Eloisa Saldaña Gutierrez

Expediente 983/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
983/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Eloisa Saldaña Gutierrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que la resolución por la que se sobreseyó en el juicio no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término legal; por tanto, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo respecto de las diversas, en atención a que el sentido de la citada resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental, carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna. DESTINO: -Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte promovente allegó documentos catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12 y 15, interpretados a contrario sentido y, 21, inciso a) del Acuerdo en cita. Como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa están catalogados como no originales por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que de no recogerlo se destruirá junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, respecto de lo que se les informa que el horario de este Juzgado es de las 9:15 a las 15:15 horas, de lunes a viernes, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Asimismo, devuélvase al Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato, las constancias que allegó al presente sumario, consistente en copia certificada de constancias que integran el expediente laboral ***** de su índice, en dos tomos, por ser innecesaria su conservación. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    sentencia. [...] TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato, pues al rendir su respectivo informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado . Además, su existencia se corrobora con las constancias que la Junta responsable acompañó en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio laboral *****; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Primeramente resulta necesario señalar los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las constancias del juicio de origen, en los siguientes términos: 1. *****, por medio de su apoderada legal, demandó en la vía ordinaria laboral a *****, de quien reclamó la indemnización constitucional por despido injustificado y diversas prestaciones (fojas 1 a 2, cuaderno de pruebas I). 2. En proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la Junta responsable admitió la demanda a trámite, la registró con el número *****, señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ordenó el emplazamiento de la demandada, lo que aconteció el siete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 4 a 5 y 7, cuaderno de pruebas I). 3. Previo ofrecimiento de pruebas por las partes, en auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se emitió el pronunciamiento conducente y se admitió la prueba pericial médica ofrecida por el trabajador actor (fojas 28 a 29, cuaderno de pruebas I). 4. Mediante escrito de veintinueve de enero de dos mil diecinueve se informó a la responsable el deceso del trabajador actor, por lo que el trece de febrero del mismo año se inició el procedimiento para la designación de beneficiarios y en resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veinte, se declaró como beneficiarios a la madre del de cujus *****, así como a la hija de éste; en la misma resolución, dada la muerte del trabajador, se dejó sin materia la prueba pericial médica ofrecida por éste (fojas 37, 46 y 68 a 69, cuaderno de pruebas I). 5. El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve se emitió el laudo correspondiente el juicio laboral de origen, condenando a la demanda al pago de diversas prestaciones en favor de las beneficiarias del de cujus (fojas 97 a 107, cuaderno de pruebas I). 6. Inconformes con tal determinación, las partes del juicio promovieron sendos amparos directos, los cuales correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, quien, en resoluciones de ocho de octubre de dos mil veinte, emitidas en amparo directo ***** (promovido por la parte actora) y en el diverso juicio de amparo ***** (promovido por la parte demandada), concedió la protección de la Justicia de la Unión, por violaciones procesales, ordenó que se dejara insubsistente el laudo y se repusiera el procedimiento, en lo que interesa, respecto a la parte actora, entre otras cosas, para el efecto de que c) que se provea lo conducente, para el desahogo de la pericial médica, considerando para ello, las constancias de autos (fojas 229 a 243, cuaderno de pruebas I y fojas 4 a 19, cuaderno de pruebas II). 7. En cumplimiento a tales ejecutorias, en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en lo que interesa, la Junta responsable dejó sin efectos el laudo y admitió la prueba pericial médica, ordenando girar oficio a la Dirección General del Trabajo para la designación de perito médico (foja 20, cuaderno de pruebas II). 