Eloisa Rosas Cervantes

Expediente 661/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
661/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Eloisa Rosas Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de mayo de dos mil veintitrés. FIRME FALLO. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 21, inciso c) normativa invocada, procede su destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, un tomo de pruebas consistente en copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario ******************** de su índice. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de abril de dos mil veintitrés. AUTORIDAD ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio recibido por correo electrónico y firmado por el Juez Primero de lo Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, a través del cual, se acusa recibo del comunicado 7279/2023 con el que se le notificó la sentencia dictada en el presente juicio; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós, a través de la Plataforma de Juicio en Línea del Poder Judicial de la Federación, y recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, ********************, por conducto de su apoderado legal, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades que se indican a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE "C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas Michoacán. Con domicilio en .LÁZARO CÁRDENAS." ACTOS RECLAMADOS: "1.- Se reclama el auto de fecha 26 de octubre del año 2022 dictado por la autoridad responsable en el expediente 605/2012 Sucesorio Intestamentario a bienes de Placida de la Cruz Trujillo del índice del juzgado Primero Civil de Lázaro Cárdenas Michoacán; en el cual la autoridad sin una debida fundamentación ni motivación le dice a mi representada "que este a lo acordado por auto de fecha veintidós de septiembre del año en curso". 2.- La omisión de la autoridad responsable de reconocerle a mi representada la personalidad con la que se ostentó mediante escrito presentado en oficialía del juzgado primero el día 18 de octubre del año 2022, escrito en el cual mi representada menciona a la autoridad responsable "que es esposa del finado albacea EFRAIN TORRES DE LA CRUZ, lo que se acredita con el acta de matrimonio que obra en autos del expediente al rubro citado". Escrito que me permito agregar como (ANEXO DOS). 3.- La omisión de la autoridad responsable de reconocerle al suscrito la personalidad de apoderado legal de la ahora quejosa, personalidad que se solicitó en escrito presentado en oficialía de partes de la autoridad responsable el día 18 de octubre del año 2022, escrito en el que se adjuntó el original de la carta poder de fecha 30 de septiembre del año 2022, pasada ante la fe del licenciado Rogaciano Morales Reyes e indebidamente la autoridad responsable solo se constriño a decir que este a lo acordado por auto de fecha veintidós de septiembre del año en curso". Acto que no está debidamente fundado ni motivado.". La parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, al considerar violado en su perjuicio el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. En auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado al que por razón de turno le correspondió el conocimiento de la demanda, la registró con el número 661/2022; se admitió a trámite; se requirió el informe justificado a las autoridades responsables; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le corresponde; se tuvo por legalmente emplazada a la tercera interesada. Finalmente, previos diferimientos, se citó a la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, ello, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 60 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, relativo a la "determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito"; porque el acto reclamado se materializó en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De acuerdo con lo anterior, en el presente caso la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. El auto dictado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio sucesorio intestamentario 605/2012, a bienes de Placida de la Cruz Trujillo, en el que, ante la respectiva petición del apoderado jurídico de la quejosa, realizada el dieciocho de ese mes y año, se le dice a ésta que se esté a lo acordado en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, lo que se traduce en: La negativa de la responsable de reconocerle a la aquí quejosa su calidad de heredera que aduce tener, al ser esposa del extinto Efraín Torres de la Cruz (heredero en el juicio de origen), así como también: La negativa de reconocerle a ********************, su calidad de apoderado jurídico de la quejosa. