ELOISA FUENTES MORALES y Otros.

Expediente 1334/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1334/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • ELOISA FUENTES MORALES y Otros.
  • Eloisa Fuentes Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    mesa II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintitrés. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    MESAS II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de marzo de dos mil veintitrés. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. Análisis sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 214, de la Ley de Amparo, "No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional", este órgano de control constitucional, con las constancias que obran en autos, procede a resolver si ha quedado cumplido el fallo protector. Alcances de la sentencia de amparo De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el diecisiete de enero del año en curso, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, realizara lo siguiente: Efectos del fallo protector. La autoridad responsable, Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa deberá: Dejar insubsistente el acto reclamado, dictado en el expediente 246/21-15-01-4 y, Emitir otro en el que admita a trámite el recurso de queja por omisión interpuesto por la parte aquí quejosa. Actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable mediante oficio ****......******** de diez de febrero del año en curso, remitió copia certificada del auto de diez de febrero pasado, dictado en el expediente *.......******* de su registro. Análisis del acto emitido en cumplimiento Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que mediante acuerdo de diez de febrero del año en curso, dictado en el expediente ****........******* de su registro, realizó lo siguiente: En términos de los artículos 58, fracción II, inciso a), punto 3, e inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativa y , fracción VII, 31 y 36, fracción Vi de la Ley Orgánica de ese tribunal, admitió el recurso de queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia de cuatro de abril de dos mil veintidós, promovido por la aquí quejosa *****...***, con lo cual dejó insubsistente el acto aquí reclamado -auto de auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó por improcedente la queja por omisión en el cumplimiento a la sentencia definitiva de cuatro de abril del citado año-. Conclusión sobre el análisis del cumplimiento En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Determinación sobre exceso o defecto en el cumplimiento Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión. Archivo del expediente como concluido En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Depuración del expediente Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Anotaciones en carátula Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Magistrada Instructora de la Primera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, firmado también por el Secretario de Acuerdos adscrito a dicha Sala, y anexo que acompaña, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Por lo que se instruye al Actuario asiente constancia de su cumplimiento. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Toda vez que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el fallo protector pronunciado en autos, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Por lo que, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por conducto de los Magistrados que la integran *****....*, -dato obtenido del informe justificado rendido en autos-, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciban el comunicado respectivo, cumplan con la ejecutoria de amparo, y remitan dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopten. Esto es: Efectos del fallo protector. La autoridad responsable, Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa deberá: Dejar insubsistente el acto reclamado, dictado en el expediente ********************-********************-********************-******************** y, Emitir otro en el que admita a trámite el recurso de queja por omisión interpuesto por la parte aquí quejosa. Apercíbase a la responsable por conducto de sus integrantes, que de no cumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tengan para ello), se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos ($10,37********************.00), a razón de 103.7********************, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 5********************/2**************************************** (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. [Décima Época, registro: 2007918, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2****************************************, Tomo I, Materia(s): Común, página: 19]. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 19******************** de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso los Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al contar con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, carecen de superior jerárquico, puesto que no lo es la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que si bien es superior por razón de grado, su competencia se actualiza cuando las partes interponen los medios de defensa legal, y tampoco lo es la Junta de Gobierno y Administración de dicho Tribunal, ya que acorde a su naturaleza administrativa no encuadra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 19******************** de la Ley de Amparo, ya que no podría ejercer poder o mando sobre los Magistrados de la Sala Regional en cuestión, para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismos una sentencia de amparo dirigida a dichos Magistrados, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial; por tanto, los aludidos Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa carecen de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ellos. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 63/2**************************************** (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro 13, Diciembre de 2****************************************, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 20081********************7, de rubro y texto: CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 19******************** DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 19******************** de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo. Notifíquese.

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