Eloy Alejandro Peña Garza
Expediente 348/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/10/2016
Partes del expediente
- Eloy Alejandro Peña Garza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia ha causado estado, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe justificado, consistente en un tomo.
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por el Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad y documentales que anexa al mismo. Ahora bien, atendiendo al grosor de los anexos en mención, para un mejor manejo del expediente, se ordena la apertura de un tomo de pruebas, para glosar las referidas constancias. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, y toda vez que de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, se advierte que sobreviene una causal de improcedencia, por lo que esta Juzgadora procede a su estudio de oficio y de manera preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" En efecto, el quejoso Eloy Alejandro Peña Garza, promovió demanda de amparo contra actos del Juzgado Primero de lo Penal, con sede en esta ciudad, cuyo acto reclamado lo hizo consistir en el auto de fecha 18 de julio de la presente anualidad, en el cual el Juez Primero de lo Penal de esta ciudad, le negó la reducción de la caución que se acordó para garantizar de la reparación del daño de la causa penal 540/15 del índice de dicho juzgado. Asimismo, el quejoso en el capítulo de antecedentes señaló lo que aquí interesa: .Siendo el día 06 de junio del presente año, me fue dictado auto de formal prisión, dentro de la causa penal número 540/15 del índice del Juzgado Primero de lo Penal, con residencia en esta ciudad de Ensenada, Baja California, por la probable comisión del delito de FRAUDE ESPECIFICO, previsto y sancionado por el artículo 219, fracción III del Código Penal vigente en la Entidad, acordándose como monto de la reparación del daño, la cantidad de UN MILLÓN DE DOLARES AMERICANOS, así como la cantidad de QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, para garantizarla buena conducta procesal. Sin embargo, de la documental aportada por el Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, se desprende que el cinco de septiembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 540/2015, se acordó fijarle nuevamente al quejoso una nueva garantía para gozar del beneficio de libertad provisional fijándole la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos Moneda Nacional 00/100), así como la cantidad de $68,624.96 (sesenta y ocho mil seiscientos veinticuatro pesos 96/100), para garantizar la posible reparación del daño a favor del ofendido, cantidad menor a la fijada inicialmente. Por lo que mediante proveído de siete de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo al solicitante del amparo garantizando su libertad provisional, así como la garantía de reparación del daño a favor de la parte ofendida. La documental en examen, a la que se le confiere eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acredita de forma fehaciente que han cesado los efectos del acto reclamado que el quejoso le atribuyó a la autoridad responsable. En esas condiciones, se advierte que los efectos del acto reclamado en el presente juicio de garantías, han cesado; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que fue señalada para las nueve horas con tres minutos del tres de octubre de dos mil dieciséis. Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: II.2o.P. J/23 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultaba en la página 991 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, que establece: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto."
- Principal
Se tiene por recibido y glosa a los autos el oficio de cuenta, a través del cual el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en la queja penal 121/2016, de la que se aprecia que el referido Tribunal declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veintidós de julio de dos mil dieciséis, respecto al acto reclamado consistente en: "El auto de fecha 18 de julio de la presente anualidad, mediante el cual la ahora Responsable se niega el reducir la caución que se acordó para garantizar de la reparación del daño dentro de la causa penal 540/15 del índice del Juzgado Primero de lo Penal, de este Partido Judicial, auto violatorio de derechos fundamentales, así como de las más elementales garantías de legalidad y seguridad jurídicas, Debido Proceso, y derecho Pro persona, como más adelante demostrare, habiéndome notificado del auto el día 19 de julio del 2016." Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes, y acúsese el recibo de estilo correspondiente. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por tanto, como lo ordena la Superioridad, se deja insubsistente el proveído de veintidós de julio de dos mil dieciséis, en la que se desechó de plano la demanda de amparo. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueve Eloy Alejandro Peña Garza, por propio derecho, contra actos del: Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se forma y tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado el quejoso. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con tres minutos del tres de octubre de dos mil dieciséis. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Se solicita a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, apercibida que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se harán acreedora a una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de la materia. De igual modo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se hará acreedora a una multa por el equivalente a la suma de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO En términos del artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, por tanto, emplácesele por medio de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso b), acompañándoles copia de la demanda y transcripción del presente proveído. Por cuanto hace, a los terceros interesados Carlos Rodríguez Durán, Carlos Rodríguez González y Eva Carolina Durán Rodríguez, así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California de esta ciudad, esta Juzgadora se reserva reconocer el carácter de terceros interesados, hasta en tanto, obren en autos el informe justificado requerido a la autoridad responsable, y de los cuales se desprenda que le reviste tal carácter. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable; tendrá como efecto declarar su inexistencia, y previa vista que se otorgue, se continuará con el trámite del juicio o, se sobreseerá respecto a la declarada inexistente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso Eloy Alejandro Peña Garza, en contra del proveído de veintidós de julio del año en curso; correspondiéndole el número de queja penal 121/2016. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.
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