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte a dicho informe, consistentes en copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario 605/2012, de donde emanan los actos reclamados, con las cuales se formó un tomo de pruebas por separado; documentales públicas que gozan de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado. Son aplicables en la especie los criterios que a continuación se indican: Tesis: 749 Apéndice de 2011 Quinta Época 1002815 1 de 1 Pleno Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Pag. 830 Jurisprudencia(Común) "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Tesis: 226 Apéndice de 1995 Quinta Época 394182 1 de 1 Pleno Tomo VI, Parte SCJN Pag. 153 Jurisprudencia (Común) "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. - Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a la luz de los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, debe abordarse el estudio de las causas de improcedencia que se estiman actualizadas en la especie, por ser ello una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, además, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 287, volumen número 139-144, Primera parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 232561 del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Este Tribunal Federal, advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el proveído en reclamo, es derivado de uno consentido, como a continuación se verá. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento". De la lectura al citado numeral y fracción, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; es decir, cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; es decir, son acciones u omisiones de la autoridad, que por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros, que en su momento, el propio quejoso o quejosa consintió, pues, a pesar del evidente perjuicio que le ocasionaron, no los controvirtió en su momento correspondiente. Así, atendiendo a que la causa de improcedencia en cita, tiene su origen en la práctica jurisdiccional y no en una disposición legal y expresa detallada, volviendo compleja su aplicación, el máximo Tribunal del País ha normado su criterio fijando como requisitos para que los actos derivados de actos consentidos se constituyan como una causal de improcedencia, los siguientes: I. El acto origen del reclamado debió ser notificado al quejoso. II. El acto debe ser susceptible de impugnarse, al menos por vía de amparo. III. El acto origen del reclamado en amparo debe causar, por si sólo, perjuicios al quejoso. IV. Los actos derivados de los consentidos son: a) Los que consisten en la repetición de éste; b) Los que son su consecuencia legal y necesaria; y, c) Los que estaban implícitos o estaban comprendidos en el primero. V. Su constitucionalidad debe hacerse depender exclusivamente del acto del que derivan. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 17 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 12, Registro digital 393973, del tenor literal: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Asimismo, resulta aplicable el criterio que sustentó la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVII, página 1284, Registro digital 370295, donde refiere: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Es inexacto que en el artículo 73 de la Ley de Amparo, no se encuentre la causa de improcedencia consistente en que el acto reclamado sea consecuencia de otro consentido, ya que si bien no se menciona expresamente, en cambio, la fracción XVIII, del referido precepto, dispone que el juicio es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley, y la jurisprudencia de esta Suprema Corte ha sostenido, invariablemente, que el amparo que se solicite contra actos que son consecuencia de otros no recurridos oportunamente debe estimarse improcedente, porque al resolver sobre los primeros tendría que examinarse necesariamente la constitucionalidad de los segundos, no obstante que éstos no fueron reclamados dentro del término que para la promoción del juicio de amparo señala la ley respectiva." De ese modo, para demostrar que se reúnen los requisitos necesarios previamente identificados, que conllevan a la actualización de la causa de improcedencia a estudio, es conveniente destacar los antecedentes del acto reclamado, derivados del juicio sucesorio intestamentario número 605/2012, a bienes de Placida de la Cruz Trujillo, de los que se desprende lo siguiente: 1. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se turnó la demanda relativa al juicio sucesorio intestamentario a bienes de la de cujus Placida de la Cruz Trujillo, promovido por Efraín Torres de la Cruz, Abelardo Torres de la Cruz y Juana Torres de la Cruz, la que fue registrada el trece de agosto de dos mil doce, bajo el número 605/2012, y admitida el seis de septiembre de dos mil doce, una vez que fue cumplida la respectiva prevención, designándose en ese auto a Efraín Torres de la Cruz (esposo de la aquí quejosa), como albacea provisional. 2. El once de marzo de dos mil trece, se dictó sentencia interlocutoria dentro del juicio sucesorio intestamentario 605/2012, en la que en su punto resolutivo tercero, se declaró a Efraín, Abelardo, Juana, Ma. Guadalupe y Rosalinda Torres de la Cruz, en cuanto descendientes de la de cujus, como únicos y universales herederos de todos los bienes, acciones, derechos y obligaciones que en vida hubieren correspondido a la autora de la sucesión legítima, designándose como albacea definitiva a Efraín Torres de la Cruz. 3. En auto de diez de mayo de dos mil trece, se revocó a Efraín Torres de la Cruz del cargo de albacea definitivo, al haberse acreditado su deceso, sustituyéndolo en ese cargo Ma. Guadalupe Torres de la Cruz. 4. Mediante sentencia interlocutoria de doce de septiembre de dos mil trece, se resolvió la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario 605/2012, declarándose firme tal resolución en auto de nueve de diciembre de dos mil trece. 