Eloisa del Carmen Espinoza Aguilar
Expediente 1827/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1827/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Eloisa del Carmen Espinoza Aguilar
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio número 29892/2023, firmado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo indirecto 1804/2023 de su índice, estableció carecer de competencia legal para conocer y resolver de dicho juicio; asimismo, remitió el original del expediente en comento y del escrito de demanda, promovida por Eloísa del Carmen Espinosa Aguilar, y solicita acuse de recibo. Al efecto, se acuerda: Conforme con el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, glósense a los autos el oficio y anexo de cuenta. SE PROCEDE AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, de la Ley de Amparo y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, Y ESTE JUZGADO SE AVOCA, AL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1827/2023-VI, acúsese recibo de estilo correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones, etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A", ACTUARIOS JUDICIALES Y OFICIAL DE PARTES. Se instruye al Secretario de Juzgado adscrito, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Al efecto, se puntualiza que el Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a GUSTAVO ANTONIO VILLANUEVA CERVANTES 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6f.0e 06/10/24 13:13:47 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 1827/2023-VI JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 4 - fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. CAUSA DE IMPROCEDENCIA De acuerdo con el artículo 1131, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS."2 Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 2 Sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, lo que a la letra dice: De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte promovente, señala como actos reclamados diversas disposiciones aplicadas en su perjuicio; sin embargo, las mismas fueron establecidas dentro de la resolución 23/320301, la cual le fue notificada el seis de octubre de dos mil veintitrés, en la que el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, le negó otorgar la pensión por viudez; por tanto, éste es el acto reclamado que le causa perjuicio. Sin que se obstáculo que dichas disposiciones las haya señalado como acto reclamado destacado, pues las mismas constituyen conceptos de violación. En atención a lo anterior, quien hoy resuelve estima que la demanda de amparo es improcedente pues como ya se dijo en párrafos que anteceden la parte promovente se duele de la resolución en la cual se le negó la pensión por viudez, por tanto, debe desecharse de plano, de conformidad con lo establecido en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación al 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que previenen: "Artículo 61.- "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". GUSTAVO ANTONIO VILLANUEVA CERVANTES 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6f.0e 06/10/24 13:13:47 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 1827/2023-VI JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 6 - "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general" (.)" De los preceptos legales transcritos se obtiene que la improcedencia del juicio de control constitucional puede derivar de otros preceptos de la Ley de Amparo o de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se evidencia que en el juicio de amparo, tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita llevar a cabo el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos anteriormente indicados y cuyas funciones estén determinadas por una ley general. En función de lo anterior, no es dable estimar que una persona o ente constituya autoridad para efectos del juicio de amparo, si no reúne las características previamente apuntadas. Referente al tema, la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado"3. Como se puede observar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estatuido que una autoridad para efectos del juicio de amparo se distingue por: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; 3 Publicada en el Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Registro digital: 161133. GUSTAVO ANTONIO VILLANUEVA CERVANTES 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6f.0e 06/10/24 13:13:47 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 1827/2023-VI JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 8 - c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así, para determinar si una persona o ente tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, se tiene que verificar los supuestos legales antes precisados. Igualmente, cabe precisar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra-subordinación y supraordinación a saber: a) Las relaciones de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares, quienes actúan en un mismo plano, es decir en igualdad. b) Las relaciones de supra-subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. c) Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. En esa línea de pensamiento, el Estado ?como entidad pública? realiza actividades por las que obra en ejercicio de su soberanía o poder de mando, y usa su facultad de imperio, de manera unilateral y como superior a los particulares, quienes por esa virtud le están subordinados; sin embargo, también, en ocasiones trata con los particulares sobre bases de igualdad, sin hacer uso de sus atributos de autoridad, es decir, de manera análoga como los particulares obran entre sí. En el primer caso, sus actos son de autoridad, y contra ellos procede el juicio de amparo; en el segundo, no pueden ser considerados actos de autoridad, y contra ellos no cabe el juicio