Eloisa Hernandez Melchor

Expediente 2017/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2017/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
13/01/2016

Partes del expediente

  • Eloisa Hernandez Melchor
  • ELOISA HERNANDEZ MELCHOR y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial marcada con el inciso 1), toda vez que en la especie, por auto de veintitrés de diciembre pasado, se desechó la demanda de garantías promovida por ELOÍSA HERNÁNDEZ MELCHOR, el cual se notificó por lista el cuatro de este propio mes de enero (fojas 15 a 21); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Por otra parte, vista la certificación secretarial marcada con el inciso 2), con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción; ello, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    ".Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de diciembre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por ELOÍSA HERNÁNDEZ MELCHOR, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con sede en esta ciudad, presentada el veintiuno de este propio mes y año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, y el veintidós siguiente en este Juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 2017/2015. En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el normativo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, aplicado en sentido contrario de la Ley de la materia que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Previo a explicar la anterior determinación, resulta importante destacar que la quejosa reclama el auto de veintitrés de noviembre de dos mil quince, dictado en el expediente de tercería excluyente de dominio derivado del juicio principal 485/2014 del índice de la responsable, por el cual se le tuvo por perdido su derecho para formular alegatos; así como la notificación de nueve de noviembre de esta anualidad, relativa a los proveídos dictados el uno de julio y veinte de octubre del año que transcurre. Partiendo de esa premisa, es necesario ahora recalcar que el artículo 114 fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. La citada disposición legal no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para solventar dicha interrogante, estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) Cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se tratara. b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sobre esas reglas se admitía la procedencia del amparo indirecto, esto es, cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que el juicio constitucional indirecto era procedente, de manera excepcional, aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, porque con dicha resolución se afectaba a las partes en grado predominante o superior pues, de ser fundada, debía reponerse el procedimiento lo que traía como consecuencia retardar la impartición de justicia contrariando así lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Las tesis temáticas sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación, son las siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." (Tesis P.L.VII/2004 sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página nueve, tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época) "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." (Tesis P. LVIII/2004, página 10, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época) No obstante lo expuesto con antelación, debe decirse que la Ley de Amparo vigente, específicamente en su artículo 107, fracción V, sí establece lo que debe entenderse por un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se observa a continuación: ".El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del numeral antes invocado se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de lo que se sigue que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. En torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia en comento, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo protegido (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, como se indicó, el acto reclamado que se hace consistir en el auto de veintitrés de noviembre de dos mil quince, dictado en el expediente de tercería excluyente de dominio derivado del juicio principal 485/2014 del índice de la responsable, por el cual se le tuvo por perdido su derecho para formular alegatos. En ese sentido, tal acto no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, como enseguida se desarrollará. Se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutelan la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de mero trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos adjetivos o procesales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación al quejoso, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que en el caso no acontece. Ciertamente, el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la existencia de la parte quejosa, con sus propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, ya que dicho el auto por el cual se le tuvo por perdido su derecho para formular alegatos, no constituye un acto que vulnere derechos sustantivos sino meramente adjetivos porque los efectos que produce son intraprocesales. Por tanto, como el acto reclamado no repercute en una violación a derechos sustantivos consagrados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la institución quejosa tendrá que esperar a que el Tribunal de origen dicte la sentencia incidental correspondiente, y si ésta le es adversa impugnar dicha violación vía concepto de violación a través del amparo directo o en su caso del amparo adhesivo. Además, no debe perderse de vista que el acto reclamado, lo fue un auto emitido en el periodo de alegatos, de modo que ni siquiera en ese aspecto se genera una afectación de imposible reparación; pues se trata de una resolución que analizó un auto de admisión de pruebas en una tercería excluyente de dominio. Es pertinente invocar la jurisprudencia siguiente: "TERCERÍAS EXCLUYENTES TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE. De los artículos 1362 y 1368 del Código de Comercio se desprende que las tercerías excluyentes, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente. En