5. En audiencia de dieciséis de enero de dos mil catorce, se aprobó la cuenta general de administración rendida por el albacea, dentro de la tercera sección del juicio sucesorio; audiencia que fue declarada firme en auto de trece de febrero de dos mil catorce. 6. En auto de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, se determinó enviar el expediente al archivo para su depósito provisional, al no haber gestionado las partes dentro del término de seis meses. 7. Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, la aquí quejosa solicitó al Juez responsable le expidiera copias simples del juicio de origen, al acreditar que el extinto Efraín Torres de la Cruz era su esposo, por lo que, en auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se autorizaron las fotocopias solicitadas, asimismo, en ese auto se le tuvo por autorizando a las personas que mencionó para recibir dichas constancias, así como para imponerse de los autos. 8. El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, la aquí quejosa solicitó al Juez le reconociera el carácter de heredera de su extinto esposo Efraín Torres de la Cruz, a quien se le reconoció la calidad de heredero de los bienes de Placida de la Cruz Trujillo, en el juicio sucesorio de origen, solicitando también se autorizara a las personas que ahí mencionó, para que recibieran notificaciones a su nombre, además de señalar domicilio para tal efecto. 9. Ante las peticiones anteriores, se emitió el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el sentido de ser improcedentes las peticiones de la quejosa, al no exhibir la documental idónea para apersonarse en ese juicio sucesorio. 10. En escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, ********************, Maximiliano Cuevas Solorio y Claudia Lombera Gómez, pretendieron apersonarse en el juicio sucesorio de origen, en cuanto apoderados jurídicos de la quejosa, solicitando además se le reconociera a ésta el carácter de heredera de Efraín Torres de la Cruz, en razón de que en vida fue el esposo de la quejosa, al acreditarse con el acta de defunción y la diversa de matrimonio, respectivas, solicitando también se autorizara a las personas que se indicó en tal escrito para oír y recibir notificaciones personales. 11. Con motivo de la anterior petición, se dictó el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, donde se les dijo a dichos apoderados que se estuvieran a lo acordado en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en que se negó a su poderdante apersonarse al referido juicio sucesorio (acto reclamado). Determinación esta última es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En el caso, de los antecedentes relatados previamente, se advierte que la quejosa compareció al juicio sucesorio intestamentario 605/2012, a bienes de Placida de la Cruz Trujillo, en calidad de esposa del extinto heredero de dicha sucesión Efraín Torres de la Cruz, lo que acreditó con el acta de defunción de éste y la diversa de matrimonio celebrado entre ambos, por ende, ante la petición de la agraviada de expedirle copias certificadas, se dictó el auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en el sentido de entregarle las referidas fotocopias. Luego, mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, la quejosa solicitó al juez responsable que en su calidad de esposa del finado Efraín Torres de la Cruz, le reconociera el carácter de heredera de éste último, asimismo, se autorizara a los licenciados ********************, Maximiliano Cuevas Solorio y a los pasantes en derecho Claudia Lombera Gómez, Linda Miriam Domínguez Lombera y América Andrea Domínguez Lombera para oír y recibir notificaciones, señalando además domicilio para tal efecto, a lo que recayó el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el que literalmente se determinó: "Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 22 veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito que suscribe ********************, dígase que no ha lugar a lo solicitado, toda vez que si bien es cierto que comparece en cuanto esposa del presunto heredero Efraín Torres de la Cruz, dígase que no es la documental idónea para apersonarse dentro del presente juicio intestamentario a bienes de Placida de la Cruz Trujillo, por lo que se encuentra legalmente impedida para gestionar dentro del presente juicio, dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que estime pertinente, de ahí lo improcedente de su solicitud. Así y con apoyo en los artículos." Proveído el anterior que fue notificado en esa fecha mediante lista, al así advertirse de su propio contenido, donde literalmente se asentó "Listado en su fecha. Conste." Posteriormente, la quejosa insistió en que el juez responsable le reconociera la calidad de heredera de su extinto esposo, al estar acreditado en autos que éste ya había fallecido y que ella era su esposa; reconocimiento que pretendió por conducto de sus apoderados legales ********************, Maximiliano Cuevas Solorio y Claudia Lombera Gómez, cuya petición realizaron en escrito presentado ante la responsable el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, solicitando además se les tuviera designado domicilio para oír y recibir notificaciones personales; petición a la que recayó el acuerdo reclamado