Eloisa Alcaraz Rivera

Expediente 1786/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1786/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
01/06/2018

Partes del expediente

  • Eloisa Alcaraz Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a uno de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio que suscribe la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en el conflicto competencial ***, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Por tal motivo, acúsese el recibo de estilo al órgano revisor. Ahora bien, toda vez que de la ejecutoria en cuestión, se desprende lo siguiente: ... Lo anterior comuníquese a las partes, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, remítanse los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para los efectos legales conducentes; solicitando el acuse de recibo correspondiente. ... se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Más aún que, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por el peticionario de amparo, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio firmado por el Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual devuelve el juicio de amparo **, en atención a que por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, determinó no aceptar la competencia declinada por este Órgano Jurisdiccional, por los motivos ahí expuestos; por tal motivo, acúsese el recibo de estilo vía fax. Ahora bien, este juzgado insiste en declinar su competencia, toda vez que no comparte el criterio sostenido por el Juez oficiante, en el sentido de que se actualiza la regla de competencia prevista en el primer y segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, y como consecuencia la aplicación de los criterios jurisprudenciales que transcribe en su determinación. En el caso, este Juzgador estima que sí se actualiza la primer hipótesis del mencionado artículo 37 de la Ley de Amparo, ya que del análisis integral de la demanda de amparo promovida por **, se advierte que reclama la orden de aprehensión y su ejecución, la cual, a dicho de la quejosa, se pretende ejecutar en su domicilio ubicado en **. Pues bien, de los autos disponibles en el sumario deriva que la quejosa ciertamente señaló domicilio en el Municipio de Cuautla, Morelos. No obstante, ese dato es insuficiente para determinar la competencia de este juzgador, ya que admitir esa afirmación como criterio para determinar la competencia de un órgano jurisdiccional implicaría dejar al arbitrio del justiciable la elección del Juez de Distrito que habrá de conocer de su demanda, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo cual es jurídicamente inadmisible porque la ley fija los parámetros a considerar para determinar si se surte o no la competencia en favor de un juzgador. De lo anterior, se colige que la inminencia de la ejecución de la orden de aprehensión aquí reclamada no concluye la legal competencia de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, para conocer de este juicio de amparo, pues de las constancias que glosan el sumario no se advierte fehaciente elemento de prueba que determine que dicha orden de aprehensión deba tener ejecución o tratará de ejecutarse en la circunscripción territorial en que ejerce competencia este Juzgador Federal. En este sentido, es insuficiente lo expresado por la peticionaria del amparo en el sentido de que el acto reclamado trató de ejecutarse en su domicilio particular ubicado en calle San Antonio, número dos, colonia Rinconada San Gabriel, Cuautla, Morelos, toda vez que sobre este particular no existe algún medio de prueba que corrobore o robustezca esa aseveración, además de la demanda de amparo, no se advierte que la quejosa haya señalado autoridades ejecutoras con sede en esta jurisdicción. En ese sentido, conforme a la jurisprudencia 52/2013, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal, la regla de competencia atañe que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia, de lo contrario, el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Aunado a que la autoridad responsable ordenadora Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de Morelos, aceptó el acto reclamado consistente en la emisión de la orden de aprehensión y su ejecución, la cual radica en Tlalnepantla, Estado de México; por lo tanto, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, insiste en carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en turno, a efecto de que resuelva el presente conflicto competencial, dando aviso al juzgado oficiante para los efectos legales conducentes, y una vez resuelto, se remitan los autos al órgano declarado competente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito del Estado de Morelos, a través del cual devuelve sin diligenciar el despacho **, librado a fin de notificar a la parte quejosa el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, por los motivos expuestos en las razones actuariales de quince, veintidós, veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, cinco y once de enero de dos mil dieciocho. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, el auto en comento y los subsecuentes, por medio de las listas de acuerdos que se fijan en un lugar visible de este Juzgado Federal. Notifíquese; y cúmplase. Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlanepantla, Estado de México; sin embargo, no ha lugar a proveer mayor acuerdo, en virtud de que mediante auto de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se acordó lo conducente. Por otra parte, visto el escrito signado por por ***y por ****, a través del cual solicitan que se deje de tenerlos con el carácter de autorizados de la parte quejosa, asimismo, solicitan que se revoque el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Nos obstante, previo a proveer respecto del escrito señalado en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, comisione a uno de los Actuarios de su adscripción, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en ***, y por su conducto, con fundamento en el arábigo 27, fracción II, de la Ley de la Materia, le requiera a la quejosa ***, para que al manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con la renuncia al cargo de autorizados efectuada en el ocurso que se provee, del cual se remite copia simple para su pronta referencia y en su caso, al momento de la diligencia o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, señale un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, apercibiéndola que para el caso de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las de carácter personal, se practicaran por lista. Una vez hecho lo anterior, solicítese de la manera más atenta al Juez encargado de la diligencia, devuelva a este órgano jurisdiccional, las constancias de notificación respectivas. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, es necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, para conocer del asunto, en virtud de que el estadio de las cuestiones competenciales son de orden público, por tanto, preferentes. En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legales y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidad Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya observancia conduce a invalidar lo resuelto por el juez que declara carecer de competencia. Luego, primeramente debe atenderse a lo que la Carta Magna -máxima fuente del derecho interno en el país- establece respecto de la competencia, para después acudir a la Ley de la Materia. Entonces, conforme al artículo 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Federal, la competencia -por razón de territorio- recae en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En congruencia con ese numeral, al crear el artículo 37 de la Ley de Amparo, el legislador ordinario estableció tres reglas para establecer la competencia, según si el acto requiere o no de 'ejecución material', entendida como la realización de acciones que producen un cambio material como consecuencia de la emisión del acto reclamado. De modo que la ejecución no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo; sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegará a producir en el mundo fáctico. Con base en esas premisas, la primera regla determina que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda indica que cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, la tercera establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. En cambio, la diferencia entre las reglas competenciales que sí la requieren primera y segunda no consiste en que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realice en dos o más Distritos. De ahí que, conforme a la primera regla, será competente el Juez de Distrito del lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el caso, de las constancias que integran el presenta sumario se advierte que la quejosa ***, reclama los actos consistentes en: 1. LA ORDEN DE APREHENSIÓN. Atribuida a una autoridad judicial. 2. SU EJECUCIÓN. Atribuida a autoridades ministerial y administrativa. En ese tenor, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que al rendir informe justificado la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México , aceptó la existencia del acto reclamado consistente la emisión de la ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de la quejosa ***, por el hecho delictuoso de violación por equiparación con modificativa. En ese sentido, es indiscutible que la orden de aprehensión reclamada, es un acto que requiere ejecución material. Además, al momento en que el quejoso promovió demanda de amparo, el mandato de captura reclamado no se había ejecutado ni se estaba ejecutando, puesto que no es un acto susceptible de ejecución parcial, porque la aprehensión se consuma en un solo momento, con lo que quedan excluidas las reglas de atribución de competencia relativas a los actos ya ejecutados y a los actos cuya ejecución se inició y se sigue ejecutando al promover el juicio de amparo. En este contexto, el citado acto reclamado en este juicio requiere ejecución material, pero que no se ha ejecutado. Por tanto, la regla para fijar la competencia en este supuesto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, estriba en el lugar en que ese acto deba tener ejecución o trate de ejecutarse. Ahora, conforme a la propia naturaleza de la orden de aprehensión y su ejecución material -en cuanto acto reclamado- respaldada en el artículo 16, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inicia en el momento en que el gobernado es detenido donde se encuentre. Pero no se agota ahí, pues en realidad, la privación de la libertad deambulatoria se prolonga por el tiempo procesalmente necesario y, se materializará trasladándolo, por regla general, a un centro de prisión preventiva para quedar, en esas condiciones de privación, a disposición del juez que ordenó su aprehensión. Y ese centro de prisión preventiva, salvo indicación explícita al respecto, ordinariamente deberá ser aquél que se encuentre dónde radica la autoridad judicial que la ordenó, atento al derecho fundamental de la inculpada de enfrentar el proceso interno en el mismo lugar del juez que la procesa, según lo ha establecido el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la siguiente tesis: "... Lo hasta aquí expuesto pone de relieve que, por regla general, salvo excepción expresa en el propio mandato de captura, la orden de aprehensión tendrá ejecución material en el lugar donde radica la juez que la ordenó -pues ante ella será presentado el indiciado una vez que haya sido privado de la libertad. Y si bien puede tener ejecución material en cualquier ámbito espacial, por ejemplo, en el que los agentes aprehensores simplemente localicen físicamente a su destinatario, es preciso que se tengan elementos suficientes que demuestren que se está en esa hipótesis; lo que no ocurre en este asunto. Pues bien, de los autos disponibles en el sumario deriva que la quejosa ciertamente señaló domicilio en el Municipio de Cuautla, Morelos. No obstante, ese dato es insuficiente para determinar la competencia de este juzgador, ya que admitir esa afirmación como criterio para determinar la competencia de un órgano jurisdiccional implicaría dejar al arbitrio del justiciable la elección del Juez de Distrito que habrá de conocer de su demanda, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo cual es jurídicamente inadmisible porque la ley fija los parámetros a considerar para determinar si se surte o no la competencia en favor de un juzgador. De lo anterior, se colige que la inminencia de la ejecución de la orden de aprehensión aquí reclamada no concluye la legal competencia de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, para conocer de este juicio de amparo, pues de las constancias que glosan el sumario no se advierte fehaciente elemento de prueba que determine que dicha orden