Eloisa Cortaza Zapata
Expediente 467/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 467/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Eloisa Cortaza Zapata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Eloísa Cortazar Zapata por conducto de su apoderada legal, Patricia Calcáneo Oropeza; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
MESA 5 En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil veinte, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 467/2020-5, promovido por Eloisa Cortaza Zapata por conducto de su apoderada legal, Patricia Calcáneo Oropeza. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda de amparo consistentes en copia simple de las audiencias de desahogo de pruebas de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete y veintidós de mayo de dos mil dieciocho relativas al juicio laboral 2469/2004 y acumulado 753/2009 del índice de la junta responsable (fojas 08 y 09), la presuncional legal y humana (fojas 03 a 07), así como las copias certificadas de las constancias relativas al citado expediente remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, las cuáles obran agregadas en autos (fojas 21 a 61). Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 467/2020-5, promovido por Eloísa Cortazar Zapata por conducto de su apoderada legal, Patricia Calcáneo Oropeza, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el seis de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el nueve de marzo siguiente, Eloísa Cortazar Zapata por conducto de su apoderada legal, Patricia Calcáneo Oropeza solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 El acuerdo dictado por la junta responsable el trece de enero de dos mil veinte en el juicio laboral 2469/2004 y acumulado 753/2009 de su índice. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2 Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 3 Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diez de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 467/2020-5; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo.". En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.". Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal.". CUARTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO. En acuerdo de cinco de agosto de dos mil veinte, se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a trascurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: El acuerdo dictado por la junta responsable el trece de enero de dos mil veinte en el juicio laboral 2469/2004 y acumulado 753/2009 de su índice. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por sí y como titular de esa junta conjuntamente con el actuario de su adscripción al rendir su informe justificado manifestaron que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas de la constancias que integran el expediente laboral 2469/2004 y acumulado 753/2009 de su índice. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Del contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Que se exceptúan de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. De igual forma dicho precepto legal dispone que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo Por otra parte, es pertinente mencionar que el juicio laboral antecedente del acto reclamado se inició en el dos mil cuatro, por ello, conforme el artículo séptimo transitorio de la Ley Federal del Trabajo aplicable a partir de uno de mayo de dos mil diecinueve, los asuntos laborales que se encuentren en trámite ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. Luego, las disposiciones laborales aplicables en este asunto son las vigentes al momento en que se inició el juicio laboral. En ese orden, el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, prevé: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Del precepto legal antes transcrito se advierte que contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Ahora bien, en el caso a estudio el acto reclamado se hizo consistir en el acuerdo de trece de enero de dos mil veinte dictado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, dentro del juicio laboral 2469/2004 y acumulado 753/2009 de su índice, el cual a continueción se trascribe: [.] VILLAHERMOSA, TABASCO, A TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Por recibido el escrito presentado ante Oficialía de Partes de esta Junta en 31 de octubre de 2019, suscrito por el lic. CARLOS MARIO ESTRADA SÁNCHEZ, en su carácter de apoderado legal de la parte actora en el juicio laboral señalado al rubro, mismo que se ordena agregar a autos para que obre como corresponda y enterado de su contenido dígasele al promovente que en virtud de que la planilla exhibida no se ajusta a lo establecido en el laudo dictado dentro del expediente de mérito por esta Autoridad Laboral en fecha 15 de agosto del año 2019, por lo que hace a la prestación por concepto de PRIMA DE ANTIGÜEDAD correspondiente a la parte actora, no ha lugar acordar favorable la misma. Por lo que una vez exhibida que sea la multicitada planilla en términos del laudo antes descrito, esta Autoridad Laboral acordará lo que en derecho proceda.- NOTÍFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA.- Así lo proveyó y firmó la LIC. JUANA INÉS LÓPEZ CARRILLO, Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ante el C. Secretario General LIC. RUBÉN RICARDO CRUZ PALAVICINI, que da fe." De la anterior trascripción del citado acuerdo se advierte que la junta responsable determinó no acordar de conformidad con lo peticionado por el diverso apoderado de la parte actora aquí quejosa en razón de que la planilla exhibida no se encontraba ajustaba a lo establecido en el laudo dictado en el referido juicio laboral respecto a la prestación por concepto de prima de antigüedad, por lo que una vez exhibida la planilla conforme a lo establecido en el laudo relativo esa junta acordará lo que en derecho proceda. Bajo esa óptica, se estima decirse que el acto reclamado fue dictado con posterioridad al dictado de laudo por lo cual el juicio laboral se encuentra en etapa de ejecución del laudo. En esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que en contra del acto reclamado que determinó no acordar de conformidad con lo peticionado por el diverso apoderado de la parte actora aquí quejosa en razón de que la planilla exhibida no se encontraba ajustaba a lo establecido en el laudo dictado en el referido juicio laboral respecto a la prestación por