dictado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en los términos siguientes: "Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 26 veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito presentado por los licenciados ********************, Maximiliano Cuevas Solorio y Claudia Lombera Gómez, quienes se ostentan en cuanto apoderados jurídicos de ********************, dígaseles que se estén a lo acordado mediante proveído de fecha 22 veintidós de septiembre del año en curso, mismo que obra a foja 110 ciento diez de autos, en el que se negó a su poderdante apersonarse dentro del presente intestamentario. Con fundamento legal en los artículos." Como se ve, este último auto que constituye el reclamo en el presente juicio de amparo, deriva del diverso proveído dictado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, donde la responsable ya había atendido la petición de la quejosa de pretender apersonarse al juicio sucesorio de origen en calidad de heredera, por haber sido la esposa del extinto fallecido Efraín Torres de la Cruz (declarado heredero en esa sucesión intestamentaria), sin que fuera favorable la respuesta contenida en ese auto, la que en su momento no fue controvertida o impugnada, a pesar de que, es la que a decir de la parte quejosa le causa perjuicio en su esfera jurídica, al no obtener el reconocimiento de heredera que pretende y lograr apersonarse a juicio con ese carácter, lo que se corrobora de la lectura de sus conceptos de violación, de donde se advierte que se encuentran encaminados a combatir lo determinado en ese sentido en el auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, y no así el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que refiere reclamar en el presente juicio de amparo. En suma, el punto de decisión que la quejosa ahora pretende reclamar, no fue impugnado oportunamente, ya que tuvo a su alcance -vía de amparo indirecto- desde que se le notificó la determinación de no tenerla por apersonándose al juicio sucesorio en cuestión en calidad de heredera del extinto Efraín Torres de la Cruz, al no exhibir la documental idónea para ello. Ahora, si bien es cierto que la autoridad responsable en el acto reclamado remitió a la parte quejosa al diverso proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, para estarse a lo que ahí fue asentado, también lo es, que ello no posibilita a la agraviada a combatir los razonamientos estipulados en el mismo, por el sólo hecho de que el juez de origen lo haya anunciado en el auto combatido. Al respecto es aplicable la Tesis XXI.4º.6 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, febrero de 2004, página 1971, Registro digital 182264, del contenido siguiente: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." También es aplicable la jurisprudencia V.2º. J/38, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Numero 54, Junio de 1992, página 54, Registro digital 219041, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan." Bajo ese contexto, no puede sostenerse que el acto reclamado sea de carácter autónomo, esto es, que se trate de una acto aislado cuyas consecuencias jurídicas le sean propias, y cuya constitucionalidad pueda ser analizada aisladamente, puesto que dicho acto reclamado como ya se ha expuesto en líneas anteriores, se trata de una consecuencia legal del diverso de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, que al no haber sido impugnado vía juicio de amparo indirecto, se considera como acto consentido. No obsta a lo anterior, el hecho de que la primera petición de la quejosa planteada al Juez de origen, para que se le reconociera el carácter de heredera del extinto Efraín Torres de la Cruz, la haya realizado por su propio derecho; y, la segunda petición para el mismo efecto se planteara a través de sus apoderados jurídicos Victor Hugo Solís Rumbo, Maximiliano Cuevas Solorio y Claudia Lombera Gómez, puesto que éstos actuaron con la representación de una carta poder notarial que los faculta para gestionar a nombre de la propia quejosa en el procedimiento de origen, o sea son terceros que acudieron al juicio natural a defender los derechos que no les son propios, sino que en virtud de dicho contrato o poder que les obliga a defender esos derechos, por lo cual ellos no tienen un interés personal en el asunto, sino meramente formal, por lo que se considera que es la propia quejosa la que actuó, a través de sus mandatarios jurídicos, solicitando el referido reconocimiento de heredera en el juicio sucesorio intestamentario 605/2012, de ahí que el juez responsable no les haya reconocido el carácter de apoderados que se menciona, al no colmarse en primer lugar el presupuesto procesal de legitimación que debe tener la quejosa, exhibiendo la documental idónea, para tenerla por apersonada en el juicio en calidad de heredera del citado Torres de la Cruz, como pretende. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2º.T.30 K, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, página 1846, Registro digital 179472, de rubro y contenido: "REPRESENTANTE COMÚN Y APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. SUS DIFERENCIAS Y ALCANCES. La palabra personalidad tiene dos acepciones: la primera, se refiere a todos los atributos jurídicos de una persona; la segunda, a la aptitud legal de representación jurídica o legitimación procesal; por ello, las partes pueden otorgar facultades a un tercero para que las represente en un juicio o a través de un mandato, contrato que constituye la manera más común de perfeccionar la representación procesal, en virtud de que el mandante confiere al mandatario una representación para que actúe en su nombre y ejecute los actos jurídicos que le encomiende, o bien, a través de un poder, que es el acto en que se confiere formalmente la representación y puede revestir características de un acto unilateral. Por su parte, la representación común tiene lugar cuando en un mismo juicio existe pluralidad de actores o demandados, cuyas acciones o excepciones son comunes por tener intereses afines en el negocio, por lo que deberán litigar unidos nombrando a uno de ellos para que represente a todos; así, la representación común es una figura jurídica instituida dentro del procedimiento por economía procesal. De ahí que un apoderado o representante legal es un tercero que acude a defender derechos que no le son propios, sino que en virtud de un contrato o poder se ha obligado a defenderlos, por lo cual no tiene interés personal en el asunto, sino meramente formal. En cambio, el representante común no es un tercero ajeno al litigio, sino parte en sentido material con interés personal en el negocio, ya sea porque es coactor, en cuyo caso su interés provendrá de la acción misma que ejerció, o bien, por ser codemandado y entonces su interés en el asunto surgirá a partir de las excepciones y defensas que opuso, como acontece en el caso a estudio; así, el representante común defenderá al mismo tiempo derechos propios y de sus representados, siendo requisito indispensable que sus intereses sean afines o comunes, ya que de lo contrario sería ilógico nombrar a un representante común." (lo subrayado es de este Juzgado). Así las cosas, al participar el acto reclamado de las notas distintivas de los actos derivados de consentidos, se actualiza la causa de improcedencia materia de estudio en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento antes señalado, impide a este resolutor entrar al estudio de la cuestión de fondo en este juicio de amparo, siendo aplicable sobre el particular la tesis de jurisprudencia II.3º. J/58, publicada en la página 57, Tomo 70, del mes de Octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 214593, que señala: "SOBRESEIMIENTO, IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". No constituye obstáculo a lo antes determinado, que al momento de su presentación haya sido admitida la demanda de amparo y que se hubiese seguido el trámite de este juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, toda vez que por ser las causas de improcedencia una cuestión de orden público, deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obren en el expediente, sea que la aleguen o no las partes. Tiene sustento a lo indicado, en la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 377, tomo III, segunda parte-1, Octava época, materia común, Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 228501, del siguiente texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional". En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley" QUINTO. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable foránea para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedó debidamente notificada de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. SÉXTO. Acuerdo de Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. SÉPTIMO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XIII, 73, 74, 75, 76, 124 y 219, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su apoderado jurídico ********************, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En términos del penúltimo considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. DEVUELVE DESPACHO DILIGENCIADO. Agréguese a los autos el oficio 459, signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 79/2023 (número de orden 148/2023), librado con la finalidad de emplazar a la tercera con interés ********************en cuanto albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de********************, en términos del proveído dictado por este órgano jurisdiccional el ********************. En razón de lo anterior, téngase a la mencionada tercera con interés por debidamente emplazada, al tenor de las constancias remitidas por el Juzgado requerido, de las que se advierte el acta de emplazamiento de la actuaria levantada el dieciocho del mes y año en curso. SE ORDENA DAR DE BAJA. Ahora, únicamente para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno, la comunicación oficial de mérito. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Del contenido de la certificación secretarial se advierte que transcurrió el término de tres días que le fue concedido a la tercera interesada, en proveído de ocho de febrero del año en curso, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, sin que lo haya hecho. En tal virtud, hágase efectivo el apercibimiento contenido en el mencionado auto, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación de este proveído, así como las subsecuentes de carácter personal por lista de acuerdos de este Juzgado, hasta en tanto la tercera interesada señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. NOTIFÍQUESE.

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