Eloisa Gómez Gómez
Expediente 129/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eloisa Gómez Gómez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis (fojas 20-24), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de les expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito de la quejosa Eloísa Gómez Gómez, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de quince de marzo de dos mil dieciséis (fojas 16-17). Ahora, antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo y documental anexa a la misma, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades responsables, Subprocurador Regional de Justicia del Estado y Fiscal en Jefe de la Agencia Local del Ministerio Público, residentes en Tehuantepec, Oaxaca, la omisión de acordar lo que a derecho proceda respecto de sus escritos de fechas quince, dieciséis, veintitrés de diciembre de dos mil quince, veintidós de enero, tres de febrero y cuatro de marzo de dos mil dieciséis, mediante los cuales solicita se le dé intervención legal en el legajo de instauración que se inició en su contra el treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Al respecto, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo. De una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, citado, se entiende que la acepción "juicio" a que alude dicho numeral, se refiere al procedimiento, es decir, el que se desenvuelve a través de una secuencia ordenada de actos y no exclusivamente el que se sigue ante una autoridad judicial (como se comprendería en sentido restringido de la palabra); por lo que el procedimiento penal con todas sus etapas, encuadra en el supuesto contemplado por ese precepto legal; en relación con lo anterior, el artículo 206 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, contempla dentro de las distintas etapas de que consta el enjuiciamiento penal estatal, a la etapa preliminar; esa etapa tiene por objeto que el representante social determine si hay fundamento para abrir un juicio penal contra una o varias personas, mediante la recolección de los elementos que permitan fundar la acusación y garantizar el derecho a la defensa del imputado. La referida etapa corresponde al Ministerio Público la investigación de los hechos conforme a las disposiciones del citado Código, y comprende dos fases; la primera en la que obtiene elementos bastantes para el ejercicio de la acción penal y el dictado del auto de vinculación a proceso; y la segunda posterior a tal dictado, en la que se allega de elementos que le permiten sustentar su acusación, sin variar los hechos que se precisaron en dicho auto; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Por ello, debe considerarse a la fase preliminar, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el Juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de amparo. Luego, que la interpretación sistemática y funcional de los preceptos legales transcritos, en relación con los principios rectores del juicio de amparo, permite concluir que éste, tratándose de actos suscitados dentro de la etapa preliminar sólo es procedente contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación (entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos). .Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que la omisión del Subprocurador Regional de Justicia del Estado y Fiscal en Jefe de la Agencia Local del Ministerio Público, residentes en Tehuantepec, Oaxaca, de acordar lo que a derecho proceda respecto de sus escritos de fechas quince, dieciséis, veintitrés de diciembre de dos mil quince, veintidós de enero, tres de febrero y cuatro de marzo de dos mil dieciséis, así como la negativa de darle la legal intervención en el legajo de instauración que se inició en su contra el treinta de noviembre de dos mil dieciséis; se traducen, hasta ese momento procesal, en una negativa de realización de diligencias de investigación, por lo que se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tiene que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a las responsables para que realicen lo propio, por lo que no pueden considerarse como de imposible reparación, sino que hasta que se agoten los procedimientos que al respecto prevea la ley que rige el acto. En la especie, se tiene en cuenta que el artículo 12, fracciones VI y VII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, establece que procede conocer al procurador resolver sobre la negativa de realizar las diligencias de investigación, así como de resolver el recurso de inconformidad interpuesto por la víctima u ofendido, en contra del no ejercicio de la acción penal, prescripción, negativa del ministerio público a desahogar diligencias propuestas por alguna de las partes, abstención de iniciar la investigación o la aplicación de un principio de oportunidad, en término del reglamento de la citada ley orgánica, dentro de los cuales queda inmerso el acto aquí reclamado (la omisión de acordar lo que a derecho proceda respecto de sus escritos de fechas quince, dieciséis, veintitrés de diciembre de dos mil quince, veintidós de enero, tres de febrero y cuatro de marzo de dos mil dieciséis, mediante los cuales solicita se le dé intervención legal en el legajo de instauración que se inició en su contra el treinta de noviembre de dos mil dieciséis). Por tanto, el juicio de amparo indirecto contra dicho acto es improcedente, puesto que es de naturaleza irreparable, ya