8. En autos de veintiocho de abril (previa petición de la parte actora) y siete de septiembre, ambos de dos ml veintiuno, la responsable volvió a ordenar girar oficios a la referida Dirección para efecto de la designación del perito (fojas 80 y 115, cuaderno de pruebas II). 9. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, ha realizado diversos requerimientos a la Junta responsable a fin de que cumpla a cabalidad con las resoluciones de amparo; tocante al deshago de la prueba pericial médica, de las constancias de autos, se advierte que el último requerimiento es de data trece de septiembre de dos mil veintiuno (foja 121, cuaderno de pruebas II), sin que se advierta que tal órgano colegido haya emitido la declaratoria de cumplimiento de las sentencias. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto no se analizará la litis constitucional, debido a que este juzgado estima que se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo. El numeral invocado, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" Precepto del que se aprecian dos supuestos de improcedencia; el primero de ellos se materializa cuando en la demanda de amparo se señala como acto reclamado cualquier resolución emitida en un juicio de amparo, sin importar que sea directo o indirecto, pues basta que se haya pronunciado en ese juicio para que tal supuesto se surta y, sin que importe tampoco que se trate de un auto, una sentencia interlocutoria o la que decida el juicio, pues en tal disposición no se distingue sobre su naturaleza. El segundo supuesto establece la improcedencia del juicio cuando el acto reclamado guarda relación con la ejecución o cumplimiento de una resolución dictada en un juicio de amparo; esto es, ya no se ataca frontalmente un auto o sentencia emitida en ese procedimiento extraordinario, sino una determinación por la cual se da cumplimiento a aquéllas. Así, la citada causa de improcedencia tiene por objeto dar certeza jurídica a los gobernados al impedir que las resoluciones dictadas en un juicio de amparo puedan ser materia de otro de la misma especie, ya que con ello se generaría incertidumbre sobre la constitucionalidad de aquéllas y con ello el juicio de amparo perdería credibilidad ante la sociedad. En efecto, se considera que se actualiza el segundo supuesto de la causa de improcedencia invocada, esto es, por estar ante la presencia de un acto que guarda relación con la ejecución o cumplimiento de una resolución dictada en un juicio de amparo directo. Se afirma tal cuestión, pues como puede apreciarse de los antecedentes del acto reclamado, relatados en el considerando que precede, en el juicio laboral de origen, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve se emitió el laudo correspondiente, condenando a la demanda al pago de diversas prestaciones en favor de las beneficiarias del de cujus (fojas 97 a 107, cuaderno de pruebas I). Sin embargo, las partes contendientes (actora y demandada) promovieron sendos juicios de amparos directo, los cuales correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, quien, en resoluciones de ocho de octubre de dos mil veinte, emitidas en juicio de amparo directo ***** (promovido por la parte actora) y en el diverso juicio de amparo ***** (promovido por la parte demandada), concedió la protección de la Justicia de la Unión a los quejosos, por violaciones procesales, ordenó que se dejara insubsistente el laudo y se repusiera el procedimiento, en lo que interesa, respecto a la parte actora, entre otras cosas, para el efecto de que c) que se provea lo conducente, para el desahogo de la pericial médica, considerando para ello, las constancias de autos (fojas 229 a 243, cuaderno de pruebas I y fojas 4 a 19, cuaderno de pruebas II). Luego, en cumplimiento a tales ejecutorias de amparo, en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en lo que interesa, la Junta responsable dejó sin efectos el laudo y admitió la prueba pericial médica, ordenando girar oficio a la Dirección General del Trabajo para la designación de perito médico (foja 20, cuaderno de pruebas II). Asimismo, debido a que no se ha designado el experto para el deshago de tal medio de convicción, en autos de veintiocho de abril (previa petición de la parte actora) y siete de septiembre, ambos de dos ml veintiuno, la Junta responsable volvió a ordenar girar oficios a la referida Dirección General del Trabajo para efecto de la designación del perito (fojas 80 y 115, cuaderno de pruebas II). Cuestión que realizó también como parte del cumplimiento a la sentencia de amparo directo previamente indicada, dado que, incluso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, ha realizado diversos requerimientos a la Junta responsable a fin de que cumpla a cabalidad con las resoluciones de amparo; y, tocante al deshago de la prueba pericial