Eloisa Torres de Lira
Expediente 1184/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1184/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/09/2019
Partes del expediente
- Eloisa Torres de Lira
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de septiembre de dos mil diecinueve. REGISTRO Vista la demanda de cuenta promovida por *********, quien se ostenta como tutor definitivo de la directamente quejosa ***********; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1184/2019-II-A. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda se desprende que el quejoso reclama: La determinación de quince de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la carpeta administrativa *********, en que admitió a la defensa diversos medios de prueba, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se haya dictado auto de apertura de juicio oral. Atento a lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Dichos numerales, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los preceptos anteriores se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro de juicio que no son de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el acto combatido no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que se trata del pronunciamiento intrínsecamente relacionado con medios de prueba admitidos en la etapa intermedia, sin que haya concluido esa fase procedimental, y por regla general dichas violaciones pueden hacerse valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. De ahí que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17, de nuestra Constitución, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello para evitar crear falsas expectativas a quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente una causa de sobreseimiento. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de distinguir las etapas del proceso penal acusatorio, con el fin de que se emitan pronunciamientos para identificar violaciones procesales y el momento en que deben ser reclamadas vía amparo. Dichas etapas son las siguientes: (i) de investigación, que a su vez se divide en dos fases: a) inicial o desformalizada, a cargo del Ministerio Público; y, b) complementaria o formalizada, bajo la vigilancia del Juez de control; (ii) intermedia, a cargo del propio juzgador, en la que se depuran los hechos y pruebas que pasarán a juicio; y, (iii) juicio, a cargo de un tribunal conformado por Jueces sin intervención en etapas anteriores, y salvo casos de excepción, no se recibirán pruebas previamente consideradas. Etapas que persiguen fines distintos y son conclusivas. Sobre esta base, se estima que el reflejo, en su caso, de alguna afectación a los derechos del imputado, acusado o sentenciado, durante su desarrollo, salvo casos específicos, será observable en la resolución que defina cada etapa, por lo que deben combatirse como violaciones, cuando se impugnen en amparo las determinaciones que resuelvan cada fase. Por ello, procede el amparo indirecto en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, una vez agotada ésta, es decir, cuando exista pronunciamiento de la apertura de juicio oral. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los datos: "(...)." ( En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por **********, quien se ostenta como tutor definitivo de la directamente quejosa **********, contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por notoriamente improcedente. Sin que pase desapercibida la circunstancia de que el promovente del amparo no tenga acreditada la personalidad que ostenta, como tutor definitivo de la directamente quejosa, sin embargo, aun y cuando ese aspecto estuviera justificado no es suficiente para tener por actualizada la causa de improcedencia analizada. DOMICILIO Toda vez que el domicilio que señala la quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado (Toluca) o de su zona conurbada (Metepec), conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tienen las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado para tal efecto hasta en tanto señale uno diverso. NOTIFICACIÓN No obstante, por única ocasión, se comisiona al Actuario Judicial respectivo para que notifique la presente determinación a la parte quejosa en el domicilio que señaló en el proemio de la demanda. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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