Eloisa Acosta Martínez

Expediente 1857/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1857/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
23/08/2017

Partes del expediente

  • Eloisa Acosta Martínez y Otros.
  • Eloisa Acosta Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    I. Toluca, México; veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta patentiza que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el auto de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete (fojas 236 y 238), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida tal determinación para los efectos legales procedentes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectiva (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. No se estima necesario dar vista a la parte quejosa para que recoja la copia certificada del instrumento notarial que exhibió en autos, pues ello aconteció el dos de agosto del año en curso (foja 244). Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Toluca, México; veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. El estado procesal de los presentes autos evidencia que feneció el plazo concedido en proveído de trece de julio de dos mil diecisiete (foja 234), en relación con la forma en que la autoridad responsable Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de oficio examina si el fallo protector está cumplido o no, si incurrió con exceso o defecto, o si hay imposibilidad para su cumplimiento. Ahora, con la finalidad de apreciar si la protección constitucional concedida a la parte agraviada ha sido cumplida, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes que conforman este asunto, en los términos siguientes: 1. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el once de enero de dos mil diecisiete (fojas 75 a 99), se dictó la sentencia correspondiente, en la que se determinó lo siguiente: "a) No aplique a los quejosos la tarifa contenida en el artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, y la diversa fracción II, inciso C, rango 6 de la Tarifa, del propio artículo 95 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que les fue efectuado a los agraviados por concepto de derecho de inscripción del contrato de compraventa y la apertura de crédito; por ende, deberá devolver la cantidad que se pagó por el concepto a que se refiere el volante universal IFR-MOD-MPOOR-UNI-01, línea de captura para pago en ventanilla IK3Y0494305713194233, expedido por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, pues la concesión de amparo contra la norma reclamada, por considerarse inconstitucional, debe comprender también el acto de aplicación. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente a los gobernados del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el alcance protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera de los quejosos la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deban pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley $1,670.00 (mil seiscientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata.." 2. Determinación que fue recurrida la cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, misma que mediante sesión de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Eloísa Acosta Martínez y Candelario Joaquín Lorenzo de los Santos, contra los actos citados en el resultando primero del fallo recurrido, para los efectos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria". El doce de junio del año en curso (foja 194 a 196) se requirió cumplimiento a la autoridad responsable Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México. 3. La concesión de amparo fue para el efecto de que se realizara lo siguiente (foja 192): "En lo sucesivo, no se aplique a los quejosos el numeral 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la tarifa, y fracción II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil dieciséis. El Instituto de la Función Registral del Estado de México deberá restituir a los demandantes, debidamente actualizada, la cantidad de $30,150.00 (treinta mil ciento cincuenta pesos), que constituye la diferencia entre la cantidad pagada por los rubros declarados inconstitucionales (derechos de inscripción del contrato de compraventa y registro de la apertura de crédito), esto es, $33,490.00 (treinta y tres mil cuatrocientos noventa pesos) y la suma de las cuotas mínimas establecidas en el precepto declarado inconstitucional, por el cobro de los servicios registrales, que es de $3,340.00 (tres mil trescientos cuarenta pesos). 4. Mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el veintinueve de junio del año en curso (fojas 211 a 213), la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, informó sobre el cumplimiento al fallo protector otorgado por este Juzgado de Distrito y remitió copia certificada del cheque número 0004829 expedido a favor Candelario Joaquín Lorenzo de los Santos por la cantidad de $31,427.62 (treinta y un mil cuatrocientos veintisiete pesos 62/100 M.N). Asimismo, mediante oficio 227B14000/1180/2017 la citada Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México informó que el veintinueve de junio del año en curso el autorizado de los quejosos Candelario Joaquín Lorenzo de los Santos recogió el multicitado cheque 0004829. Dichas constancias, las cuales por ser documentos públicos alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, acorde a su artículo 2°. De las constancias remitidas por la responsable se puede apreciar que cumplió lo encomendado por la Superioridad en sesión de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, pues restituyó a los quejosos en el goce de sus derechos fundamentales violados y emitió el cheque número 0004829, válido por la cantidad de $31,427.62 (treinta y un mil cuatrocientos veintisiete pesos 62/100 M.N.), de la institución bancaria denominada Scotiabank, en favor del C. Candelario Joaquín Lorenzo de los Santos (representante común de los quejosos precisando que dicha cantidad ampara el monto total a restituir, aplicando la tarifa mínima más el factor de actualización correspondiente y determinó que no se le aplicará a la parte quejosa, la porción normativa correspondiente al artículo 95 fracción I, inciso C, rango 6, y fracción II, rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis. Consecuentemente, de lo hasta aquí expuesto se arriba a la conclusión de que se ha restituido al quejoso en el goce de los derechos que estimó violados, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo y al no haberse inconformado dentro del plazo que refiere el artículo 196 de la ley de la materia, en tales condiciones, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    AVISO (QUEJOSO CANDELARIO JOAQUÍN LORENZO DE LOS SANTOS, REPRESENTANTE COMÚN) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE 24 DE JULIO DE 2017, QUE DICE: "I. Toluca, México; veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. El estado procesal de los presentes autos evidencia que feneció el plazo concedido en proveído de trece de julio de dos mil diecisiete (foja 234), en relación con la forma en que la autoridad responsable Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de oficio examina si el fallo protector está cumplido o no, si incurrió con exceso o defecto, o si hay imposibilidad para su cumplimiento. Ahora, con la finalidad de apreciar si la protección constitucional concedida a la parte agraviada ha sido cumplida, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes que conforman este asunto, en los términos siguientes: 1. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el once de enero de dos mil diecisiete (fojas 75 a 99), se dictó la sentencia correspondiente, en la que se determinó lo siguiente: "a) No aplique a los quejosos la tarifa contenida en el artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, y la diversa fracción II, inciso C, rango 6 de la Tarifa, del propio artículo 95 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que les fue efectuado a los agraviados por concepto de derecho de inscripción del contrato de compraventa y la apertura de crédito; por ende, deberá devolver la cantidad que se pagó por el concepto a que se refiere el volante universal IFR-MOD-MPOOR-UNI-01, línea de captura para pago en ventanilla IK3Y0494305713194233, expedido por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, pues la concesión de amparo contra la norma reclamada, por considerarse inconstitucional, debe comprender también el acto de aplicación. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente a los gobernados del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el alcance protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera de los quejosos la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deban pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley $1,670.00 (mil seiscientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata.." 2. Determinación que fue recurrida la cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, misma que mediante sesión de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Eloísa Acosta Martínez y Candelario Joaquín Lorenzo de los Santos, contra los actos citados en el resultando primero del fallo recurrido, para los efectos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria". El doce de junio del año en curso (foja 194 a 196) se requirió cumplimiento a la autoridad responsable Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México. 3. La concesión de amparo fue para el efecto de que se realizara lo siguiente (foja 192): "En lo sucesivo, no se aplique a los quejosos el numeral 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la tarifa, y fracción II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil dieciséis. El Instituto de la Función Registral del Estado de México deberá restituir a los demandantes, debidamente actualizada, la cantidad de $30,150.00 (treinta mil ciento cincuenta pesos), que constituye la diferencia entre la cantidad pagada por los rubros declarados inconstitucionales (derechos de inscripción del contrato de compraventa y registro de la apertura de crédito), esto es, $33,490.00 (treinta y tres mil cuatrocientos noventa pesos) y la suma de las cuotas mínimas establecidas en el precepto declarado inconstitucional, por el cobro de los servicios registrales, que es de $3,340.00 (tres mil trescientos cuarenta pesos). 4. Mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el veintinueve de junio del año en curso (fojas 211 a 213), la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, informó sobre el cumplimiento al fallo protector otorgado por este Juzgado de Distrito y remitió copia certificada del cheque número 0004829 expedido a favor Candelario Joaquín Lorenzo de los Santos por la cantidad de $31,427.62 (treinta y un mil cuatrocientos veintisiete pesos 62/100 M.N). Asimismo, mediante oficio 227B14000/1180/2017 la citada Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México informó que el veintinueve de junio del año en curso el autorizado de los quejosos Candelario Joaquín Lorenzo de los Santos recogió el multicitado cheque 0004829. Dichas constancias, las cuales por ser documentos públicos alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, acorde a su artículo 2°. De las constancias remitidas por la responsable se puede apreciar que cumplió lo encomendado por la Superioridad en sesión de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, pues restituyó a los quejosos en el goce de sus derechos fundamentales violados y emitió el cheque número 0004829, válido por la cantidad de $31,427.62 (treinta y un mil cuatrocientos veintisiete pesos 62/100 M.N.), de la institución bancaria denominada Scotiabank, en favor del C. Candelario Joaquín Lorenzo de los Santos (representante común de los quejosos precisando que dicha cantidad ampara el monto total a restituir, aplicando la tarifa mínima más el factor de actualización correspondiente y determinó que no se le aplicará a la parte quejosa, la porción normativa correspondiente al artículo 95 fracción I, inciso C, rango 6, y fracción II, rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis. Consecuentemente, de lo hasta aquí expuesto se arriba a la conclusión de que se ha restituido al quejoso en el goce de los derechos que estimó violados, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo y al no haberse inconformado dentro del plazo que refiere el artículo 196 de la ley de la materia, en tales condiciones, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo."

  4. Principal

    I) Toluca, México; trece de julio de dos mil diecisiete. Visto elI) oficio de cuenta signado por la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, por medio del cual remite copia certifica de la constancia con la que aduce acreditar el cumplimiento total de la sentencia de amparo emitida en el juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, agréguense para que surtan los efectos legales procedentes y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas, así como con las diversas anexadas mediante comunicado registrado con el número de promoción (15483), dése vista a la parte quejosa para el efecto de que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga respecto a la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector, bajo el apercibimiento que de ser omisa, este órgano jurisdiccional resolverá lo relativo a tal cumplimiento, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Córrase traslado a la parte quejosa con copia simple del oficio y constancia remitida, así como las diversas anexadas mediante promoción 15483, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe.

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