de aprehensión deba tener ejecución o tratará de ejecutarse en la circunscripción territorial en que ejerce competencia este Juzgador Federal. En este sentido, es insuficiente lo expresado por el peticionario del amparo en el sentido de que el acto reclamado trató de ejecutarse en su domicilio particular ubicado en *** toda vez que sobre este particular no existe algún medio de prueba que corrobore o robustezca esa aseveración, máxime que si bien señaló entre las autoridades responsables ejecutoras al Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Penal de Tlalnepantla, Estado de México y al Coordinador de la Policía Ministerial de Tlalnepantla, Estado de México, de autos se advierte que la primera de las autoridades al rendir su informe justificado NEGÓ el acto reclamado y además, en auto de tres de mayo del año en curso , se tuvo por inexistente a la segunda de las autoridades mencionadas; por lo tanto, resulta que los actos reclamados contra las autoridades responsables existentes tienen su domicilio oficial ubicado en Tlalnepantla, Estado de México. Con lo anterior y del estado de autos del presente juicio de amparo, se deduce que los actos reclamados por la impetrante tendrán ejecución en Tlalnepantla, Estado de México, no así en el Estado de Morelos, esto último como se advierte de autos. Contextualizado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado habrá de tener ejecución dentro del ámbito territorial de la licenciada ***, Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, (autoridad que libró la orden reclamada), ya que no hay indicios de que la orden de aprehensión combatida se ejecutará o haya tratado de ejecutarse en el territorio en el que este juzgado de amparo ejerce jurisdicción. Para concluir lo anterior, no se desconoce que sí es factible la colaboración entre autoridades ministeriales de distintas Entidades Federativas para la ejecución de una orden de aprehensión. Sin embargo, no por ello opera la segunda regla competencial a prevención prevista por el mencionado artículo 37 del catálogo normativo en consulta, pues la naturaleza del acto reclamado justifica que su ejecución no puede realizarse en dos o más Distritos. Según ha quedado establecido, originariamente es instantánea, aunque con ciertas particularidades, sus efectos se prolongan en el tiempo (por cuanto hace a la prisión preventiva). Así, en el supuesto que se analiza, cabe resaltar que no se señalaron autoridades responsables que tuvieran residencia en el Estado de Morelos, máxime que no hay datos que permitan inferir que el destinatario de esa orden privativa de la libertad ya se encontraba localizado, por ejemplo y, sobre bases sólidas, establecer con certeza que trató de ejecutarse en este territorio. Luego, la circunstancia que define la competencia del Juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio señalado por la parte quejosa en su demanda, sino de la autoridad a quien se encomiende su ejecución, pues adoptar ese criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el sólo hecho de señalar el lugar en donde según él se pretendió ejecutar el acto reclamado, aún a pesar de señalar autoridades foráneas a esa localidad; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del Juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 31P, sustentada por el Primer Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2758, Tomo IV, Mayo de 2016, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: ... Frente a ese escenario, hasta el momento en que se actúa, la única probabilidad que se tiene es que al cumplimentarse el mandato de captura, se ejecute en el lugar donde reside la juez que la ordenó, puesto que no existen elementos suficientes para considerar que ese acto tratará de ejecutarse en un lugar diverso. Además que en la demanda de amparo únicamente se señalaran autoridades ejecutoras de aquel lugar. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 52-2013, Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: ... En virtud de lo expuesto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo; y considera que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. La decisión asumida encuentra su fundamento en lo previsto en el punto cuarto, apartado segundo, del Acuerdo General número **, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, fórmese cuadernillo de antecedentes y remítase este juicio de amparo **, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito en turno; solicitando al órgano de control constitucional que conozca, el acuse de recibo correspondiente y la comunicación de la resolución que se pronuncie al respecto. Por otra parte, se hace de su conocimiento que el incidente de suspensión se encuentra resuelto por interlocutoria de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. En mérito a lo antes expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintiocho minutos del día de hoy. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el sobre de Estafeta el cual contiene el oficio ** dirigido al Coordinador de Zona de la Policía Ministerial de Tlalnepantla, Estado de México, mismo que fue devuelto a este Juzgado Federal por los motivos que a la literalidad se transcriben: "Reusado por citar mal la autoridad" En mérito de lo anterior y tomando en consideración que este Órgano Jurisdiccional, con fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, apercibió a la parte quejosa, con la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja), en términos del artículo 79, fracción II, de la ley de la materia), con apoyo en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo; en consecuencia, por lo anteriormente expuesto, se tienen por inexistentes a las autoridades señaladas en párrafos que anteceden por lo que se ordena suspender toda comunicación con ellas. Lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que este Juzgado de Distrito esté obligado a subsanar tal deficiencia, al no operar la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la ley de la materia, ya que la misma no tiene el alcance de autorizar al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables. Además, de que no es obligación de este juzgado de Distrito en términos de la Ley de Amparo, cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas con el carácter de responsable, pues tal señalización compete única y exclusivamente a la parte quejosa. Notifíquese.

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