Eloy Álvarez Hernández

Expediente 2176/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2176/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
03/02/2016

Partes del expediente

  • Eloy Álvarez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de febrero de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de once de enero de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que el quejoso Eloy Álvarez Hernández, por escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil quince [fojas 2 a 6], ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla: La omisión de acordar su la solicitud número 21150016363 de veinticinco de agosto de dos mil quince, por la cual solicitó la Inscripción de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito treinta y siete [37] y la expedición de certificado parcelario correspondiente. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, se desprende que la referida responsable manifiesta que los actos reclamados por la parte quejosa son ciertos, sin embargo, del contenido del informe de mérito, así como de las constancias que exhibió al mismo, se advierte que mediante proveído de cuatro de enero de dos mil dieciséis, la responsable acordó la solicitud 21150016363, en el sentido de autorizar la inscripción respectiva, así como la generación del certificado parcelario correspondiente, lo que hizo del conocimiento de la parte quejosa el cinco de enero del año en curso, lo que se acredita con la copia certificada del referido auto de cuatro de enero del año en curso, así como la mencionada constancia de notificación, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que anteceden, se colige que el cuatro de enero de dos mil dieciséis, la responsable, acordó la solicitud 21150016363, en el sentido de autorizar la inscripción respectiva, así como la generación del certificado parcelario correspondiente, haciendo del conocimiento de la parte quejosa dicha determinación el cinco de enero del año en curso. En efecto, de las constancias remitidas por las responsables, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, se advierte que por acuerdo cuatro de enero de dos mil dieciséis, la responsable acordó la solicitud 21150016363. Dicho proveído le fue notificado a la parte quejosa el cinco de enero del año en curso. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber acordado la solicitud 21150016363, en el sentido de autorizar la inscripción respectiva, así como la generación del certificado parcelario correspondiente, y dicha actuación le fue notificada al quejoso el cinco de enero del año en curso, cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara la solicitud 21150016363, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el cuatro de enero de dos mil dieciséis, la responsable se pronunció respecto de dicha solicitud e informó que realizó la inscripción respectiva, así como generó el certificado parcelario correspondiente, y éste le fue notificado el cinco de enero del año en curso. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Eloy Álvarez Hernández reclamó de la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las diez horas con treinta y cinco minutos del tres de febrero de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que el quejoso Eloy Álvarez Hernández, por escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil quince [fojas 2 a 6], ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla: La omisión de acordar su la solicitud número 21150016363 de veinticinco de agosto de dos mil quince, por la cual solicitó la Inscripción de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito treinta y siete [37] y la expedición de certificado parcelario correspondiente. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, se desprende que la referida responsable manifiesta que los actos reclamados por la parte quejosa son ciertos, sin embargo, del contenido del informe de mérito, así como de las constancias que exhibió al mismo, se advierte que mediante proveído de cuatro de enero de dos mil dieciséis, la responsable acordó la solicitud 21150016363, en el sentido de autorizar la inscripción respectiva, así como la generación del certificado parcelario correspondiente, lo que hizo del conocimiento de la parte quejosa el cinco de enero del año en curso, lo que se acredita con la copia certificada del referido auto de cuatro de enero del año en curso, así como la mencionada constancia de notificación, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que anteceden, se colige que el cuatro de enero de dos mil dieciséis, la responsable, acordó la solicitud 21150016363, en el sentido de autorizar la inscripción respectiva, así como la generación del certificado parcelario correspondiente, haciendo del conocimiento de la parte quejosa dicha determinación el cinco de enero del año en curso. En efecto, de las constancias remitidas por las responsables, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, se advierte que por acuerdo cuatro de enero de dos mil dieciséis, la responsable acordó la solicitud 21150016363. Dicho proveído le fue notificado a la parte quejosa el cinco de enero del año en curso. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber acordado la solicitud 21150016363, en el sentido de autorizar la inscripción respectiva, así como la generación del certificado parcelario correspondiente, y dicha actuación le fue notificada al quejoso el cinco de enero del año en curso, cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara la solicitud 21150016363, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el cuatro de enero de dos mil dieciséis, la responsable se pronunció respecto de dicha solicitud e informó que realizó la inscripción respectiva, así como generó el certificado parcelario correspondiente, y éste le fue notificado el cinco de enero del año en curso. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Eloy Álvarez Hernández reclamó de la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las diez horas con treinta y cinco minutos del tres de febrero de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días a que se refiere el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable rinda su informe justificado; en consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se señalan las diez horas con treinta y cinco minutos del tres de febrero de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE.

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