Eloisa Lopez Garcia

Expediente 72/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
72/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
11/05/2017

Partes del expediente

  • Estela Escobedo Lopez
  • Eloisa Lopez Garcia
  • ESTELA ESCOBEDO LOPEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a once de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Juez Penal del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo; en su atención, mediante oficio que derive del mismo, infórmesele vía telegráfica que el ocho de febrero del año en curso se desechó la demanda de amparo promovida por ********** y *********, causando estado el uno de marzo siguiente; motivo por el cual no se le llamó a juicio. Cúmplase.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada el ocho de febrero de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO el acuerdo por el cual se desechó la demanda de amparo promovido por Estela Escobedo López y Eloísa López García, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese.

  3. Principal

    TODA VEZ QUE EL QUEJOSO NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO NOTIFIQUESE POR LISTA ...

  4. Principal

    DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La resolución de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 1352/2016, del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, la cual declaró improcedente el recurso de denegada apelación, interpuesto contra el auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, el cual tuvo por no interpuesto el recurso de apelación contra el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis emitido en la causa penal del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, el cual declaró cerrada la instrucción del citado proceso, concediendo término al Fiscal y coadyuvante a efecto de que formularan sus conclusiones acusatorias. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: De los artículos transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque ésta afectación o sus efectos, no se destruye fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar alguna huella en su esfera jurídica. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo VI, del Apéndice, 1917-2000, visible a página 154, Materia Común, cuyo texto es el siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Ahora bien, el quejoso señaló como acto reclamado la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 1352/2016, del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, la cual declaró improcedente el recurso de denegada apelación, interpuesto contra el auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Proveído anterior, el cual tuvo por no interpuesto el recurso de apelación contra el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis emitido en la causa penal del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, el cual declaró cerrada la instrucción del citado proceso, concediendo término al Fiscal y coadyuvante a efecto de que formularan sus conclusiones acusatorias. Consecuencia de lo anterior, se desprende que en esencia lo que causa perjuicio al quejoso es el proveído diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en el cual la responsable tuvo por cerrada la instrucción de la causa penal De lo anterior, se desprende que se trata de un acto dentro de juicio que no afecta por sí mismo un derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que va tomando el solicitante de amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. De lo anterior, se desprende que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en los actos reclamados, por lo siguiente: Con dichos actos sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues los efectos del acto reclamado son tener por cerrada la instrucción y poner los autos a la vista del Agente del Ministerio Público para que formulara conclusiones, además, es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, pues no afectan de manera material el derecho fundamental de defensa previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, el acto reclamado no se puede catalogar como de imposible reparación, pues el cierre de instrucción y la puesta a la vista de los autos al Agente del Ministerio Público para formular conclusiones, no afecta materialmente los derechos sustantivos de la quejosa; pues el perjuicio que pudiera causarle dicho cierre quedaría resarcida si la sentencia que se llegue a dictar en el juicio, beneficia a la parte quejosa; sin perjuicio de que, de resultarle adversa, pueda plantear como violaciones procesales en el juicio de amparo directo, las determinaciones de que ahora se duele. En esas condiciones, el sólo hecho del cierre de instrucción y la vista de los autos para formular conclusiones no hace que dicho acto reclamado se considere de imposible reparación para efectos del juicio de amparo. Sin que pase desapercibido, que además de la causa de improcedencia antes invocada, también opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, de cuyo contenido se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En este orden de ideas, si la quejosa tuvo conocimiento del acto que por esta vía reclama el doce de diciembre de dos mil dieciséis, a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto que reclama, comenzó a computarse el plazo de quince días que se tiene para la promoción del juicio de derechos, es decir, el trece de diciembre del año pasado, plazo que feneció el dos de enero de dos mil diecisiete. Por lo que, si la demanda de amparo se presentó el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, ante la autoridad responsable, según se acredita con el sello que aparece visible en la parte posterior del escrito de demanda, es claro que el referido escrito inicial se presentó fuera del plazo que prevé el numeral 17 de la ley de la materia vigente, y, por tanto, el juicio de derechos es improcedente por extemporáneo, ya que la justiciable consintió tácitamente el acto reclamado a la autoridad que señaló como responsable, en términos de la fracción XIV, párrafo primero, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos el acto de aplicación, la misma suerte corre la porción normativa, por lo que se actualiza la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, así como la diversa prevista en la fracción XIV, párrafo primero, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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