Eloisa Alvarado López

Expediente 934/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
934/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Eloisa Alvarado López

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que transcurrió el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintiséis de septiembre del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído. Háganse las anotaciones en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción Il, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurrido el plazo de tres años a partir del dictado del presente acuerdo- al haberse sobreseído fuera de audiencia y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción. Se ordena a la Oficial Judicial "A" realice las capturas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Incidente de suspensión. No se tramitó incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Documentos originales y anexos. Se advierte que no hay documentos originales ni anexos; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes ni a devolver constancias a las autoridades.

  2. Principal

    Oficio signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe con justificación; sin que haya lugar a dar vista a las partes, en razón que del análisis realizado a la totalidad de las constancias que remite la oficiante, a criterio de quien ahora resuelve, considera se actualiza una causa de improcedencia de manera notoria, manifiesta e indudable, que imposibilita continuar con el trámite del presente juicio. Lo anterior, en razón de que como se observa del escrito de demanda promovido por la quejosa ********************, por propio derecho, mediante libelo presentado el veintisiete de junio pasado, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mismo que por razón de turno correspondió su conocimiento al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, quien por auto de veintiocho de junio del presente año, lo radicó como 1171/2023 y se admitió a trámite. Seguida la secuela procesal, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, resolvió declinar su competente por razón de la materia, ordenando su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, para el turno correspondiente y que correspondió a este juzgado federal, quien por auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, se aceptó la competencia declinada para seguir conociendo de la demanda instaurada por la quejosa ********************, por propio derecho, admitiéndose a trámite y radicándose como ********************. Ahora, de la lectura al escrito de demanda se observa que en ella se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguiente: Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado atribuido a la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 en relación al diverso numeral 77 de la Ley de Amparo, por lo cual resulta procedente decretar el sobreseimiento, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en cita. En consecuencia, tomando en consideración que no aportó prueba alguna en contrario, para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable, sin que hubiese realizado manifestación alguna, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, fuera de la audiencia constitucional. Por lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para trece horas con cincuenta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hágase del conocimiento a las partes el contenido de este proveído, anótese lo procedente en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Informa la literalidad de la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se declaró incompetente por razón de la materia para conocer del acto reclamado en el juicio de amparo 1171/2023, de su estadística, por los motivos ahí expuestos. Acúsese recibo. Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116, y 117 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo que promueve XXXX, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como 934/2023. No se tramita incidente de suspensión en virtud de no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Dese a la Representación Social la intervención que legalmente compete; de igual forma, se autoriza el acceso de la referida Representación Social a través del usuario XXXX, por tal motivo se comisiona a la Oficial Judicial A para que realice la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al citado usuario. Ahora, se convalidan las actuaciones realizadas por el juzgado remitente; empero, toda vez que del análisis de las constancias remitidas por la oficiante se advierte que está pendiente el informe con justificación del Fiscal General del Estado de Puebla, por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio respectivo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibiéndose a la autoridad responsable que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a la omisa multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización, establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. En la inteligencia de que la autoridad responsable también deberá proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. Se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional. Requiérase a la autoridad responsable, para que al rendir su informe con justificación y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a la omisa multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo, y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2º, infórmese a la autoridad responsable que está en aptitud de aportar como prueba toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrá adjuntar a su informe con justificación el disco compacto (cd) que contenga la resolución reclamada, o bien, podrán remitirlo al correo electrónico 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, o llamar al número celular 2224593590, ello si el sentido de su informe lo permite; lo anterior, además agilizará el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a la responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se impondrá a la omisa multa de treinta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Para el caso de que el acto reclamado sea cierto, se requiere a la autoridad responsable respectiva para que, si en algún momento dejara de conocer del asunto respectivo, en el término de tres días siguiente en que ello ocurra lo haga saber de manera inmediata a este juzgado de distrito, a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente, para la pronta resolución de este juicio, conforme lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional; apercibido que de ser omiso se le impondrá multa de cincuenta días de salario, calculada conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En el mismo supuesto de ser cierto el acto reclamado, se requiere a la responsable para que en el término de tres días siguiente al en que reciba el oficio respectivo, informe las personas a quienes les revista el carácter de víctimas u ofendidos, en su calidad de terceros interesados; el ultimo domicilio que tenga registrado, así como datos de identificación de cada uno, esto es, el RFC, CURP, fecha y lugar de nacimiento que permita su correcta individualización, o en su caso, la imposibilidad que tenga para ello; lo anterior, para evitar posibles homonimias. Apercibido que de no dar cumplimiento en el término señalado, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de doscientos días de salario calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero pasado, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Por otro lado, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se le apercibe que si la autoridad que señaló como responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a aquella estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Lo anterior, no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de la autoridad responsable hasta antes de la resolución de este asunto. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la prueba documental pública, debiendo darse cuenta con ella en la audiencia, conforme al artículo 124 de la citada Ley. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la vía electrónica, que podrá consultar a través del usuario XXXX. Se hace de su conocimiento que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Apercibido que de no cumplir con lo anterior las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II, del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, asienten la razón respectiva a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II, de la ley de la materia. Se autoriza el acceso al expediente electrónico, para lo cual se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al usuario XXXX. De igual manera, téngase a la parte quejosa proporcionando como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble que señala en el proemio de la demanda; en la inteligencia de que en aquel únicamente se practicaran las notificaciones que de manera excepcional por su naturaleza deban realizarse en tal forma en términos del segundo párrafo, fracción II, del artículo 30 de la ley de la materia. Se tiene por autorizada a XXXX únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de los autos, por no tener cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación, ni haber acreditado ante este juzgado estar legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada. Ello, tomando en consideración que mediante decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia penal, entre ellas la relativa al artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 12. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye al actuario, para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a la autoridad responsable en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva; y entonces, notificar vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en un lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículo 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.

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