médica, de las constancias de autos, se advierte que el último requerimiento fue de data trece de septiembre de dos mil veintiuno (foja 121, cuaderno de pruebas II), sin que se advierta que tal órgano colegido haya emitido la declaratoria de cumplimiento de las sentencias. Ahora, en el presente juicio de amparo, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato, de designar perito médico o en medicina de trabajo dentro del juicio laboral *****. Sin embargo, si bien, se trata de una omisión, lo cierto es que, atendiendo a lo aquí expuesto, se relaciona de manera directa con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, en el juicio de amparo directo *****, pues en este se concedió la protección de la Justicia de la Unión a la parte actora original (aquí quejosa), para que se dejara insubsistente el laudo y se repusiera el procedimiento, entre otras cosas, para el efecto de que se proveyera lo conducente, para el desahogo de la pericial médica ofrecida por dicha parte en el sumario de origen. En ese contexto, si en el presente juicio, la parte quejosa se duele de que la Junta responsable no ha designado perito en relación con la prueba pericial cuyo desahogo se ordenó a través de la ejecutoria de amparo en comento, es incuestionable que se surte el supuesto de improcedencia advertido, pues a virtud de la sentencia de amparo corresponde a la responsable realizar los actos necesarios para designar el perito a fin de cumplir a cabalidad con el fallo emitido en el juicio de amparo directo de referencia. Tanto más que, la aquí peticionaria de amparo, al ser quejosa en el juicio de amparo directo *****, en que se ordenó el desahogo de la prueba pericial médica, se encuentra en aptitud de promover lo conducente ante el Tribunal Colegiado, a fin de que se logre el debido desahogo de la prueba en comento y por ende, el cumplimiento al fallo protector. Por lo que, este juzgado federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para analizar esa cuestión, en tanto que ello implicaría pronunciarse sobre la legalidad de esa omisión de la responsable en cumplimiento de la sentencia de ammparo, cuestión que de ninguna manera puede abordar, ya que la necesidad de ese acto quedó definida expresamente por un órgano terminal del Poder Judicial de la Federación. Esto es, el reclamado es un acto que indefectiblemente debe llevar a cabo la Junta responsable, para dotar de eficacia plena a una sentencia dictada en un juicio de amparo y por ello no puede estudiarse a través de un nuevo juicio de amparo. Esto lleva implícita la improcedencia del juicio de amparo, sin que se traduzca en una afectación al derecho del quejoso de contar con un recurso eficaz, pues únicamente constituye un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo indirecto, pero tiene expedita su posibilidad de acudir al Tribunal Colegiado de Circuito a hacer valer lo que estime procedente. Consideraciones que se sustentan, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.), cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración". En las relatadas condiciones, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento, lo procedente es sobreseer el presente juicio de garantías. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional el estudio de los conceptos de violación, como lo indica la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    SE APERSONA TERCERO INTERESADO Téngase por recibido el escrito signado por *****, representante de *****, en el juicio laboral de origen, por el que se apersona al presente juicio, señala domicilio y designa autorizados; atento a lo anterior, se provee: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene apersonándose al presente asunto con el carácter de tercero interesado. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del citado tercero interesado para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A las personas que señala, se les tiene como autorizadas del tercero interesado, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo. Notifíquese.

  4. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable: Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato, en representación de la mencionada Junta. Misiva mediante la cual rinde su informe justificado; en tales condiciones, téngase por rendido el informe de ley. PRUEBAS Por otra parte, ténganse a la aludida autoridad, remitiendo como pruebas en apoyo a su informe de ley, las documentales indicadas en la certificación de cuenta. VISTA A LAS PARTES Dese vista a las partes para que se impongan del contenido del informe justificado y de las constancias de mérito, sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva. SE APERTURA TOMO Dado el volumen de las constancias remitidas por la citada autoridad, fórmese por separado los tomos de pruebas I y II. Notifíquese.

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