constitucional. Así, es posible afirmar que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquéllos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. En ese tenor, con relación a la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, debe decirse que éste cumple con una doble función. La primera, como organismo fiscal autónomo, siempre que, en ejercicio de sus facultades para la determinación y recaudación de las cuotas obreropatronales, despliegue su potestad jurídica frente a patrones y sujetos obligados. GUSTAVO ANTONIO VILLANUEVA CERVANTES 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6f.0e 06/10/24 13:13:47 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 1827/2023-VI JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 10 - En este caso, actúa como autoridad en una relación de supra a subordinación, con motivo de sus facultades de fiscalización y recaudatorias. La segunda, como órgano asegurador frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones ?en especie y en dinero? otorgadas por la Ley del Seguro Social. Es decir, actuando como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, encargado de organizar y administrar el seguro social; cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Supuesto en el que actúa como ente asegurador en sustitución del patrón, en un plano de igualdad y bilateralidad; debido a que, en su proceder, se limita a cumplir con su obligación legal de garantizar al asegurado y sus beneficiarios, el derecho a la seguridad social; aunado a que, cualquier determinación que adopte en ese sentido, es susceptible de impugnación en las instancias legales correspondientes, como lo prevé el artículo 295 de la Ley del Seguro Social4. Lo anterior, pues como lo establece la propia Ley del Seguro Social en su artículo 295, las controversias suscitadas entre el instituto y los asegurados o sus beneficiarios, sobre las prestaciones que la citada ley otorga, se resolverán ante 4 Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. los Tribunales Labores. Lo que se corrobora con el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo5, que reitera que la solución de conflictos derivados de la solicitud de prestaciones o beneficios de seguridad social, corresponde a la materia laboral. Tal circunstancia implica que, en estos casos, por regla general, el Instituto no tiene el carácter de autoridad, pues no podría acudir al juicio laboral con ese carácter, además de que aunque cuente con facultades para resolver sobre la procedencia de una prestación social ?como el otorgamiento de una pensión por orfandad?, dicha resolución no cuenta con facultades de imperio, ya que, al resolver, solo se verifica el cumplimiento de los requisitos legales para su otorgamiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente contenido: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de 5 Artículo 899-A. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. La competencia para conocer de estos conflictos, por razón de territorio corresponderá al Tribunal del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios. En caso de que se demanden únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de fondos para el retiro y vivienda, corresponderá la competencia al Tribunal federal de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo del derechohabiente. GUSTAVO ANTONIO VILLANUEVA CERVANTES 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6f.0e 06/10/24 13:13:47 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 1827/2023-VI JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 12 - recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia."6 Al respecto, si bien el criterio de referencia alude a que el Instituto asegurador no es autoridad para efectos del juicio de amparo al resolver el recurso de inconformidad en el que se reclaman prestaciones de seguridad social, cuestión que es diversa a la aquí reclamada, lo cierto es que de la misma se colige que el referido Instituto no tiene el carácter de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando se resuelve respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la Ley del Seguro Social, como lo es el otorgamiento o negativa de una pensión por viudez, porque no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, pues como se precisó, la 6 Localizable con registro digital 160995, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1511, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. relación entre ambos es de igualdad y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación. En ese contexto, si en el presente caso el acto reclamado lo constituye la resolución 23/320301, de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, por medio del cual le negaron otorgar la pensión por viudez, notificada el seis de noviembre de dos mil veintitrés, reclamado al Instituto Mexicano del Seguro Social, niega la concesión de la pensión por viudez al quejoso, es patente que dicho ente, no es autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, la parte quejosa deberá instar el procedimiento laboral que contempla el numeral 899-A de la Ley Federal del Trabajo, en términos del diverso 295 de la Ley del Seguro Social, a fin de determinar si contrario a lo que sostiene la Titular del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social Chiapas, con sede en esta ciudad, es susceptible de que se le otorgue el beneficio de una pensión por viudez, máxime que uno de los requisitos que contempla el numeral 899-C de la ley obrera7 para instar dicha vía, es precisamente el oficio que contenga la negativa de otorgamiento de pensión, el cual constituye el acto aquí reclamado. 7 Artículo 899-C. Las demandas relativas a los conflictos a que se refiere esta sección, deberán contener: I. Nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los documentos que acrediten su personalidad; II. Exposición de los hechos y causas que dan origen a su reclamación; III. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se le pide; IV. Nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha laborado; puestos desempeñados; actividades desarrolladas; antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social; V. Número de seguridad social o referencia de identificación como asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada; VI. En su caso, el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión, o constancia de otorgamiento o negativa de crédito para vivienda; VII. Los documentos expedidos por los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Administradora de Fondos para el Retiro correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de los mismos y, en general, la información necesaria que garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez; VIII. Las demás pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones; y IX. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la contraparte. Es aplicable a lo anterior por su contenido la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo."8 (énfasis añadido) Esos motivos permiten advertir fácilmente y sin ningún examen meticuloso, exhaustivo o profundo, que existe un trato de coordinación y no de supra a subordinación, entre la parte quejosa y el ente público, por lo que, por los motivos asentados, resulta procedente desechar la demanda de amparo. Por tales consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente el desechamiento de la demanda de amparo indirecto, por no tener las autoridades señaladas como responsables, el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por lo anteriormente considerado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda de amparo promovida por Eloísa del Carmen Espinoza Aguilar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 8 Localizable con registro digital 2011948, Libro 31, Junio de 2016, Tomo ll, página 898, Décima época, publica en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. GUSTAVO ANTONIO VILLANUEVA CERVANTES 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6f.0e 06/10/24 13:13:47 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 1827/2023-VI JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 16 - "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes".9 Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 98/2014 (10a.), que a la letra dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE 9 I.1º.A. J/4, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, con registro digital 196196. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio.10 Máxime, que se advierte que nuevamente la parte quejosa reclama el acto que ya fue analizado dentro del juicio de amparo 1773/2023-VI, del índice de este juzgado, el cual se constituye como un hecho notorio. Por último, se estima que no es obstáculo para arribar a dicha determinación, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 54/2012, publicada en la página 929, libro X, julio de 2012, tomo 2, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", lo anterior, en virtud de que en los casos como el que nos ocupa, donde existen diversidad de criterios firmes para determinar cuándo se está en presencia de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pueden válidamente constatarse los requisitos de 10 Emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 909, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2007621 - procedencia desde el auto inicial, ello de acuerdo con las manifestaciones expuestas en el escrito de demanda y su escrito aclaratorio, la naturaleza del acto reclamado y los anexos que se acompañen, lo que constituye un límite razonable en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17, constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, pues en la especie, aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo, pues con ello no variaría la naturaleza del acto impugnado. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de amparo, se autoriza realizar las notificaciones vía electrónica. Asimismo, conforme con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizado para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; y se ordena al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta al antes citado, registrado con el nombre de usuario "Lic_Xavier", para consultarlo de manera electrónica. Se ordena al personal encargado de la digitalización de constancias, que realice el escaneo únicamente de las constancias que integran el presente juicio de amparo; y a los actuarios de la adscripción que realicen la digitalización de las notificaciones, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico, así como realizar las notificaciones electrónicamente. Asimismo, se instruye a los actuarios habilitar la casilla correspondiente únicamente para las notificaciones personales, debiendo practicarse las demás por lista, conforme a lo establecido en la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizado a Amado Xavier Hernández Aguilar, con las facultades amplias que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesionistas, que lo acredita como licenciado en derecho. Se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los presentes autos a las personas que refiere en su escrito de demanda. OFICIO COMPENSATORIO. Comuníquese esta determinación a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, a fin de que se realice el registro y la compensación correspondiente, equilibrando así las cargas de trabajo, de conformidad con los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común; toda vez que la demanda que se provee fue recepcionada directamente por la Secretaria encargada de la guardia general. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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