Eloim Hernández Santiago

Expediente 801/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
801/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
16/11/2018

Partes del expediente

  • Eloim Hernández Santiago
  • Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta Ciudad de Morelia, Michoacán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Pedimento Ministerio Público. Téngase por recibido el pedimento 338/2018, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, por medio del cual se le tiene formulando alegatos, los que se ordenan tomar en consideración en el momento procesal oportuno Copias. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se dicte la resolución correspondiente, expídasele a su costa, copias certificadas de las constancias que solicita, previo recibo que se deje en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable; dése vista a las partes con este para que se imponga de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Se reconoce carácter a tercero interesado. Visto el estado de los autos, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por tanto, comisiónese al actuario judicial adscrito a este Juzgado Federal, para que una vez que tenga conocimiento del presente proveído, se constituya en avenida Francisco I Madero Poniente, número mil doscientos, colonia Centro de esta ciudad capital; y se cerciore que efectivamente corresponde al del tercero interesado, y con copia simple de la demanda de amparo: Lo emplace al presente juicio, le notifique el contenido íntegro de este proveído y del diverso de quince de octubre de dos mil dieciocho. Lo requiera para que en ese momento o en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, en esta ciudad, apercibido que de ser omiso al respecto, sin previo acuerdo, las subsecuentes que sean de esa naturaleza, se le practicará por medio de lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado Federal, como lo establece el dispositivo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, le haga de su conocimiento que se señalaron las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, con apoyo en el precepto 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario lleve a cabo la diligencia encomendada, o cualquier otra diligencia relacionada con el emplazamiento de mérito. En el entendido de que si no fuera posible el emplazamiento en el domicilio indicado, y al momento de la diligencia le fuere proporcionado diverso domicilio del referido tercero interesado o de la persona que los identificó; y, se encontrare dentro de su jurisdicción, proceda a realizar la diligencia de emplazamiento, sin previo acuerdo; lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales. Notifíquese y emplácese al tercero interesado. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  3. por ESTE MEDIO SE NOTIFICA A TERCERO INTERESADO LOS AUTOS QUE EN SINTESIS SIGUEN: Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable; dése vista a las partes con este para que se imponga de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Se reconoce carácter a tercero interesado. Visto el estado de los autos, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por tanto, comisiónese al actuario judicial adscrito a este Juzgado Federal, para que una vez que tenga conocimiento del presente proveído, se constituya en avenida Francisco I Madero Poniente, número mil doscientos, colonia Centro de esta ciudad capital; y se cerciore que efectivamente corresponde al del tercero interesado, y con copia simple de la demanda de amparo: Lo emplace al presente juicio, le notifique el contenido íntegro de este proveído y del diverso de quince de octubre de dos mil dieciocho. Lo requiera para que en ese momento o en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, en esta ciudad, apercibido que de ser omiso al respecto, sin previo acuerdo, las subsecuentes que sean de esa naturaleza, se le practicará por medio de lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado Federal, como lo establece el dispositivo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, le haga de su conocimiento que se señalaron las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, con apoyo en el precepto 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario lleve a cabo la diligencia encomendada, o cualquier otra diligencia relacionada con el emplazamiento de mérito. En el entendido de que si no fuera posible el emplazamiento en el domicilio indicado, y al momento de la diligencia le fuere proporcionado diverso domicilio del referido tercero interesado o de la persona que los identificó; y, se encontrare dentro de su jurisdicción, proceda a realizar la diligencia de emplazamiento, sin previo acuerdo; lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales. Notifíquese y emplácese al tercero interesado. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe. ------- Morelia, Michoacán, quince de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLIMIENTO DE PREVENCION. Glósese a los autos el escrito signado por Esaul Orozco Torres, apoderado jurídico del quejoso Eloim Hernández Santiago, atento a su contenido, da cumplimiento con lo ordenado mediante proveído tres de octubre de dos mil dieciocho. DESECHA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador aprecia que en relación con el acto reclamado al Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en la negativa de otorgarle al quejoso la pensión del 28% a que fue condenado en el laudo de treinta y uno de marzo de dos mil nueve, dentro del expediente laboral 48/2008; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Así de conformidad con los dos últimos artículos, el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, y es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Luego, como en el caso el quejoso reclama la omisión de cumplir con el laudo emitido en el expediente ordinario laboral 48/2008 en el cual el Instituto Mexicano del Seguro Social, figura como parte demanda, contrario a lo que aduce la parte quejosa, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que la Ley Federal del Trabajo, cuenta con los instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución del laudo. Por lo tanto, el aquí quejoso y el Instituto Mexicano del Seguro Social, se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas; por lo que también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los citados institutos, no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con los allá actores. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a. /J. 34/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, de la Décima Época, visible en la página 478, con número de registro 2016588, de rubro y texto: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Por lo tanto, al dejar evidenciado que al Instituto Mexicano del Seguro Social, no le recae el carácter de autoridad responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por tal motivo procede desechar su demanda de amparo respecto del acto que le reclama. SE ADMITE LA DEMANDA. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda promovida por Eloim Hernández Santiago, por conducto de su apoderado jurídico, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, consistentes en la negativa de acordar el ocurso presentado por la parte quejosa el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, relativo al cumplimiento de la ejecución laudo de treinta y uno de marzo de dos mil nueve, dentro del expediente laboral 48/2008. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión relativo, en razón de no haberlo solicitado expresamente. INFORMES JUSTIFICADOS. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rinda su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación: I) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; II) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y III) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a la autoridad señalada como responsable que si del contenido de su informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad; o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado artículo. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDAD INEXISTENTE. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia. NO GIRAR COMUNICACIÓN DE NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Sin que sea necesario girar oficio a la autoridad responsable a fin de notificar el señalamiento de nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, pues dicha determinación carece de trascendencia y por tanto, no amerita la notificación personal a la que equivale una comunicación mediante oficio de ahí que, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la hora y fecha que nuevamente se señale para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet http.//www.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp Es aplicable la jurisprudencia 2a./J, 176/2012 emitida por emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." TERCEROS INTERESADOS. En términos de los normativos 5°, fracción III, inciso b), 26, fracción I, inciso b) y 116 de la Ley de Amparo, se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de los terceros interesados que pudieran surgir en el presente asunto; esto es, la contraparte en el juicio natural, o quien tenga interés contrario al del quejoso, hasta en tanto se reciban las constancias solicitadas a la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLIMIENTO DE PREVENCION. Glósese a los autos el escrito signado por Esaul Orozco Torres, apoderado jurídico del quejoso Eloim Hernández Santiago, atento a su contenido, da cumplimiento con lo ordenado mediante proveído tres de octubre de dos mil dieciocho. DESECHA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador aprecia que en relación con el acto reclamado al Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en la negativa de otorgarle al quejoso la pensión del 28% a que fue condenado en el laudo de treinta y uno de marzo de dos mil nueve, dentro del expediente laboral 48/2008; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Así de conformidad con los dos últimos artículos, el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, y es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Luego, como en el caso el quejoso reclama la omisión de cumplir con el laudo emitido en el expediente ordinario laboral 48/2008 en el cual el Instituto Mexicano del Seguro Social, figura como parte demanda, contrario a lo que aduce la parte quejosa, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que la Ley Federal del Trabajo, cuenta con los instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución del laudo. Por lo tanto, el aquí quejoso y el Instituto Mexicano del Seguro Social, se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas; por lo que también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los citados institutos, no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con los allá actores. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a. /J. 34/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, de la Décima Época, visible en la página 478, con número de registro 2016588, de rubro y texto: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Por lo tanto, al dejar evidenciado que al Instituto Mexicano del Seguro Social, no le recae el carácter de autoridad responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por tal motivo procede desechar su demanda de amparo respecto del acto que le reclama. SE ADMITE LA DEMANDA. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda promovida por Eloim Hernández Santiago, por conducto de su apoderado jurídico, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, consistentes en la negativa de acordar el ocurso presentado por la parte quejosa el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, relativo al cumplimiento de la ejecución laudo de treinta y uno de marzo de dos mil nueve, dentro del expediente laboral 48/2008. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión relativo, en razón de no haberlo solicitado expresamente. INFORMES JUSTIFICADOS. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rinda su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación: I) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; II) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y III) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a la autoridad señalada como responsable que si del contenido de su informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad; o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado artículo. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDAD INEXISTENTE. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia. NO GIRAR COMUNICACIÓN DE NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Sin que sea necesario girar oficio a la autoridad responsable a fin de notificar el señalamiento de nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, pues dicha determinación carece de trascendencia y por tanto, no amerita la notificación personal a la que equivale una comunicación mediante oficio de ahí que, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la hora y fecha que nuevamente se señale para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet http.//www.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp Es aplicable la jurisprudencia 2a./J, 176/2012 emitida por emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." TERCEROS INTERESADOS. En términos de los normativos 5°, fracción III, inciso b), 26, fracción I, inciso b) y 116 de la Ley de Amparo, se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de los terceros interesados que pudieran surgir en el presente asunto; esto es, la contraparte en el juicio natural, o quien tenga interés contrario al del quejoso, hasta en tanto se reciban las constancias solicitadas a la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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