que la quejosa debe atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada, en el caso inconformarse ante el Procurador General de Justicia del Estado, y sólo para el caso de que ello no de los resultados deseados, podrá considerarse al acto reclamado como de ejecución irreparable, pues la norma que rige al acto no otorga diverso medio para reparar esa violación. Luego entonces, se puede afirmar que para que los actos sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. .El derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución General de la República, cuyo titular son los gobernados, se refiere a la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, por virtud de la cual el Estado y las autoridades, a través de los funcionarios o empleados, están obligados a dictar un acuerdo escrito, congruente con la solicitud formulada y darse a conocer en breve término al interesado. El derecho de pedir es la potestad de acudir a las autoridades del Estado, con el fin de que éstas intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito respecto de la solicitud o petición que el gobernado presente. No obstante lo anterior, nuestro Máximo Tribunal del País, también resolvió jurisprudencialmente que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 Constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Esto es, la nueva reflexión del Máximo Tribunal del País, aclaró que el artículo 8o. Constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; pero por su parte los artículos 14 y 17 Constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .En este contexto, es claro advertir que en el presente caso la parte quejosa reclama la omisión de acordar lo que a derecho proceda respecto de sus escritos de fechas quince, dieciséis, veintitrés de diciembre de dos mil quince, veintidós de enero, tres de febrero y cuatro de marzo de dos mil dieciséis, mediante los cuales solicita se le dé intervención legal en el legajo de instauración que se inició en su contra el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, argumentando que el derecho fundamental que le fue violado es el 8° Constitucional. Además, en el presente caso la parte quejosa no reclama la violación del artículo 17 Constitucional, de manera destacada, independiente y autónoma, sino que su pretensión es el que se dé respuesta al derecho de petición elevado ante la autoridad responsable el veintisiete de agosto y diez de diciembre de dos mil catorce. Lo que impide analizar el juicio de amparo indirecto respecto de la violación al artículo 8° Constitucional. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Eloísa Gómez Gómez, contra actos del Subprocurador Regional de Justicia del Estado, con sede en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, y de otra autoridad; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora bien, como se advierte una omisión en la demanda de amparo de que se trata, a fin de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión o no, con fundamento en los artículos 114, fracciones II y IV, en relación con el 108, fracciones IV y V, y 110, primer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, con el número de copias suficientes, para cada una de las parte que integran en el juicio (autoridades responsables, tercero interesado y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado), aclare su demanda en los siguientes términos: 1. Precise los actos reclamados. Lo anterior es así, toda vez que en el capítulo respectivo la quejosa señala como acto reclamado la omisión de acordar lo que a derecho proceda respecto de sus escritos de fechas quince, dieciséis, veintitrés de diciembre de dos mil quince, veintidós de enero, tres de febrero y cuatro de marzo de dos mil dieciséis, presentados ante las autoridades responsables Subprocurador Regional de Justicia del Estado, y Fiscal en Jefe de la Agencia Local del Ministerio Público, residentes en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, respectivamente. Sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado, refiere que las autoridades responsables se niegan a darle la legal intervención que le corresponde en el legajo de investigación que se encuentra instaurado en su contra. Por consiguiente, resulta evidente que los actos reclamados no cumplen con la exigencia de claridad que le impone el artículo 108 fracción IV de la Ley de Amparo, pues resultan ambiguos, oscuros e imprecisos. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con el requerimiento que en este auto se le formula, o de no exhibir las copias requeridas de su escrito aclaratorio, dentro del plazo que se le ha concedido, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente. .Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados de este Juzgado, por consiguiente, por ser esa la voluntad del quejoso y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Asimismo, se tiene por autorizados con la suma de las facultades expresas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, en la medida que el acto reclamado deriva de un asunto de naturaleza penal, en cuya materia el aludido artículo 12, no exige que los autorizados con las facultades amplias que otorga, acrediten estar autorizados para ejercer la profesión de abogado, y únicamente para imponerse de autos a Saúl Prudente Contreras, porque en esos términos lo solicita.
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