concepto de prima de antigüedad, por lo que una vez exhibida la planilla conforme a lo establecido en el laudo relativo esa junta acordará lo conducente, procede la revisión previsto por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. En relación con lo anterior cabe precisar que si bien es cierto el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece diversas hipótesis en la que establece excepciones al principio de definitividad; sin embargo, el caso a estudio no se encuentra en ninguna de ellas. Ello es así, porque el acto reclamado no importa privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Así como tampoco dicho acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; De igual forma la quejosa no se ostentó como persona extraña al procedimiento, ni tampoco el acto reclamado se trata del auto de vinculación a proceso. Tampoco la procedencia del recurso de revisión se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente, pues el mismo está claramente regulado en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que se establece la procedencia del mismo. De ahí que resulte actualizada la causal de improcedencia en análisis, pues como anteriormente ya se dijo, el recurso de revisión claramente está regulado en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no se requiere una interpretación adicional como tampoco su fundamento legal es insuficiente, por lo tanto no se encuentra en el supuesto de excepción al principio de definitividad antes precisado. Cobra aplicación al caso, la tesis X. 1º. 71 L, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 2753, materia laboral, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SU PROCEDENCIA NO SE LIMITA A LOS ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE LAUDO O CONVENIO. La procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo no se limita a los actos dictados en ejecución de laudo o de convenio, sino que dicho numeral dispone expresamente que también procede, entre otros casos, contra los dictados en las providencias cautelares, que en términos del numeral 857 de dicho ordenamiento son el arraigo y el secuestro provisional, y acorde con el diverso precepto 858 de la propia ley laboral pueden decretase desde el momento de la admisión de la demanda o durante la sustanciación del juicio, sin que sea obstáculo a lo anterior que el capítulo XIV del título catorce de la ley obrera, dentro del cual se encuentra el numeral que prevé el mencionado recurso, se denomine "De la revisión de los actos de ejecución", toda vez que como se mencionó, de la remisión del referido artículo 849 a los numerales 857 y 858 de dicha ley, se advierte que el recurso de revisión es procedente, además, contra actos dictados en las providencias cautelares." De ahí que es claro que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haber agotado el quejoso el principio de definitividad, previamente a promover el juicio de amparo. Por tanto, se sobresee en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de la autoridad y acto reclamado. Sin que pase inadvertido para el suscrito el hecho de que no se encuentren emplazados al presente juicio los terceros interesados Asfaltos, Pavimentos y Elementos Reciclados, sociedad anónima de capital variable; R & R Empresarial, sociedad anónima de capital variable y Transporte Asfáltico del Sureste, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderado legal licenciado Natividad Hernández García, en virtud que el sentido de la presente resolución no les causa ningún perjuicio, ya que no es contraria a sus intereses legales. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia: P./J. 46/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 396, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, Novena Época, que establece: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EMPLAZAMIENTO DE POSIBLES TERCEROS INTERESADOS. SU FALTA NO PROVOCA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE NO SERÁ CONTRARIA A SUS INTERESES. Encontrándose una controversia constitucional en estado de resolución y advirtiéndose de su estudio que no se llamó a juicio a posibles terceros interesados, no procede reponer el procedimiento si de su análisis se desprende que el sentido de la resolución que se dicte no será contrario a sus intereses y, por ende, no les causará agravio alguno; además, a nada práctico conduciría y únicamente retardaría el procedimiento y la resolución del asunto." Así como, la Tesis del Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 2008, Página 45, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado.". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diez de marzo de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Eloísa Cortazar Zapata por conducto de su apoderada legal, Patricia Calcáneo Oropeza, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Administrador de Soporte Comercial de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado a través del comunicado 14128/2020, informa que de la búsqueda realizada a la base de datos y archivos de esa dependencia no localizó dato de algún registro de domicilio a nombre de las empresas Asfaltos, Pavimentos y Elementos Reciclados, sociedad anónima de capital variable, R & R Empresarial, sociedad anónima de capital variable y Transporte Asfáltico del Sureste, sociedad anónima de capital variable, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tabasco "1", con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado a través del comunicado 15115/2020, informa que de la búsqueda a su base de datos localizó el siguiente domicilio. Asfaltos, Pavimentos y Elementos Reciclados, sociedad anónima de capital variable. RFC: APE9710158M1. Domicilio: Calle Belisario Dominguez, número 21, colonia Centro código postal 29520, localidad Pichucalco, municipio Pichucalco, Entidad Federativa Tabasco. Ahora, este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente, respecto al domicilio proporcionado por la citada dependencia, hasta en tanto se conozca el resultado del emplazamiento ordenado en auto de veintinueve de septiembre del presente año. Por otra parte, comunica que no localizó información relacionada con algún domicilio a nombre de las empresas R & R Empresarial, sociedad anónima de capital variable y Transporte Asfáltico del Sureste, sociedad anónima de capital variable, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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