, y proveer lo que en derecho corresponda; al respecto, remítansele las constancias que solicita. Por otra parte, se pone a su disposición el expediente electrónico en que se actúa para el mejor conocimiento del asunto Notifíquese por oficio al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y por lista a las demás partes, con excepción de las autoridades responsables.
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