Eloy Castrejón Muñoz

Expediente 18/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
18/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Eloy Castrejón Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído del catorce de los actuales, se declaró que el acuerdo mediante el cual se desechó la demanda que dio origen a este expediente, causó estado. Luego, toda vez que la determinación de que se trata no requiere ejecución material, archívese este expediente como concluido. Sin que sea necesario emitir pronunciamiento respecto de la valoración del mismo, toda vez que en el citado proveído se hizo lo propio. Cúmplase. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Laura Ariadna Flores Pacheco, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el impetrante haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del veinte de enero del año que corre, en el que se desechó su demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, en virtud que de la certificación inicial se advierte que la parte quejosa no los exhibió. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Laura Ariadna Flores Pacheco, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veinte de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Guerrero, y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 18/2023-III. Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica del promovente, al ser inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema, el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación a la parte quejosa debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí, que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo en que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido en el momento de la promoción del juicio, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético. En el caso que nos ocupa, de los antecedentes que el quejoso narra bajo protesta de decir verdad, se advierte que se presentaron en su domicilio diversos sujetos vestidos de civil y otros vestidos de policías, quienes descendieron de camionetas pertenecientes a la policía ministerial y a la policía preventiva estatal, quienes tocaron la puerta de su domicilio buscando al quejoso, pues tenían una orden de aprehensión en su contra, en relación con una carpeta de investigación, y al solicitar que la mostraron, estos se negaron a dar más datos o información. De esta forma, es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del promovente, sino que se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo al observase conjeturas sobre una posible privación de la libertad y no así un acto real, actual e inminente que se pretenda materializar en su contra. Lo que se ve robustecido por el hecho de que el quejoso señaló como responsables a diversas autoridades judiciales y administrativas, pues eso demuestra que el juicio de amparo lo promueve con el ánimo de investigar si existe o no en su contra una orden de comparecencia, presentación y/o localización y/o aprehensión y/o arraigo, lo que no es propio del juicio de amparo, que procede contra actos concretos. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica para oír y recibir notificaciones toda vez que se encuentra en esta ciudad; y por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que, a las que faculta en términos amplios, deberán contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, se tiene por autorizado el usuario que proporciona para la consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente; por lo que, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las anotaciones conducentes. Se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona, para el caso de que este Juzgado estime necesario entablar comunicación por ese medio. De acuerdo con lo establecido en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de los medios electrónicos para los fines que indica, previa toma de razón de las constancias obtenidas con su utilización. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria encargada del despacho del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, facultada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/6901/2022, quien actúa en unión de Eduardo Quintana Román, Secretario que autoriza y certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Citatorio. Con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa el auto del veinte de enero de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, veinte de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Guerrero, y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 18/2023-III. Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica del promovente, al ser inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema, el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación a la parte quejosa debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí, que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo en que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido en el momento de la promoción del juicio, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético. En el caso que nos ocupa, de los antecedentes que el quejoso narra bajo protesta de decir verdad, se advierte que se presentaron en su domicilio diversos sujetos vestidos de civil y otros vestidos de policías, quienes descendieron de camionetas pertenecientes a la policía ministerial y a la policía preventiva estatal, quienes tocaron la puerta de su domicilio buscando al quejoso, pues tenían una orden de aprehensión en su contra, en relación con una carpeta de investigación, y al solicitar que la mostraron, estos se negaron a dar más datos o información. De esta forma, es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del promovente, sino que se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo al observase conjeturas sobre una posible privación de la libertad y no así un acto real, actual e inminente que se pretenda materializar en su contra. Lo que se ve robustecido por el hecho de que el quejoso señaló como responsables a diversas autoridades judiciales y administrativas, pues eso demuestra que el juicio de amparo lo promueve con el ánimo de investigar si existe o no en su contra una orden de comparecencia, presentación y/o localización y/o aprehensión y/o arraigo, lo que no es propio del juicio de amparo, que procede contra actos concretos. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica para oír y recibir notificaciones toda vez que se encuentra en esta ciudad; y por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que, a las que faculta en términos amplios, deberán contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, se tiene por autorizado el usuario que proporciona para la consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente; por lo que, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las anotaciones conducentes. Se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona, para el caso de que este Juzgado estime necesario entablar comunicación por ese medio. De acuerdo con lo establecido en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de los medios electrónicos para los fines que indica, previa toma de razón de las constancias obtenidas con su utilización. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria encargada del despacho del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, facultada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/6901/2022, quien actúa en unión de Eduardo Quintana Román, Secretario que autoriza y certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."

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