efecto, en la tercería excluyente se ventila una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, es decir, la materia de la controversia en la tercería es distinta a la del juicio preexistente, lo cual materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. El tercero es ajeno a la controversia principal y, al ejercer la nueva acción debe acreditar tener un interés propio y distinto al de quienes son parte en el juicio principal, esta nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento propio en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes y no suspende el curso del juicio preexistente, todo esto evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios. En esas condiciones, la resolución que se emite en una tercería excluyente, una vez que causa ejecutoria, no puede ser modificada o anulada por la que se dicte en el juicio que le da origen. Además el artículo 1369, del mencionado ordenamiento, les da la calidad de juicios, sin que pueda estimarse que por la vinculación de la tercería con el juicio que la motiva se trate de un incidente, pues tal vinculación constituye una característica propia de las tercerías excluyentes, las cuales tienen su origen en la afectación judicial sobre bienes de la parte demandada, respecto de los cuales el tercerista alega tener mejores derechos." (Jurisprudencia 1a./J. 59/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XX, Septiembre de 2004, página 83, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro ius 180440) En esas condiciones, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, entonces, el juicio de amparo indirecto debe reputarse improcedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ELOÍSA HERNÁNDEZ MELCHOR, por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Por otra parte, respecto del diverso acto consistente en la notificación de nueve de noviembre de esta anualidad, relativa a los proveídos dictados el uno de julio y veinte de octubre del año que transcurre, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas (.)" En relación con el principio de definitividad existe la jurisprudencia siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". (Jurisprudencia número 447, publicada a página 447, tomo VI parte SCJN, Pleno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995). El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones, emitidas por tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, si contra el acto reclamado procede un recurso o medio ordinario de defensa, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Ahora, el principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia civil, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación; salvo los casos de excepción, previstos legal y jurisprudencialmente. Los medios ordinarios de defensa, son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer; y sólo en caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, a través de esos medios, cobra actualización el ejercicio de la acción constitucional, medio extraordinario de defensa. De modo que, si pasando por alto estas exigencias legales, derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos de tribunales del trabajo, no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario. Así las cosas, los artículos 73, 74, 75 y 404 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que disponen: "Artículo 73. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo VI del título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. "Artículo 74.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquella queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento". "Artículo 75.- La nulidad de actuaciones por falta o defecto del emplazamiento se tramitará por cuerda separada, conforme al artículo 404 de este Código, sin suspensión del principal, deberá resolverse tan luego se agote el procedimiento incidental, pero siempre antes de pronunciares sentencia definitiva. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones, se tramitarán en la misma forma y se fallarán en la sentencia definitiva". "Artículo 404.- Los incidentes que surjan en los juicios, con excepción de los de acumulación y de conexidad, cualquiera que sea su naturaleza, se substanciarán con un escrito de cada parte. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos con todos los elementos necesarios para su desahogo, fijándose los puntos sobre que deba versar; el plazo probatorio no excederá de cinco días y concluido se citará para la audiencia de alegatos, con efectos de citación para sentencia. Dicha audiencia se verificará a más tardar dentro de los tres días siguientes y en ella se dictará la resolución que corresponda". De los artículos transcritos, se advierte que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, pone al alcance de la parte quejosa un incidente de nulidad de notificaciones, el cual constituye un medio ordinario de defensa que tiene por objeto anular la notificación que lesione sus intereses, mismo que debe interponerse ante la propia autoridad que la haya tenido por reconocida, a efecto de que resuelva lo procedente. En la especie, la parte quejosa reclama la notificación de nueve de noviembre de esta anualidad, relativa a los proveídos dictados el uno de julio y veinte de octubre del año que transcurre; empero, previamente a la interposición del juicio de garantías, debió interponer el incidente de nulidad en comento. Entonces, como la parte quejosa no agotó dicho medio de impugnación, no se satisface el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, el cual es procedente únicamente respecto de aquellos actos que no sean susceptibles de revocación, modificación o de invalidación mediante algún recurso o medio de defensa legal. Además, la parte quejosa no se encuentra en alguno de los casos de excepción que establece el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo . En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, la demanda de garantías de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizados a las personas que refiere. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo." MESA VI-A

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